El texto original es una advertencia clara, aunque peca de darle demasiada voz a la consultora Rhombus sin contrastar con sindicatos. El riesgo de informalidad es evidente, pero el artículo ignora que el 'caos' actual es el que permite el ahorro empresarial millonario.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la forma en que las empresas públicas gestionan sus errores. Tragsa, la joya de la SEPI, ha decidido que la mejor forma de pedir perdón por haberle pagado 9.500,54 euros a Jésica Rodríguez por no hacer absolutamente nada, es gastar mucho más dinero en explicar cómo evitar que eso vuelva a pasar. Es como quemar la cocina por descuido y, para solucionarlo, comprarse un manual de instrucciones de 100.000 euros sobre cómo encender el fuego. La empresa ha duplicado el contrato con el despacho Vaciero para reforzar su 'cumplimiento normativo'. Pasamos de unos razonables 51.200 euros a la estratosférica cifra de 102.400 euros sin IVA (que con impuestos se convierte en un sablazo de 123.904 euros). ¿El motivo? Que el despacho no ha terminado el trabajo porque la organización es 'muy compleja'. Claro, es muy difícil entender cómo funciona una empresa donde la 'sobrina del ministro' puede cobrar sin fichar, sin entrevista técnica y sin mover un solo papel, mientras su jefa, Virginia Barbancho, avisaba que la señora era un fantasma en la oficina. Pero no se quedan ahí. En mayo de 2025 soltaron otros 52.514 euros (IVA incluido) a la UTE Molevide para vigilar que el personal no abuse de los ordenadores. Es fascinante: gastan miles de euros en software para controlar que un empleado no use el PC para jugar al solitario, mientras que Jésica Rodríguez se embolsó, entre Tragsatec e Ineco, un total de 43.978,40 euros por el arte de la invisibilidad laboral. Ahora que el juez Ismael Moreno ha imputado a Rodríguez por malversación y tráfico de influencias, Tragsa corre a blindar su 'compliance'. El problema es que, en el sector público, el blindaje suele costar el doble que el agujero que intenta tapar.
Hay una forma muy elegante de decir que te han dejado el trabajo a medias: llamarlo 'fase uno'. En Chiva, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado una ingeniería financiera y administrativa digna de un manual de supervivencia burocrática. Tras el horror del 29 de octubre de 2024, donde el barranco decidió que las casas eran parte del cauce, se prometió una reconstrucción 'fundamental'. El resultado es un semi muro de hormigón terminado en junio que, en la práctica, es como ponerle un embudo a una manguera a presión sin abrir el grifo del final. La obra se troceó en dos fases. La primera, la de los adornos y los márgenes previos al Puente Nuevo, ya está lista. Pero la fase dos —la que realmente evita que el pueblo vuelva a ser un río— no tiene presupuesto, ni proyecto, ni plan. Es el vacío absoluto. Mientras que para algunas cosas el Estado saca la tarjeta de crédito sin mirar el saldo, aquí nos dicen que el Puente Viejo, con sus cien años y su efecto embudo, requiere un 'trámite administrativo normal'. En el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la mirada de Sara Aagesen, han decidido que la técnica procedimental es más sagrada que la efectividad. No hay emergencia, hay papeles. Así, la promesa de Diana Morant el 29 de enero de 2026 sobre un compromiso 'firme y sostenido' ha quedado en eso: palabras que se lleva el viento, o mejor dicho, que se llevaría la próxima riada. Chiva tiene el 50% de su seguridad construida, pero en hidráulica, el 50% no es la mitad del camino; es el camino directo a que el agua entre con más furia que antes por culpa de un muro que ahora solo sirve para acelerar la corriente.
Hay una fascinación casi fetichista en los despachos del Gobierno por convertir la vida cotidiana en un Excel infinito. Yolanda Díaz, que ahora apunta a la OIT con una ambición que no entiende de barreras lingüísticas, quiere que cada minuto de descanso y cada entrada y salida deje un rastro digital imborrable. La idea es noble sobre el papel: acabar con el salvaje oeste de las horas extra no pagadas, que en 2025 sumaron 2,5 millones de horas semanales, regalándole a las empresas un ahorro anual de 3.243 millones de euros. Pero aquí es donde la teoría choca con el pavimento. El plan es imponer un registro digital certificado e interoperable, supervisado en tiempo real por la Inspección de Trabajo. Suena a ciencia ficción administrativa, pero para una familia que contrata a alguien para cuidar a sus mayores, es como pedirle a un vecino que gestione el departamento de Recursos Humanos de Google desde la mesa de la cocina. La CEOE ya ha encendido las alarmas sobre la privacidad, mientras que Soly Sakal, CEO de Rhombus, advierte que añadir capas de burocracia es la receta perfecta para que el contrato legal sea menos atractivo que un billete de lotería vacío. El sablazo económico es real: se estima que las pymes tendrán que soltar unos 868 millones de euros para implementar esto, unos 55,4 euros por trabajador al año. Parece calderilla hasta que eres un autónomo con dos empleados y una factura de la luz que te quita el sueño. El riesgo es que el eslabón más débil, el empleo doméstico, termine de hundirse en la sombra. Con una EPA que registra medio millón de personas en el sector frente a las 340.000 altas de la Seguridad Social, cualquier complicación extra es un empujón hacia la economía sumergida. Si el salario mínimo ya hizo que el 61% de las familias prescindieran del servicio desde 2018, este control horario podría ser el clavo final. El Consejo de Estado ya dijo que no en marzo, pero parece que en el Gobierno prefieren el titular brillante al sentido común, arriesgándose a multas de 10.000 euros por trabajador que nadie podrá pagar.
Ceuta se ha convertido en el escenario de una comedia negra donde el guion lo escribe la improvisación y lo pagan los que están en la primera línea. Mientras el Ministerio juega al bingo con las cifras —pasando de los 50.000 a los 80.000 para acabar aterrizando en unos 6.000 inmigrantes que parecen sacados de una hoja de Excel optimista—, la realidad en la calle es un caos que no cabe en ninguna estadística. David Gómez, guardia civil desde 2013 y voz de Jucil, describe un despliegue que parece un parche mal puesto: un buque, el Duque de Ahumada, con 44 marineros y unos cuantos helicópteros intentando tapar un agujero que requiere, según sus propias cuentas, al menos 200 agentes más. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando hablamos de la seguridad. Nos venden muros de boyas que sirven más como un 'salvoconducto legal' para las devoluciones en caliente que como un freno real; es como poner una cinta de plástico para evitar que la gente entre en una zona prohibida: el que quiere pasar, pasa, y el que no, se ahoga. El contraste es brutal: mientras el Gobierno se lava las manos sobre los más de 100 muertos, los agentes cargan con el trauma. Hay guardias que han tenido que renunciar a su carrera y a una pensión completa por el desgaste psicológico de obedecer órdenes que luego, en los despachos con aire acondicionado, se cuestionan. Para rematar la faena, tenemos el drama de los menores. El sistema los etiqueta como 'no acompañados' para simplificar la burocracia, pero la realidad es que muchos tienen familias en Marruecos desesperadas por recuperarlos. Es el colmo del absurdo: mantener a un niño en un centro porque sus padres no tienen un visado, cuando la solución más humana y barata sería un apretón de manos en la frontera. Al final, Ceuta es el espejo donde se refleja una gestión que prefiere el maquillaje legal al sentido común.
La diplomacia es un arte exquisito, especialmente cuando se trata de usar a los niños como fichas de dominó. El 30 de julio, Ceuta vivió un asalto masivo a nado que dejó centenares de menores en tierra española. Durante once días, el silencio desde Rabat fue tan absoluto que parecía que habían desaparecido del mapa. Pero el 6 de agosto, mágicamente, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, despertó con un sentido paternalista agudo: ahora exige la repatriación de sus 'hijos' por la vía legal y política. Es curioso que el 'interés superior' del menor aparezca justo cuando la factura de la acogida empieza a sumar en las cuentas españolas. Mientras Ouahbi lanza dardos acusando a España de mantener a los chicos lejos de su patria, la ministra Sira Rego juega al tenis diplomático asegurando que no hay trabas, solo el deseo de proteger a los niños. Pero el verdadero espectáculo ocurre en casa. El Gobierno quiere repartir a los menores por las comunidades autónomas, como quien distribuye folletos en una feria, pero se ha topado con un muro. Aragón, Extremadura y Castilla y León —donde el PP y Vox llevan el timón— han dicho que ni hablar. No piensan asistir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto y exigen que, en lugar de repartir el problema, se busque la reunificación familiar. En medio de este ping-pong institucional, los chavales han salido de sus escondites para acudir a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Allí, entre nervios y tensión, esperan que alguien decida si su futuro es un vuelo de vuelta a Marruecos o un billete de autobús hacia una comunidad autónoma que no los quiere. Al final, la política es como una cena familiar incómoda: todos discuten sobre quién paga la cuenta, mientras los invitados siguen esperando el plato principal.
Hacer la compra hoy en día es un deporte de riesgo, pero el verdadero deporte extremo es mirar la nómina y preguntarse dónde ha quedado el dinero. Mientras el ciudadano medio intenta que el sueldo no se evapore antes del día diez, el Gobierno de Pedro Sánchez ha montado una maquinaria de recaudación que haría palidecer a cualquier recaudador del siglo XIX. Desde su llegada al poder, la factura fiscal y las cotizaciones sociales se han inflado en unos descomunales 213.286 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si nos hubieran pasado el recibo del IRPF anual de todo el país dos veces y media, sin previo aviso y sin descuento por fidelidad. La Agencia Tributaria (AEAT) no descansa. Solo entre enero y junio de 2026, el sablazo ha sido de 14.000 millones adicionales comparado con el mismo periodo de 2025. Pasamos de 134.855 millones a 148.944 millones en un abrir y cerrar de ojos, un salto del 10,44% que ocurre mientras el poder adquisitivo se va por el sumidero. Lo más irónico es que el Gobierno ha decidido apretar las tuercas justo donde más duele: el IRPF ha subido un 11,1% y el Impuesto de Sociedades un 17,3%. Básicamente, le están cobrando más al que trabaja y al que intenta montar un negocio, justo lo que necesitas para que el empleo se ponga en huelga. Pero aquí viene la verdadera joya de la corona: la paradoja del gasto. Tenemos una hucha pública que rebosa con 325.356 millones en impuestos al cierre de 2025 y 176.918 millones en cotizaciones, pero cuando miras hacia Ceuta, la Guardia Civil o el Ejército, parece que están operando con presupuesto de ONG. Hay dinero para subir impuestos cien veces, pero no hay medios para frenar invasiones, apagar incendios o rescatar a los damnificados de volcanes e inundaciones. Es la gestión perfecta: recaudar como si no hubiera un mañana y gestionar como si no hubiera presupuesto.
El juego del gato y el ratón entre Madrid y Rabat ha alcanzado un nuevo nivel de surrealismo. Mientras Pedro Sánchez intenta hacer malabarismos con la diplomacia, Abdelatif Ouahbi, el ministro de Justicia marroquí, ha decidido soltar la lengua en Asharq News con la sutileza de un martillazo. El argumento es tan simple que asusta: no puedes pedirle al portero que cierre la puerta si tú mismo estás dejando las llaves puestas y poniendo un cartel de 'bienvenidos' en la entrada. Ouahbi ha puesto el dedo en la llaga sobre la hipocresía del sistema. Para Marruecos, que España pida frenar el flujo migratorio mientras ofrece 'indulgencia legal' y regulariza a los recién llegados es como pedirle a alguien que deje de comer azúcar mientras le sirves un pastel de chocolate en cada comida. La gota que colmó el vaso fue la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que básicamente ha dejado la puerta abierta a quienes llegan a nado, creando un agujero legal que Rabat ve como una invitación formal al asalto masivo ocurrido el 30 de julio en Ceuta. Pero el sarcasmo marroquí no termina ahí. Ouahbi ha destapado la 'inmigración selectiva' de la Unión Europea: nos interesan vuestros ingenieros y médicos (el caviar del talento), pero pasamos de los demás. Es el típico 'quiero tu currículum, pero no quiero que vivas en mi barrio'. Sobre los menores, el tono cambia a una exigencia tajante de repatriación inmediata, alegando que no quieren que sus hijos sean criados bajo valores ajenos a la cultura árabe e islámica. Todo esto mientras aseguran que Ceuta y Melilla no son una moneda de cambio, aunque dejan claro que tienen 'paciencia' y que su tierra sigue ahí, esperando el momento justo del diálogo.
Comentarios