El texto es un ejercicio de indignación efectiva, aunque se apoya excesivamente en la comparación personal para distraer de la falta de datos sobre la estrategia geopolítica con Marruecos. Es punzante, pero roza el panfleto al omitir la respuesta oficial del Ministerio.
La diplomacia de Rabat ha lanzado un dardo con precisión quirúrgica hacia Madrid. En un movimiento que huele a 'yo ya te lo dije', el Gobierno de Marruecos ha manifestado formalmente que está más que dispuesto a recoger a sus menores no acompañados, pero con una letra pequeña que nos deja en evidencia: que España limpie primero su propia maraña de obstáculos judiciales y administrativos. Es el clásico juego del tenis diplomático donde la pelota, ahora mismo, está pegada en nuestra red. Desde Rabat, la narrativa es tajante. No es que no quieran, es que no los dejan. Incluso han sacado la carta pesada, recordando que existen instrucciones directas del rey Mohamed VI para este retorno. Mientras nosotros nos peleamos en los juzgados y en los tertulias, Marruecos nos recuerda que ya había un pacto firmado en junio de 2021 entre los Ministerios del Interior de ambos países. Básicamente, nos están diciendo que el contrato está firmado y el pago hecho, pero que nosotros hemos perdido la llave de la puerta. La fuente diplomática no se ha cortado y ha dinamitado la versión de los medios españoles, calificándola de manipulación partidista. Para ellos, el drama social se usa como moneda de cambio política. Y aquí entra el factor 'ONG', a quienes acusan de montar una cortina de humo para perpetuar la estancia de los menores en los centros de acogida, como si fuera una suscripción mensual infinita pagada con fondos públicos. Naser Burita, el ministro de Asuntos Exteriores, ya lo dejó claro en 2024: las lagunas legislativas europeas son el paraíso para las mafias del tráfico de personas. Al final, mientras la burocracia española se muerde la cola, los menores quedan atrapados en un limbo donde la ley es un laberinto y la voluntad política, un espejismo.
La diplomacia europea ha vuelto a convertirse en un grupo de WhatsApp donde alguien ha dejado a otro en 'visto'. Giorgia Meloni ha decidido que el acuerdo de Schengen, ese sueño de fronteras invisibles que nos hace sentir ciudadanos del mundo, ahora tiene una letra pequeña escrita con tinta roja para España. El Gobierno italiano ha plantado cara a Pedro Sánchez con una frialdad que congelaría un aperitivo en agosto: no aceptan 'ultimátums ni imposiciones extranjeras'. Traducido al idioma de la calle: 'Aquí mando yo y tú no me digas cómo limpiar mi casa'. El detonante es la crisis migratoria de Ceuta, que Italia ve como un agujero de seguridad que no piensa dejar que gotee en su territorio. Mientras España amenaza con adoptar medidas 'proporcionales' —esa frase elegante que en el barrio significa 'si tú me pegas, yo te pego'—, Roma ha blindado su decisión hasta el 15 de agosto. Es un bloqueo que se siente como cuando el administrador de la comunidad te prohíbe entrar al garaje hasta que arregles la humedad del vecino. Lo más irónico es el malabarismo retórico de Meloni. Por un lado, mantiene los controles aleatorios en puertos y aeropuertos alegando riesgos de terrorismo y seguridad nacional; por otro, suelta que esto 'no menoscaba la relación con un país amigo'. Es la clásica técnica de darte un bofetón y decirte que es para despertarte con cariño. Italia recuerda que ya hizo lo mismo con Eslovenia, intentando normalizar que el libre tránsito sea, en realidad, un privilegio sujeto a que el vecino no tenga el jardín descuidado. Al final, los ciudadanos europeos pueden seguir viajando sin despeinarse, pero el mensaje político es claro: la solidaridad comunitaria termina donde empieza el miedo al electorado y la obsesión por el muro.
Hay quien dice que el liderazgo es saber delegar, pero Pedro Sánchez ha llevado la delegación a un nivel submarino. Mientras el país intenta cuadrar las cuentas y el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, el presidente ha decidido que el Puerto Rubicón es el sitio ideal para practicar el buceo, convenientemente escoltado por una Zodiac de la Guardia Civil. El despliegue es digno de una película de James Bond, pero con presupuesto público: cámaras en cada esquina de La Mareta y 40 agentes de élite rastreando hasta las rocas para que el jefe no se moje más de la cuenta. La cronología del relax es fascinante. El viernes, Sánchez preside una videoconferencia sobre la invasión migratoria en Ceuta y, acto seguido, como quien cambia de camisa, se desliza hacia las profundidades. Salió de Puerto Rubicón a las 11:16 horas y regresó a las 12:53, flanqueado por una escolta que hace que un viaje al dentista parezca una excursión escolar. No es un hecho aislado; el lunes 3 de agosto ya había repetido la jugada desde Puerto Calero a las 11:47 horas con el mismo dispositivo. Ahora, HazteOir ha decidido jugar al detective contable y reclama al Ministerio del Interior que explique el coste de este 'taxi acuático' oficial. La paradoja es deliciosa: mientras los agentes en Barbate luchan contra el narcotráfico con los recursos que tengan a mano, una Zodiac se dedica a hacer de shuttle recreativo. Es la ingeniería del privilegio: usar los medios del Estado para que las vacaciones en Lanzarote tengan el brillo del poder, mientras la seguridad fronteriza espera turno en la lista de prioridades.
Hay políticos que tienen la memoria como un colador o una terquedad que ya quisiera un mula de alquiler. En Mandelieu-la-Napoule, la Costa Azul, el Ayuntamiento decidió que el 1 de julio era el día perfecto para prohibir el burkini hasta el 31 de agosto. El argumento era que llevar una prenda religiosa de forma 'ostensible' era un peligro público. Claro, porque nada pone más nerviosa a una playa que una tela extra en el agua. El Tribunal Administrativo de Niza, que no tiene el sentido del humor del alcalde, ha suspendido la medida. ¿El motivo? El Ayuntamiento intentó justificar el veto sacando del baúl recuerdos de altercados de 2012 y 2016. Es como si hoy te prohibieran entrar a un bar porque hace diez años alguien tiró una copa; una lógica que solo funciona en el mundo de los rencores personales. El juez fue tajante: no hay riesgo real, ni de seguridad ni de higiene. Básicamente, le dijeron al consistorio que dejara de inventar fantasmas. La Liga de los Derechos Humanos, que no se anda con chiquitas, no solo logró que se quitaran los carteles, sino que le clavó un sablazo de 1.500 euros al Ayuntamiento. Una multa que, aunque para un presupuesto municipal sea calderilla, pica por el principio de la cuestión. El alcalde, Sébastien Leroy, ha respondido con el manual clásico del político acorralado: dice que hay una 'desconexión' entre la ley y la realidad. Traducción callejera: 'Tengo razón yo, aunque el juez diga que no'. Lo más cómico es que esto es un bucle infinito. En 2023 el Consejo de Estado ya les había dado el mismo sopapo. Pero en Mandelieu-la-Napoule parecen disfrutar del deporte de aprobar leyes para que un juez se las tumbe cada verano. Una ingeniería jurídica basada en la insistencia y el gasto inútil de dinero público.
Imaginen que intentan pedir una pizza y el repartidor termina entregándola en el patio de un vecino porque el GPS decidió que el norte es el sur. Pues bien, el Departamento de Estado de los EE. UU. acaba de hacer algo similar, pero a escala continental y con fondos públicos. Durante la conferencia global AIDS 2026 en Brasil, los funcionarios presentaron un mapa de África que parece dibujado por alguien que nunca ha visto un globo terráqueo. Una obra de arte del surrealismo donde Nigeria terminó perdida en el Sahara y Mozambique fue teletransportada al Cuerno de África. Lo más delirante es que la Costa de Marfil, que lleva el océano en el nombre, apareció como un país sin salida al mar. Un descuido de esos que te hacen preguntarte si en el despacho alguien sabe dónde queda el baño. La tragedia no es el error, sino la pereza. Reuters confirmó que la imagen llevaba la marca de agua de OpenAI; es decir, alguien decidió que era más cómodo dejar que una IA 'alucinara' la geografía africana que abrir un atlas de primaria. Mientras el experto Matt Petit del Atlantic Council y la especialista Emily Bass exponían la ridiculez en redes sociales, el Departamento de Estado se escudaba en que un miembro del equipo 'alteró apresuradamente' las diapositivas. Muy conveniente. Lo verdaderamente irónico es que este desprecio por la precisión cartográfica rima con el desprecio por la salud: la administración Trump recortó fondos al programa PEPFAR y USAID, provocando el cierre de más de 1.700 centros de tratamiento del VIH. Al final, parece que para Washington África es solo un dibujo borroso que se puede ignorar mientras la IA hace el trabajo sucio.
Hay quien confunde la geopolítica con un juego de Lego y cree que cambiarle la etiqueta a un territorio es, por arte de magia, anexionarlo. Esta vez, el sueño de los 'países catalanes' ha chocado frontalmente contra la apatía de los vecinos del Departamento de los Pirineos Orientales. Mientras el nacionalismo se moviliza con la urgencia de quien intenta rescatar un mueble en rebajas, la realidad es que a la gente le importa un bledo si viven en el Rosellón, el Vallespir, el Capcir, el Conflent, la Alta Cerdaña o la Fenolleda, siempre que el café siga costando lo mismo. La Plataforma per la Llengua, disfrazada de ONG, se lanzó a la piscina para impulsar la marca 'Pirineos Catalanes'. Pero el resultado es un auténtico agujero de participación. Hasta ahora, solo 27.843 personas han movido un dedo para votar —un 69 % por internet y el resto con el clásico papel—. Hagamos cuentas de barrio: eso es apenas el 7,4 % de un censo de 378.186 votantes. Es como intentar llenar un estadio de fútbol y que solo lleguen cuatro gatos y un perro. La ironía es deliciosa. El independentismo ya sufrió el primer sablazo cuando su opción estrella, 'País Catalán', fue descartada de entrada. Ahora se conforman con un nombre híbrido que debe luchar contra el actual o el postureo turístico de 'Pirineos Mediterráneos'. Lo más gracioso es que la consulta, activa hasta el 15 de agosto (con el papel cerrando el 10), no es vinculante. Para que el cambio sea real, necesita el visto bueno del Consejo de Ministros francés y del Consejo de Estado. En resumen: mucho ruido en el altavoz nacionalista y un silencio sepulcral en las urnas francesas.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra para que el presupuesto no explote antes del día quince, en Badajoz se practicó una ingeniería financiera de la vieja escuela. David Sánchez no solo tuvo la suerte de encontrar un empleo, sino que el puesto fue diseñado a medida, como un traje de sastre italiano pagado con el dinero de todos. La Audiencia Provincial de Badajoz ya puso la etiqueta de 'arbitraria' a esa plaza y sentenció al hermano del presidente por prevaricación administrativa. Ahora, la cosa se pone seria. El Tribunal de Cuentas ha trasladado a su Sala de Enjuiciamiento la petición de Hazte Oír para recuperar 340.572 euros. Para que nos entendamos: no estamos hablando de un descuido en la declaración de la renta, sino de un sablazo monumental repartido durante casi ocho años. Es la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para que te creen un puesto donde el currículum es el apellido. La lista de invitados a esta fiesta del erario público es larga. Hazte Oír no solo quiere que David Sánchez devuelva el botín, sino que apunta con el dedo a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz; a Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; y a Elisa Moriano, exdirectora del área. Todos ellos, junto a la maquinaria de empleados públicos que firmaron los cheques sin pestañear, están ahora en el radar para responder por el agujero contable. La petición es clara: que suelten el dinero o que preparen el inventario de sus bienes para el embargo. Porque, al final, la justicia es como una factura pendiente: tarde o temprano, alguien tiene que pagarla.
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