Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero le falta el valor de denunciar la absurda lógica de vender activos críticos para luego arrendarlos indirectamente. Demasiado BOE y poca calle.
Sánchez destina tres veces más dinero a mantener los Falcon que a los hidroaviones
VIPS sobre fuego: el sablazo de los Falcon
Otros artículos
Gas argelí y caos en Ceuta: el peaje
La diplomacia de salón tiene un precio, y en Ceuta se paga en moneda de supervivencia. Pedro Sánchez aterrizó en Argelia el 20 de julio para 'normalizar' relaciones, un eufemismo político para decir que necesitamos el gas argelino (que supone un tercio de nuestras compras) y que el comercio, bloqueado desde el 8 de junio de 2022, debe volver a fluir. Pero mientras los ministros José Manuel Albares y Sara Aagesen brindaban con empresarios para rescatar la VIII Reunión de Alto Nivel en octubre, en la frontera el tablero cambió. Es la vieja canción del Mediterráneo: si Madrid abraza a Argelia, Rabat suelta la correa. Marruecos, herido en su orgullo por el giro sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022 y el episodio de Brahim Ghali, parece haber decidido que la mejor respuesta a la cordialidad hispano-argelina es abrir el grifo migratorio. El resultado es un caos que recuerda a mayo de 2021, cuando 15.000 personas saltaron las vallas. Ahora el problema es el mar. Con el agua tibia y una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohíbe devolver a los nadadores, Ceuta se ha convertido en un imán. La Delegación del Gobierno admite 1.500 llegadas solo esta semana, y las previsiones apuntan a más de 5.000 para finales de julio. El CETI, con sus 512 plazas, ha pasado de ser un centro de acogida a un cuello de botella donde 400 personas esperan fuera, mientras Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda —este último alertando de un subidón del 80% en menores no acompañados— piden auxilio. Es la paradoja del poder: se arregla el suministro de energía en un despacho de Argel, pero se deja el patio trasero de Ceuta colapsado por un 'descuido' de vigilancia en las costas marroquíes.
La Séptima: El salto prohibido de Ruiz
En el ecosistema mediático, donde las lealtades duran lo que tarda en enfriarse un café, José Miguel Contreras ha decidido jugar la carta maestra. El fundador de La Sexta quiere que Javier Ruiz, el actual rostro de 'Mañaneros' en La 1 de TVE, sea el primer director de 'La Séptima'. El plan es ambicioso: lanzar el canal el próximo 5 de noviembre desde San Sebastián de los Reyes, en un plató de más de 1.000 metros cuadrados que hace parecer pequeña la cocina de cualquier mortal. La jugada tiene un aroma a nostalgia profesional. Contreras y Ruiz ya habían soñado con esto hace dos años en un proyecto con PRISA que terminó en cisma y salidas abruptas. Ahora, Contreras vuelve a la carga con la oferta sobre la mesa, justo cuando Ruiz navega en una paradoja deliciosa: sus audiencias en RTVE están en lo más alto, pero el programa arrastra condenas judiciales por bulos y denuncias de manipulación. Es el clásico caso de 'vender humo' con éxito mientras los jueces pasan factura. Para completar el cuadro, Daniel Fernández, el cerebro de 'Mañaneros' y excolaborador de Ana Rosa Quintana, llegaría como director de Contenidos. Una estructura donde Informativos y Programas se fusionan en un abrazo incómodo para centrarse en la actualidad. Mientras nombres de peso como Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló se quedan fuera del reparto, Contreras apuesta por una mezcla de veteranos y chavales menores de 30 años, incluyendo a Sarah Santaolalla. Prometen una televisión 'sin gritos', una utopía en un país donde el ruido es la moneda corriente. Con una plantilla de 300 trabajadores (80 periodistas) y una meta modesta de alcanzar el 2% de cuota inicial y el 3% el primer año, La Séptima intenta convencer al público de que la actualidad puede ser elegante, aunque sus protagonistas vengan de la trinchera del escándalo.
Indultos 'de tapadillo': Corrupción y maquillaje político
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la ética pública en el Consejo de Ministros del pasado martes. Mientras Pedro Sánchez se dedicaba a maquillarse la gestión en una rueda de prensa, el Ejecutivo deslizaba por debajo de la mesa cinco indultos parciales. Tres de ellos son para condenados por corrupción, una jugada que en la calle llamaríamos 'limpiar la paja del trigo' con dinero y tiempo ajeno. La joya de la corona es Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña, que vio cómo sus cuatro años y medio de cárcel se encogían a dos. Borràs, experta en el arte de fraccionar contratos para adjudicarlos 'a dedo' entre 2013 y 2017 en la Institución de las Letras Catalanas, recibe este regalo justo cuando el Gobierno lanza la Agencia de Integridad Pública. Es como intentar venderte una dieta detox mientras te comes un donut glaseado en el desayuno. Pero el banquete no es solo para los independentistas. Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, también ve su condena de tres años reducida a dos. Y luego tenemos el caso de Natalio Grueso, el gestor del Centro Niemeyer que convirtió las facturas públicas en una cuenta corriente personal para amigos y familia por valor de 78.819 euros. Tras jugar al escondite internacional y terminar arrestado en el Algarve en diciembre del año pasado, Grueso se beneficia de un indulto por motivos humanitarios. La ironía es tan espesa que se puede cortar con cuchillo: el PSOE se indigna internamente mientras el Gobierno 'normaliza' la política. Emiliano García-Page lo ha resumido bien: se hace 'de tapadillo' y con 'agosticidad'. Mientras Santos Cerdán es investigado por presuntas mordidas y José Luis Ábalos tiene su propia sentencia, el Ejecutivo demuestra que la integridad pública es, en realidad, una sugerencia flexible si el precio es la supervivencia parlamentaria.
LAPD despide a Flock por fallar estrepitosamente
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tiene un apetito insaciable por los juguetes tecnológicos. Desde los contratos con Palantir hasta el despliegue de drones para vigilar manifestantes, el tercer cuerpo policial más grande de EE. UU. suele comprar cualquier software que prometa control total. Pero incluso para ellos, el contrato con Flock Safety ha resultado ser un producto defectuoso, como ese electrodoméstico barato que compras en oferta y termina quemando la cocina. La decisión de no renovar el acuerdo de tres años no ha sido un acto de generosidad hacia la privacidad ciudadana, sino un ejercicio de supervivencia legal. Dean Gialamas, el jefe de información del LAPD, ha tenido que admitir que existen 'serias preocupaciones' sobre las libertades civiles. Y es que los datos son demoledores: una auditoría del 10 de julio de la Oficina del Inspector General reveló que el sistema es una ruleta rusa. En solo dos meses, las cámaras generaron 161 alertas falsas de vehículos robados. Si sumamos los 337 casos reales, tenemos una tasa de error del 32,3 %. Traducido al lenguaje de la calle: uno de cada tres conductores detenidos es totalmente inocente. Lo verdaderamente escalofriante no es el fallo del software, sino el protocolo. El LAPD trata estas alertas como paradas de 'alto riesgo'. No es un simple 'licencia y registro'; es un despliegue de fuerza con apoyo aéreo y supervisores, convirtiendo un error de base de datos en una situación de rehén involuntario. Para la población negra de Los Ángeles —que representa el 19,5 % de los muertos a manos de la policía pese a ser solo el 9 % de la ciudad—, este margen de error del 32 % no es un dato estadístico, es una sentencia de riesgo vital. Al final, la ingeniería financiera de la vigilancia ha chocado con la realidad de que sus algoritmos no saben distinguir un Range Rover robado de un ciudadano yendo a comprar el pan.
Musk ahorra centavos y mata millones
Elon Musk ha descubierto que jugar al 'ajuste de cuentas' con la vida humana no es como optimizar el código de un Tesla. Resulta que el hombre más rico del mundo, en su delirio de eficiencia con el DOGE, decidió que USAID era un gasto superfluo. Para Musk, recortar la ayuda exterior es como quitarle el azúcar al café; para 4,5 millones de niños menores de cinco años, según el estudio de la revista Lancet, es una sentencia de muerte programada para 2030. La cosa se puso fea el fin de semana. Musk, con la arrogancia de quien cree que el mundo es un simulador, retó a cualquiera a dar un solo nombre de alguien muerto por sus tijeras presupuestarias. Nicholas Kristof, columnista del New York Times y alguien que sí sabe lo que es pisar el barro en Liberia o Sudán del Sur, aceptó el reto y le sirvió una lista detallada de víctimas, incluyendo bebés. ¿La respuesta del genio de X? Un berrinche digital digno de un niño al que le quitan la tablet. Musk pasó de la 'eficiencia gubernamental' a llamar a Kristof 'pedazo de mierda' y 'malvado' en una tormenta de tuits que olía a desesperación. Lo más delirante es la escala del ahorro. Mientras el presupuesto federal estadounidense se mueve en cifras astronómicas, la ayuda exterior representaba apenas entre el 0,7% y el 1,4% del gasto total. Es decir, Musk ha dinamitado la salud global por una cantidad que, en la contabilidad de su fortuna, no llega ni a un error de redondeo. Mientras tanto, la Escuela de Salud Pública de Harvard advierte que el Ébola vuelve a hacer estragos en el Congo. Al final, el 'Departamento de Eficiencia' ha logrado lo impensable: ahorrar unos centavos a costa de millones de vidas, demostrando que la empatía no entra en el algoritmo de Musk.
Urtasun paga 300.000€ a los 'anti-guiris'
Hay quien dice que el dinero público es como el agua: se escapa por donde quiere. Pero en el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun, el agua fluye con una precisión quirúrgica hacia destinos muy concretos. Hablemos de la Obra Cultural Balear (OCB), una entidad que, mientras nos vende la 'sostenibilidad lingüística', se dedica a organizar marchas para echar a los turistas de Palma de Mallorca. El domingo 26 de julio, bajo el lema ‘Mallorca al límite’, la calle se llenó de gritos contra los 'guiris' y terminó con ocho heridos y cargas policiales. Todo muy cultural, desde luego. Lo fascinante no es el activismo, sino la ingeniería financiera. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con pánico, la OCB ha recibido un flujo constante de subvenciones 'a dedo', sin convocatoria pública. En 2023 empezaron con 200.000 euros; para 2024, la cifra subió a 300.000 euros anuales. En total, el Ministerio ha soltado casi un millón de euros en tres ejercicios. Para que nos entendamos: el Gobierno central paga más de la mitad de los ingresos de la entidad (que en 2025 fueron de 782.550,33 euros, con 511.317,99 procedentes de fondos públicos). Urtasun, que no se guarda nada, incluso les colgó la Medalla de Oro del Mérito a las Bellas Artes en 2023, alabando su lucha por el 'autogobierno'. Es la paradoja perfecta: el Estado paga la fiesta de quienes quieren romper el Estado y que, además, consideran que la mejor forma de salvar el idioma es prohibiendo la entrada a los alemanes. Una gestión impecable donde el 'interés público' se traduce en financiar a quienes premiaron a los Jordis en 2017 por sus aventuras golpistas. Así se hace cultura en el siglo XXI: con dinero público y odio al turista.
El CNI avisa a Feijóo: ¡Limpia la casa!
Imaginen que contratan a un gestor para organizar sus cuentas y resulta que el tipo es el mejor amigo de su exmujer. Así de pánico suena el aviso que ha llegado a Alberto Núñez Feijóo: si llega a Moncloa y no hace una limpieza a fondo en el CNI, el Gobierno podría saltar por los aires en seis meses. No es una película de James Bond, es la realidad de un servicio de inteligencia que, según agentes consultados por THE OBJECTIVE, ha sido 'colonizado' por el PSOE. El problema es que el corazón del Estado no es un mueble de IKEA que se monta y desmonta según el color del partido. Ahora mismo, la cúpula —directora, secretario general y tres directores generales— tiene un perfil más político que profesional. Los espías advierten que los 3.700 miembros del centro son una maquinaria potente, pero que si quedan al servicio de intereses ajenos al Estado, se convierten en bombas de relojería. Es como dejar que el enemigo gestione la llave de tu caja fuerte mientras tú intentas dormir tranquilo. Mientras Pedro Sánchez juega al calendario, apuntando a 2027 o quizás a un adelanto técnico, en los pasillos de la Policía y la Guardia Civil ya se huele el cambio de guardia. Hay una guerra de egos donde los mandos se posicionan, perpetuando esa costumbre tan nuestra de premiar la afinidad ideológica sobre el currículum. Para colmo, ya hay nombres sobre la mesa, como Miguel Ángel Sánchez San Venancio, quien pasó de la inteligencia técnica a ser jefe de Seguridad de Telefónica bajo José María Álvarez Pallete. Pero ojo, que los de 'la Casa' no están convencidos. Piden a gritos a alguien que conozca el barro del servicio, no a un ejecutivo de traje caro que venga a aplicar manuales de empresa en el mundo del espionaje.
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