La noticia es un ejercicio de contraste brutal, aunque falla al no preguntar por qué España, habiendo anunciado la compra en mayo, no ha logrado la misma celeridad técnica. El título es honesto, pero la gestión española es el verdadero chiste.
Comprar los zapatos antes que los pies es una genialidad, pero comprar trenes de 200 metros sin medir los andenes es, sencillamente, una comedia administrativa. Así nos ha dejado el Ministerio de Transportes. En marzo de 2021, bajo la batuta de José Luis Ábalos, Renfe decidió soltar 1.000 millones de euros a la suiza Stadler para fabricar 59 trenes de dos pisos. Un despliegue de generosidad presupuestaria que prometía aliviar el infierno diario de la C-5. El problema es que el contrato se formalizó con Raquel Sánchez y el calendario, que preveía entregas en 2024, ha pasado a ser una pieza de ciencia ficción. Resulta que estos convoyes son tan largos que, si intentaran parar en las estaciones actuales, dejarían a medio pasajero saludando desde el aire. Para que la joya de la corona de Óscar Puente funcione, hace falta un 'ajuste' de infraestructura que suena a broma: 1.300 millones de euros adicionales para alargar los andenes entre 40 y 50 metros, porque resulta que la mayoría miden solo 150. Es como comprar un sofá gigante para un salón donde no cabe ni la mesa del café y decidir que lo más sencillo es tirar el muro y reformar toda la casa. El plan incluye el sistema ERTMS y modernizaciones tecnológicas que nos llevarán, según el cronograma, hasta 2031. Sí, han leído bien. Una década después de la adjudicación, los usuarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Humanes y Leganés podrán dejar de viajar enlatados. Mientras tanto, el dinero público fluye con la soltura de quien no tiene que pagar el alquiler, y los trenes esperan pacientemente a que el cemento de los andenes se seque en un horizonte que parece no llegar nunca.
En política, anunciar es gratis; lo caro es que las cosas funcionen. Mientras Pedro Sánchez nos vendió en mayo la fantasía de un Airbus A400M patrullando nuestros cielos para frenar el infierno forestal, los franceses acaban de pasarle la hoja en el sprint final. Este sábado, Francia puso en servicio el A400M adaptado, convirtiéndose en el primer país europeo en usar este monstruo militar para apagar fuegos. Es la diferencia entre el catálogo y el producto entregado en casa. El ministro francés Sébastien Lecornu no se puso a redactar comunicados optimistas, sino que ordenó adelantar el despliegue para salvar el departamento de Gironda. Allí, el fuego no entiende de burocracia: 42.000 hectáreas calcinadas desde el miércoles y más de 200.000 personas evacuadas. Para los franceses, el A400M es un camión cisterna volador que suelta 20 toneladas de líquido retardante; es como si comparáramos un vaso de agua con una piscina olímpica, ya que triplica la capacidad de un Canadair y equivale a dos aviones Dash. Mientras en Francia Jean-Luc Mélenchon presionaba al Ejecutivo para que dejara de hacer ensayos en la base de Nimes y soltara el agua, en España seguimos esperando que el anuncio de mayo se materialice en algo que no sea papel mojado. Francia ya está peleando en Las Landas (3.000 hectáreas y 31.000 evacuados), en Var (3.250 hectáreas) y en Tarn (600 hectáreas). En total, una treintena de incendios activos que ponen en evidencia que, mientras unos gestionan la emergencia, otros gestionan la narrativa. Al final, el fuego no lee boletines oficiales ni se impresiona con promesas electorales; el fuego solo se apaga con agua, y esa agua, ahora mismo, vuela con bandera gala.
Hay una técnica milenaria para cuando el agua te llega al cuello: tirar una bomba de humo. Mónica García ha decidido aplicar este manual de supervivencia para salvar a Pedro Sánchez, cuyo Gobierno parece un colador de imputaciones, prevaricaciones y cohechos que ya ni los medios más sumisos pueden maquillar. Mientras el Moncloa se hunde en un fango de ingeniería financiera y expedientes judiciales, la ministra de Sanidad nos lanza la nueva ley antitabaco. Un proyecto que, tras tres años de marear la perdiz y soltar titulares para el ego, arranca su tramitación con la misma fuerza que un coche sin gasolina: sin consenso social y repudiada por todos los sectores. Es la clásica maniobra de distracción. Mientras García se pierde en debates etéreos sobre si podemos fumar en la orilla de un río —como quien discute el color de las servilletas mientras la casa se quema—, la realidad de la Sanidad es un drama en tiempo real. El sector profesional se desangra y los pacientes con alzhéimer se quedan mirando al techo, privados del tratamiento más prometedor porque la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que curiosamente depende de su Ministerio, ha decidido que el presupuesto no da para más. La incapacidad de gestión de García ya no es una anécdota, es un patrón. Ya lo vimos con el Estatuto Marco, un engendro vilipendiado tanto por los médicos como por las autonomías, sin importar si eran socialistas o nacionalistas. Al final, la ley antitabaco no es una medida de Salud Pública; es un escudo de nicotina para que el PSOE y sus socios socialcomunistas no tengan que responder por el caos mientras intentan no caer al tercer puesto en la batalla por Madrid.
La gestión de la seguridad en Berlín tiene la precisión de un colador viejo. Imagínate la escena: miles de personas celebrando el amor y la diversidad en el parque Tiergarten, bajo el amparo de 2.000 policías —una cifra que suena a blindaje, pero que resultó ser un decorado de cartón—. A las 22:00 locales, una forgoneta blanca decidió que la fiesta necesitaba un toque de horror y arrolló a 17 personas. El resultado: un muerto y 16 heridos, algunos luchando por su vida mientras el ambiente festivo se convertía en una escena del crimen con olor a neumático quemado. Aquí llega la parte donde la realidad supera a la sátira. El sospechoso, un tal Abdul B., no es un desconocido para el Estado; es un cliente habitual de la justicia con ideología islamista. Lo más fascinante es que el sujeto estaba en libertad desde mayo, tras cumplir condena en un centro de menores. Básicamente, el sistema le dio la llave de la calle y él decidió usarla para conducir una furgoneta contra una multitud. Es la clásica 'ingeniería de seguridad' donde se vigila el protocolo pero se olvida al sujeto. Mientras el alcalde Kai Wegner se deshace en palabras sobre la 'ciudad de la libertad' y el canciller Friedrich Merz, junto al ministro Alexander Dobrindt, lanzan comunicados de solidaridad que no sirven ni para cubrir un charco, queda la pregunta incómoda: ¿Cómo entra un vehículo en una zona supuestamente controlada? El CSD, que nace de la lucha por los derechos en la calle Christopher de Nueva York, terminó este año con el sabor amargo de saber que, mientras los políticos se comprometen a 'castigar el acto atroz', la prevención fue tan efectiva como un paraguas agujereado en mitad de un temporal.
España ha logrado una hazaña digna de un premio a la ironía: producir tanta energía limpia que el sistema eléctrico ha decidido que lo mejor es tirarla a la basura. No es que no haya quien la compre, es que el cableado es como intentar vaciar una piscina olímpica con una pajita. En junio de 2026, la Energía Renovable No Integrable (ERNI) alcanzó los 712,6 GWh, un sablazo del 63% comparado con los 436,5 GWh de junio de 2025. Básicamente, uno de cada diez megavatios hora que ya estaban vendidos y listos para entrar en el sistema acabó en el limbo porque Red Eléctrica entró en modo pánico operativo. El detonante tiene nombre y fecha: el apagón del 28 de abril. Desde entonces, la gestión se ha vuelto tan conservadora que parece que operan la red con miedo a que se rompa si alguien respira fuerte. Mientras los parques fotovoltaicos brotan como setas después de la lluvia, las redes de transporte y el almacenamiento avanzan a paso de tortuga con artritis. Es la paradoja del rico con la nevera llena pero sin electricidad para encenderla: seguimos dependiendo del exterior en un 68% en 2024, pero desperdiciamos lo nuestro por pura incapacidad técnica. Para los inversores, esto es un baño de realidad. El precio capturado de la fotovoltaica en junio rondó los 29 euros, con un factor de apuntamiento de 0,43; es decir, venden a precio de saldo mientras la red les cierra la puerta en la cara. Hemos pasado de la obsesión por plantar placas a descubrir que, si no tienes dónde meter el flujo, tienes un parque de espejos muy caro que no sirve para nada más que para decorar el campo.
Hay quien necesita vacaciones para desconectar; Rosario Sánchez, la secretaria de Estado de Turismo, las usa para conectar con el electorado balear. Mientras el ciudadano de a pie mira la cuenta corriente antes de pedir un café, Sánchez ha convertido el erario público en su propia agencia de viajes VIP. El despliegue es fascinante: desde inaugurar un reloj en Ibiza hasta cenar a la fresca en Alcúdia o dejarse ver en la Diada de Formentera. Todo muy institucional, claro. La ingeniería de su agenda es una obra de arte del 'timing'. Tres de cada cuatro semanas, sus obligaciones nacionales aterrizan convenientemente en lunes o viernes. Un truco clásico de oficina para estirar el puente, pero pagado con el sueldo público. En solo 52 días, ha estado activa en las islas la mitad del tiempo. El clímax de este tour ocurrió del 22 al 28 de junio: seis de siete días en Baleares. Básicamente, se mudó al archipiélago con la tarjeta del Estado en el bolsillo. Lo verdaderamente cómico es su esquizofrenia política. Como secretaria de Estado, vende Baleares al mundo y celebra que lleguen más turistas; pero como candidata del PSOE, apoya las manifestaciones antiturismo. Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde con maleta de mano. Mientras Francina Armengol le ha pasado la patata caliente de enfrentar a Prohens y la derecha, Sánchez se asegura de que el camino hacia la posible derrota esté pavimentado con actos cada dos días. De media, pasó de visitar las islas cada 3,1 días entre enero y mayo, a un ritmo frenético de un acto cada dos días desde junio. El PP pide la agenda completa, pero el Gobierno responde con la habitual opacidad de quien no quiere que veamos el ticket del restaurante.
Imaginen la escena: entrar en una gasolinera a las tres de la mañana, comprar un paquete de patatas fritas, un café aguado y, de paso, una píldora del día después. Como quien pilla un paracetamol para la resaca. En el Reino Unido, esto ha dejado de ser una distopía para convertirse en una propuesta formal sobre la mesa. El Colegio de Salud Sexual y Reproductiva (CSRH), liderado por la doctora Zara Haider, quiere que este fármaco salte la valla de las farmacias y aterrice en la Lista General de Ventas. ¿El motivo? Una encuesta donde 2.115 personas se quejaron de que conseguir la pastilla un domingo o después de las diez de la noche es más complicado que encontrar aparcamiento en el centro. Según los datos, el 65% siente que el horario nocturno es una barrera y el 43% ve los domingos como un muro infranqueable. Mientras la doctora Haider lo vende como un 'derecho humano fundamental' y una 'solución sencilla' para evitar obstáculos cuando el tiempo vuela, al otro lado del ring está John Deighan, el director de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC). Para Deighan, esto no es salud pública, sino fomentar una 'cultura despreocupada' y obsesionada con el sexo. La paradoja es deliciosa: el fármaco ya es gratis en el NHS, en clínicas y centros de primaria, pero parece que ir a una consulta médica es un trámite demasiado burocrático para la urgencia del momento. Al final, la discusión se resume en si la anticoncepción de emergencia debe ser un acto clínico supervisado o un producto de conveniencia junto a los chicles y los encendedores.
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