Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero falla al no cuestionar la procedencia de los fondos más allá de la cifra. Es un inventario de sueldos que necesita más contexto sobre la productividad real de esos cargos.
El 70% de los altos cargos gana más de 100.000 euros, con la presidenta de la SEPI a la cabeza
Cienmileuristas: el festín blindado de La Moncloa
Otros artículos
Gibraltar: casas de lujo sobre agua española
Hay que tener valor para llamar 'necesidad habitacional' a la construcción de un puerto para megayates y casas de lujo sobre el fondo marino ajeno. Mientras el ciudadano medio se pelea con la oficina de Hacienda por un error de diez euros, el Gobierno de Fabián Picardo ha decidido que el mapa de Gibraltar es sugerente, pero flexible. El proyecto Eastside es la joya de la corona de esta ingeniería del descaro: 330 millones de libras esterlinas invertidas por TNG Global Foundation para levantar 1.400 viviendas de lujo y un puerto deportivo. Básicamente, están fabricando tierra nueva donde solo había agua española, como quien añade un anexo a su salón invadiendo la parcela del vecino mientras este duerme la siesta. La hipocresía tiene un aroma salino. El Tratado de Utrecht de 1713 es hoy un objeto de decoración, un papel mojado que cedió la ciudad y el castillo, pero no el mar. Aun así, los camiones no paran de volcar arena y piedra, gran parte de ella procedente del Torcal de la Utrera en Casares, directamente sobre la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental. Estamos hablando de dinamitar un espacio de la Red Natura 2000 con 23.642 hectáreas de valor ecológico para que cuatro millonarios tengan un amarre más cerca de la playa. ¿Y el Gobierno de Pedro Sánchez? El secretario de Estado Diego Martínez Belío se lanzó el 25 de junio de 2025 en la Comisión de Asuntos Exteriores diciendo que esto es una 'violación de la soberanía'. Muy valiente el discurso, pero en la práctica la respuesta ha sido la 'nota verbal', que en el lenguaje de la calle significa enviar un correo electrónico que el otro puede borrar sin leer. Mientras la Fiscalía de Algeciras intentaba poner orden en abril de 2025, el juzgado de La Línea archivó la causa y pidió 10.000 euros de fianza a Verdemar-Ecologistas en Acción. Así se defiende la patria: con notas verbales y fianzas imposibles.
Incendios: el PSOE usa el fuego para atacar
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras España arde y el humo se cuela hasta en las tazas de café, la clase política ha decidido que el momento ideal para recordarnos sus rencores es ahora. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha decidido que la mejor forma de combatir las llamas es lanzando una granada de fragmentación en X. El argumento es digno de un guion de surrealismo: el PP no lucha contra los incendios porque no quiso validar la quita de deuda del FLA ni los objetivos de estabilidad. Traduzcamos esto al idioma de la calle: el Gobierno le dice al PP que, por no aceptar un 'truco de magia' contable donde la deuda simplemente cambia de bolsillo (del regional al estatal), ahora los bosques se queman más. Mínguez presume de una infografía donde promete 83.000 millones para las autonomías, de los cuales 8.600 millones irían a Madrid. Es como si tu vecino te dijera que tu casa se quema porque no quisiste firmar un préstamo que le beneficia a él y a sus amigos, aunque el dinero acabe en el mismo cajón. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando Pedro Sánchez retuitea mensajes sobre 'actuar con responsabilidad' y 'unidad frente a la emergencia', mientras su portavoz usa la tragedia de Los Gallardos y Bédar —donde murieron 13 personas— como combustible para un ataque partidista. El Gobierno intentó colar la quita de deuda, el capricho de ERC y Junts desde noviembre de 2023, y aunque salvaron las enmiendas por 178 votos contra 170, la senda de estabilidad acabó en el cubo de la basura tras el desplante de Podemos, Compromís y el PP. Al final, mientras los bomberos sudan sangre, en el Congreso se pelean por quién tiene la cartera más grande para repartir promesas.
Bomberos con material viejo: el sablazo burocrático
Hay una belleza casi poética en la gestión administrativa de este país: la capacidad de admitir que el barco tiene agujeros justo cuando el océano decide rugir. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha decidido, en un alarde de honestidad burocrática, dejar por escrito que el material de los Parques Nacionales está, cito textualmente, "deteriorado por su uso". Lo fascinante no es que las herramientas se gasten —el hierro y el plástico no son eternos—, sino el calendario. El documento tiene fecha del 25 de junio. Para quienes no manejan el calendario de la Administración, junio es el momento en que el bosque deja de ser un paisaje para convertirse en una hoguera. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de tres euros, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ha montado un expediente de 32.215,04 euros (IVA incluido) para intentar salvar los muebles. La repartición del botín es casi quirúrgica: 19.500 euros para equipos de extinción, 7.422 euros para herramientas manuales y 5.324 euros para estaciones meteorológicas. Hablamos de mangueras, lanzas y hachas Pulaski que, según la memoria, ya no dan más de sí desde la última renovación en 2023. El plan maestro es un "procedimiento abierto simplificado" con un plazo de entrega de 35 días. Es decir, que mientras el fuego corre, la burocracia camina. En lugares como Cabañeros, Las Tablas de Daimiel o los Montes de Valsaín, las brigadas tienen que seguir peleando con el equipo desgastado mientras esperan que el papeleo llegue a su destino. Es la clásica gestión de "tirar la casa por la ventana" cuando la casa ya está ardiendo, confiando en que el fuego tenga la cortesía de esperar a que el proveedor entregue los batefuegos y los rastrillos azada.
Sánchez: 20 millones en cargos inventados
Imaginen que van al supermercado y, al llegar a la caja, descubren que el ticket incluye la compra de un yate que no pidieron y la suscripción premium a un club de lectura de la que no saben nada. Así se siente el contribuyente al mirar la nómina de altos cargos de Pedro Sánchez. Uno de cada cuatro puestos en la Administración estatal es, básicamente, un 'invento' creativo. Estamos hablando de una ingeniería financiera donde el coste de estos cargos superfluos supera los 20 millones de euros anuales. Dinero que vuela mientras el ciudadano medio hace malabarismos para que el sueldo llegue al día 30. La lista es un catálogo de surrealismo administrativo. Tenemos a José Ramón Becerra, ingeniero técnico industrial, cobrando unos 100.000 euros como director general de Derecho de los Animales. O Manuel Villora, con unos 90.000 euros, presidiendo la Autoridad Independiente para la Protección al Informante; un organismo que Félix Bolaños lanzó en 2025 para proteger 'chivatos', aunque el PSOE parece tener una relación de amor-odio con los delatores cuando aparecen nombres como Víctor Aldama en el caso Ábalos. Pero lo mejor es la 'colección de comisionados'. Hay quien cobra 125.000 euros por celebrar que España lleva 50 años en libertad (un cargo que ya debería estar jubilado en 2026), o el Comisionado para la Reconstrucción de La Palma que percibe 127.000 euros mientras las ayudas prometidas siguen en el limbo. Sumemos a la Comisionada para la Dana (128.000 euros) y a la del Perte de la Salud de Vanguardia (131.000 euros). El salario medio de este ejército de invisibles supera los 120.000 euros. Es el arte de crear puestos para recolocar amigos, donde la formación es un detalle opcional y la función real es un misterio digno de novela policíaca.
Sánchez: Casting de lujo para salvarse
Pedro Sánchez ha decidido jugar al Tetris con el mapa mundial, intentando encajar a sus piezas favoritas en los sillones más caros de la diplomacia internacional. Mientras en casa los Presupuestos de 2027 parecen un sueño febril y la imagen del Gobierno tiene más manchas que una camisa de cocinero, Moncloa se lanza a una partida de póker de alto riesgo. El objetivo: limpiar el escaparate exterior situando a sus cargos en la élite global antes de que llegue el inevitable adelanto electoral de principios de 2027. La jugada maestra empieza con Yolanda Díaz, lanzada este jueves hacia la dirección de la OIT en Ginebra para las elecciones de noviembre. Es el primer examen: intentar vender 'justicia social' mientras el ruido de los casos de corrupción del PSOE empieza a sonar demasiado fuerte en los oídos de los inversores. Pero Sánchez no se detiene ahí. Quiere que Luis Planas tome el mando de la FAO en junio de 2027, aunque para ello tendrá que pelearse con el irlandés Phil Hogan y el italiano Maurizio Martina. Es como intentar colarse en la zona VIP de un festival con una acreditación caducada; hace falta un lobby agresivo y mucha cara. El movimiento más surrealista, digno de una comedia de enredos, es el de Pablo Hernández de Cos. Sánchez, que hace poco miraba con recelo al exgobernador por venir de la era Rajoy, ahora lo abraza para intentar colocarlo en la presidencia del BCE tras la salida de Christine Lagarde en octubre de 2027. Lo venden como una 'visión de país', pero en la calle sabemos que es el clásico 'enemigo de mi enemigo es mi socio'. Tras el fracaso estrepitoso de intentar colar a Leire Pajín como número dos del Consejo de Europa, el presidente necesita victorias rápidas. Si logra estos puestos, podrá decir que el mundo lo respeta, aunque en España el presupuesto sea un agujero negro y la legislatura esté más agotada que un corredor de maratón en el kilómetro 42.
Sánchez prometió un Dumbo que no vuela
Hay una diferencia abismal entre el marketing de despacho y la realidad del terreno, y Pedro Sánchez acaba de darnos una masterclass. El pasado 21 de mayo, con la pompa de quien inaugura un parque temático, presumió en Torrejón de Ardoz del «mayor despliegue del Estado» de la historia. Prometió que el Airbus A400M, el famoso 'Dumbo' con kit antiincendios, sería la joya de la corona. Pero 65 días después, mientras la Sierra Oeste de Madrid sufre el «peor incendio de la historia», el kit sigue en fase de pruebas. Es como comprarse el último iPhone por catálogo y descubrir que, cuando llega el incendio, el teléfono sigue en la caja y sin batería. Mientras tanto, al otro lado de los Pirineos, Emmanuel Macron ha hecho lo que en España parece ciencia ficción: acelerar la burocracia. El ministro Sébastien Lecornu ordenó adelantar la puesta a punto del A400M y este sábado ya estaba vertiendo 20.000 litros de retardante sobre Gironda. En Francia, el proceso fue un debate nacional; aquí, es un silencio sepulcral. La diferencia de capacidad es brutal: el A400M mueve el triple de agua que un Canadair. Pero claro, nosotros seguimos tirando de la solidaridad europea, mendigando cuatro hidroaviones CL-415 (dos de Grecia y dos de Italia) para intentar salvar lo que queda de Ávila y Toledo. La hipocresía se cocina a fuego lento. Sánchez prometió diez aviones anfibios; la realidad es que solo hay siete FOCA operativos. El resultado es una factura catastrófica: 45.000 hectáreas calcinadas y 100.000 personas entre evacuados y confinados. Mientras el presidente vuela 90 km en Super Puma para hacer acto de presencia, el ciudadano de a pie descubre que el «kit apagafuegos» es, de momento, una promesa de campaña que no sirve ni para encender una barbacoa.
Aviones antiincendios: chatarra oficial al servicio público
Gestionar la flota de aviones antiincendios en España es, hoy por hoy, como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 con un SEAT Panda que no arranca y tiene el motor pegado con cinta americana. El Gobierno nos vende el «mayor despliegue del Estado», pero la letra pequeña es un poema al surrealismo administrativo. Mientras el país arde y más de 40.000 personas en Madrid y Ávila han tenido que hacer las maletas por urgencia, el Ejecutivo acaba de mandar a la basura un contrato de 24 millones de euros de fondos europeos. Sí, han extinguido el proyecto de modernización de los CL-215T serie 5, un plan que llevaba abierto desde 2022 con «declaración de urgencia». Urgencia es una palabra curiosa cuando te toma cuatro años decidir que, al final, no vas a hacer nada. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sabe perfectamente que sus naves son piezas de museo. En la memoria del contrato, firmada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, admitían que la flota está obsoleta y llena de averías recurrentes. Tienen una edad media de 30 años y el objetivo era estirarlos hasta los 45. Pero claro, entre la burocracia y la inoperancia, pasamos de los 18 aviones anfibios que teníamos en 2018 a los 10 prometidos por Pedro Sánchez en mayo. Y aquí viene el chiste: de esos 10, solo siete están operativos. El resto son básicamente pisapapeles con alas. Ahora, con el verano apretando, el Gobierno pide a las comunidades que sean «prudentes» y «dosifiquen» la respuesta. Traducido al lenguaje de la calle: «No nos pidáis milagros porque no tenemos aviones que vuelen». Es la gestión de la escasez disfrazada de eficiencia.
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