Crítica:
La noticia es un festín de ambigüedades donde el expresidente se escuda en la judicatura para no responder lo obvio. Falta el detalle de qué joyas exactamente se hallaron, dejando el 'brillo' a la imaginación del lector.
La respuesta de Zapatero al ser preguntado por las joyas halladas en su casa: «Un regalo de cortesía personal»
Joyas 'de cortesía' y 53 millones rescatados
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Examen sorpresa en bable: ¡Vaya sablazo!
Imagínate ir a comprar pan y que el panadero te cobre en rupias sin avisarte. Pues eso es lo que han hecho en el Principado de Asturias con un grupo de filólogos. El pasado martes, 24 valientes se presentaron al primer ejercicio para una plaza de Titulado Superior (Filólogo), Grupo A, solo para descubrir que las 17 páginas del examen estaban escritas íntegramente en asturiano. La portada, el único trozo de castellano, era básicamente el 'manual de instrucciones' antes del salto al vacío. Lo más delirante es que la convocatoria del BOPA de agosto de 2025 no decía ni 'mu' sobre este requisito. No hubo aviso, ni guiño, ni letra pequeña. De repente, los aspirantes se encontraron con 90 preguntas tipo test donde se les pedía analizar la política lingüística y los Premios Andrés Solar. Para añadirle sal al potaje, una de las preguntas preguntaba por el autor de unas encuestas sociolingüísticas, y la respuesta correcta era Ramón d'Andrés... que casualmente es miembro del tribunal calificador. Es como si en un examen de cocina el profesor te preguntara cuál es la mejor receta de tortilla y la respuesta fuera 'la del profesor'. El tribunal, presidido por Juncal Mónica García Velasco y compuesto por figuras como Marta López Fernández, Liliana Díaz Gómez y José Ángel Díaz Fernández, parece haber confundido una oposición pública con un club privado de entusiastas. Mientras Vox, con Javier Jové a la cabeza, grita que esto es oficialidad 'por la puerta de atrás' y un atentado a la igualdad de oportunidades, el Gobierno de Adrián Barbón juega al ajedrez con el marco jurídico. Ahora los candidatos tienen tres días para alegar, aunque intentar convencer a un tribunal que se pregunta a sí mismo en el examen es como intentar pedirle permiso al toro para entrar en la plaza.
El 'Hermanísimo' y la factura del aire
Hay quienes trabajan para ganar la vida y quienes, simplemente, existen para cobrarla. El caso del «hermanísimo», David Sánchez Pérez-Castejón, ha pasado de la condena por prevaricación a un problema de cartera. Resulta que la asociación Iustitia Europa ha decidido que 340.000 euros de sueldo público son demasiados para alguien que, según la Audiencia Provincial de Badajoz, visitaba su puesto de trabajo con la frecuencia con la que algunos visitan al dentista: casi nunca. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, David cobró la cifra mencionada en la Diputación de Badajoz por unos contactos con conservatorios que fueron, cito textualmente, «prácticamente inexistentes». Es la ingeniería del vacío: cobrar el máximo haciendo el mínimo. Pero no estaba solo en este festín de la inacción. Su colega de aventuras, Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también tiene que mirar el saldo de su cuenta, pues le reclaman 86.988,76 euros percibidos entre enero de 2024 y junio de 2025. El total de la factura asciende a 427.561,12 euros. Una cantidad que haría palidecer a cualquier autónomo que intente deducirse un café. Y como si el sueldo no fuera suficiente, aparece el toque artístico: la obra teatral 'La Paz Perpetua'. Un despliegue de generosidad pública donde la Diputación de Badajoz soltó 128.000 euros para que la recaudación en taquilla fuera de unos modestos 2.000 euros. Un negocio redondo, si lo que buscabas era quemar dinero público con estilo. Ahora el Tribunal de Cuentas deberá decidir si este agujero contable se llena con el patrimonio de los implicados o si el arte de no trabajar sigue siendo gratuito.
Joyas 'de cortesía' y 53 millones rescatados
Hay quien recibe una tarjeta de felicitación por su cumpleaños y quien recibe un tesoro nacional en una caja fuerte. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que el mejor momento para explicar que sus joyas son un «regalo de cortesía personal» es justo cuando el viento sopla en contra. No es casualidad. El calendario es quirúrgico: mientras el expresidente intenta convencer a Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 de TVE de que no hay aroma a fraude, su amigo y socio, Julio Martínez Martínez, le ha dejado el camino pavimentado de espinas. Martínez no ha sido precisamente delicado. Ha soltado la bomba sobre un presunto tráfico de influencias para que la aerolínea Plus Ultra se embolsara un rescate de 53 millones de euros en 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. Para el ciudadano medio, 53 millones es una cifra que requiere un Excel y una calculadora científica; para la ingeniería financiera de los despachos, parece ser el precio de un favor bien colocado. El contraste es delicioso. Por un lado, la modestia del «error» de aceptar joyas que ahora resultan ser un lastre judicial; por otro, la magnitud de un rescate público que hace que la lista de la compra de cualquier hogar parezca un chiste. Zapatero, acorralado entre el registro de su domicilio y la traición de su socio, ha aplicado la técnica del 'silencio selectivo'. Cuando le preguntan quién le regaló el brillo o de dónde vienen, la respuesta es la clásica: «Solo ante el juez». Es la danza habitual del poder: el regalo es 'personal' cuando es un lujo, pero la responsabilidad es 'judicial' cuando es un problema.
Casas en España: el Estado es socio
Tener una casa en España no es poseer un activo, es alquilarle el derecho de existir al Estado. El doctor Jaume Menéndez lo ha dejado claro en su libro 'Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España', presentado en Fedea: la maquinaria tributaria es un agujero negro que no deja títere con cabeza. Para que lo entendamos los mortales, Menéndez pone un ejemplo en Gerona que parece un chiste de mal gusto. Alguien compró una casa en el año 2000 por 90.000 euros y la vendió en 2025 por 240.000 euros. Entre el IVA, el ITP, el IBI y la plusvalía, el propietario dejó sobre la mesa 56.000 euros. Traducido al idioma de la calle: el Estado se llevó el 62% del precio original de la casa. Es como si fueras al súper, compraras un jamón y, entre el IVA y el impuesto por llevarlo en la nevera, al final tuvieras que pagarle al Gobierno otro jamón y medio. La hipocresía es deliciosa. Nos venden la movilidad residencial mientras nos encadenan con impuestos en tres niveles: estatal, autonómico y municipal. Somos la cuarta potencia de la UE en presión fiscal inmobiliaria, solo superados por Luxemburgo, Francia y Bélgica. Mientras tanto, la oferta de vivienda es una broma pesada. Desde 2021 han nacido 1,2 millones de hogares, pero solo se han terminado 470.000 viviendas. Básicamente, hay dos familias peleándose por cada piso nuevo, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. El resultado es obvio: la carga fiscal no desaparece, se traslada al precio final. Al final, el ciudadano paga la fiesta y el Estado se queda con la llave.
Cerdán: la hucha familiar bajo lupa
Parece que en la alta política el concepto de 'ahorro familiar' ha evolucionado hacia una ingeniería financiera creativa. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido que mirar solo el bolsillo de Santos Cerdán era quedarse corto, como quien intenta contar el presupuesto de una boda mirando solo el coste de las flores. El magistrado ha ordenado rastrear las cuentas de su mujer, Paqui Muñoz, su hermana Belén Cerdán (exteniente de alcalde de Milagro) y su cuñado Antonio Muñoz. ¿El motivo? La sospecha de que la familia funcionaba como una suerte de hucha colectiva para ingresos que no aparecen en ninguna declaración de la renta. La trama, encastrada en elCaso Koldo, huele a lo de siempre: influencias, contratos amañados y comisiones que fluyen con la naturalidad de un río. En el centro del tablero está Servinabar, una empresa que más que prestar servicios parece haber servido para cobrar 'mordidas'. Según los datos, el 87,04% de los ingresos de esta mercantil provenían de Acciona o sus proyectos, mientras que un 2,48% venía de otras investigadas y un 0,66% de Antxon Alonso. Es una distribución tan precisa que parece diseñada con regla y compás. Lo más llamativo es el uso de una tarjeta de Servinabar para ahorrar gastos personales, como si el dinero público fuera un cupón de descuento del supermercado. A esto se suman 18.000 euros de origen desconocido y la sombra de Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, moviendo efectivo. El juez no habla de 'sospechas', sino de 'indicios objetivados' de organización criminal, cohecho y malversación. Al final, el círculo se cierra: BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra tendrán que abrir sus libros para ver cuánto del pastel de las obras públicas terminó en la cuenta de la cuñada.
Alcalde quita tejados para echar okupas
Hay quien pide el alquiler por favor y quien, como el alcalde Nelson Cunha, prefiere que la arquitectura sea una sugerencia opcional. En Entroncamento, el Ayuntamiento ha decidido que la mejor forma de desalojar una vivienda municipal en el barrio de Ulrich no es un recuadro legal aburrido, sino una retroexcavadora con hambre de tejas. Mientras nosotros peleamos con el servicio de atención al cliente de la luz, el consistorio decidió que el tejado de una familia procedente de Elvas era un accesorio prescindible. Literalmente, les quitaron la tapa de la casa para que el aire fresco y la lluvia fueran los nuevos inquilinos. Esta 'estética de la demolición' no es un hecho aislado, sino la firma de Chega —la versión portuguesa de Vox—, que ha convertido la gestión urbana en un deporte de contacto. El pasado 4 de mayo ya habían empezado con el menú degustación: cortes de agua y electricidad en varias viviendas, coordinados con la PSP y la Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Básicamente, si no puedes echar al okupa con un papel, lo haces dejándolo a oscuras y seco, como quien apaga la consola para que el niño deje de jugar. Nelson Cunha dice que quiere que el municipio sea un referente en el Médio Tejo y el Ribatejo. No sabemos si se refiere a la gestión urbanística o a la capacidad de convertir casas en cenadores abiertos en tiempo récord. El argumento es la justicia para quienes esperan la vivienda social, una premisa noble que, curiosamente, se ejecuta con la delicadeza de un martillazo en un dedo. Al final, la receta es sencilla: si el derecho de propiedad no basta, la ingeniería civil del 'techo fuera' siempre funciona.
El 'traje a medida' de David Sánchez
Hay quienes confunden la administración pública con el cajero automático de la familia. El caso es un manual de instrucciones sobre cómo montar un 'club de amigos' con presupuesto estatal. Iustitia Europa ha lanzado un dardo directo al Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano: quieren que David Sánchez devuelva 340.572,36 euros. No es una cifra pequeña; es el tipo de dinero que te permite jubilarte en una playa del Caribe mientras el resto de los mortales seguimos peleando con el precio del aceite de oliva. La trama es deliciosa en su descaro. La Audiencia Provincial de Badajoz ya puso la etiqueta: 'actividad criminal de despacho'. Básicamente, se diseñó un traje a medida, con costuras de seda y presupuesto público, para enchufar al hermano del presidente. Miguel Ángel Gallardo, el antiguo presidente de la Diputación, se llevó 18 años de inhabilitación por ser el sastre de este montaje, mientras que David Sánchez se llevó 9 años de inhabilitación y un sueldo acumulado desde 2017 hasta 2025 como coordinador de Conservatorios y jefe de Artes Escénicas. Pero la generosidad no se detuvo ahí. El esquema era piramidal, casi una secta administrativa. Entra en escena Luis María Carretero Pérez, el amigo del amigo, quien aterrizó el 26 de diciembre de 2023 en un puesto 'vacuo'. Entre enero de 2024 y junio de 2025, Carretero se embolsó 86.988,76 euros (desglosados en 49.870,62 euros en 2024 y 37.118,14 euros en 2025). Todo esto mientras la justicia califica los procesos de selección como 'cosméticos'. En resumen: mucho maquillaje, cero contenido y una factura que, según Luis María Pardo, debería volver a las arcas públicas antes de que se convierta en humo.
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