La noticia es un despliegue de geopolítica disfrazada de deporte, aunque brilla por la ausencia de alguna respuesta oficial de la Federación Española. El enfoque es acertado al exponer que el fútbol es, en realidad, la moneda de cambio de los autócratas.
Hacer caridad con el dinero ajeno es un deporte nacional en Madrid. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o estira el presupuesto para que el jamón llegue a fin de mes, el Estado español ha decidido jugar a ser el 'hermano mayor' generoso con el régimen de Miguel Díaz-Canel. Hablamos de una ingeniería financiera digna de un casino: desde 2016, España ha soltado un soporte económico que ronda los 4.994 millones de euros. Para que nos entendamos, no es que Cuba haya pagado con descuento, es que le hemos hecho una limpieza de deuda que dejaría envidioso a cualquier startup en quiebra. La jugada es maestra. Si La Habana hubiera pagado como Dios manda, en 2026 nos debería 5.280 millones de euros. Pero claro, entre quitas y perdones fiscales, la deuda real se ha reducido a unos ridículos 286 millones. Un sablazo invisible de casi 5.000 millones de euros que oxigena a una dictadura que presume de 20.000 presos políticos y 141.000 muertes estatales. En 2016 ya empezamos fuerte condonando 1.492 millones, y el ritmo no ha bajado: Carlos Cuerpo, en julio de 2025, perdonó otros 375 millones, y el Consejo de Ministros añadió una quita de 291 millones del FIEM en octubre. Lo más surrealista es el contraste. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores, con José Manuel Albares al mando, justifica el envío de 2 millones de euros en alimentos en 2026 con un derrotista «¿Qué más podemos hacer?», el régimen le cierra el grifo a 150 empresas españolas, dejándolas con un agujero de 318 millones de euros en dividendos impagados. Y para rematar la función, Pedro Sánchez exportó 51.000 euros en munición policial entre 2019 y 2020, sumando 2,3 millones para la 'transformación digital' y 18 millones vía FIIAPP para energía. Incluso la Generalitat de Cataluña se sumó al festín en mayo de 2026 con 440.000 euros. Básicamente, estamos pagando la fiesta de quien nos cierra la puerta en la cara.
En el Congreso de los Diputados, las reglas del juego se cambian con la misma agilidad con la que uno cambia la contraseña del Wi-Fi cuando llega una visita molesta. El PSOE ha decidido que la Comisión de Reglamento debe aprobar este viernes una reforma impulsada por ERC, Junts y el Grupo Mixto. ¿El objetivo? Bajar el listón para formar grupo parlamentario. Es el clásico 'estirón de brazo' político: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un subsidio que tarda meses, aquí la vía de urgencia ha hecho que en menos de un mes la norma esté lista para el pleno del 14 o el 23 de julio. La ingeniería es fina. Quieren retocar el artículo 23 para que baste con 15 diputados o un 3% de los votos nacionales para tener grupo. Básicamente, están bajando el precio de la entrada al club VIP para que los nacionalistas no se queden fuera en la próxima legislatura si las urnas les pasan factura. Es como si el dueño de una discoteca bajara la exigencia del código vestimentario justo cuando sabe que sus clientes habituales ya no tienen dinero para la entrada. El PP, con José Antonio Bermúdez de Castro a la cabeza, ha gritado que esto es un 'chantaje' y una reforma de conveniencia. Y tienen razón en que huele a negocio. El Gobierno intenta comprar la voluntad de Junts para que firmen los Presupuestos, pero en el bando de Puigdemont no son tontos. Saben que aceptar el regalito es gratis, pero que abrazar al PSOE es, cito textualmente, 'un suicidio'. Al final, el PSOE ha movido ficha el 15 de junio rechazando enmiendas y acelerando plazos, pero se ha encontrado con que el cliente no quiere comprar el producto aunque el descuento sea agresivo.
En el tablero judicial madrileño, el juez Juan Carlos Peinado ha intentado jugar una partida de ajedrez con piezas que no encajan. La Fiscalía acaba de soltarle un jarro de agua fría al magistrado, calificando sus sospechas de 'carentes de lógica y racionalidad'. El nudo del asunto es casi cómico: Peinado decidió quitarle el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, basándose en un riesgo de fuga que parece sacado de una película de espías de serie B. Lo más surrealista es la teoría del juez sobre la policía. Sugerir que las fuerzas de seguridad podrían ayudar a una fuga es, según el Ministerio Público, lanzar una 'sombra de sospecha infundada' sobre las instituciones. Es como si el juez creyera que la Policía Nacional tiene un plan secreto de extracción para la mujer del presidente. Mientras tanto, la Fiscalía pide la absolución total de Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. ¿El motivo? No hay delito. No hay rastro de dinero. De hecho, el fiscal recuerda que Gómez estuvo en la Universidad Complutense codirigiendo una cátedra por la que percibió exactamente 0 euros. Cero. Nada. Ni un café pagado. La Fiscalía desmonta el drama del pasaporte subrayando el arraigo nacional de las implicadas y se ríe, con elegancia procesal, de los bulos sobre una nacionalidad de República Dominicana que algunos medios propagaron como si fuera el Santo Grial. Pedir que Gómez se presente cada 15 días en el juzgado es, para el fiscal, un trámite absurdo cuando las pesquisas patrimoniales no han encontrado ni un céntimo sospechoso. Al final, el castillo de naipes de Peinado se tambalea ante la realidad de que no hubo retribución, ni presiones, ni agujeros contables en la UCM.
Vender la 'joya de la corona' de Hacienda no es como vender un piso en el barrio de Usera; aquí hablamos de María de Molina, 50, un trozo de la milla de oro de Madrid que cualquier empresario miraría con los ojos que pone un niño al ver el escaparate de chuches. El 29 de septiembre de 2023, la subasta se convirtió en un auténtico carnaval de hipocresía administrativa. Seis empresas se peleaban por el inmueble, pero el aire olía a chamusco desde el principio. El pliego era claro: el pago total debía completarse en diez años. Yolanda Contreras Hernanz, la presidenta de la mesa, hasta se tomó la molestia de explicar que el esquema era '1+9'. Un 25% al principio y el resto en nueve años. Matemáticas de primaria, ¿verdad? Pues apareció Barnaby Investments SL (Grupo Lar) con una oferta de 204,7 millones de euros, pero con un detalle: querían pagar en 11 años. Un año más de vacaciones financieras que, en cualquier oficina normal, supondría el descarte inmediato. Sin embargo, en el mundo de los elegidos, las reglas son elásticas. Mientras los otros licitadores, como el Grupo Whiteni, gritaban que eso era un amaño, la secretaria de la mesa se puso nerviosa y decidió que el error estaba 'subsanado' mediante una interpretación verbal que, curiosamente, no quedó escrita en el acta. Magia pura. Pero el plato fuerte es el aroma a nepotismo. Según testigos, para llevarse este caramelo de 37.106,70 metros cuadrados de oficina y 370 plazas de garaje, se ventiló la petición de una comisión del 3% para un supuesto 'primo' de la ministra María Jesús Montero. Al final, la decisión recayó en la propia Montero, quien firmó el visto bueno a una operación donde el rigor contable fue sustituido por la ingeniería del amiguismo.
Resulta fascinante cómo el dinero público tiene la capacidad de mutar. Unos fondos diseñados para salvar vidas y proteger a víctimas de la violencia de género se han transformado, por arte de magia administrativa, en catas de productos, talleres de punto y hasta carreras de tacones. Hablamos de una ingeniería financiera donde el 30% de los recursos se esfumó en actividades que tienen la misma relación con la violencia machista que un torneo de tiro con arco tiene con la cirugía cerebral. Entre julio de 2024 y julio de 2025, 12 de los 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos se fueron por el sumidero de la banalidad. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra, algunos consistorios decidieron que los fondos del Pacto de Estado eran la hucha ideal para financiar bailes con vermú y pasos de peatones arcoíris. Es el clásico 'sablazo' institucional disfrazado de agenda progresista. El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha tenido que admitir el desastre tras el empujón de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que detectó 250 casos de fondos malgastados. El balance es desolador: 2.666 ayuntamientos no han sabido explicar en qué se gastaron la pasta. Ahora, la solución es un recorte en seco a partir del 1 de julio, una medida que llega tarde pero necesaria. Lo más irónico es que, a pesar de que el Pacto de Estado mueve unos 280 millones anuales —más 160 millones acordados en abril en la Conferencia Sectorial—, la realidad en la calle es gélida. El 37,5% de las 24 mujeres asesinadas este año ya habían denunciado. Al final, el dinero fluye hacia los festivales de perreo, pero no llega a tiempo para salvar a quien ya pidió ayuda.
Hay que tener valor, o una confianza ciega en el calendario, para jugar al escondite con Hacienda mientras se espera una sentencia judicial. David Sánchez, el músico que prefiere que lo llamen David Azagra, se pasea por los pasillos de La Moncloa con el cronómetro en la mano. No es que tenga prisa por salir, es que tiene pánico a quedarse. El juego es sencillo: si pasa más de 183 días en suelo español, el artículo 9 de la Ley del IRPF le cae encima como un piano de cola, convirtiéndolo en residente fiscal y obligándole a pagar los impuestos que ahora esquiva refugiándose en Portugal. Mientras el músico aguarda la sentencia del juicio en Badajoz por tráfico de influencias y prevaricación, se aferra a su residencia en Elvas. Es la misma estrategia de 'estircolero fiscal' que utilizó Shakira, quien logró que la justicia le diera la razón al demostrar que solo estuvo 163 días en España en 2011, esquivando así un sablazo de 54,7 millones de euros (entre IRPF, Patrimonio y multas). Sánchez no juega millones, pero sí juega con la ley. Lo irónico es que el músico consiguió un puesto dependiente de la Diputación de Badajoz mientras vivía en Portugal, aprovechando aquel Régimen Especial para Residentes No Habituales que, hasta el 31 de diciembre de 2023, permitía tributar solo al 20% si eras un 'artista de alto valor'. Básicamente, cobrar del erario español mientras se le paga la limosna fiscal a los portugueses. Ahora que el régimen ha cambiado desde el 1 de enero de 2024, el refugio es menos atractivo, pero sigue siendo el mejor escudo contra el fisco mientras espera que el juez de Badajoz no le pase la factura judicial.
Hay que tener valor. Mucho valor. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de explicar los valores democráticos a la Generación Z no es a través de la educación o la cultura, sino mediante el 'merchandising' y el postureo de Instagram. Así nace DMOCRACIA, una marca de ropa creada por el Ejecutivo que, curiosamente, no se puede comprar, pero que puedes intentar ganar en un sorteo si interactúas con la cuenta oficial. El despliegue de ingenio es total: para que la influencer 'la Rivers' y Sara Fructuoso puedan posar en el balcón del Congreso de los Diputados y decir que 'vestirse es una forma de expresión', el Consejo de Ministros tuvo que mover una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros. Sí, han leído bien. Casi quince millones de euros destinados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la gestión de Ángel Víctor Torres, para financiar los gastos del Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor antes de pagar el alquiler, el Estado juega a ser una agencia de modelos. 'La Rivers' nos vende la idea de que puedes ser joven, vestir a la moda y que te importe el mundo, todo mientras el erario público financia el shooting fotográfico. Es la democratización del armario: el Gobierno diseña la ropa, paga la campaña con fondos públicos y tú, si tienes suerte en el algoritmo, te llevas una camiseta. Una estrategia brillante si lo que buscas es convertir la Memoria Democrática en un accesorio de temporada para ganar likes.
Comentarios