El texto original es una mina de oro de irregularidades, pero se queda corta al no detallar quién es exactamente el 'primo' mencionado. Es un ejercicio de 'nosotros lo sabemos, pero no lo diremos' que deja el hambre de justicia a medio llenar.
Mientras en España seguimos discutiendo si el presupuesto para el transporte público alcanza para llegar al estadio, en Rabat han montado una maquinaria de relojería que deja a nuestra Federación como un equipo de barrio jugando en césped artificial. El rey Mohamed VI no ha ido a pedir permiso, ha ido a comprar la partida. Con una estrategia que haría palidecer a cualquier lobo de Wall Street, Marruecos ha tejido una red de influencias donde el balón es lo de menos y el tablero de ajedrez lo es todo. La operación tiene nombre y apellidos: Youssef Amrani, el embajador en EEUU, y Fouzi Lekjaa, el cerebro que se mueve en los pasillos de la FIFA con la soltura de quien es dueño del edificio. Mientras nosotros confiamos en la 'diplomacia del buen rollo', Lekjaa ha blindado los siete votos de la CAF y ha puesto el ojo en la AFC, moviendo los hilos con el jeque Hamad Al Thani de Catar y Yasser Al Misehal de Arabia Saudí. Es un juego de espejos donde el príncipe Mohamed bin Salman y la Administración de Donald Trump actúan como los grandes padrinos, asegurando que la Concacaf —con su sede en Miami— se incline hacia el lado marroquí. ¿El precio de la traición? El pragmatismo más crudo. Gianni Infantino, el jefe de la FIFA, no es tonto: que le prometan 150 millones extra de recaudación gracias al estadio de Casablanca es como si te ofrecieran un bono de descuento en la compra del mes mientras tú solo hablas de 'tradición deportiva'. Con 20 votos prácticamente atados y la sospecha de que algunos países de la Conmebol podrían vendernos por debajo de la mesa, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou empiezan a parecerse a un sueño lejano. España esperaba el apoyo de la UEFA, pero en el mercado de influencias actual, la lealtad tiene la caducidad de un yogur barato.
En el tablero judicial madrileño, el juez Juan Carlos Peinado ha intentado jugar una partida de ajedrez con piezas que no encajan. La Fiscalía acaba de soltarle un jarro de agua fría al magistrado, calificando sus sospechas de 'carentes de lógica y racionalidad'. El nudo del asunto es casi cómico: Peinado decidió quitarle el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, basándose en un riesgo de fuga que parece sacado de una película de espías de serie B. Lo más surrealista es la teoría del juez sobre la policía. Sugerir que las fuerzas de seguridad podrían ayudar a una fuga es, según el Ministerio Público, lanzar una 'sombra de sospecha infundada' sobre las instituciones. Es como si el juez creyera que la Policía Nacional tiene un plan secreto de extracción para la mujer del presidente. Mientras tanto, la Fiscalía pide la absolución total de Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. ¿El motivo? No hay delito. No hay rastro de dinero. De hecho, el fiscal recuerda que Gómez estuvo en la Universidad Complutense codirigiendo una cátedra por la que percibió exactamente 0 euros. Cero. Nada. Ni un café pagado. La Fiscalía desmonta el drama del pasaporte subrayando el arraigo nacional de las implicadas y se ríe, con elegancia procesal, de los bulos sobre una nacionalidad de República Dominicana que algunos medios propagaron como si fuera el Santo Grial. Pedir que Gómez se presente cada 15 días en el juzgado es, para el fiscal, un trámite absurdo cuando las pesquisas patrimoniales no han encontrado ni un céntimo sospechoso. Al final, el castillo de naipes de Peinado se tambalea ante la realidad de que no hubo retribución, ni presiones, ni agujeros contables en la UCM.
Resulta fascinante cómo el dinero público tiene la capacidad de mutar. Unos fondos diseñados para salvar vidas y proteger a víctimas de la violencia de género se han transformado, por arte de magia administrativa, en catas de productos, talleres de punto y hasta carreras de tacones. Hablamos de una ingeniería financiera donde el 30% de los recursos se esfumó en actividades que tienen la misma relación con la violencia machista que un torneo de tiro con arco tiene con la cirugía cerebral. Entre julio de 2024 y julio de 2025, 12 de los 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos se fueron por el sumidero de la banalidad. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra, algunos consistorios decidieron que los fondos del Pacto de Estado eran la hucha ideal para financiar bailes con vermú y pasos de peatones arcoíris. Es el clásico 'sablazo' institucional disfrazado de agenda progresista. El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha tenido que admitir el desastre tras el empujón de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que detectó 250 casos de fondos malgastados. El balance es desolador: 2.666 ayuntamientos no han sabido explicar en qué se gastaron la pasta. Ahora, la solución es un recorte en seco a partir del 1 de julio, una medida que llega tarde pero necesaria. Lo más irónico es que, a pesar de que el Pacto de Estado mueve unos 280 millones anuales —más 160 millones acordados en abril en la Conferencia Sectorial—, la realidad en la calle es gélida. El 37,5% de las 24 mujeres asesinadas este año ya habían denunciado. Al final, el dinero fluye hacia los festivales de perreo, pero no llega a tiempo para salvar a quien ya pidió ayuda.
Hay que tener valor, o una confianza ciega en el calendario, para jugar al escondite con Hacienda mientras se espera una sentencia judicial. David Sánchez, el músico que prefiere que lo llamen David Azagra, se pasea por los pasillos de La Moncloa con el cronómetro en la mano. No es que tenga prisa por salir, es que tiene pánico a quedarse. El juego es sencillo: si pasa más de 183 días en suelo español, el artículo 9 de la Ley del IRPF le cae encima como un piano de cola, convirtiéndolo en residente fiscal y obligándole a pagar los impuestos que ahora esquiva refugiándose en Portugal. Mientras el músico aguarda la sentencia del juicio en Badajoz por tráfico de influencias y prevaricación, se aferra a su residencia en Elvas. Es la misma estrategia de 'estircolero fiscal' que utilizó Shakira, quien logró que la justicia le diera la razón al demostrar que solo estuvo 163 días en España en 2011, esquivando así un sablazo de 54,7 millones de euros (entre IRPF, Patrimonio y multas). Sánchez no juega millones, pero sí juega con la ley. Lo irónico es que el músico consiguió un puesto dependiente de la Diputación de Badajoz mientras vivía en Portugal, aprovechando aquel Régimen Especial para Residentes No Habituales que, hasta el 31 de diciembre de 2023, permitía tributar solo al 20% si eras un 'artista de alto valor'. Básicamente, cobrar del erario español mientras se le paga la limosna fiscal a los portugueses. Ahora que el régimen ha cambiado desde el 1 de enero de 2024, el refugio es menos atractivo, pero sigue siendo el mejor escudo contra el fisco mientras espera que el juez de Badajoz no le pase la factura judicial.
Hay que tener valor. Mucho valor. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de explicar los valores democráticos a la Generación Z no es a través de la educación o la cultura, sino mediante el 'merchandising' y el postureo de Instagram. Así nace DMOCRACIA, una marca de ropa creada por el Ejecutivo que, curiosamente, no se puede comprar, pero que puedes intentar ganar en un sorteo si interactúas con la cuenta oficial. El despliegue de ingenio es total: para que la influencer 'la Rivers' y Sara Fructuoso puedan posar en el balcón del Congreso de los Diputados y decir que 'vestirse es una forma de expresión', el Consejo de Ministros tuvo que mover una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros. Sí, han leído bien. Casi quince millones de euros destinados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la gestión de Ángel Víctor Torres, para financiar los gastos del Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor antes de pagar el alquiler, el Estado juega a ser una agencia de modelos. 'La Rivers' nos vende la idea de que puedes ser joven, vestir a la moda y que te importe el mundo, todo mientras el erario público financia el shooting fotográfico. Es la democratización del armario: el Gobierno diseña la ropa, paga la campaña con fondos públicos y tú, si tienes suerte en el algoritmo, te llevas una camiseta. Una estrategia brillante si lo que buscas es convertir la Memoria Democrática en un accesorio de temporada para ganar likes.
Hay que tener courage para llamar 'acoso' a un proceso judicial mientras te refugias en el búnker más caro de España. David Sánchez, el músico de la familia, ha vuelto a instalarse en La Moncloa desde el 23 de junio, buscando refugio en el 'apartamento de los padres de Sonsoles'. Mientras el ciudadano medio espera una cita en el juzgado con la ansiedad a tope, David gestiona sus nervios tocando un piano de cola de Patrimonio Nacional. Un detalle exquisito: el instrumento llegó con Sonsoles Espinosa y regresó cuando el apellido Sánchez tomó el mando. La escena es digna de una comedia de enredos con presupuesto público. El músico, que sigue siendo residente fiscal en Portugal (un truco contable clásico para evitar que Hacienda le quite el aire), se preocupa por si su coche tiene un GPS, mientras el Ministerio de la Presidencia ya le ha pagado hasta la autocaravana y las revisiones ginecológicas de su mujer, Kaori Matsumoto, en vehículos de la Guardia Civil. Es el 'all-inclusive' del Estado. Todo esto ocurre mientras espera que la Audiencia de Badajoz decida si sus contratos en la Diputación de Badajoz fueron fruto del talento o de una ingeniería de tráfico de influencias y prevaricación, según la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma. Pedro Sánchez, en un despliegue de solidaridad fraternal, calificó estas investigaciones de 'acusaciones infundadas' desde el Congreso. Básicamente, el jefe del Ejecutivo ha convertido la residencia presidencial en una zona de seguridad para su hermano, donde renovar la documentación es tan fácil como bajar a la comisaría del complejo. Al final, el piano suena, pero la música la pagamos todos.
Mientras miles de pacientes esperan una terapia que no llega o pelean contra la burocracia sanitaria, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) decidieron que la lucha contra el cáncer necesitaba un toque de vanguardia. Y por 'vanguardia' entendemos que alguien haya tenido la genialidad de pagar 7.500 euros por una escultura hecha con cuatro bidones de plástico, arena y acero. Básicamente, el presupuesto de un coche modesto invertido en convertir el hall de la cuarta planta en un vertedero artístico llamado 'El mundo de las cosas', obra de Susana Solano y Pedro Alonso. Pero el CNIO Arte no se quedó en el minimalismo del plástico. El programa, activo desde 2018 hasta diciembre de 2024, funcionaba como una tarjeta de crédito sin límite para el ocio conceptual. El premio al derroche se lo lleva el viaje al Ártico y Oslo, que costó 12.940,04 euros. Un billete al Polo Norte para que Dora García y David Nogués-Bravo charlaran sobre el cambio climático, pagado con fondos que, se supone, deberían estar buscando la cura de la enfermedad más temida. Para redondear el menú, sumamos escapadas a Washington (9.760,64 €), Mozambique (8.760,38 €) y dos viajes a Madrid (10.181,44 €). La ingeniería financiera alcanza su clímax con la Oficina de Imagen Institucional: 612.342,42 euros en sueldos para un responsable y un técnico cuya 'dedicación efectiva' al proyecto es un misterio absoluto. Todo esto es el aperitivo, porque la Fiscalía Anticorrupción ya huele algo más podrido: un presunto amaño de contratos que podría haber dinamitado hasta 25 millones de euros en 18 años. Cristina Navarro, la nueva directora-gerente, ya ha suspendido el programa, pero el daño está hecho. El arte, al final, ha sido la distracción perfecta para un agujero contable del tamaño de un estadio.
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