Crítica:
La noticia se queda en la superficie del dato sin cuestionar el coste económico del muro frente a su ineficacia subterránea. Es un despliegue de cifras que disfrazan una derrota logística evidente.
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Muro de Trump: el bypass subterráneo
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El libro de Cerdán: fotos que queman
En el mundo de la política, hay silencios que gritan y fotos que funcionan como granadas de fragmentación. Santos Cerdán, el antiguo número tres del PSOE, ha decidido jugar al ajedrez con su libro 'La caída'. Pero no es un libro de memorias, es un catálogo de 'recuerdos selectivos'. El plato fuerte: un par de fotografías con Gustavo Petro y otra con Mario Delgado Carrillo, del partido Morena. Lo curioso es que en el texto no se menciona ni una palabra sobre ellos. Es como si te dejaras una factura sin pagar sobre la mesa del comedor; no hace falta que digas 'me debes dinero', el papel habla solo. La escena nos remonta a enero de 2022. Mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para llenar el carrito, en Ferraz se firmaba un 'acuerdo de fraternidad' con Colombia Humana. Pedro Sánchez posaba para la foto, pero quien puso la firma —la que realmente compromete el cheque— fue Cerdán. El objetivo era claro: Petro necesitaba gasolina económica para su campaña y Sánchez quería la silla de presidente de la Internacional Socialista, cargo que alcanzó en noviembre de ese año. Una transacción de manual: yo te ayudo con el presupuesto, tú me ayudas con el currículum internacional. Ahora, Ferraz está en modo pánico. El libro circula por WhatsApp (porque en el partido son muy solidarios y prefieren no gastar en la librería), y los cuadros sociales sospechan que Cerdán está enviando un mensaje cifrado sobre la ingeniería financiera del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo. No olvidemos que el fantasma de Víctor de Aldama sigue rondando, sugiriendo que el PSOE usó cupos de petróleo venezolano de PDVSA para alimentar la Internacional Socialista. Cerdán no ha escrito una biografía; ha dejado caer un rastro de migas de pan que conducen directamente al cajón de los secretos sucios.
El 'primo' de Montero y los 4,7M
Hay quien dice que la familia es lo primero, pero en los pasillos del Ministerio de Hacienda parece que la familia es, sobre todo, un negocio redondo. Resulta que en 2021, mientras el ciudadano de a pie peleaba con la declaración de la renta, un representante de Hacienda intentó colar un 'peaje' en la venta del edificio de la calle María de Molina, 50. No era un trámite burocrático más, sino una solicitud directa: un 3% de comisión para un supuesto «primo» de María Jesús Montero. Traducido al lenguaje de la calle, no hablaban de una propina, sino de un sablazo de 4,7 millones de euros sobre una operación valorada en 155 millones. Una cifra que haría palidecer a cualquier currante que ve cómo su nómina se evapora en la primera semana del mes. La jugada fue tan descarada que hasta los intermediarios, acostumbrados al juego de las comisiones, se quedaron a cuadros. El testigo relata que el representante fue inflexible: ese 3% tenía que pasar por el bolsillo del pariente carnal o testaferro, sumándose al 3% real de la gestión. Pagar un 6% de comisión por un inmueble que en aquel entonces se caía a pedazos era, sencillamente, un suicidio financiero. Los empresarios pasaron de largo, prefiriendo el camino limpio a alimentar el banquete de un 'primo' invisible. Al final, el Estado hizo su magia. Tras fracasar en subastas de 196 y 185 millones, bajaron el precio a 156 millones y flexibilizaron los pagos. El resultado fue un festín inmobiliario en septiembre de 2023, donde el Grupo Lar se llevó el gato al agua con una puja de 204.700.013 euros. Ahora, con el músculo de BlackRock, el Banco Santander y la socimi Inbest, el edificio se transforma en la Torre Castelló: 150 pisos de superlujo y 400 camas estudiantiles. Una inversión de 400 millones que demuestra que, en Madrid, el hormigón siempre es el mejor refugio, especialmente si sabes a qué 'primo' hay que saludar.
Drones de Sánchez: mucha foto, poca fumigación
Hay que tener valor para ir a una finca de maíz en San Martín de la Vega y posar junto a un dron como quien presume de un coche nuevo en Navidad, mientras el motor de ese juguete está medio muerto por culpa de la burocracia. Pedro Sánchez y Luis Planas se hicieron la foto el lunes para lanzar el Plan Estatal de Fertilizantes, vendiendo una modernización que, en la práctica, tiene las ruedas pinchadas. La escena es casi surrealista: el Gobierno presume de 'agricultura de precisión' mientras mantiene la prohibición de usar esos aparatos para fumigar. Para el ciudadano de a pie, esto es como si te vendieran un smartphone de última generación pero te prohibieran usar WhatsApp. El dron puede echar fertilizantes y bioestimulantes, pero en cuanto hablamos de fitosanitarios —esos herbicidas o fungicidas que mantienen la cosecha viva—, el Estado lo trata como si fuera una avioneta de los años 50. Es la clásica ingeniería administrativa: te dejan usar la tecnología para lo que no es crítico, pero te cierran el grifo donde realmente ahorrarías producto y evitarías que el veneno vuele hacia el vecino. Desde 2024, la Unión de Agricultores lleva avisando de que esto es un chiste. En Lérida, por ejemplo, hay campos convertidos en pantanos donde un dron entraría como un pincel, pero el agricultor tiene que mirar el barro desde la valla porque la normativa dice que no. Entre que la comunidad autónoma inspeccione el aparato y el Gobierno autorice el producto, pasa más tiempo que en una cola de Seguridad Social. Han soltado miles de millones de euros en modernización, pero se olvidan de que el software de la ley no se ha actualizado desde el siglo pasado. Mucho despliegue digital, pero la realidad sigue oliendo a papel sellado y despacho cerrado.
Senadora paraguaya: racismo y cocos a Mbappé
Hay niveles de mala educación, y luego está el 'estándar premium' de Celeste Amarilla. La senadora paraguaya, que parece confundir la cámara de Diputados con un patio de colegio en hora de recreo, decidió que la mejor forma de procesar la eliminación de la Albirroja frente a Francia este sábado en Filadelfia era lanzando un arsenal de prejuicios cavernícolas contra Kylian Mbappé. Mientras el capitán galo hablaba de 'ensuciarse las manos' en una rueda de prensa para M6, refiriéndose al juego sucio y al barro del campo, Amarilla decidió ensuciar la conversación con un racismo que huele a siglo XIX. No se quedó en el típico enfado deportivo. Para ella, Mbappé es un 'camerunés colonizado' y un 'rico nuevo'. Pero el verdadero desplome ético llegó cuando, justificando la rabia por el saludo denegado al portero Orlando Gill, soltó que el jugador 'en vez de leche materna chupaba cocos' y que lo más instruido que escuchó fueron 'chimpancés'. Es fascinante que alguien que cobra un sueldo público para legislar use su tiempo para redactar fantasías sobre la infancia de un atleta en Twitter. Esto no es un desliz; es el currículum de una profesional del odio. Ya lo hizo en 2021 con la reina Letizia, a quien llamó 'periodista devenida en reina' mientras le pedía ropa de armario en lugar de vacunas gratis. Amarilla opera bajo la lógica de que el cargo público es un pase libre para el insulto. En su mundo, mostrar el dedo en el Senado es un derecho adquirido, mientras que el éxito ajeno es un pecado que se castiga con el racismo más rancio. Un espectáculo triste donde la política se viste de chándal y el odio se disfraza de patriotismo.
Regularizaciones: la tómbola del Gobierno Sánchez
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la seguridad nacional. Mientras nosotros peleamos con la aplicación de la Seguridad Social para conseguir una cita médica que no sea para el año 2030, en el Ministerio del Interior se han montado una tómbola de regularizaciones donde el premio es el permiso de residencia y el requisito, aparentemente, es tener la suerte de que nadie mire el DNI. El subinspector Alfredo Perdiguero, soltando los trastos en 'La Noche de Cuesta', ha sacado a la luz un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 2 de febrero de 2026. El papel, dirigido a Germán Blasca, hablaba de 1.250.000 beneficiarios. Un sablazo numérico comparado con el 'medio millón' que nos vendieron al principio. La aritmética es sencilla: si el Ejecutivo decía que había 850.000 irregulares, pero ahora hay más de un millón, significa que 400.000 personas han entrado en el radar recientemente, saltándose la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 como quien se salta una cola en la carnicería. Lo más surrealista es la 'creatividad' administrativa. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras registra un boom de pasaportes perdidos que parece una epidemia: Pakistán sube un 356%, Argelia un 114%, Marruecos un 35% y Colombia un 35%. Básicamente, perder el pasaporte se ha convertido en el 'ticket dorado' para acreditar una estancia ficticia. Pedro Sánchez defiende el proceso como un acto de derechos humanos, pero las cuentas no cuadran. El plan prevé 500 millones de euros para integración, sabiendo que el 40% de estos nuevos residentes vivirá bajo el umbral de la pobreza hasta 2030. Es la gestión perfecta: gastar una fortuna pública en un proceso sin filtros para, probablemente, comprar un capital electoral futuro mientras le dejan el marrón de la sanidad colapsada a las autonomías.
Sánchez: el nombre prohibido de los Mossos
En el fascinante mundo de la disciplina institucional, parece que pronunciar el nombre de un político es ahora un deporte de riesgo. Un cabo de la ARRO de Barcelona ha descubierto que el aire de Mollet del Vallés es traicionero: el pasado viernes, durante la clausura de un curso en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), decidió soltar un 'Pedro Sánchez' al viento. ¿El resultado? Un despliegue de burocracia que haría palidecer a cualquier escribano del siglo XIX. La Dirección General de la Policía ha activado una Información Reservada (IR) porque, al parecer, decir el nombre del presidente del Gobierno frente a 200 agentes y sus mandos es un evento que requiere un equipo de forenses semánticos. Los jefes quieren saber si fue una broma, una reivindicación o un intento de organizar un coro de insultos espontáneo. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y la lista de la compra se vuelve un ejercicio de malabarismo, la administración gasta recursos públicos para analizar si el cabo cometió una irregularidad administrativa o penal por un desliz vocal. Lo más cómico es la hipótesis oficial: sugieren que quizá el agente hacía alusión a los ejercicios de control de masas de la ARRO, donde se fingen manifestaciones. Es decir, que el cabo estaba 'en personaje'. Esta obsesión por la neutralidad y la ejemplaridad llega justo dos semanas después de que Diego Fuoli, portero del Centre d'Esports Sabadell, intentara dirigir una coreografía de odio desde el balcón del Ayuntamiento, terminando en denuncias de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell y disculpas forzadas en X. Al final, parece que en Cataluña el nombre del presidente funciona como un detonador: lo digas en un estadio o en un acto policial, la maquinaria del castigo se activa más rápido que un radar de velocidad.
La Directora y la Cloaca: Citas Secretas
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder donde el 'apoyo institucional' tiene el mismo valor que un billete de Monopoly. Mercedes González, la Directora General de la Guardia Civil, ha jugado al escondite con la verdad mientras la UCO intentaba limpiar el barro de una cloaca política. El guion es digno de una serie de suspense barata: el servicio de información lanza dos 'notas de despacho' y una ampliación advirtiendo que Leire Díez estaba montando un ataque coordinado contra los agentes que perseguían la corrupción. ¿La respuesta de la cúpula? Un silencio sepulcral que haría envidia a un monasterio. El DAO Manuel Llamas, ya imputado, decidió que esos informes eran lectura opcional y prefirió no avisar a la UCO. Pero el plato fuerte es Mercedes González. Mientras se sentaba con los jefes de la UCO y la Policía Judicial el 29 de mayo de 2025 para darles palmaditas en la espalda y decirles que 'estaba con ellos', se guardó en el bolsillo un secreto sucio. Resulta que la Directora ya había tenido tres citas geolocalizadas con Leire Díez (el 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025). Básicamente, mientras la UCO peleaba en el barro, su jefa tomaba café con la persona que cavaba la zanja. La hipocresía alcanzó su cénit el 16 de junio de 2026 en el Senado, donde González admitió vagamente dos encuentros, como quien confiesa que se ha comido un bombón de la caja prohibida. El sumario judicial, con declaraciones de Francisco Ortega y el Comandante Rubén Villalba, deja claro que el apoyo a la UCO era una pantalla de humo. Mercedes sabía que Leire Díez era la ejecutora de la cloaca y, aun así, decidió que informar a sus subordinados era un detalle prescindible. Una gestión de la transparencia que recuerda a intentar tapar el sol con un colador.
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