Crítica:
La noticia es un ejercicio de exposición de hipocresía gubernamental. Le falta concretar la cifra exacta de esos 'miles de millones' para que el sablazo sea más tangible.
Sánchez presume de drones agrícolas mientras bloquea su uso para fumigar
Drones de Sánchez: mucha foto, poca fumigación
Otros artículos
Muro de Trump: el bypass subterráneo
El muro de Trump es, básicamente, el gran monumento al optimismo ingenuo. Mientras la Casa Blanca se llena la boca presumiendo de que las entradas irregulares terrestres han caído un 90% en el último año fiscal, los cárteles han decidido que, si no pueden pasar por encima, pasarán por debajo. Es la eterna danza del gato y el ratón, pero con el ratón excavando infraestructuras que harían palidecer a cualquier ingeniero de obra pública. Desde 1990, las autoridades han detectado más de 230 túneles. No son simples agujeros de castor; hablamos de ingeniería financiera aplicada al contrabando. En Nogales, Arizona, la situación es tan surrealista que la ciudad se ha coronado como la 'capital de los túneles', concentrando más de 125 de estos pasadizos. Algunos usan el alcantarillado como si fuera una cinta transportadora de Amazon, enviando narcóticos en tubos hacia el norte mientras los agentes miran la superficie. Luego están los 'supertúneles'. En 2020, entre Tijuana y San Diego, apareció una joya de 1,2 kilómetros de longitud con raíles, electricidad de alta tensión y hasta ascensor. Un lujo que hace que el metro de cualquier ciudad europea parezca un camino de cabras. Mientras el capitán Tucker celebra que en la bahía de San Diego los intentos de entrada bajaron de 7.500 a 1.000 mensuales gracias a la operación Border Trident, el subsuelo sigue siendo el territorio libre de impuestos y vigilancia. La paradoja es deliciosa: el Gobierno gasta millones en blindar 3.140 kilómetros de superficie, pero la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional admiten que suelen llegar cuando la obra ya está terminada. Es como intentar tapar una gotera con un paraguas mientras el vecino te está cavando un sótano debajo del salón.
Senadora paraguaya: racismo y cocos a Mbappé
Hay niveles de mala educación, y luego está el 'estándar premium' de Celeste Amarilla. La senadora paraguaya, que parece confundir la cámara de Diputados con un patio de colegio en hora de recreo, decidió que la mejor forma de procesar la eliminación de la Albirroja frente a Francia este sábado en Filadelfia era lanzando un arsenal de prejuicios cavernícolas contra Kylian Mbappé. Mientras el capitán galo hablaba de 'ensuciarse las manos' en una rueda de prensa para M6, refiriéndose al juego sucio y al barro del campo, Amarilla decidió ensuciar la conversación con un racismo que huele a siglo XIX. No se quedó en el típico enfado deportivo. Para ella, Mbappé es un 'camerunés colonizado' y un 'rico nuevo'. Pero el verdadero desplome ético llegó cuando, justificando la rabia por el saludo denegado al portero Orlando Gill, soltó que el jugador 'en vez de leche materna chupaba cocos' y que lo más instruido que escuchó fueron 'chimpancés'. Es fascinante que alguien que cobra un sueldo público para legislar use su tiempo para redactar fantasías sobre la infancia de un atleta en Twitter. Esto no es un desliz; es el currículum de una profesional del odio. Ya lo hizo en 2021 con la reina Letizia, a quien llamó 'periodista devenida en reina' mientras le pedía ropa de armario en lugar de vacunas gratis. Amarilla opera bajo la lógica de que el cargo público es un pase libre para el insulto. En su mundo, mostrar el dedo en el Senado es un derecho adquirido, mientras que el éxito ajeno es un pecado que se castiga con el racismo más rancio. Un espectáculo triste donde la política se viste de chándal y el odio se disfraza de patriotismo.
Regularizaciones: la tómbola del Gobierno Sánchez
El Gobierno ha decidido jugar al bingo con la seguridad nacional. Mientras nosotros peleamos con la aplicación de la Seguridad Social para conseguir una cita médica que no sea para el año 2030, en el Ministerio del Interior se han montado una tómbola de regularizaciones donde el premio es el permiso de residencia y el requisito, aparentemente, es tener la suerte de que nadie mire el DNI. El subinspector Alfredo Perdiguero, soltando los trastos en 'La Noche de Cuesta', ha sacado a la luz un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del 2 de febrero de 2026. El papel, dirigido a Germán Blasca, hablaba de 1.250.000 beneficiarios. Un sablazo numérico comparado con el 'medio millón' que nos vendieron al principio. La aritmética es sencilla: si el Ejecutivo decía que había 850.000 irregulares, pero ahora hay más de un millón, significa que 400.000 personas han entrado en el radar recientemente, saltándose la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 como quien se salta una cola en la carnicería. Lo más surrealista es la 'creatividad' administrativa. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras registra un boom de pasaportes perdidos que parece una epidemia: Pakistán sube un 356%, Argelia un 114%, Marruecos un 35% y Colombia un 35%. Básicamente, perder el pasaporte se ha convertido en el 'ticket dorado' para acreditar una estancia ficticia. Pedro Sánchez defiende el proceso como un acto de derechos humanos, pero las cuentas no cuadran. El plan prevé 500 millones de euros para integración, sabiendo que el 40% de estos nuevos residentes vivirá bajo el umbral de la pobreza hasta 2030. Es la gestión perfecta: gastar una fortuna pública en un proceso sin filtros para, probablemente, comprar un capital electoral futuro mientras le dejan el marrón de la sanidad colapsada a las autonomías.
Sánchez: el nombre prohibido de los Mossos
En el fascinante mundo de la disciplina institucional, parece que pronunciar el nombre de un político es ahora un deporte de riesgo. Un cabo de la ARRO de Barcelona ha descubierto que el aire de Mollet del Vallés es traicionero: el pasado viernes, durante la clausura de un curso en el auditorio del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), decidió soltar un 'Pedro Sánchez' al viento. ¿El resultado? Un despliegue de burocracia que haría palidecer a cualquier escribano del siglo XIX. La Dirección General de la Policía ha activado una Información Reservada (IR) porque, al parecer, decir el nombre del presidente del Gobierno frente a 200 agentes y sus mandos es un evento que requiere un equipo de forenses semánticos. Los jefes quieren saber si fue una broma, una reivindicación o un intento de organizar un coro de insultos espontáneo. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y la lista de la compra se vuelve un ejercicio de malabarismo, la administración gasta recursos públicos para analizar si el cabo cometió una irregularidad administrativa o penal por un desliz vocal. Lo más cómico es la hipótesis oficial: sugieren que quizá el agente hacía alusión a los ejercicios de control de masas de la ARRO, donde se fingen manifestaciones. Es decir, que el cabo estaba 'en personaje'. Esta obsesión por la neutralidad y la ejemplaridad llega justo dos semanas después de que Diego Fuoli, portero del Centre d'Esports Sabadell, intentara dirigir una coreografía de odio desde el balcón del Ayuntamiento, terminando en denuncias de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell y disculpas forzadas en X. Al final, parece que en Cataluña el nombre del presidente funciona como un detonador: lo digas en un estadio o en un acto policial, la maquinaria del castigo se activa más rápido que un radar de velocidad.
La Directora y la Cloaca: Citas Secretas
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder donde el 'apoyo institucional' tiene el mismo valor que un billete de Monopoly. Mercedes González, la Directora General de la Guardia Civil, ha jugado al escondite con la verdad mientras la UCO intentaba limpiar el barro de una cloaca política. El guion es digno de una serie de suspense barata: el servicio de información lanza dos 'notas de despacho' y una ampliación advirtiendo que Leire Díez estaba montando un ataque coordinado contra los agentes que perseguían la corrupción. ¿La respuesta de la cúpula? Un silencio sepulcral que haría envidia a un monasterio. El DAO Manuel Llamas, ya imputado, decidió que esos informes eran lectura opcional y prefirió no avisar a la UCO. Pero el plato fuerte es Mercedes González. Mientras se sentaba con los jefes de la UCO y la Policía Judicial el 29 de mayo de 2025 para darles palmaditas en la espalda y decirles que 'estaba con ellos', se guardó en el bolsillo un secreto sucio. Resulta que la Directora ya había tenido tres citas geolocalizadas con Leire Díez (el 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025). Básicamente, mientras la UCO peleaba en el barro, su jefa tomaba café con la persona que cavaba la zanja. La hipocresía alcanzó su cénit el 16 de junio de 2026 en el Senado, donde González admitió vagamente dos encuentros, como quien confiesa que se ha comido un bombón de la caja prohibida. El sumario judicial, con declaraciones de Francisco Ortega y el Comandante Rubén Villalba, deja claro que el apoyo a la UCO era una pantalla de humo. Mercedes sabía que Leire Díez era la ejecutora de la cloaca y, aun así, decidió que informar a sus subordinados era un detalle prescindible. Una gestión de la transparencia que recuerda a intentar tapar el sol con un colador.
Petróleo chavista: el 'sobre' que quema al PSOE
Hay quien dice que el derecho es la ciencia de lo justo, pero en los pasillos del poder parece más bien el arte de limpiar la ropa sucia. Víctor de Aldama, el empresario que se ha convertido en la pesadilla de Moncloa, acaba de recibir una demanda de conciliación por injurias de Delcy Rodríguez. La número dos del régimen chavista, con la sutileza de un martillo neumático, intenta silenciar a quien afirma que ella misma le entregó el sobre mágico de PDVSA. Un sobre que no contenía cartas de amor, sino cupos de petróleo valorados en 250 millones de dólares. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, aquí hablamos de una cantidad que haría palidecer a cualquier gestor de fondos, destinada a alimentar la maquinaria del PSOE y la Internacional Socialista presidida por Pedro Sánchez. Lo irónico es que Delcy ha contratado al despacho Ilocad de Baltasar Garzón, un movimiento que huele a manual de estrategia política para desacreditar al testigo. Pero Aldama, lejos de asustarse, ve en esta querella el pase VIP para soltar más información ante el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ya tiene sobre la mesa la historia de Apamate Corporate And Trust, la sociedad vinculada al misterioso Francisco Flores que sirvió de lavadora para que el petróleo venezolano llegara a España. Según el relato, José Luis Ábalos puso la primera piedra y José Luis Rodríguez Zapatero terminó la obra, moviendo fondos entre Panamá y Rusia con la soltura de quien cambia de moneda en un aeropuerto. Un puzle donde los 250 millones de dólares son la pieza central y el honor de los implicados es, sencillamente, un accesorio prescindible.
Ir a Lisboa sale más barato que a Badajoz
Óscar Puente ha presentado el nuevo mapa concesional del autobús y, sinceramente, parece que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confundido la gestión pública con un juego de acertijos donde el usuario siempre pierde. La joya de la corona es una paradoja que roza lo surrealista: viajar de Madrid a Badajoz seguirá siendo más caro que irse hasta Lisboa. Sí, resulta más barato cruzar la frontera y llegar a la capital portuguesa que moverse por casa, simplemente porque los trayectos internacionales respiran competencia mientras que los nacionales son un club privado donde Alsa y Avanza se reparten el 75% del pastel. El plan divide el territorio en 34 corredores. Para maquillarlo, el Estado ha soltado más de 70 millones de euros en subvenciones para diez de ellos, pero es como ponerle un parche de colores a una tubería que revienta. Mientras el Ministerio presume de que la media nacional bajará a 0,06715 euros por kilómetro (frente a los 0,079885 actuales), la realidad es que hay rutas donde el pasajero se lleva un sablazo monumental. Si te toca ir de Teruel a Barcelona o de Madrid a Toledo, prepárate para pagar un 41,5% más que la media. El corredor Madrid-Toledo-Badajoz se queda con un sobrecoste del 30,2%. Comparar esto con Europa es un ejercicio de masoquismo. En Alemania el viaje es un 19,9% más barato y en Portugal —donde el autobús no es un lujo— las tarifas son un 81,5% inferiores a las nuestras. Al final, tenemos un sistema complejo, con riesgo de acabar en los juzgados como pasó con el corredor Bilbao-Castro Urdiales y el recurso de Lictrain, que prefiere mantener el negocio de los 'incumbentes' que facilitar que la gente se mueva sin dejar el sueldo en la taquilla.
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