Crítica:
El texto original es una mina de oro de datos, pero falla al aceptar la negación de los empresarios sin cuestionar la evidente coincidencia temporal. Es el clásico caso de 'no lo pagué yo, pero el piso apareció'.
Bono recibió dos viviendas de lujo en Dominicana tras ayudar a montar un macroparque solar de 500 millones
Bono: Sol, lujo y basura caribeña
Otros artículos
El 'lacayo' de Zapatero canta todo
La lealtad en las altas esferas tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el coche en agosto. Julio Martínez Martínez, el hombre que según la UDEF era el 'lacayo' y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que el cariño familiar pesa más que el silencio pactado en El Pardo. El próximo 21 de julio, Martínez se sentará ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, no para defender la honra del expresidente, sino para intentar salvar su propio pellejo mediante una colaboración con la Justicia. El escenario es fascinante. Mientras Zapatero se vende ahora como un inocente 'consultor internacional' (una etiqueta tan elástica que sirve para todo y para nada), la UDEF lo describe con un lenguaje mucho menos diplomático: el líder de una organización criminal. El agujero contable del caso Plus Ultra, donde se 'evaporaron' 53 millones de euros en un rescate público a una aerolínea hispanovenezolana, es solo la punta del iceberg de una trama de veintenas de sociedades gestionadas desde una modesta nave industrial en Petrer, Alicante. Sí, el imperio de la influencia se administraba en un polígono industrial, lo que demuestra que para mover millones solo hace falta un ordenador y alguien que firme los papeles. El giro dramático llegó en mayo, cuando Martínez mandó a paseo a su antiguo abogado, Bernardo del Rosal, por 'diferencias irreconciliables' —traducción: 'mi abogado no quiere que me hunda solo'— y fichó a María Dolores Márquez de Prado, una exfiscal que sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres procesales. Presionado por sus hermanos, incluido Manuel, Martínez ha comprendido que ser el 'lacayo' en los mensajes de WhatsApp es una excelente excusa para reducir la pena, pero una pésima estrategia de vida. Zapatero, que dormía tranquilo creyendo en una fidelidad inquebrantable, ahora descubre que el silencio tiene un precio y que su mano derecha ya ha empezado a escribir el guion de su propia liberación.
Pasaporte español: el 'pase VIP' del narco
Parece que la solidaridad romántica de la 'Ley de Memoria Democrática' ha terminado siendo la alfombra roja perfecta para los personajes menos deseables del Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un carné, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un grifo que, según el Departamento de Estado de EEUU, no solo deja pasar a nietos de exiliados, sino a tipos con el currículum manchado de narcotráfico y crimen organizado. Washington no está para bromas. El Departamento de Estado ha detectado que el pasaporte español —ese trozo de papel que abre puertas en todo el mundo— podría convertirse en el 'pase VIP' para que operativos del castrismo más recalcitrante y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro se infiltren en territorio estadounidense. Estamos hablando de más de trescientos mil cubanos solicitando la nacionalidad a través del Consulado General de España en La Habana, en un proceso donde el control lo tiene el régimen, básicamente decidiendo quién entra en la lista y quién se queda fuera, como quien reparte invitaciones para una fiesta privada. Pero el asunto tiene un aroma a complicidad que llega hasta La Moncloa. La Administración Trump, que ahora juega al ajedrez geopolítico en la zona, ha empezado a mover piezas que incomodan al PSOE. No es casualidad que el Departamento del Tesoro estuviera esperando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, para evitar que se largara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores mientras lo investigan por el rescate de una aerolínea venezolana. Y mientras tanto, el exministro José Bono ve cómo su nombre aparece en investigaciones sobre actividades 'opacas' en República Dominicana. Al final, la ley del abuelo ha servido para que algunos busquen raíces, pero otros, parece, busquen un refugio legal para sus negocios turbios.
Trump quema millones en carbón muerto
Hay que tener valor para llamar 'hermoso' a un combustible que tiene el planeta en cuidados intensivos. Donald Trump ha decidido que el carbón, esa industria que lleva décadas en modo zombie, merece un desfibrilador de 700 millones de dólares. Para lograrlo, no ha usado una hucha de ahorros, sino que ha rescatado la Ley de Producción de Defensa de 1950, un artefacto de la Guerra Fría que permite al presidente jugar al capitán industria bajo la excusa de la 'seguridad nacional'. Es el equivalente a usar un manual de instrucciones de un televisor de tubo para intentar arreglar un smartphone. Lo más delirante es la procedencia del dinero. Según The New York Times, los fondos venían destinados precisamente a reducir las emisiones de CO2. Es decir, han cogido la cartera de la limpieza para pagar el detergente más sucio del mercado. El reparto es quirúrgico: 425 millones para que 13 plantas obsoletas no cierren la persiana y el resto para levantar dos nuevas centrales en Alaska y West Virginia, las primeras desde 2013. Todo esto mientras el carbón solo representa el diez por ciento de la producción energética doméstica. Trump promete 14.000 empleos, pero los datos del Sierra Club son un jarro de agua fría: 330 plantas han cerrado desde 2010 y otras 60 se irán al hoyo para 2031. La paradoja final es que la IA, con su hambre voraz de energía, está obligando a encender estas reliquias. Como dice Lena Moffitt de Evergreen Action, lanzar 700 millones al carbón hoy es como intentar salvar un barco que ya está en el fondo del océano; puedes tirar la cuerda que quieras, pero el barco sigue mojado.
Ascenso VIP al comisario del Delcygate
En el manual de la meritocracia del Interior, parece que el camino al éxito no es la eficiencia, sino el arte de borrar historiales y regalar el parking público como si fuera el patio de su casa. Jesús María Gómez Martín, el comisario que orquestó el operativo del 'Delcygate', ha pasado de gestionar el aeropuerto de Barajas a mandar en Canarias con una facilidad pasmosa, mientras la UDEF le pisa los talones por un presunto entramado de favores y dinero sucio. La historia es un clásico: un inspector honesto intentó avisar el 29 de marzo de 2022 sobre un mando que trataba la frontera como un club privado. Hablamos de recoger amigos a pie de avión el 25 de diciembre de 2021 con coches camuflados y convertir el aparcamiento policial en un 'parking VIP' para empresarios. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia, Gómez Martín presuntamente cobraba 7.000 euros de magnates venezolanos por hacer que la ley fuera opcional para sus allegados. La respuesta institucional fue la habitual: en lugar de investigar el agujero ético, castigaron al denunciante enviándolo a Chamartín, un movimiento que la Justicia acabó tildando de ilegal. Pero el premio al 'buen empleado' llegó en noviembre de 2022, cuando el Ministerio del Interior lo catapultó a Jefe Superior de Canarias. Ahora, frente al Senado, el comisario juega la carta de la 'casualidad'. Dice que tomarse un café de 15 minutos con el testaferro de Zapatero, Julio Martínez, o conocer a figuras como Danilo Díezgranados y Miguel Palomero son simples 'relaciones del cargo'. Es la eterna danza de la hipocresía: el mando niega haber recibido 700 millones, pero se olvida de que, en la calle, el respeto no se gana con ascensos sospechosos, sino con la coherencia que aquí brilla por su ausencia.
Ceros sospechosos: la Justicia frena a la EHU
Imagínate que vas a pagar la cuenta de un restaurante y, solo porque el camarero no te gusta cómo vistes, te clava un cargo extra de 100 euros sin explicación. Pues eso es, básicamente, lo que ha intentado hacer la Universidad del País Vasco (EHU) con decenas de alumnos en el examen de euskera de la selectividad. Unos ceros masivos, quirúrgicos y sospechosamente concentrados, que han caído como un cubo de agua fría sobre estudiantes de centros donde el español es el idioma rey. La justicia de Bilbao ha tenido que intervenir para evitar que el futuro de estos chavales se fuera por el sumidero. El presidente del Tribunal de Instancia, Aner Uriarte, ha soltado la bomba: hay una "posible infracción" porque los examinadores sabían perfectamente de qué colegio venía cada alumno. El anonimato, que en un examen es tan sagrado como el ticket del súper para reclamar un producto caducado, brillaba por su ausencia. Entre 25 y 30 demandas han forzado que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo suspendan esos ceros cautelarmente. Ahora, los alumnos pueden recalcular su nota de acceso sin ese lastre para matricularse antes de que expire el plazo este martes. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña: la sentencia definitiva tardará entre 8 y 14 meses. Es decir, que el alumno puede entrar en la carrera hoy, pero si dentro de un año el juez dice que el cero era legal, la EHU podría echarlo a patadas de la facultad. Un juego de ruleta rusa académica. La EHU, por supuesto, ha activado el modo defensa y dice que cumplir la medida es "imposible" porque alteraría el orden de prelación. Básicamente, argumentan que proteger el derecho de unos pocos perjudica la igualdad del resto, olvidando convenientemente que la igualdad empieza por no saber quién es el que escribe el examen.
Sánchez regala palacio a la OMT: ¿estratégico?
Hay quienes regalan flores y quienes regalan palacios en la Castellana. Pedro Sánchez ha optado por lo segundo, inaugurando este lunes un edificio público cedido a la Organización Mundial del Turismo (OMT) con una generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. No es un alquiler compartido ni un préstamo de fin de semana; es una cesión gratuita por 75 años. Para que el detalle fuera redondo, el Estado no solo entregó las llaves, sino que se dejó en la cartera 24,6 millones de euros para la reforma. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, el Ejecutivo ha firmado un cheque en blanco por tres cuartos de siglo. La coincidencia temporal es, cuanto menos, curiosa. Este despliegue de altruismo institucional llega después de que Zurab Pololikashvili, el jefe de la OMT, hiciera de puente dorado para que Begoña Gómez aterrizara en círculos de negocios internacionales. Incluso Inmark, la consultora donde Gómez acumuló acciones y contratos públicos, logró pescar un contrato en la República Dominicana gracias al empujón de la OMT tras la pandemia. Es el ciclo perfecto: contactos, contratos y un edificio gratis en el corazón de Madrid. La fiesta de inauguración no ha sido un trámite. Sánchez ha movilizado un despliegue de siete ministros, incluyendo a Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, para escoltar el acto. Un despliegue digno de una cumbre geopolítica para celebrar que la OMT tiene casa nueva. Todo esto mientras la UDEF pone la lupa sobre Pololikashvili, vinculado a un viaje con José Luis Rodríguez Zapatero a Bolivia para que el exmandatario embolsara 200.000 euros evitando una multa a una empresa peruana. La generosidad pública, al parecer, tiene un lenguaje muy específico y se habla fluidamente en los pasillos de la Moncloa.
Bono: Sol, pasaportes y millones invisibles
Hay que tener un talento especial para pasar de gestionar carteras ministeriales en España a coleccionar pasaportes caribeños como quien junta cromos. José Bono, el eterno superviviente, ha aterrizado en República Dominicana no precisamente para tomar sol, sino para montar un tablero de Monopoly energético. Todo empezó en octubre de 2020, cuando Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana mediante un decreto presidencial, abriéndole la puerta de garaje a un ecosistema de sociedades como Sociedad Veleta y Teivelpir SRL. Mientras el ciudadano medio lucha con el precio del alquiler, Bono y su séquito —donde aparecen nombres como Dimas de Andrés Puyol y el exdiputado Juan Segovia— se han movido en la liga de los grandes. El programa '55 Minutos con Julissa Céspedes' ha destapado que Segovia y el empresario Williams Jiménez están pegados a dos proyectos solares, Las Parras Energy y Pimentel Energy. Hablamos de una inversión inicial de 146,2 millones de dólares. Sí, millones con 'M', una cifra que haría palidecer a cualquier libro de cuentas doméstico. Estas joyas fueron adjudicadas en 2024 a MedCap Energy Caribe, SRL, por la Comisión Nacional de Energía. Lo fascinante es la 'magia' administrativa: cuando los periodistas pidieron los contratos, la Comisión Nacional de Energía aplicó la técnica del 'no hay nada que ver aquí', alegando que no estaban en la web ni en el portal de contratación pública. Para rematar la función, MedCap Energy Caribe parece una empresa fantasma que juega al escondite telefónico, con respuestas contradictorias sobre si realmente existen. Y como si el sol no fuera suficiente, Bono también parece haber sido el 'consultor invisible' en la reforma de la Policía Nacional Dominicana; la institución niega el contrato, pero las fotos oficiales lo sitúan en la mesa de los jefes. Un asesorado muy eficiente: cobra en influencia y paga con invisibilidad contractual.
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