Crítica:
La noticia celebra la celeridad legislativa pero ignora convenientemente la eficacia real de prohibir software que ya habita en servidores fuera de la UE. Mucho ruido en Estrasburgo, poca claridad sobre cómo se ejecutará el veto técnico.
La Eurocámara declara la guerra a las plataformas que crean desnudos 'fake' con Inteligencia Artificial
UE veta el 'porno fake' industrial
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Zapatero: ¿Consultoría real o pantalla familiar?
Hay quienes llaman 'consultoría' a lo que en el barrio conocemos como el clásico 'sobre' bajo la mesa. El juez José Luis Calama, con la paciencia de quien ha visto demasiados malabarismos contables, se lo dejó claro a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado martes: la sociedad Análisis Relevante, propiedad de Julito Martínez Martínez, no parece una oficina de estrategia, sino un buzón para cobrar comisiones. La tesis es tan sencilla que asusta: el dinero entra en la consultora y, como por arte de magia, termina en el bolsillo del expresidente y en Whathefav, la mercantil de sus hijas, Laura y Alba. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de mantenimiento, aquí hablamos de una ingeniería financiera para canalizar el tráfico de influencias detrás de dos préstamos a Plus Ultra: uno de 19 millones y otro participativo de 34 millones. El juez Calama no se guardó nada, preguntando si esos supuestos informes eran reales o simplemente una pantalla para maquillar el pago de favores. Lo más surrealista es el argumento de Zapatero: dice que no hay contratos escritos porque existe una "confianza" ciega. Claro, porque en el mundo de los negocios de alta gama, firmar un papel es para los principiantes; los profesionales del 'estilo' se entienden con un guiño y un acuerdo verbal. El exmandatario sostiene que solo fue un trabajador más desde febrero de 2020, negando haber hablado con nadie del sector público. Sin embargo, la Agencia Tributaria ya ha trazado el mapa del tesoro y los audios filtrados por OKDIARIO son demoledores. Alguien, en la sombra, ya lo llamaba "nuestro pana Zapatero". Al final, la diferencia entre un informe de consultoría y un pago por influencias parece ser, simplemente, que el primero se escribe y el segundo se cobra en familia.
Quejas con DNI: El club del desahogo
Bienvenidos al rincón de los desahogos, ese confesionario digital donde la ciudadanía intenta gritarle a quien no escucha. En El Debate, el buzón de 'cartas al director' se ha convertido en el tablero de dardos donde se lanza la indignación del día. Tenemos a Pedro Marín Usón aplicando la técnica de las 'Tiritas', probablemente intentando curar con un parche de farmacia una herida abierta de gestión pública que requiere cirugía mayor. Es la metáfora perfecta: mientras el sistema se desangra, nos venden gasas esterilizadas. Luego aparece Genaro Novo, quien decidió dedicar sus líneas a la 'ejemplaridad de Rodríguez Zapatero'. Hablar de ejemplaridad en la política actual es como intentar encontrar un billete de cincuenta euros en un concierto de rock; es teóricamente posible, pero nadie ha visto uno recientemente. El contraste es delicioso: la retórica de la virtud frente a la realidad de los despachos. Y para cerrar el tríptico del sarcasmo involuntario, Luis Asenjo Pérez nos habla de 'Faros morales'. Claro, porque en este mar de mediocridad, siempre hace falta alguien que nos indique dónde está la costa mientras el barco sigue haciendo agua. Lo más fascinante es la burocracia del desahogo. Para tener el privilegio de ser leído, el ciudadano debe enviar su misiva a cartas.director@eldebate.com, respetando el límite de 300 palabras —porque la rabia debe ser concisa— y adjuntando el DNI. Sí, para quejarse de la gestión del país, primero hay que demostrarle al diario que uno existe legalmente. Es el peaje obligatorio para entrar en el club de los indignados firmados con nombre y apellido.
Begoña Gómez: Nuevo sablazo europeo bajo lupa
Parece que el árbol genealógico de los líos judiciales de Begoña Gómez sigue echando ramas. El juez Juan Carlos Peinado acaba de abrir una pieza separada para investigar un nuevo contrato de Red.es, un movimiento que huele a 'segunda vuelta' en un partido donde el premio no son trofeos, sino fondos públicos. Aquí entramos en el terreno de la ingeniería administrativa: un contrato para el 'Servicio de oficina Acelera Pyme' que terminó en manos de la UTE formada por Innova Next y KPMG. El monto, cuatro millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se mueven cifras que harían palidecer a cualquier gestor de comunidad de vecinos. El quid de la cuestión es que, según la Fiscalía Europea, alguien decidió que el 'libro blanco' exigido en los pliegos era un detalle opcional, una suerte de sugerencia que se puede ignorar si el candidato es el adecuado. Esa 'omisión deliberada' es la que ahora Peinado quiere analizar, basándose en el trabajo de la UCO que analizó los correos de trece funcionarios. El patrón es el que ya conocemos: Juan Carlos Barrabés, el empresario que parece tener el radar activado para los contratos públicos, vuelve a ser el protagonista. Lo más jugoso es el baile de sillas judicial. El juez Antonio Piña le dio un tirón de orejas a la Fiscalía Europea, frenando su intención de absorber el caso, obligando a que los papeles vuelvan a la mesa de Peinado. Ahora la pregunta es si Begoña Gómez volvió a redactar alguna de esas cartas de recomendación que funcionan como un 'pase VIP' en la administración pública. Entre fondos FEDER, informes de la IGAE y declaraciones testificales, el tablero se complica. No es solo una cuestión de papeles; es el contraste entre la rigidez de los pliegos para el ciudadano y la flexibilidad creativa para los amigos del poder.
RTVE: 40 euros más por persona
Hacer que las cuentas cuadren es un arte, pero en la Moncloa lo han elevado a la categoría de magia negra. Resulta que Radio Televisión Española (RTVE) tiene un agujero contable con Hacienda que ya roza los 1.000 millones de euros —concretamente 940 millones según sus últimas cuentas—, y el Gobierno, en lugar de apretar el cinturón, ha decidido que la solución es pasar la factura al resto de los mortales. El pasado 16 de junio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que es, básicamente, un 'vale' firmado por Pedro Sánchez para que el Estado asuma el IVA no deducible de la corporación. Traducido al lenguaje de la calle: si RTVE no puede pagar sus impuestos, que lo pague el vecino. La jugada es maestra en su cinismo. Mientras el ciudadano medio mira la lista de la compra como si fuera un libro de terror, el Ejecutivo decide que los impuestos vinculados al servicio público son ahora un 'coste inherente'. Es como si tú no pagaras la luz de tu casa y el Ayuntamiento decidiera que, como eres un vecino ejemplar, el coste de tu factura eléctrica lo repartan entre todos los contribuyentes del barrio. El lío viene de una ley de 2015 y un eterno tira y afloja con la Agencia Tributaria que ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021 pudo cerrar del todo. Mientras EY y PwC se llenan la boca diciendo que RTVE ganará el juicio, los consejeros de la televisión pública tienen tanto miedo a la Audiencia Nacional que se niegan a firmar las cuentas. Para colmo, el agravio comparativo es total: Telemadrid pidió lo mismo y le dijeron que no, y Atresmedia y Mediaset están que echan humo. Al final, si el juez dice que no, el sablazo será de unos 39 euros por cada uno de los 24 millones de contribuyentes del IRPF. Un detalle curioso para redondear la tarde.
Más Madrid: GPS gratuito para okupas
Hay quien dice que el amor es ciego, pero el de Más Madrid es, sobre todo, muy curioso con la propiedad ajena. En un despliegue de 'creatividad' electoral para las regionales de 2027, la formación de Mónica García ha decidido jugar al escondite con el patrimonio privado. Su estrategia, el denominado «gran puerta a puerta», consiste en patear calles de Navalcarnero, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Fuenlabrada, Aranjuez, Collado Villalba y seis barrios de Madrid para dejar un 'regalito' en los pomos: cartones verdes que anuncian que «pasamos a verte pero no coincidimos». En lenguaje de calle, esto es básicamente ponerle un GPS a las casas vacías para que cualquier interesado sepa dónde no hay nadie que grite al 112. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación de la cesta de la compra, los de García se han propuesto tocar 25.000 timbres antes de fin de año; ya llevan 7.000, una cifra que impresiona más por la audacia que por el beneficio social. Es una ingeniería de campo fascinante: señalizan la vivienda, la dejan expuesta a robos y, de paso, hacen un censo casero para su futuro observatorio de viviendas vacías. La coherencia interna es, desde luego, un monumento. No olvidemos que Rita Maestre puso en el tercer puesto de su lista a Lucía Lois Méndez, una veterana del colectivo Patio Maravillas que ya en 2016 llamaba «legítima» a la entrada por la fuerza en propiedades privadas. Lois, que ahora es concejala de familias, tiene un currículum que incluye arropar en tribunales al fugaz Guillermo Zapata tras el asalto a un bloque en Malasaña. Entre el tanteo y retracto de su programa y la bendición a quienes entran en casas vacías por ser «vulnerables», Más Madrid ha convertido la búsqueda de vivienda en un deporte de riesgo para el propietario.
Zapatero y los parches de la política
Hay un rincón en el diario El Debate donde el ciudadano común intenta gritarle al vacío, un espacio llamado 'Cartas al Director' que funciona como el confesionario de una España dividida. Aquí, la tinta se convierte en arma blanca. Pedro Marín Usón llega con un texto titulado 'Tiritas', una metáfora deliciosa para describir esos parches desesperados que los políticos ponen sobre heridas que ya huelen a podrido. Es el clásico intento de arreglar un dique roto con chicles mientras el agua nos llega al cuello. Pero el plato fuerte es Genaro Novo, quien se lanza a analizar 'La ejemplaridad de Rodríguez Zapatero'. Hablar de ejemplaridad en la política actual es como buscar una aguja en un pajar de promesas incumplidas; un ejercicio de optimismo casi religioso. El contraste es brutal: mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para que la factura de la luz no sea un atraco a mano armada, los exmandatarios navegan en la bruma de la ética pública, donde la 'ejemplaridad' es un concepto elástico que se adapta al traje del turno. Para cerrar el círculo de la indignación, Luis Asenjo Pérez nos habla de 'Faros morales'. La ironía es tan fina que corta. Buscamos guías, luces en la oscuridad, pero nos encontramos con que los faros están apagados o, peor aún, solo iluminan el camino hacia sus propios intereses. Todo este despliegue de pasión epistolar llega a cartas.director@eldebate.com, bajo la estricta norma de no pasarse de las 300 palabras y adjuntar el DNI. Porque claro, para quejarse del sistema hay que darle al sistema el documento de identidad, asegurándose de que el funcionario de turno sepa exactamente a quién tiene que mirar cuando la indignación se vuelve incómoda.
Podemos y PSOE: El 'combo' de la cloaca
Hay que tener courage para llamar 'casta' al sistema mientras te sientas en la mesa de los que saben cómo mover los hilos bajo el mantel. Henry Molano, que en diciembre de 2015 aspiraba a un escaño por Cuenca con Podemos (quedándose a las puertas, como ocurre con muchos sueños de gloria), terminó haciendo de puente en una operación que huele a naftalina de los años 80. La trama, desgranada por la UCO y puesta sobre la mesa del juez Santiago Pedraz, no es un simple intercambio de favores; es una ingeniería de precisión para limpiar el camino de Ferraz. El guion es de manual: una joven de Jaén, Miriam Serrano, con una demanda civil contra el fiscal José Grinda por un asunto de 'sexting' de 2009, es recibida el 24 de octubre de 2024 por la 'fontanera' Leire Díez en un hotel de Madrid. De ahí, directo a Ferraz, para un café rápido con Santos Cerdán y el ya mencionado Molano. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para pedir una cita médica, aquí se coordinaban accesos a datos sensibles de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo era claro: extorsionar al fiscal Grinda ofreciéndole un destino en el extranjero y el triple de dinero de la demanda a cambio de que archivara casos que hacen temblar los cimientos del poder, como el caso Pujol, el 3%, ZED, BPA y Duro Felguera. Pero el detalle más 'tierno' es el post-servicio. El 20 de febrero de 2025, Leire Díez gestiona la inserción laboral de la joven. Juanfran Serrano, el brazo ejecutor de Cerdán, actúa como el cajero automático de favores, consiguiendo que la chica entre en Residuos Urbanos de Jaén, SA. La frase lapidaria de Díez, "Juanfran ha sido obediente", resume la política actual: una mezcla de chantaje judicial y enchufismo de barrio, todo coordinado con la sonrisa de quien sabe que el poder no se comparte, se gestiona.
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