Crítica:
El texto es un panfleto disfrazado de noticia, centrado en la justificación de una escalada armamentística sin abordar las causas profundas de la violencia. La fuente primaria es OKDiario, lo que ya levanta sospechas.
La presencia de armas blancas se dispara: las incautaciones se multiplican un 40% desde 2019
Subfusiles para calmar los ánimos
Otros artículos
Sánchez: El fontanero y las cloacas
Mientras tú luchas por pagar la hipoteca, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil certifica lo que ya olía a hez: las anotaciones de “P.S.”, garabateadas por la fontanera del PSOE, Leire Díez, apuntan directamente a Pedro Sánchez. Sí, al mismísimo Presidente. No es un chiste, aunque lo parezca. La cosa viene por las libretas de Leire, donde se habla de defender al “hermano de P.S.”, sin nombrar a David Sánchez directamente, pero dejando la pista más clara que el sol de junio. Pero esto no es solo un asunto familiar. La UCO desvela que el plan, orquestado por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, iba más allá: desacreditar (léase “destruir”, que la UCO es muy diplomática) procedimientos judiciales, incluso los que perseguían fraudes multimillonarios en el sector de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque esos fraudes, según el PSOE, guardaban relación con sus intereses. ¡Menuda conexión! La libreta de Leire, convertida en documento oficial, revela que desestabilizar a la Guardia Civil era otra prioridad. Leire, con la astucia de quien sabe manejar una llave inglesa y un secreto, quería “trasladarle a Santi” (Santos Cerdán, claro) sus planes, pero a su manera, “si quería que saliera bien”. Porque, según ella, la prioridad de Cerdán eran los hidrocarburos, “por orden del one”. ¿Quién es “el one”? Bueno, eso ya lo puedes deducir. La cosa huele a podrido, y no precisamente a tuberías.
Zapatero: EEUU le puso la trampa
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay algo oculto entre los tomates. El 19 de mayo de 2026, mientras José Luis Rodríguez Zapatero recibía una imputación en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal (un menú para paladecer, vamos), Washington ya tenía un plan urdido. No querían que el expresidente hiciera escala en Santo Domingo camino de Caracas, sospechando que llevaba pruebas que comprometerían a ciertos intereses. Imaginen la escena: agentes del Departamento del Tesoro, como en una película de espías de serie B, esperando en el Aeropuerto Internacional Las Américas. La orden era clara: “retenerlo”. Zapatero, según fuentes cercanas al Departamento de Estado, tenía una cita con Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, los nuevos inquilinos del Palacio de Miraflores tras la caída de Maduro (cortesía de Donald Trump, nada menos). EEUU temía que Zapatero, con su “poder en la sombra” (Segundo Martínez, su exjefe de seguridad, figura como “sujeto de interés” en informes estadounidenses), estuviera intentando borrar huellas. La imputación, para Washington, fue casi un regalo del cielo, un “alivio” porque existía el temor de que la “influencia” de Zapatero en España pudiera torpedear la investigación. Todo esto, mientras la Audiencia Nacional investigaba un agujero contable y posibles fraudes fiscales. Y la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez desde 2024, observaba en silencio. La trama se complica con la Ley RICO, una herramienta legal estadounidense para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, y una lista de 64 personas investigadas por sus vínculos con el régimen chavista, donde Zapatero comparte espacio con otros dos españoles y referentes de la izquierda internacional. En resumen, un avispero que huele a petróleo, corrupción y geopolítica de alto nivel.
La Cuñada, el Músico y el Sablazo
El DAO, ese organismo que suena a agencia de espías de serie B, ha amonestado a un guardia civil. ¿Su delito? Incluir en un informe un correo electrónico de Begoña Gómez, la cuñada con contactos, destapado por OKDIARIO. Un drama mayúsculo, vamos. Mientras tú intentas que te cuadren las cuentas a fin de mes, la UCO de la Guardia Civil se dedica a investigar si una carta de recomendación para la hija de los Sánchez, fechada en 2019, es un delito. La información reservada, abierta en diciembre de 2024, buscaba determinar si exponer datos personales al público era motivo de sanción. O sea, que lo importante no es la trama en sí, sino si se hizo bien la denuncia. David Sánchez, el hermano músico de Pedro, sigue esperando sentencia por tráfico de influencias y prevaricación en Badajoz. El chiste, claro, es que usaba el correo de la Diputación para pedir favores. Y Begoña, la experta en logística, le ayudaba desde Presidencia del Gobierno. Tres correos electrónicos, todos el 28 de enero de 2019, con la hija de ambos en copia. Un intercambio de cartas de recomendación que, según la UCO, merece una amonestación verbal a un agente. En resumen, una operación de encubrimiento con olor a naftalina y un coste en tiempo y recursos que podría haber alimentado un hospital entero. La conclusión del instructor: nada que ver, pero que se amoneste al analista. Porque, claro, el problema no es la corrupción, es el papelito.
Ferraz: El Hermano del Presidente en Apuros
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece sacada de una novela de espías, ha desenterrado un nuevo capítulo en la saga interminable de las cloacas del PSOE. Y no, no es un thriller de Netflix, es la realidad, aunque a veces cueste creerlo. El hallazgo: una anotación manuscrita de Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, que vincula las iniciales “P.S.” directamente con Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo. ¿La estrategia? Buscar un abogado para el hermano de Sánchez y, de paso, intentar apartar a una jueza que se les ponía demasiado escrupulosa. La libreta, encontrada en el sótano de Ferraz, el búnker socialista, describe la posibilidad de que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada se convirtiera en acusación popular. Todo esto, mientras Joaquín Parra, un empresario con más problemas que un calcetín desparejado, actuaba como intermediario, ofreciendo información a cambio de favores. La cosa huele a podrido, como fruta olvidada en la frutería. El informe policial revela que Leire Díez estaba al tanto de todo, e incluso le comentó a Parra que contaban con “capacidad para influir en la Fiscalía”. Vamos, que la justicia, según ellos, era como un títere manejado desde el Gobierno. Y, para rematar, una anotación en la libreta de Cerdán: “Badajoz que fiscalía apoye la recusación”. ¿Casualidad? Difícilmente. En resumen, una trama digna de serie, con nombres, fechas (marzo de 2025, mayo de 2026) y un sinfín de gestiones para proteger al hermano del presidente. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, estos señores se preocupan por salvar a sus familiares y controlar el poder judicial. La UCO, con su informe de 16 testigos y diez investigados, ha puesto sobre la mesa un rompecabezas que, según ellos, solo encaja de una manera. Veremos si la justicia, esa que supuestamente es independiente, llega a la misma conclusión.
Mensajes Borrados: El PSOE en Apuros
El caso Koldo sigue dando coletazos, pero esta vez el foco lo apunta directamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La UCO, esa unidad que tanto molesta a los que prefieren que ciertas cosas queden bajo la alfombra, ha desenterrado que González activó el borrado automático de mensajes con Leire Díez, una periodista con fama de 'cloaquera' socialista, apenas dos horas antes de que se ordenara una investigación interna contra… la propia UCO. ¿Coincidencia? En el mundo del espionaje político, las coincidencias suelen ser tan sospechosas como un billete de 500 euros encontrado en el bolsillo de un político. El informe de la UCO, con sus 106 folios, detalla cómo González, a las 9:16 del 11 de mayo de 2025, puso en marcha el autodescubrimiento de mensajes con Díez, un sistema que garantiza que cualquier conversación comprometedora desaparezca sin dejar rastro en 24 horas. Menos de dos horas y media después, el DAO (Director Adjunto Operativo) estaba reunido en la cafetería de la Guardia Civil para investigar una supuesta filtración de la UCO. La ironía, si es que cabe, es que la filtración, según el propio jefe de la Policía Judicial, no provenía de la UCO. Aún así, la investigación siguió su curso… durante doce días más. La UCO ha documentado al menos tres encuentros entre González y Díez, y un intercambio de mensajes donde apostaron una comida a que las filtraciones venían de la UCO. Una apuesta que, vista ahora, parece un intento de desviar la atención. Tres investigaciones internas a la UCO en menos de un año, con números de expediente inusuales, sugieren una clara intención de desacreditar a la unidad que investiga los entresijos del poder. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz deberá decidir si toda esta maraña de mensajes borrados, reuniones secretas y expedientes inusuales son solo una serie de coincidencias desafortunadas o, como sospechan muchos, una orquestada campaña para proteger a ciertos nombres del Gobierno.
Zapatero: Joyas, Certificados y Más Prórrogas
El ex presidente Zapatero, con el agua al cuello, ha pedido otra prórroga al juez Calama. ¿El motivo? Espera, con la paciencia de un santo, a que le lleguen unos “certificados” desde países árabes que justifiquen la procedencia de sus joyas, tasadas en 1,3 millones de euros. Es decir, mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar el IRPF, alguien espera a que le certifiquen de dónde salió un pequeño detalle de más de un millón de euros. La UDEF encontró estos adornos en su despacho de Ferraz, un lugar que, según parece, era más una joyería que una oficina. Y no solo eso, el juez Calama lo acusa de liderar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, un eufemismo para decir que, presuntamente, usaba sus contactos para favorecer a amigos a cambio de… bueno, de joyas, al parecer. La primera prórroga se justificó por “la complejidad de la causa”, una excusa que suena hueca cuando lo que falta es, precisamente, justificación. Mientras tanto, el ex presidente, recluido en Las Rozas, se sincera con su entorno: “Yo ya sé que estoy condenado”. Un mea culpa tardía que, por cierto, no parece preocuparle demasiado a sus colaboradores en Oriente Próximo, que andan buscando esos preciados certificados. La cosa pinta fea, incluso para un experto en “salvada la papada”. La declaración por el rescate de Plus Ultra sigue en pie, añadiendo más leña al fuego. La trama, en resumen, es digna de una serie, pero con un sabor amargo a impunidad y a la eterna pregunta: ¿de dónde sale el dinero?
OMS: ¿Hormonas gratis para todos?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) planea, según destapa la periodista Róisín Michaux, “instruir” a los gobiernos para que incluyan la terapia hormonal trans en la sanidad pública antes de finales de junio de 2026. Mientras el ciudadano de a pie lucha por conseguir una cita con el médico de cabecera, la OMS propone crear centros de “excelencia” para formar a los profesionales, como si cambiar de sexo fuera tan rutinario como tratar la diabetes. La guía, enfocada inicialmente en adultos, busca integrar estos tratamientos en la atención primaria, y el grupo de desarrollo está plagado de activistas y clínicos con intereses previos, algunos vinculados a la prevención del VIH. ¿Casualidad? El informe Cass, tras analizar 113.269 casos de menores, ya advirtió que el auge de la disforia de género no tiene base biológica, sino psicológica y social. En otras palabras, a muchos jóvenes les da por cambiar de sexo porque tienen otros problemas, y la solución no es hormonarlos. Organizaciones como Lesbians United alertan de los efectos devastadores de los bloqueadores de la pubertad en el esqueleto, el sistema cardiovascular y hasta el sistema inmunológico. Y estudios finlandeses confirman que quienes se someten a la “reasignación de género” ven sus problemas mentales dispararse: del 9,8% al 60,7% en chicos que se sienten chicas, y del 21,6% al 54,5% al revés. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, indignada, recuerda que la OMS sacó la disforia de género de la lista de enfermedades mentales sin pruebas, y ahora quiere que los contribuyentes paguen por algo que, según ellos, no es una enfermedad. La paradoja es tan grande que duele.
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