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Hay algo profundamente poético en el hecho de que, mientras el mundo se digitaliza hasta el delirio, el español medio se aferre a sus billetes como quien guarda un secreto en el confesionario. El Banco de España lo ha dejado claro en su Estudio Hábitos en el Uso del Efectivo: el 57% de la población sigue prefiriendo el 'contante y sonante'. No es solo nostalgia por el olor a papel moneda; es una cuestión de supervivencia digital. La privacidad ha pasado de ser un detalle a convertirse en el motor del movimiento, saltando del 22% en 2025 al 29% actualmente, superando incluso a la seguridad. Mientras tanto, en las altas esferas de Frankfurt, el BCE intenta vendernos el euro digital para 2029 como la panacea contra el imperio de Visa, Mastercard y PayPal. Un proyecto que, por cierto, se va a merendar 1.300 millones de euros en costes estimados. Pero el ciudadano de a pie no compra la moto. El rechazo es frontal: el 73% de los españoles no quiere saber nada de esa moneda virtual, un aumento frente al 70% del año pasado. Solo un 18% se siente aventurero y dice que lo usará, frente al 20% anterior. Lo más curioso es que el 'efectivo rebelde' ha calado en los jóvenes. El 20% de los chavales de entre 18 y 24 años ha aumentado sus importes en metálico, probablemente hartos de que el algoritmo del banco sepa hasta cuántas bolsas de patatas compran los martes. Incluso en los pagos entre particulares, el efectivo resiste con un 58%, dejándole el camino más estrecho a Bizum, que se queda en un 38%. Y ojo a los movimientos gordos: el 17% ya mueve entre 200 y 1.000 euros en billetes, frente al 12% previo. En España, la billetera sigue siendo el último refugio de la intimidad.
En el tablero del poder madrileño, las piezas se mueven con la precisión de un reloj suizo y la ética de un casino clandestino. Francisco Martín ha decidido hacer las maletas cinco semanas antes de las generales, alegando que 'no se daban las condiciones'. Traducción: se ha quedado fuera de las listas del PSOE para el 29-N y, sin el escudo del aforamiento, prefiere no estar en primera línea mientras Vox prepara una querella por la acampada de Sol y la Audiencia Nacional husmea en Bancal de Rosal, esa asociación que financió las primarias de Sánchez en 2017. Pero el verdadero espectáculo comienza con el ascenso de Pilar Trinidad. Nombrada subdelegada el 11 de enero, Trinidad no es una desconocida en el ecosistema de Begoña Gómez. Ambas coincidieron en diciembre de 2019 en un evento del Organismo Internacional de la Juventud (OIJ) sobre cambio climático. Para el ciudadano medio, esto suena a altruismo; para el que sabe leer entre líneas, fue el puente perfecto para que la esposa del presidente expandiera sus negocios internacionales y sus cursos de sostenibilidad. Si eso no fuera suficiente, el rastro del dinero nos lleva a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Mientras nosotros contamos los céntimos para llegar a fin de mes, Trinidad estuvo vinculada a una adjudicación de 4 millones de euros para el empresario Juan Carlos Barrabés. Un sablazo considerable que salió de un fondo europeo de 12 millones gestionado por la Asociación del Deporte Español (Adesp). Lo más curioso es que la licitación se lanzó entre el 21 y el 31 de diciembre de 2023, justo cuando el país estaba distraído con el pavo y el turrón. Una ingeniería financiera diseñada a medida para el amigo de Begoña, quien, por cierto, acaba de librarse del banquillo donde sí se sentará la mujer del presidente el próximo 21 de septiembre por tráfico de influencias y malversación.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido que la prioridad nacional es el papel. Concretamente, sobres. Un millón y medio de euros en un 'contrato de emergencia' —esa palabra favorita de la administración para saltarse los trámites lentos— solo para enviar papelería al extranjero. El destino estrella es Argentina, donde planean soltar 550.000 sobres. Es una generosidad conmovedora si recordamos que en 2023 solo votaron 25.879 personas, un ridículo 8,50%. Pasar de 304.168 inscritos a una previsión de 524.852 para 2026 es un salto optimista que haría palidecer a cualquier analista financiero. Pero el verdadero sablazo viene después. Siete millones de euros más para alquilar lectores de DNI digital, porque aparentemente leer un código QR es una tecnología aeroespacial que requiere una inversión millonaria del Ministerio del Interior. Todo esto ocurre bajo la sombra de la 'ley de nietos' y la instrucción de Sofía Puente, un movimiento que ya ha puesto nerviosos al Tribunal Supremo y a colectivos como Iustitia Europea y Vox. El contraste es delicioso: por un lado, la Junta Electoral Central y el Partido Popular exigen garantías blindadas para evitar la 'ingeniería electoral'; por otro, el Gobierno activa la maquinaria para que los 2.769.645 ciudadanos del CERA —superando los 2.325.310 de 2023— participen el 29 de noviembre. Al final, nos venden una fiesta democrática global, pero la factura la pagamos nosotros, los que no tenemos un nieto en Buenos Aires pero sí un recibo de la luz que no deja dormir.
Hay momentos en los que la realidad parece un mal guion de comedia negra. Imagínense la escena: la noche del 29 de julio, el teniente coronel Miguel Lobo ve seis barcos de la Marina de Marruecos —dos patrulleras, dos interceptores y dos menores— paseándose por el límite del mar territorial. Es como ver a seis tipos con casco y botas mirando tu jardín desde la acera y pensar: 'Seguro que vienen a ayudarme a podar el césped'. Lobo avisó a Miguel Ángel Pérez Triano, el entonces delegado del Gobierno, pero el aviso cayó en un saco roto de silencio institucional. Cuando el 30 y 31 de julio estalló la entrada masiva, la gestión fue un festival del caos. Mientras en el Gobierno hablaban de 'hechos puntuales', la Armada tuvo que enviar una fragata para que los vecinos no se sintieran demasiado cómodos en nuestras aguas. Pero lo más surrealista ocurrió en la playa del Tarajal. Un vídeo captó a Lobo y al exinspector Lorenzo Juan Fages discutiendo por una puerta. La 'famosa puerta', que según Lobo siempre está abierta, se convirtió en el centro de una pelea de patio de colegio mientras miles de personas llegaban a la costa. Lobo decidió mantenerla abierta para evitar un tapón humano y muertes por ahogamiento, asumiendo él el marrón porque, según declara ante la juez María Tardón, no recibió ni una sola instrucción de arriba. Ni una. El exdelegado Pérez Triano se limitó a sorprenderse cuando le avisaron de que la Policía Nacional había disparado al aire. Una gestión basada en la improvisación y el 'ya veremos', mientras el Ministerio de Defensa ahora tiene que explicarle a la Audiencia Nacional qué hacían esos buques allí. Al final, el coste de este 'malentendido' no se mide en euros, sino en una vulnerabilidad expuesta que hace que la seguridad nacional parezca gestionada por un grupo de WhatsApp con el modo avión activado.
Hay que tener una fe ciega en el mercado de segunda mano o una incapacidad matemática alarmante para dedicarse a la delincuencia profesional. En el polígono industrial de Buñol, un sujeto de 38 años decidió que la noche era el momento ideal para hacer 'inventario' ajeno. El resultado es una comedia de errores financieros: el individuo dejó un rastro de cristales rotos y daños valorados en 5.000 euros para llevarse un botín que apenas roza los 2.100 euros. Básicamente, el tipo gastó más en romper que en lo que pudo vender. Es como pagar una entrada de lujo para un concierto y que el artista solo cante una canción de tres minutos. Entre el 9 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, el polígono se convirtió en su patio de juegos. Su técnica era rudimentaria, casi artesanal: fracturar ventanillas y berharap que hubiera algo decente en el salpicadero. Al final, la Guardia Civil puso fin a su particular gestión de activos con una detención que llega tarde para los ocho propietarios afectados, pero justo a tiempo para evitar que el balance contable del delincuente siguiera en números rojos. La historia se repite con una puntualidad suiza. Ya en agosto de 2024, otro joven de 25 años hacía lo mismo en Oliva, usando piedras de gran tamaño para acceder a siete vehículos. Parece que hay una escuela de 'estética del cristal roto' en la provincia de Valencia donde el currículum incluye romperlo todo y llevarse calderilla. Mientras el ciudadano medio se piensa tres veces si puede permitirse cambiar un neumático, estos ingenieros del caos operan con una generosidad destructiva que deja a los seguros con la boca abierta y a las víctimas con un agujero en la ventanilla y el corazón encogido.
Hay una mística casi religiosa en el lenguaje político: esa capacidad de pedir sacrificios ajenos mientras se acomodan los cojines del propio sofá. Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, se ha puesto la capa de salvador social el pasado 29 de septiembre, soltando que la propiedad privada debe cumplir una 'función social'. Una frase preciosa, de esas que quedan muy bien en los comunicados oficiales, pero que suena a chiste de mal gusto cuando revisas el inventario de su despensa inmobiliaria. Según el documento registrado en el Senado el 24 de julio de 2026, el senador no se anda con chiquitas. Tiene cuatro viviendas: tres en Sevilla y una en Cádiz. Mientras la generación Z intenta alquilar un zulo compartiendo baño con tres desconocidos, Espadas ha ido coleccionando llaves desde 1993, cuando compró la primera en Sevilla, seguida de otra en 1997 en la misma ciudad y una tercera en Cádiz en 2010. La cuarta, una herencia de 2020 en Sevilla, llegó para cerrar el póker. Porque claro, la 'función social' es un concepto elástico que se estira según quién sostenga la escritura. Pero el lujo no se queda en los ladrillos. El senador se desplaza en un BMW 530 del año 2024, un coche que probablemente tiene más tecnología que el sistema de gestión de alquileres de media ciudad. Y para que no haya sustos en el retiro, ha blindado su futuro con casi 100.000 euros en planes de pensiones: 56.604 euros en un plan general, 34.959 euros en el Plan Universal de la Abogacía y otros 7.171 euros del propio Senado. En el balance final, solo queda una deuda hipotecaria por la casa de Cádiz (comprada por 260.000 euros), de la cual solo debe 23.459 euros. Es la aritmética del poder: predicar la redistribución desde la comodidad de un patrimonio diversificado y un coche de gama alta.
Resulta fascinante cómo pasamos de la geopolítica de alta intensidad a la realidad del barrio en un abrir y cerrar de ojos. Al principio, el guion parecía sacado de una serie de espías: ¿Será el Kremlin? ¿Habrá una operación de desestabilización rusa moviendo los hilos desde Moscú? Los Mossos d’Esquadra, tras analizar el caos del sábado en Barcelona, han cerrado el libro de las teorías conspirativas. No hay Putin, no hay agentes secretos, ni siquiera hay una agenda antisistema coordinada. Lo que hay es 'violencia por la violencia', o traducido al lenguaje de la calle: ganas de romper cosas y llevarse lo que brille sin pagar el ticket. El balance es un espejo de la improvisación: 130 detenidos, de los cuales más de la mitad son menores de edad. De esos 76 chavales, 70 ya están en casa, probablemente contando los botines mientras el sistema judicial hace malabares con la puerta giratoria. La demografía del desastre es clara: mayoría de origen extranjero, especialmente magrebí, y una ausencia sospechosa de antecedentes policiales. Básicamente, gente que no sabía que era ilegal entrar en una tienda sin pasar por caja. Lo más irónico es el envoltorio. Algunos perfiles independentistas sirvieron de altavoz, pero el mensaje se diluyó rápido. Ahora, más de 70 cuentas de TikTok intentan vender la moto para repetir 'lo de Francia' en Madrid y otras 11 ciudades. Usan el nombre 'Blocus' como quien usa una marca de ropa barata para parecer moderno, mezclando en los carteles desde la precariedad laboral hasta la lucha contra Vito Quiles o el PP y Vox. Es un menú degustación de agravios sociales usado como excusa para el saqueo. Mientras los carteles hablan de 'dignidad' y 'menos precios', la realidad es que el único objetivo es el escaparate. La policía, mientras tanto, mira con nervios el 11 de noviembre y la huelga general, sabiendo que el disfraz de protesta es la mejor cortina de humo para el vandalismo puro.
Hay quien confunde el espíritu de Halloween con un cupón de descuento para el vandalismo. Mientras el ciudadano medio se pelea con el precio de una calabaza de plástico, el grupo de Telegram 'Blocus-BCN 31oct' ha decidido que la mejor forma de celebrar el 31 de octubre es convertir Barcelona en un escenario de guerra. La consigna es tan simple como cínica: máscaras, guantes y un hambre voraz de 'tiendas grandes de valor'. No es una fiesta de disfraces, es una estrategia de 'operativo guapo' para arruinar la ciudad hasta que alguien, presumiblemente alguien con un cargo muy alto, les preste atención. La hipocresía es el plato fuerte. Se llenan la boca hablando de no atacar a 'currantes', pero proponen linchar a los Mossos d'Esquadra en grupos de veinte personas para dejarlos desnudos y humillados. Un romanticismo revolucionario que huele a rancio. Mientras tanto, en Madrid, el Sindicato de Estudiantes juega a los bomberos al revés, debatiendo cómo hacer que Apple, Starbucks y el Ayuntamiento ardan siguiendo el manual de estilo de los disturbios de París. Es el 'estilo Francia' importado para el consumo local. Los datos no mienten, aunque los vándalos intenten maquillarlos. El pasado sábado ya tuvimos el tráiler: 450 identificados y 130 detenidos (de los cuales 76 son menores que probablemente creen que esto es un nivel de GTA), 23 comercios saqueados y treinta incendios que los bomberos tuvieron que apagar mientras el resto intentábamos llegar a casa. Todo coordinado a través de TikTok, que sirve de anzuelo, y Telegram, que hace de centro de mando. Una red de perfiles efímeros que moviliza a adolescentes sin militancia, solo con ganas de romper cosas y la fantasía de que, si gana la derecha, la solución lógica es quemar el país entero.
Bilbao ha vuelto a jugar al fuego, y esta vez el tablero fue la Avenida Lehendakari Agirre. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para pagar el alquiler, un grupo de encapuchados decidió que la mejor forma de pasar el lunes 26 de octubre era convirtiendo el barrio de Deusto en una barbacoa urbana. No fue una chispa aislada; fue el despliegue coreografiado de la kale borroka, que transformó las inmediaciones de la Universidad de Deusto en un escenario de guerra simulada con piedras, pirotecnia y contenedores ardiendo. Lo más fascinante es el contraste: una pasividad policial que parece sacada de un manual de 'no molestar'. Los radicales, vestidos de negro como si fueran a un funeral de la convivencia, incendiaron al menos doce vehículos aparcados. Doce coches que pasaron de ser un medio de transporte a ser cenizas en cuestión de minutos, un sablazo patrimonial que nadie pagará excepto el dueño y su seguro. En la calle Francesc Maciá, el menú fue un contenedor de obra; en la Lehendakari Agirre, varios contenedores de basura. Este guion es un 'remake' barato de lo ocurrido el 15 de octubre en Pamplona, donde el parque de Yamaguchi y las zonas de Ermitagaña y San Juan sufrieron el mismo tratamiento de barricadas y botellas. La diferencia es que, mientras en Pamplona la Policía Nacional y la Foral miraban el despliegue sin evitar la revuelta, en Bilbao el Departamento de Seguridad presume de 16 detenidos. Dieciséis nombres en un acta policial para intentar maquillar una noche donde el caos fue el verdadero protagonista y el silencio de ciertos dirigentes de izquierdas el combustible perfecto.
El Ministerio del Interior ha decidido combatir la violencia callejera con la sutileza de un bote de spray pimienta. Fernando Grande-Marlaska, en un alarde de generosidad táctica, ha dotado a los agentes de los modelos RASS Stream 88 MK3 y MK9. Para el policía que está en el ojo del huracán, esto es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: el aparato solo alcanza a una persona y exige una distancia de tres metros. Básicamente, el agente debe sacar una cinta métrica mientras recibe un botellazo para asegurarse de que no infringe el protocolo. La realidad en la calle es un catálogo de agresiones. En las últimas semanas, una treintena de policías han acabado heridos. El pasado 4 de octubre en Valencia, 9 antidisturbios fueron el blanco de radicales por la vivienda; el 12 de octubre en Sol, una turba pateó a un agente hasta que sus compañeros lo rescataron. Y el colofón llegó el sábado en Barcelona, con 15 heridos, cuatro de ellos graves, en disturbios orquestados por la plataforma anónima Blocus. Mientras tanto, el Gobierno despliega la misma 'estratégia' en Ceuta con los militares. Es una gestión que huele a parche barato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Ana María Alarcón a la cabeza, no oculta su escepticismo. No piden milagros, sino medios operativos reales y que el miedo a un expediente disciplinario no paralice al agente. Resulta paradójico que, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista y el Ministerio advirtiendo de atentados yihadistas el viernes pasado, la respuesta sea un spray que, si sopla el viento, puede dejar al propio policía cegado. El protocolo del 19 de octubre, firmado por José Luis Santafé, parece escrito en un despacho con aire acondicionado, muy lejos de los 76 menores que, de los 130 detenidos en Barcelona, demostraron que la Ley Orgánica 5/2000 se ha quedado corta frente a la planificación del crimen organizado.
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Xavier Domínguez