Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste básico entre discurso y patrimonio. Le falta profundidad al no cuestionar si esas viviendas están vacías o alquiladas, limitándose a la enumeración de bienes.
Juan Espadas demanda que la propiedad privada "cumpla su función social" con tres viviendas en Sevilla y una en Cádiz
Espadas: función social y cuatro casas
Otros artículos
Aviso ignorado: barcos marroquíes y caos total
Hay momentos en los que la realidad parece un mal guion de comedia negra. Imagínense la escena: la noche del 29 de julio, el teniente coronel Miguel Lobo ve seis barcos de la Marina de Marruecos —dos patrulleras, dos interceptores y dos menores— paseándose por el límite del mar territorial. Es como ver a seis tipos con casco y botas mirando tu jardín desde la acera y pensar: 'Seguro que vienen a ayudarme a podar el césped'. Lobo avisó a Miguel Ángel Pérez Triano, el entonces delegado del Gobierno, pero el aviso cayó en un saco roto de silencio institucional. Cuando el 30 y 31 de julio estalló la entrada masiva, la gestión fue un festival del caos. Mientras en el Gobierno hablaban de 'hechos puntuales', la Armada tuvo que enviar una fragata para que los vecinos no se sintieran demasiado cómodos en nuestras aguas. Pero lo más surrealista ocurrió en la playa del Tarajal. Un vídeo captó a Lobo y al exinspector Lorenzo Juan Fages discutiendo por una puerta. La 'famosa puerta', que según Lobo siempre está abierta, se convirtió en el centro de una pelea de patio de colegio mientras miles de personas llegaban a la costa. Lobo decidió mantenerla abierta para evitar un tapón humano y muertes por ahogamiento, asumiendo él el marrón porque, según declara ante la juez María Tardón, no recibió ni una sola instrucción de arriba. Ni una. El exdelegado Pérez Triano se limitó a sorprenderse cuando le avisaron de que la Policía Nacional había disparado al aire. Una gestión basada en la improvisación y el 'ya veremos', mientras el Ministerio de Defensa ahora tiene que explicarle a la Audiencia Nacional qué hacían esos buques allí. Al final, el coste de este 'malentendido' no se mide en euros, sino en una vulnerabilidad expuesta que hace que la seguridad nacional parezca gestionada por un grupo de WhatsApp con el modo avión activado.
Marlaska da sprays: ¿defensa o broma?
El Ministerio del Interior ha decidido combatir la violencia callejera con la sutileza de un bote de spray pimienta. Fernando Grande-Marlaska, en un alarde de generosidad táctica, ha dotado a los agentes de los modelos RASS Stream 88 MK3 y MK9. Para el policía que está en el ojo del huracán, esto es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: el aparato solo alcanza a una persona y exige una distancia de tres metros. Básicamente, el agente debe sacar una cinta métrica mientras recibe un botellazo para asegurarse de que no infringe el protocolo. La realidad en la calle es un catálogo de agresiones. En las últimas semanas, una treintena de policías han acabado heridos. El pasado 4 de octubre en Valencia, 9 antidisturbios fueron el blanco de radicales por la vivienda; el 12 de octubre en Sol, una turba pateó a un agente hasta que sus compañeros lo rescataron. Y el colofón llegó el sábado en Barcelona, con 15 heridos, cuatro de ellos graves, en disturbios orquestados por la plataforma anónima Blocus. Mientras tanto, el Gobierno despliega la misma 'estratégia' en Ceuta con los militares. Es una gestión que huele a parche barato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Ana María Alarcón a la cabeza, no oculta su escepticismo. No piden milagros, sino medios operativos reales y que el miedo a un expediente disciplinario no paralice al agente. Resulta paradójico que, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista y el Ministerio advirtiendo de atentados yihadistas el viernes pasado, la respuesta sea un spray que, si sopla el viento, puede dejar al propio policía cegado. El protocolo del 19 de octubre, firmado por José Luis Santafé, parece escrito en un despacho con aire acondicionado, muy lejos de los 76 menores que, de los 130 detenidos en Barcelona, demostraron que la Ley Orgánica 5/2000 se ha quedado corta frente a la planificación del crimen organizado.
Clases modo 'guardería' y venta de merchandising
Hay una línea muy fina entre enseñar pensamiento crítico y convertir el aula en el despacho de marketing de un sindicato. En la Comunidad de Madrid, algunos docentes han decidido que los servicios mínimos —esos que deberían servir para que los chavales no se quemen el instituto mientras los adultos pelean— son el escenario ideal para un 'pitch' de ventas ideológico. Imagínate la escena: el profesor, en lugar de repasar el álgebra, proyecta un PowerPoint de 21 diapositivas titulado «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?». Básicamente, un álbum de vacaciones políticas con fotos de piquetes y cortes de tráfico en Gran Vía y Cibeles. Lo más surrealista no es el intento de 'remover conciencias' usando el tiempo pagado por el contribuyente, sino el despliegue comercial. A los alumnos, menores de edad, se les invita a seguir cuentas de TikTok y, ojo al dato, a comprar merchandising para alimentar la 'caja de resistencia'. Es como si el profesor de historia, entre ecuación y ecuación, te intentara encasquetar una camiseta del equipo rival para pagar la cuota del club. Todo esto mientras la Ley Orgánica del Derecho a la Educación pide a gritos una 'neutralidad ideológica' que aquí ha pasado más desapercibida que un lunes de dieta. Los datos no mienten: la huelga, que arrancó el 14 de octubre, se apoya en gráficas de 'Menos Lectivas' y el respaldo de CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera. Mientras tanto, la consejera Mercedes Zarzalejo es presentada como la 'jefa' malvada en un vídeo, y los servicios mínimos —regulados por la Orden 4252/2026 del 9 de octubre— se reducen a un 'modo guardería' donde no se avanza materia. Un profesor por cada 90 alumnos de ESO es la cifra oficial, pero parece que el ratio de adoctrinamiento es mucho más eficiente.
Vender miedo: el negocio 'nieto' de Arevalillo
Hay quien vende seguros de vida basándose en el miedo al apocalipsis, y luego está David Arevalillo. El fundador de A&A Estudio Jurídico descubrió que el pánico es el mejor motor de ventas, y decidió convertir a Alberto Núñez Feijóo en el 'coco' de los latinoamericanos. En diciembre de 2022, Arevalillo se paseó por las ondas de Unión Radio Noticias en Venezuela no para dar una clase de derecho, sino para lanzar un anzuelo dorado: 'corran, que Feijóo viene a derogar la Ley de Nietos'. Es el marketing del terror en estado puro. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no le deje en la calle, Arevalillo utilizaba la amenaza de un cambio de gobierno para que los bisnietos de españoles se apresuraran a contratar sus servicios. Todo bajo el paraguas de la instrucción de Sofía Puente, que abría la puerta a una interpretación tan extensiva que casi cualquier ancestro servía para obtener el pasaporte. El despacho prometía respuestas en 24 horas y 'comodines' para deducir datos de abuelos desaparecidos; básicamente, una ingeniería de expedientes para agilizar el sueño europeo. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos el árbol genealógico del poder. Arevalillo es el marido de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y, para rematar el cuadro, procesada por malversación en el asunto del software para pymes de la Complutense. Una familia donde el asesoramiento público y el negocio privado parecen bailar el mismo tango. Al final, cuando la luz se encendió y el diario preguntó, el abogado cambió el discurso: dice que apenas gestionó solicitudes, a pesar de que sus redes sociales parecían un catálogo de ofertas de nacionalidad. Acto seguido, el perfil de A&A Estudio Jurídico desapareció más rápido que una promesa electoral.
Ley de Nietos: un millón de 'exiliados' fantasma
Hacer cuentas en España se ha vuelto un deporte extremo, pero los números del Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS son, sencillamente, un chiste de mal gusto. La Ley de Memoria Democrática, diseñada para sanar heridas, ha terminado siendo un buffet libre de pasaportes. El caso de Argentina es la joya de la corona: mientras que el exilio real por la guerra civil en ese país fue de apenas 2.500 a 3.000 personas, el Gobierno se encuentra ahora gestionando cerca de un millón de solicitudes de nacionalización. Es una matemática creativa que haría palidecer a cualquier contador de barrio; pasar de 3.000 exiliados a un millón de 'nietos' es como comprar un ticket de lotería y pretender que te den el premio mayor multiplicado por mil. La ingeniería detrás de este despliegue tiene nombre y apellido: una instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente. Básicamente, se decidió que cualquier persona que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 era, por defecto, un exiliado. No importaba si se iba a montar un negocio de tapas en Buenos Aires o a buscar suerte en el campo; con salir del mapa bastaba. Esta 'puerta giratoria' ha inflado la cifra de potenciales nuevos españoles hasta los 2,45 millones, lo que supondría un 6,5% de la población autóctona actual, frente al ridículo 0,8% que representaba el exilio real en 1939. El Tribunal Supremo, que no compra este cuento, ya ha puesto el freno de mano suspendiendo los efectos electorales para quienes no prueben el exilio político. Mientras tanto, la Abogacía del Estado juega al despistado, alegando que es 'imposible' filtrar los expedientes de los 163.020 electores del CERA antes del 29 de noviembre. En resumen: una gestión que confunde la memoria histórica con una campaña de marketing para inflar el censo.
Bigotes postizos y WhatsApps: el Delcygate real
Hay quienes viajan a Madrid para hacer turismo o cerrar negocios, y luego está Jorge Rodríguez, que convirtió la capital en su propio set de rodaje de espionaje barato. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en el súper, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela aterrizaba en la Terminal Ejecutiva de Barajas en avión privado, jugando al escondite con un bigote postizo y una gorra para que los opositores no le montaran un escrache. Tres viajes en el último trimestre de 2019, tres despliegues de lujo en el barrio de Salamanca y cenas en El Paraguas que costarían el alquiler de un piso entero en cualquier barrio obrero. La ingeniería financiera era el plato fuerte: gestionar las deudas de Venezuela con empresas como Duro Felguera mientras se fingía diplomacia de paz con mediadores noruegos y el diplomático Dag Nylander. Pero lo verdaderamente surrealista ocurre en la mesa de un restaurante, entre cervezas y patatas, donde Jorge se encontró con José Luis Ábalos. Una charla informal que terminó en un WhatsApp institutional donde Pedro Sánchez, con la despreocupación de quien aprueba una compra de Amazon, respondió un «bien» para autorizar la entrada de Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020, ignorando que la vicepresidenta tenía sanciones de la Unión Europea vigentes. El despliegue fue total: Airbnb de lujo en el Retiro, chóferes privados y escolta del Ministerio del Interior, bajo la mirada de un comisario de confianza, Jesús María Gómez Martín, que terminó siendo premiado con la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Canarias. Todo coordinado con la precisión de un reloj suizo, pero con la ética de un casino clandestino. Al final, la diplomacia de paz acabó en nada, pero el lujo y los favores políticos quedaron grabados en el libro de cuentas de la hipocresía oficial.
PSOE Ceuta cambia caballo para el Senado
En la política, como en los alquileres de temporada, cuando algo no convence, se cambia el inquilino rápido y sin dar demasiadas explicaciones. El PSOE de Ceuta ha decidido que Josemi Romero ya no es la pieza que encaja en el puzzle para el Senado y, en un movimiento que llaman 'giro estratégico' para las elecciones del 29 de noviembre, le han pedido que haga las maletas del liderazgo. La nueva apuesta es Abdelah Mustafa, un perfil del Frente Amplio que, según la nota de prensa —esa literatura optimista que siempre huele a despacho nuevo—, es un líder vecinal con trayectoria de servicio. Básicamente, han pasado de la teoría del partido a la práctica del barrio. Lo más fascinante es la narrativa. Sandra López Cantero, portavoz de la Gestora, lo vende como un 'acuerdo histórico' y lo compara con cambios realizados en otras 45 provincias. Es la clásica técnica de 'si todos lo hacen, no es un parche, es una estrategia'. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no sea un deporte de riesgo, el PSOE diseña un 'gran frente de progreso' para frenar a la derecha y la ultraderecha, calificando su programa de 'nocivo' para la ciudad. Josemi Romero, en un alarde de generosidad que rara vez se ve en las colas del supermercado, ha aceptado ceder el testigo alegando que los personalismos no pueden estar por encima de Ceuta. Un gesto noble, o quizás la comprensión de que el viento sopla hacia otro lado. Ahora es Abdelah Mustafa quien asume el reto con 'humildad', prometiendo articular un bloque contra el odio y la exclusión. Al final, el tablero se mueve, los nombres cambian y la maquinaria electoral sigue girando, esperando que el votante compre que este cambio de caballo a mitad del río es, en realidad, un salto cuántico hacia el progreso.
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