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España enfrenta un creciente problema con el fentanilo en sus prisiones debido a su fácil introducción y bajo precio. El fentanilo, popular en EE. UU. desde 2023 con 80.000 sobredosis mensuales, ahora se introduce en prisiones españolas por carta o dron. Una tira cuesta 8€. Los opiáceos están presentes en cárceles españolas según fuentes penitenciarias. La droga se impregna en papel y se cuela por correo. Cuando se combina con cocaína, crea 'droga caníbal', provocando estados de inconsciencia y comportamientos violentos. Los funcionarios han reportado incidentes graves, como un preso mordiendo sus brazos. Además de la droga, el sistema penitenciario tiene otras fallas: castigos ineficaces como 'privación de paseos' y falta de protección para funcionarias ante agresiones sexuales. Más del 90% de reclusos son hombres, mientras que el número de funcionarias supera el 30% y sigue aumentando, generando situaciones incómodas y riesgos para ellas. Las agresiones sexuales dentro de la prisión no se consideran como tales, a diferencia de lo que ocurre fuera.
La administración estadounidense posee 'pruebas sólidas' que implican a José Luis Rodríguez Zapatero y otros exmiembros de gobiernos españoles en delitos relacionados con la dictadura venezolana. Fuentes cercanas a Washington indican que tienen un volumen considerable de información sobre Zapatero y sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Estas pruebas incluyen conversaciones y negocios sospechosos. Además, otros políticos españoles podrían estar involucrados. Estas revelaciones coinciden con la carta de Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolana, quien se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU. y ofreció colaborar con la justicia estadounidense. Carvajal, hombre de confianza de Hugo Chávez, ocupó cargos importantes en la estructura de poder venezolana y tiene información sobre secretos de Estado y acuerdos extraoficiales. Zapatero ha sido un apoyo clave del chavismo y se sospecha que su mediación en la política venezolana podría haber generado ingresos millonarios para él y contratos para la empresa de sus hijas.
El Ministerio de Igualdad, liderado por Ana Redondo, tiene un presupuesto anual de casi 500 millones de euros. De esta cantidad, 934.698,8 euros se destinan anualmente a los sueldos de los 12 miembros de su cúpula directiva. En 2024, Ana Redondo percibió 89.275,52 €. Otros altos cargos superan los 100.000 euros anuales: la secretaria de Estado de Igualdad (130.473,83 €), la Directora General de Igualdad de trato y Diversidad étnico (105.063,04 €), el Director General de Igualdad real y efectiva de personas LGTBI+ (105.063,04 €) y el secretario general técnico de Igualdad (104.188,89 €). La Directora General de la Delegación del Gobierno de Igualdad cobra 108.688,53 € y el subsecretario de la cartera, 124.493,73 €. La directora de gabinete de la ministra percibe 80.423,72 € y la directora del Instituto de las Mujeres, 65.036,83 €. El Instituto de las Mujeres ha elaborado un informe sobre el término 'Charo', utilizado en redes para denominar a mujeres de izquierdas vinculadas a la política y al feminismo, con el objetivo de analizar la violencia y el machismo en entornos digitales.
El PSOE enfrenta múltiples escándalos sexuales que afectan su imagen feminista. El suegro de Pedro Sánchez explotaba prostíbulos, lo que genera un conflicto de intereses. Casos como el de Francisco Salazar, alias 'El Guarro', José Luis Ábalos y Antonio Navarro demuestran la ineficacia del partido para abordar las denuncias por acoso. El PSOE carece de autoridad y protocolos efectivos, lo que paraliza las investigaciones hasta que saltan a la prensa. Históricamente, el partido ha protegido a sus miembros involucrados en escándalos sexuales y de corrupción. Figuras como Carmen Calvo, Adriana Lastra y Maritxa Ruiz Mateos fueron apartadas tras conocer comportamientos inapropiados de compañeros. El caso de 'Tito Berni' y los pagos de Fernando Villén en burdeles con fondos públicos revelan una cultura de impunidad dentro del partido. Líderes como Alberto Núñez Feijóo critican duramente al PSOE por su hipocresía y falta de acción.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó el 6 de diciembre de 2025 la publicación íntegra de una conversación filtrada entre directivos del Hospital de Torrejón de Ardoz. Afirmó que esto permitiría a todos extraer conclusiones y calificó la situación de 'pugna entre directivos'. El hospital está sujeto a 40 inspecciones anuales y una nueva inspección se abrió esa semana. Ayuso defendió la sanidad madrileña y criticó al Gobierno central por intentar 'elevar a crisis mundial' la situación y tapar presuntas corrupciones. También agradeció el trabajo de los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón y advirtió que cualquier intento de utilizar la sanidad para negocios tendrá 'respuesta contundente'. La dirigente madrileña denunció una estrategia de Moncloa para culpar a comunidades gobernadas por el PP y ocultar sus propios errores de gestión.
El consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmó en una reunión el 25 de septiembre que están dispuestos a continuar con el proyecto del Hospital de Torrejón 'aunque la rentabilidad sea cero'. El audio completo revela que Gallart buscaba 'imaginación' para identificar procesos 'no contributivos' para el EBITDA, es decir, desechar actividades 'poco rentables'. Tras la publicación de El País, Ribera Salud apartó a Gallart de la gestión y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid convocó una reunión urgente y envió un equipo multidisciplinar. Las autoridades no han detectado 'incumplimientos del contrato concesional' ni pruebas de vulneración de derechos de pacientes. La Comunidad de Madrid se reunirá el 10 de diciembre con Ribera Salud para abordar la situación. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha prometido actuar 'con contundencia' y erradicar 'cualquier mala práctica'. La Consejería de Sanidad realiza controles continuos con alrededor de 40 auditorías anuales sin detectar irregularidades.
El Ayuntamiento de Palma y factores meteorológicos han conseguido disuadir a inmigrantes de cargar sus móviles en farolas de la Plaza de España. La medida incluye elevar cajetines a más de 3 metros y presencia policial 24 horas. Con temperaturas bajas, el grupo de inmigrantes subsaharianos ha abandonado la zona. La farola está a 10 metros de la estatua de Jaime I El Conquistador y a 50 metros del convento que da de comer a necesitados. Otros ayuntamientos como Alcúdia ofrecen puntos de carga públicos. En Palma, los autobuses de la EMT permiten recargar móviles, pero requieren Tarjeta Ciudadana para uso gratuito. La solución en Plaza de España no requería documentación. La práctica ha cesado en semanas con estas medidas.
Expertos en el foro Economía Sumergida en Murcia organizado por OKDIARIO destacaron que el exceso de fiscalidad ahoga a empresarios y autónomos. Francisco Casado Cerrato, presidente de ATA Murcia, afirmó que muchos autónomos están abocados a la economía sumergida para sobrevivir. Casado solicitó simplificar la tarea administrativa para los autónomos y eliminar trabas. Santiago Martínez Gabaldón, presidente de FECOAM, defendió que las cooperativas evitan la economía sumergida al no tener trabajadores en situación irregular. Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, destacó que Murcia es la única región donde los emprendedores no pagan cuota a la Seguridad Social los dos primeros años. La herramienta de facturación recientemente aplazada fue criticada por ser una herramienta de control y vulnerar la privacidad. La imposición fiscal excesiva y el control digital fueron denunciados como trabas para los autónomos. ATA Murcia y CEOE fueron excluidas de la mesa de negociación por la ministra de Trabajo, lo que fue calificado de 'disparate casi inconstitucional'.
El Gobierno Vasco ha concedido una beca de 23.000 euros para un estudio que analiza los factores que desincentivan el uso de la bicicleta entre las mujeres en las grandes ciudades. El estudio, titulado 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas. Diagnóstico participativo con perspectiva de género', fue realizado por Laura Latorre Hernando y Guillermo Vera Idoate. Identifica la 'masculinización de los establecimientos ciclistas' y la 'violencia motorizada y machista en el espacio público' como barreras significativas. Entre los comportamientos machistas destacados se incluyen 'la necesidad de adelantarles', 'el hostigamiento por ir más lentas' y 'la conducción agresiva e imprudente' por parte de hombres ciclistas. Además, se culpa a los 'trabajadores de reparto, mayoritariamente hombres', por generar tensión debido a la velocidad exigida en su trabajo. El estudio se basa en entrevistas y relatos de mujeres usuarias de la bicicleta como transporte urbano. El Gobierno Vasco, liderado por Imanol Pradales, destina anualmente 69.999 euros a estas ayudas a través de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer.
La Guardia Civil de Huelva enfrenta el narcotráfico con una furgoneta cedida de más de 20 años. La patrulla fiscal vigila 120 km de costa y lleva medio año sin vehículo propio. Fernando Grande-Marlaska destaca en la lucha contra el narcotráfico pese a la falta de medios. La asociación Independientes de la Guardia Civil denuncia la falta de recursos y la antigüedad de los vehículos. La unidad de Huelva recibió una furgoneta de más de 20 años como solución temporal. Los agentes consideran que el vehículo no reúne las condiciones adecuadas para garantizar un servicio de calidad. El vicepresidente de la IGC, Daniel Fernández, critica la desproporción entre los medios de la narcoindustria y los recursos de la Guardia Civil. La Guardia Civil de Huelva necesita más vehículos y personal para combatir el narcotráfico. La comandancia de Huelva solicitó más vehículos, pero la adjudicación depende del crédito presupuestario disponible. La IGC insiste en que los guardias civiles necesitan ventaja tecnológica, personal especializado y respaldo político firme. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emite mensajes autocomplacientes que no reflejan la realidad operativa. La presión de trabajo de los guardias civiles es constante y creciente. La Guardia Civil vigila desde la desembocadura del Guadalquivir hasta casi el límite con Portugal.
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Cristian Sanz