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El censo electoral se ha convertido en el nuevo tablero de Monopoly donde las reglas parecen escritas con lápiz y goma. Resulta fascinante que, mientras en Galicia —tierra de emigrantes por excelencia— el voto exterior apenas crezca un 10 %, en Madrid la cifra se haya disparado más de un 30 %. Estamos hablando de que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en la capital ha pasado de 141.815 personas en las generales de 2023 a casi medio millón actualmente. Un salto así no es un error de cálculo; es un salto acrobático. El truco está en el concepto de 'arraigo'. Según la normativa, quien nunca ha pisado España pero tiene el pasaporte puede inscribirse donde tenga más vínculos o donde sus ascendientes estuvieran. Es el equivalente administrativo a decir que te sientes 'de barrio' porque tu bisabuelo una vez compró un periódico en la Puerta del Sol. Un criterio tan etéreo que comprobarlo es como intentar atrapar humo con las manos. El Partido Popular, que sabe que en Madrid un solo escaño puede cambiar el destino del país —como ocurrió el 23 de julio de 2023, cuando el voto CERA movió la balanza y obligó a Junts a salvar la investidura de Pedro Sánchez—, ha encendido las alarmas. No solo cuestionan el aumento global de 2.736.522 votantes fuera de nuestras fronteras desde 2023, sino que apuntan el dedo a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Para rematar la faena, la gestión de estos expedientes se ha externalizado a empresas como INECO y a PALCO, una entidad pública de la dictadura cubana. Delegar la integridad del censo en manos externas, bajo una instrucción firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, es como dejar las llaves de tu casa a un desconocido y esperar que no se lleve la televisión. El PP ahora pide explicaciones, pero en la política actual, las respuestas suelen llegar con el mismo retraso que un tren de cercanías en hora punta.
Conducir hoy en día es jugar a la ruleta rusa con el asfalto. Mientras nos venden la seguridad vial como un mantra y nos multan por un parpadeo distraído, la realidad es que nuestras carreteras parecen el escenario de una película postapocalíptica. La Asociación Española de la Carretera soltó la bomba en julio de 2025: tenemos un agujero contable de más de 13.000 millones de euros en mantenimiento. Para que nos entendamos, es como si intentaras mantener una casa entera con el presupuesto de un chicle; al final, el techo se te cae encima y te sorprendes. La Comisión de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que son los que realmente se manchan las botas en la cuneta, ya no pueden más. Denuncian que los reventones de neumáticos por socavones han pasado de ser anécdotas a ser el pan de cada día. Lo más cínico es el contraste: los veranos pasados, al menos, veías a algún operario parcheando el desastre. Este año, el silencio es sepulcral. No hay fondos, no hay manos, no hay nada. Se han limitado a poner un cartelito junto al bache para que no te lleves la sorpresa del siglo, lo cual es como poner una tirita en una fractura expuesta. El abandono no es solo el asfalto que se desintegra; es una señalización tan deteriorada que conducir se ha vuelto un ejercicio de adivinación. La AUGC es tajante: es una hipocresía monumental culpar siempre al 'factor humano' cuando el camino es una trampa mortal. Mientras los agentes pierden tiempo asistiendo pinchazos evitables, la seguridad vial se convierte en un eslogan vacío. Al final, el coste de este ahorro presupuestario no se mide en euros, sino en vidas que se pierden por un bache que nadie quiso arreglar.
El Gobierno ha decidido jugar al Monopoly con la vida real y el tablero está empezando a arder. La idea de lanzar una nueva prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler suena muy bien en un mitin, pero en la calle se traduce en un pánico inmobiliario que huele a cerrado por vacaciones permanentes. Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices, lo tiene claro: la incertidumbre es el peor enemigo. Cuando el Estado decide cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, el propietario medio no se pone reflexivo, se pone a la defensiva. Estamos ante la paradoja del 'beneficio que castiga'. Mientras se intenta blindar al inquilino, los dueños de los pisos, asustados por quedar atrapados en un limbo legal, están adelantando el 'no' a las renovaciones. Es como intentar bajar el precio del pan prohibiendo que el panadero suba los precios: el resultado no es pan más barato, es que el panadero cierra la persiana y se va a vender donuts. La herencia de las prórrogas anteriores es un cementerio de burofaxes y expedientes que siguen poblando los tribunales. Blanco advierte que estas chapuzas legislativas solo alimentan la judicialización, convirtiendo un contrato de alquiler en un duelo de abogados. Y mientras tanto, Cataluña añade su propia especia al guiso: desde el 14 de julio, el concepto de 'gran tenedor' se ha vuelto más flexible que un gimnasta olímpico, englobando a quien tenga más de diez viviendas en España o cinco en Cataluña. La fecha clave es el 31 de julio de 2026; los contratos firmados antes se salvan, los posteriores entran en la picadora. Al final, la cuenta es sencilla: congelar contratos no crea casas nuevas, solo hace que las que hay se escondan en el armario.
Hay quienes usan el consulado para gestionar visados y otros, como José Bono, lo usan como un hotel de cinco estrellas pagado con el dinero de todos mientras sus albañiles levantan muros en Marruecos. El exministro de Defensa decidió que, entre mayo y junio, su mansión en la medina de Tánger no era el sitio ideal para esconderse de las noticias sobre sus negocios inmobiliarios. ¿La solución? Instalarse un mes entero en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato. Un despliegue de generosidad institucional que incluyó coche oficial y servicio de protocolo, básicamente para que el exministro pudiera gestionar su imperio sin que nadie le molestara el sueño. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación y mira el ticket del súper con pánico, Bono aplicaba una ingeniería inmobiliaria envidiable. Pasó de una casa de 700 metros cuadrados a un complejo de más de 1.800 metros, engullendo cuatro propiedades anexas como quien compra bollos en el supermercado. Todo esto en la histórica casa-taller de Josep Tapiró, donde además se añadió una planta extra desafiando las normas urbanísticas, porque las reglas del patrimonio parecen ser sugerencias opcionales para ciertos perfiles. Para rematar la jugada, el exministro presumía su joya en Airbnb con anuncios 'fantasma': fotos preciosas de la 'Dar Tapiró' pero sin disponibilidad durante dos años. Un escaparate de lujo para decir 'mira lo que tengo, pero no puedes entrar'. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el mando de José Manuel Albares, lo despacha con un encogimiento de hombros: es 'habitual' que los cónsules hospeden a ex altos cargos. Claro, es habitual para ellos; para el resto de los mortales, dormir un mes en una residencia oficial de 1.000 metros cuadrados con piscina y jardín es, cuanto menos, una fantasía.
Ceuta ha pasado de ser una ciudad autónoma a un tablero de juego donde alguien ha decidido borrar las piezas, empezando por los gatos. Mientras la administración se rasca la cabeza con ese aire de 'estamos desbordados', decenas de felinos se han esfumado de los 65 puntos de acogida registrados hasta finales de 2025. No es que se hayan ido de vacaciones; es que el escenario es dantesco. Pedro Toro, funcionario interino y enfermero, recogió a Andrés —el gato que daba nombre a la colonia del barrio del Centro— y lo que encontró no fue un atropello, sino una carnicería: cortes de navaja y golpes diseñados para anular al animal. Un 'sablazo' de crueldad que no es un caso aislado, pues en la barriada de O’Donnell ocurrió lo mismo. La consejera Nabila Benzina Pavón admite que 'nunca habían visto algo similar', una frase que en el lenguaje de la burocracia significa: 'no tenemos ni idea de qué pasa pero el caos nos llega al cuello'. El contraste es obsceno. Mientras el Programa CER (Captura, Esterilización y Retorno) intentaba poner orden con microchips y gestión ética, la llegada de 80.000 inmigrantes ha dinamitado el ecosistema urbano. En la playa El Trampolín ya no queda ni un solo gato; el espacio ha sido colonizado y los animales, o bien huyen despavoridos, o acaban en el menú de alguien, según sospechan los vecinos que ven desaparecer hasta a las gaviotas. Ahora, el riesgo sanitario es la excusa perfecta para el pánico. Tiña, hongos y parasitosis acechan en una ciudad colapsada donde la Ley de Bienestar Animal es, ahora mismo, un trozo de papel mojado. Gestionar colonias felinas cuando no puedes ni controlar el flujo de personas es como intentar limpiar el suelo mientras cae un diluvio: un ejercicio de futilidad absoluta.
Hay quien guarda el bote de mayonesa vencido en la nevera esperando un milagro, pero el Ministerio de Sanidad ha elevado el optimismo a nivel institucional. Resulta que tenemos almacenadas 37.420.350 mascarillas que ya han pasado su fecha de caducidad. Sí, treinta y siete millones de trozos de tela y filtro que, técnicamente, ya son basura, pero que Mónica García y su equipo mantienen en el almacén porque, según ellos, existe la "posibilidad técnica" de extender su vida útil. Es la versión administrativa de 'está un poco pasada, pero si la calientas sabe bien'. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) nos suelta que este cementerio de material ocupa 2.012 metros cúbicos. Para que nos entendamos: es como llenar un bloque de pisos entero con material que ya no sirve para nada. Lo más surrealista es el valor contable actual: 21.724,98 euros. Un chiste. Si comparamos esto con la foto de hace un año, cuando el stock era de 112.347.110 unidades con un valor de 105.306.655 euros, vemos que la ingeniería financiera ha hecho su magia. Hemos pasado de un agujero contable monumental a una cifra que parece el presupuesto de una boda modesta. En aquel entonces, la mezcla era variopinta: 18.442.990 FFP2, 1.639.520 FFP3 y 92.264.600 quirúrgicas. El 87,17% ya estaba caducado entonces. Sobre el coste de tirarlas, el Ministerio se lava las manos con una elegancia envidiable: dicen que no han gastado un euro extra porque la destrucción ya estaba incluida en el contrato de almacenamiento. Básicamente, el servicio de recogida de basura ya estaba pagado en el alquiler del trastero. Mientras tanto, el gel y los guantes han desaparecido, probablemente en el limbo de la gestión de emergencia que dejó tantas dudas judiciales y comisiones sospechosas.
Hay una diferencia abismal entre el discurso de despacho y la realidad del mercado, y Yolanda Díaz acaba de chocar contra ese muro de hormigón. Hace tres años, en pleno delirio post-Mundial, la vicepresidenta se puso la capa de heroína en el Congreso, calificando la diferencia de sueldos en el fútbol como una 'vulneración de derechos'. Muy noble todo, pero los números no entienden de retórica populista ni de justicia social de catálogo. Traduzcamos la realidad al lenguaje de la calle: mientras la Liga de Tebas se marca un golazo vendiendo sus derechos audiovisuales por 1.227 millones de euros anuales (un total de 6.135 millones por cinco temporadas), la Liga F ha tenido que poner sus derechos en el saldo. Se han vendido por menos de cinco millones de euros. Para que nos entendamos: el fútbol masculino factura 300 veces más que el femenino. Es como comparar el presupuesto de un imperio tecnológico con el dinero que alguien saca de un cajero para pagar la cena de Navidad. Lo más delirante es que TVE, la televisión pública, soltó 613 millones en eventos deportivos, pero pasó olímpicamente de pagar esos cinco millones por el fútbol femenino. La Liga F, atrapada entre la confidencialidad de DAZN y la caída en picado de sus ingresos respecto al ciclo 2022-2027, ahora se refugia en la poética de 'potenciar la visibilidad'. Al final, la broma es que ni las propias jugadoras ni la Liga F pidieron esa igualdad salarial que Díaz les impuso desde arriba. Han sido víctimas de una politización que ignora que el deporte es, ante todo, un negocio de audiencias. Querían igualdad de sueldos sin igualdad de taquilla; una ingeniería financiera que solo funciona en los discursos del Gobierno, pero que en el mundo real no paga ni el alquiler del vestuario.
España, el presumido campeón mundial del aceite, ha decidido jugar al humility y comprarle el producto al vecino. No es un pequeño ajuste de inventario; es un salto al vacío. Hemos pasado de gastar unos modestos 641.072 euros en el primer semestre de 2025 a soltar casi 58 millones de euros en el mismo periodo de 2026. Un incremento del 8945% que, traducido al lenguaje de la calle, es como si el año pasado compraras un bote de aceite en el súper y este año decidieras comprarte la refinería entera con la tarjeta de crédito del Estado. La paradoja es deliciosa. Mientras el Consejo Oleícola Internacional (COI) nos sigue poniendo la corona con más del 40% de la producción global, nuestra cosecha 2025/2026 se ha quedado corta, rozando los 1.300 millones de kg. Mientras tanto, Marruecos ha aprovechado su ciclo expansivo para inflar sus números, pasando de producir 80 millones de kg a 180 millones. En términos prácticos, hemos pasado de importar 300 kg —lo que no llena ni el maletero de un coche pequeño— a traer 19 toneladas de aceite marroquí. El Reino Alauita no es tonto y, a través de su Federación Interprofesional Marroquí del Olivo, ya está midiendo el terreno en la UE y EE.UU., presumiendo de 1.200.000 hectáreas cultivadas. Italia, Turquía y Túnez miran la jugada con hambre, esperando que el gigante español siga tropezando con sus propias sequías. Eso sí, la naturaleza es el juez más irónico: el año que viene Marruecos caerá hasta los 100 millones de kg y Túnez bajará a unos 250-300 millones. Al final, el aceite es como la fortuna en el casino; hoy te sobra y mañana rezas para que el vecino tenga un poco.
Hay una forma muy elegante de decir que no te importa lo que pasa en el barrio: hablar de cigarrillos mientras el hospital de al lado se cae a pedazos. Mónica García, nuestra ministra de Sanidad, ha decidido que el problema urgente de España es el 'último piti' en las terrazas. Lo ha hecho con un tono tan desenfadado que casi parece que estuviera planeando una escapada de fin de semana y no gestionando la salud pública. Mientras tanto, en Ceuta, la sanidad no es que esté 'tensionada', es que está pidiendo auxilio a gritos tras la entrada masiva de personas desde Marruecos. El contraste es sencillamente obsceno. Por un lado, tenemos a una ministra que vuelve de 17 días de vacaciones para decirnos que todo está bajo control porque Ingesa tiene 1.465 profesionales frente a una plantilla orgánica de 1.000. Para la administración, sumar personal es como añadir más arroz al caldo para que parezca que hay banquete, pero los médicos del Colegio de Médicos de Ceuta saben que la realidad no se mide en Excels, sino en urgencias colapsadas y turnos infinitos. La cosa está tan mal que han tenido que llamar al Defensor del Pueblo para que alguien baje al barro y vea que el sistema no aguanta más. Y para rematar la jugada, aparece el CESM advirtiendo sobre represalias laborales. Parece que contar la verdad sobre el caos sanitario se ha convertido en un deporte de riesgo; si hablas con la prensa, puede que tu contrato se evapore más rápido que el humo de ese cigarrillo prohibido que tanto preocupa a la ministra. Mientras los facultativos luchan contra el desgaste y el miedo al despido, Mónica García prefiere jugar a la prohibición en las terrazas, un proyecto que, por cierto, no tiene apoyos en el Congreso. Prioridades de cristal en un mundo de hormigón.
Faltan dos semanas para que los niños vuelvan a las aulas y el CEIP José Ortega y Gasset, en la Avenida España, parece más un escenario de guerra que un centro educativo. No es que falten tizas o que el patio necesite una capa de pintura; es que el colegio se ha convertido en el hotel nocturno gratuito para centenares de inmigrantes ilegales. El menú diario: heces, orina y basura que provocan arcadas al personal de limpieza, mientras los militares hacen de porteros para que los machetes y el alcohol no terminen de dinamitar lo que queda del edificio. La gestión del Gobierno central es, sencillamente, un chiste de mal gusto. Mientras Fernando Grande-Marlaska intenta vender una sensación de control que no existe, la realidad es que el ritmo de devoluciones es una tortura burocrática. Tramitar entre 25 y 30 expedientes al día es como intentar vaciar el océano con una cuchara de café. Con un remanente de entre 7.000 y 11.000 personas de los 80.000 que saltaron el 30 de julio, el presidente Juan Jesús Vivas ha soltado la verdad incómoda: a este paso, el caos durará un año. El surrealismo alcanza niveles épicos cuando vemos que, mientras el CEIP José Ortega y Gasset y otros cinco centros (Santa Amelia, Juan Carlos I, Ciudad de Ceuta, San Daniel y Rosalía de Castro) son asaltados, otros dos en la barriada del Príncipe han sido 'cedidos' oficialmente para alojar menas. Jupol ya lo ha gritado: Ceuta no es segura. Entre policías con los dedos rotos, sarna colectiva y niñas refugiándose bajo los coches patrulla por miedo a violaciones, la ciudad autónoma ha dejado de ser un territorio administrado para convertirse en una zona de supervivencia donde la ley es el machete y la respuesta oficial es un sello administrativo que tarda una eternidad en llegar.
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Adolfo Sáez