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Imaginen que tienen una tarjeta de crédito con un límite obsceno, intereses bajos y un plan para montar un negocio que se paga solo, pero deciden dejar el plástico en el cajón mientras la casa se quema. Eso es, básicamente, lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos NextGenerationEU. Mientras los jóvenes españoles juegan al Tetris con sus muebles en habitaciones alquiladas que cuestan más que su propio sueldo (un alquiler mediano de 1.080 euros frente a un salario joven de 1.048 euros), el Ejecutivo ha dicho 'paso' a 61.700 millones de euros en préstamos europeos. No estamos hablando de dinero regalado, sino de una ingeniería financiera que, según el Foro Regulación Inteligente (FRI), habría levantado unas 440.700 viviendas asequibles. Para que nos entendamos: es como si te ofrecieran financiar el 70% de un coche que luego puedes alquilar para que la cuota se pague sola, y tú respondieras que prefieres caminar bajo la lluvia. El déficit de vivienda en España es un agujero negro de 750.000 inmuebles; el Gobierno tenía asignados 163.000 millones, pero cerrará el programa con 101.300 millones. Un 38% de los recursos se ha quedado en el limbo, como ese cambio que nunca encuentras en el bolsillo del pantalón, pero a escala macroeconómica. La hipocresía es el plato fuerte. En julio de 2024, Sánchez presumía de una línea del ICO de 4.000 millones para 43.000 casas. Muy mono, pero los 61.700 millones descartados son quince veces más grandes. Es la diferencia entre dar una palmadita en la espalda y solucionar el problema. Claro, el ministro Carlos Cuerpo dice que podemos pedir dinero en el mercado en condiciones similares. Quizás sea cierto, pero ignorar que los costes de construcción y los tipos de interés han subido desde 2021 es como intentar comprar el pan con el precio de hace diez años: una fantasía.
Hoy nos creemos dioses porque sabemos si va a llover en el barrio mirando una pantalla de cinco pulgadas, pero hace medio siglo estábamos básicamente jugando a las adivinanzas. El 16 de octubre de 1975, la NASA decidió que ya era hora de dejar de mirar las nubes con esperanza y lanzó el GOES-A desde el Pad 17A de Cabo Cañaveral, Florida, montado en un cohete Delta. Para los que no hablan 'idioma agencia', esto significaba poner un ojo electrónico fijo sobre el Océano Índico. Lo irónico es que este pionero, que luego rebautizaron como GOES-1, era un optimista ingenuo: solo podía observar la Tierra el 10% del tiempo. Imagina pagar la factura de la luz de todo un edificio para que la bombilla solo funcione diez minutos cada hora. Aun así, el 25 de octubre de 1975 nos mandó la primera foto, usando un radiómetro VISSR que distinguía el día de la noche, algo que hoy nos parece tan básico como saber que el fuego quema. El GOES-1 aguantó el tipo hasta el 7 de marzo de 1985, dejando el camino asfaltado para los modelos 2, 3, 4, 5 y 6. La NOAA y la NASA pasaron de ese 'juguete' intermitente a una maquinaria aceitada que culminó en el GOES-R de 2016 y el reciente GOES-U de 2024. Hemos pasado de una foto borrosa cada diez intentos a tener el clima del mundo en la palma de la mano, transformando una inversión millonaria en el espacio en la herramienta que usamos para decidir si nos ponemos paraguas o si cancelamos la barbacoa del domingo.
Imaginen que deciden trasladar los ahorros de toda su vida en un sobre abierto, caminando por el barrio más conflictivo a las tres de la mañana y diciendo en voz alta que no llevan ni un guardaespaldas. Pues bien, así, con una negligencia que roza el surrealismo, decidieron mover cientos de pistolas táser destinadas a la Policía Nacional. El escenario fue la M-697, esa carretera que une Colmenar Viejo con Madrid, donde una organización criminal decidió que el camión era un buffet libre de tecnología incapacitante. Lo más delirante no es el robo, sino la logística. Mientras nosotros nos peleamos con la factura de la luz, el Estado mueve material de alto valor hacia el complejo de Canillas como quien reparte folletos de una pizzería: sin escolta y sin medidas especiales. Un 'vuelco' de manual, término que normalmente reservamos para las guerras internas del narcotráfico, pero que aquí se aplicó al inventario del Ministerio. La Guardia Civil, que tuvo que limpiar el desastre, acabó recuperando el armamento y deteniendo a los responsables. Menos mal, porque si esos dispositivos —capaces de inmovilizar a cinco amenazas simultáneas y con un alcance de quince metros, como el modelo Táser 10 de Axon— hubieran terminado en el mercado negro, tendríamos un problema serio. Recordemos que el Interior ya soltó 4,5 millones de euros por 800 de estas joyas para la Guardia Civil. Al final, la ironía es suprema: las armas diseñadas para que el agente no tenga que usar el fuego terminaron siendo el botín de un asalto por pura falta de sentido común en la carretera.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no parezca un atraco a mano armada, en Aragón han decidido que la prioridad absoluta es repartir plomo. El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa la compra de 70.000 cartuchos para combatir a un enemigo que, aunque orejudo y simpático en los cuentos, es una auténtica picadora de carne para el campo. La jugada es sencilla: el dinero público fluye hacia la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) para que los cazadores federados sigan con su rutina anual de abatir un millón de conejos. Porque sí, un millón. Es una escala de producción industrial, pero en sentido inverso. La urgencia es casi cinematográfica: los cartuchos deben estar en manos de los destinatarios antes del 25 de noviembre de 2026, o el dinero se esfuma. No es un experimento nuevo; en 2023 ya regalaron 40.000 cartuchos biodegradables, como quien intenta limpiar la conciencia mientras aprieta el gatillo. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo justifica este despliegue basándose en un agujero financiero de 50 millones de euros en pérdidas agrícolas y unas 50.000 hectáreas arrasadas. La lista de municipios afectados se ha engordado con 11 nuevos nombres, incluyendo Ainzón, Alagón o Trasmoz, donde el conejo de monte manda más que el alcalde. Lo más irónico es que, según el CITA, el problema es que hemos soltado conejos para repoblar cotos y hemos puesto regadíos por doquier, creando básicamente un hotel de cinco estrellas con buffet libre para la plaga. Ahora, para solucionar el desastre que nosotros mismos diseñamos, el consejero Manuel Blasco y el PSOE se ponen de acuerdo en que la única salida es el calibre 12. Una solución quirúrgica, si por quirúrgica entendemos disparar a todo lo que se mueva en el matorral.
Hay una tendencia moderna muy curiosa: tratar el boletín de notas como si fuera una factura de la luz mal cobrada que se puede impugnar en el juzgado. En Asturias, una familia decidió que el camino más corto para que su hijo saltara el muro de tercero de ESO no eran los libros, sino el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El balance del alumno era, digamos, creativo: seis asignaturas suspendidas (incluyendo una deuda histórica de Lengua Castellana y Literatura de segundo) y un récord de 34 días de expulsión. Básicamente, el chico pasó más tiempo en el sofá que en el aula, pero para los padres, el problema no era la conducta, sino que el instituto no le había dado un 'servicio premium' de tutoría personalizada mientras estaba castigado. La familia intentó vender la idea de que el centro operaba con un 'funcionamiento anormal', alegando que el material enviado por correo electrónico no era suficiente para compensar el vacío académico. Es la eterna lucha entre la realidad del aula y la fantasía del derecho administrativo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la sentencia 719/2026 del 3 de septiembre, puso los puntos sobre las íes. Los magistrados no se pusieron a corregir exámenes, sino que miraron los papeles: el equipo docente había sido unánime y la Inspección Educativa respaldaba el sablazo académico. Al final, la ingeniería jurídica de los padres terminó en un callejón sin salida. El tribunal decidió que repetir curso no es un castigo, sino una medida de supervivencia escolar. El resultado final es una lección de humildad financiera: no solo el hijo repite tercero de ESO, sino que la familia se lleva un 'recargo' de 500 euros en costas judiciales. Un precio bastante caro por intentar borrar seis suspensos con un sello judicial.
Hay quien se aprieta el cinturón para llegar al viernes y hay quien gestiona el presupuesto nacional como si fuera una tarjeta de crédito sin límite en un casino de Rabat. Desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa en 2018, la relación con Marruecos ha pasado de ser un baile diplomático a una transferencia bancaria constante. Hablamos de más de 1.260 millones de euros que han volado hacia el régimen de Mohamed VI bajo el paraguas de la 'cooperación'. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras discutimos el precio del aceite, el Ejecutivo ha soltado 200 millones entre 2019 y 2023, con un pico de 57 millones en 2022, justo cuando el ruido del caso Pegasus empezaba a molestar en los pasillos del poder. Pero claro, el dinero no se da gratis; se paga el 'servicio de portería'. El Gobierno ha transferido más de 134 millones para equipamiento contra la inmigración irregular, sumando otros 30 millones en 2021 y otros 30 en 2022 tras el caos en la frontera de Ceuta. Es la lógica del chantaje institucional: pagamos para que no pasen, y si pasan, pagamos para que los gestionen. Y esto es solo el aperitivo, porque ya se vislumbran unos 45.000 millones de euros hasta 2050 para infraestructuras, un banquete donde las empresas españolas tendrán su silla reservada. Para no parecer obsesionados con Rabat, el Gobierno reparte migajas y promesas por el resto del continente. Elma Saiz ha firmado acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia por 500 millones, mientras que Sudáfrica se lleva créditos de 2.000 millones en renovables. Desde Mozambique con sus 5 millones contra la corrupción hasta Argelia, que se ha quedado sin postre tras el giro estratégico del PSOE sobre el Sáhara Occidental, la factura es global. En resumen: una política exterior que se escribe con cheques y se firma con la esperanza de que el vecino no abra la puerta.
El Gobierno ha aplicado la técnica del 'caballo de Troya' con una maestría digna de un escapista. Mientras el país miraba el escaparate del Real Decreto-ley 29/2026 —bautizado con el sentimentalismo del 'decreto Maricarmen' para dar una imagen de corazón blando—, Pedro Sánchez y Óscar López han colado una cláusula que es, básicamente, una puerta trasera para echar a la gente. El truco está en la letra pequeña del artículo 12: Casa 47, la empresa pública de vivienda, puede gestionar los inmuebles del Fondo Especial de MUFACE. Hasta aquí, todo parece un plan de alquileres asequibles para el ciudadano de a pie. Pero cuidado, que aquí viene el sablazo. En el artículo 2, donde se supone que se protege al vulnerable hasta el 31 de diciembre de 2030 para que no lo echen a la calle, han dejado un hueco del tamaño de un rascacielos. Han excluido de las suspensiones de desahucios a los entes públicos que gestionan vivienda social. O sea, que si Casa 47 decide que ya no te quiere en el piso, tu condición de 'vulnerable' sirve para muy poco porque el gestor es el propio Estado. Es como si el Ayuntamiento te regalara una manta para el frío pero te prohibiera usarla dentro de sus edificios. Mientras tanto, en el Plan Estratégico Muface Avanza2 (2026-2028), la consigna es limpiar el balance. Quieren liquidar 204 inmuebles, incluyendo 86 viviendas concentradas en Madrid, para engrosar la hucha de las pensiones. Para ello, han llamado a Segipsa para que tasen y vendan. En resumen: el Gobierno usa la bandera de la protección social para mover las fichas de un tablero inmobiliario donde el inquilino es el único que no sabe si mañana despertará con una orden de desahucio firmada por el mismo ministerio que dice defenderlo.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. El PSOE ha decidido llevar este arte a Bruselas con una enmienda a la Ley de Aceleración Industrial que es, básicamente, un pase VIP para que Marruecos acceda a ayudas europeas como si fuera un vecino de comunidad con cuota al día. Doce diputados socialistas, entre ellos figuras como Nicolás González Casares, Leire Pajín y Juan Fernando López Aguilar, han firmado una propuesta para conceder el 'trato más favorable' a terceros países con acuerdos comerciales. En cristiano: quieren que un componente industrial fabricado en el reino alauí sea visto con el mismo cariño que uno hecho en Albacete a la hora de repartir el dinero público. Mientras el ciudadano medio ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, en el Parlamento Europeo se debate si equiparar la industria marroquí a la de la UE, el Reino Unido o la Asociación Europea de Libre Comercio. El PP, que no se ha tragado el cuento, advierte que esto es saltarse la fila sin pasar por la evaluación de reciprocidad. Es una ingeniería financiera curiosa: por un lado, tenemos el recuerdo fresco de los 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre el 30 y 31 de julio, una avalancha que Pedro Sánchez calificó en La Sexta como una gestión 'inteligente' por parte de Rabat. Por otro, el PSOE intenta que Marruecos se siente a la mesa de los beneficios industriales. La paradoja es deliciosa. Mientras las embarcaciones marroquíes hacían incursiones en aguas españolas, en Bruselas se redactaban artículos para 'preservar las cadenas de valor estratégicas'. Al final, parece que la estrategia consiste en abrir el grifo de las ayudas mientras el vecino decide cuándo y cómo abrir la frontera. Una generosidad que, curiosamente, nunca se aplica con la misma flexibilidad hacia el bolsillo del contribuyente español.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado para que no le salga el presupuesto en rojo, en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se manejan los números con la soltura de quien juega con dinero ajeno. Félix Bolaños ha decidido que la web de La Moncloa y los papeles de la Secretaría de Estado de Comunicación necesitan un barniz de plurinacionalidad que cuesta, exactamente, 347.243,86 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien. Casi 350.000 euros para que los contenidos digitales hablen catalán, euskera, gallego y valenciano. El despliegue de ingeniería financiera, formalizado el 9 de octubre en el BOE, es una joya del optimismo presupuestario. Roberto Martínez Orío, el subdirector general de Gestión Económica, ha firmado un contrato con la empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A. que tiene una estructura curiosa: el gasto real empieza con un 'aperitivo' de 57.873,98 euros para el primer año (2026) y luego se lanza el plato fuerte en 2027 con un sablazo de 289.369,88 euros. Lo más fascinante es el contrato de confidencialidad. La empresa debe guardar un silencio sepulcral sobre los datos que maneje, como si traducir una página web institucional fuera una operación de inteligencia del MI6 y no un trámite administrativo pagado con el IVA del contribuyente (esos 60.265,46 euros que se van directos al fisco). Al final, la Administración se reserva el derecho de no pagar si el resultado no es 'satisfactorio'. Una cláusula muy humana: yo te encargo el trabajo, te prometo el dinero, pero si no me gusta el tono del adjetivo en gallego, puede que te quedes con las ganas. Así se gestiona el lenguaje del poder: caro, lento y con el bolsillo del vecino abierto de par en par.
El mercado inmobiliario español acaba de dar un giro de guion digno de telenovela. Los británicos, esos eternos dueños de nuestras costas que veían España como su patio de recreo, han sido desplazados del trono. El nuevo rey es Marruecos. Durante el primer semestre de 2026, los marroquíes se anotaron 4.960 compraventas, dejando a los británicos con 4.541 operaciones y una cara de asombro considerable. En términos de pastel, Marruecos se lleva el 8% y el Reino Unido el 7,3% del mercado extranjero. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña, esa que suele estar escrita en tamaño hormiga. No es que el dirham esté compitiendo con la libra en el lujo extremo. Mientras que un estadounidense suelta 3.948 euros por metro cuadrado sin pestañear —básicamente comprando aire caro—, el comprador marroquí es el maestro del ahorro. Pagan una media de 801 euros por metro cuadrado, una cifra que parece un chiste comparada con la media general de 2.644 euros de los extranjeros. Es la diferencia entre comprar un ático en la Milla de Oro o buscar una oportunidad donde el precio no te obligue a vender un riñón. El fenómeno es real sobre todo entre quienes ya viven aquí. Los residentes extranjeros mueven el 63,2% del juego (39.387 compraventas), y en regiones como Murcia, los marroquíes son los dueños del tablero con el 36,1% de las operaciones. Mientras tanto, el mercado general se desinfla: las compraventas extranjeras cayeron un 13% (62.327 operaciones), el mayor bajón desde 2020. Los rusos y chinos huyen del mercado con caídas superiores al 26%, mientras que solo venezolanos y colombianos siguen tirando de tarjeta con optimismo. España sigue siendo el destino favorito, pero ahora el perfil del comprador ya no es solo el jubilado de Surrey, sino alguien que sabe dónde está la ganga.
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Alex Carmona