Crítica:
La noticia se limita a escupir cifras sin cuestionar el origen de la especulación alimentaria. Es un catálogo de desgracias sin un solo responsable nombrado.
La cesta de la compra cuesta un 41 % más que en 2019 y obliga a los hogares a recortar el consumo de productos esenciales
Cesta de la compra: un sablazo histórico
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Cesta de la compra: un sablazo histórico
Hacer la compra se ha convertido en un deporte de riesgo, de esos que requieren casco y un seguro de vida. Mientras los boletines oficiales nos venden que la inflación de los alimentos está 'contenida' en un 2,3 % según los datos del INE de este agosto, la realidad en el pasillo del supermercado es un puñetazo en la cartera. Si miramos el retrovisor y volvemos a enero de 2019, la broma es pesada: la cesta de la compra ha subido un 41,2 %. No es un ajuste, es un sablazo en regla. Hay productos que han pasado de ser básicos a artículos de lujo. Los huevos, por ejemplo, han pegado un salto del 90 % en siete años y medio; básicamente, poner un huevo ahora requiere el mismo presupuesto que mantener un coche pequeño. Las legumbres (63,6 %), las frutas (60 %), la leche (53,7 %) y las patatas (51,5 %) siguen la misma senda de gloria financiera. La carne ha subido un 46,1 %, el café un 45,6 %, la pasta un 40,8 % y el aceite un 40,3 %. Incluso el agua, que cae del cielo, ha subido un 36,4 %, mientras el pan (33,5 %) y las hortalizas (25,7 %) cierran el círculo del hambre. La OCU ya puso la bandera roja en abril, cuando su cesta de referencia alcanzó los 321,05 euros, un récord histórico para 2024. El resultado es una dieta a la carta, pero decidida por la cuenta corriente. Según el III Estudio sobre Conductas sostenibles de Triodos Bank, más de la mitad de los españoles han tenido que hacer recortes quirúrgicos. El pescado es la primera víctima (55,2 % de recortes), seguido de la carne (50,2 %). Como bien apunta Aurora García, de Triodos Bank, ya no comemos lo que queremos, sino lo que el banco nos permite. Una dieta basada en la resignación.
Tomates de Marruecos: el sablazo al campo
En el tablero del comercio europeo, el tomate se ha convertido en la moneda de cambio de una comedia negra donde el protagonista es el agricultor almeriense y el villano, un vacío legal del tamaño de un invernadero. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite en el súper, Juan Garrido, el portavoz de Tomca Almería, nos suelta la bomba en COPE: en la frontera europea el control es un mito urbano. Según Garrido, nadie sabe cuántos kilos de tomate marroquí entran ni por dónde, convirtiendo los aranceles en un cuento de hadas que no se cobra. La aritmética es cruel. Producir un kilo de tomate en España es, básicamente, un deporte de lujo comparado con el vecino. Garrido calcula que producir en Marruecos es entre 40 y 50 céntimos más barato por kilo; una diferencia que, sumada a una mano de obra que en España cuesta cinco veces más, dinamita cualquier posibilidad de competir. Es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 corriendo con sandalias. Pero lo más escandaloso no es el bolsillo, sino el plato. Mientras el campo español se asfixia con normativas fitosanitarias que parecen redactadas por la NASA, las partidas marroquíes llegan con los Límites Máximos de Residuos (LMR) sobrepasados, incluyendo productos prohibidos en suelo comunitario. El resultado es un 'sorpasso' productivo brutal: en apenas cinco o seis años, Marruecos ha desplazado a Almería del trono de la huerta europea. Para cerrar el círculo de la hipocresía, aparece Jaume Reverte, empresario en Rabat desde hace 15 años, recordándonos que si cortamos el grifo agrícola, Marruecos dejará de comprarnos tuberías de gases industriales. Al final, el tomate es el rehén de una partida de ajedrez donde el campesino es el único que siempre termina comiéndose el peón.
Sánchez en Huelva: diez coches y dos aviones
Hay una elegancia casi coreográfica en la forma en que el poder se desplaza por la geografía española. El pasado 17 de septiembre de 2026, Pedro Sánchez decidió que San Juan del Puerto, un pueblo de apenas 10.000 habitantes, era el escenario ideal para un despliegue que haría palidecer a una cumbre del G7. Para llegar a La Rábida, el presidente no se conformó con un solo juguete caro; utilizó el Falcon y, posteriormente, el Super Puma, porque moverse por tierra es demasiado mundano cuando se puede saltar sobre las nubes con fondos públicos. La jornada empezó a las 11:00 horas en Palos de la Frontera, inaugurando el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve con una planta de 300 megavatios. Un proyecto sostenible, irónicamente, precedido por una huella de carbono que se puede ver desde el espacio. Pero lo verdaderamente fascinante es la 'agenda invisible'. Mientras Moncloa solo anotaba el acto de Moeve y la visita a las zonas quemadas de Niebla a las 14:50 horas, el presidente se dedicaba a jugar al turista VIP. A las 12:20 horas, San Juan del Puerto vio pasar una comitiva de diez vehículos. Diez. Para un pueblo donde aparcar un coche ya es un deporte de riesgo, ver una decena de blindados escoltando al jefe del Ejecutivo es como intentar meter un portaaviones en una piscina municipal. Después, la ruta siguió hacia Bonares, con una parada técnica a las 13:30 horas en el Ayuntamiento y un almuerzo en el bar Adelin, porque nada grita más 'cercanía con el pueblo' que comer en un bar rodeado de una muralla de seguridad impenetrable. El despliegue terminó en Niebla, donde el contraste entre las cenizas del incendio y el brillo del Super Puma cerró una jornada de marketing territorial impecable.
Motos: Chanclas prohibidas o multa de 200€
España ha decidido que ya es hora de ponerle precio al aire en los dedos. Mientras nosotros seguimos haciendo malabares para que el presupuesto familiar no se desintegre antes del día quince, la DGT ha encontrado un nuevo nicho de rentabilidad: el calzado abierto. No es que ayer fuera un pecado mortal, es que hasta ahora el Reglamento General de Circulación era un libro de sugerencias. Pero el Real Decreto 518/2026, publicado en el BOE el pasado 26 de junio, ha decidido cerrar el grifo de la improvisación. A partir del 1 de octubre, si decides subirte a una moto, ciclomotor o quad con las chanclas puestas, prepárate para un sablazo de 200 euros. Sí, dos billetes de cien por el simple hecho de que tu pie no esté envuelto en cuero o tela. El nuevo artículo 118 no pide botas de astronauta ni equipo de MotoGP, solo que el zapato cubra el pie por completo. Es una prohibición quirúrgica que afecta tanto al conductor como al pasajero, sin importar si vas al supermercado o cruzando la península. Lo más fascinante es la hipocresía del asfalto. Si vas en coche, la ley sigue siendo un terreno pantanoso. No hay prohibición expresa, pero te dejan la puerta abierta a una multa de 100 euros si el agente decide que tus sandalias interfieren con el control del vehículo. Básicamente, en coche dependes del humor del guardia, pero en moto el precio del 'estilo veraniego' ya está fijado en el catálogo oficial. El RACE recomienda flexibilidad y agarre, pero la realidad es que ahora el agarre más fuerte será el de la administración sobre tu cartera cada vez que olvides las zapatillas en el maletero.
Sablazo en Badajoz: piden cárcel y nóminas
Hay una diferencia abismal entre jugar al Monopoly y gestionar el dinero de Badajoz. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, David Sánchez disfrutó de una suerte de 'estabilidad creativa' como alto cargo entre julio de 2017 y mayo de 2025. Ahora, Hazte Oír ha decidido que nueve años de inhabilitación por prevaricación se quedan cortos y han pedido al TSJ de Extremadura que el músico cambie el conservatorio por la celda, solicitando seis años de prisión. Pero lo más jugoso no es la cárcel, sino el bolsillo. La acusación reclama la devolución de 340.572 euros en nóminas. Para que nos entendamos: es un sablazo contable que dejaría a cualquier familia española temblando, pero que para el sistema parece haber sido un simple 'error de cálculo' administrativo. La ironía es deliciosa: el tribunal dice que el proceso fue simulado, que el currículo estaba copiado y que el puesto estaba montado a medida, pero que no hubo 'presión moral eficiente'. Es decir, que el camino estaba alfombrado de rosas, pero nadie empujó el carrito. En este reparto de cromos no está solo. El exasesor de Moncloa, Luis María Carrero —al que David llamaba 'hermanito' en una intimidad que ya quisiera cualquier banco con sus clientes— también entra en el juego con una petición de año y medio de cárcel. Y para cerrar el círculo de la generosidad pública, piden cuatro años para Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense. Al final, todo se resume en una danza de correos electrónicos y urgencias inexplicadas donde el mérito era el apellido y la capacidad de influir sin dejar rastro escrito, porque, claro, los favores de alta gama no se piden por WhatsApp con un 'por favor'.
Sánchez paga la luz al invasor marroquí
Hay una ironía exquisita, casi coreografiada, en la gestión energética de este Gobierno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el 'gestor de suministros' de Rabat. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces duelan: en pleno agosto, mientras Marruecos mantiene su presión sobre Ceuta, España le ha enviado 790 GWh/mes de gas natural a través del tubo de Tarifa. Es, básicamente, pagarle la calefacción y la luz al vecino que te está intentando echar de tu propia casa. Lo más fascinante de esta ingeniería diplomática es el triángulo amoroso energético. España se ha puesto de acuerdo con Argelia para importar más gas vía Medgaz, el gasoducto que llega a Perdigal (Almería). Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las importaciones argelinas subieron de 9.123 GWh/mes a 9.897 GWh/mes. Un incremento de 774 GWh/mes que, en lugar de servir para evitar que la industria española sufra apagones o para estabilizar un sistema eléctrico que va más tembloroso que un flan, ha acabado directamente en el sistema eléctrico de Mohamed VI. Es un negocio redondo para Rabat: España hace el trabajo sucio de negociar con Argelia, absorbe el riesgo y luego le pasa el gas a Marruecos, que ahora depende de nosotros para el 15% o 20% de su consumo eléctrico. Mientras Ceuta carece de una infraestructura energética estable con la península, el flujo hacia el reino alauita corre como la espuma. Hemos convertido el gasoducto de Tarifa en un cordón umbilical que alimenta la actividad económica de quien nos desafía, todo mientras el recibo de la luz en España sigue disparado. Una generosidad que, vista desde la calle, parece más una capitulación que una estrategia de Estado.
Delegado de Ceuta: influencias en familia
En el manual de supervivencia del funcionario avanzado, hay un capítulo dorado que explica cómo gestionar una investigación judicial: tener a la pareja en el lugar donde se reparten las cartas. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, parece haber seguido el manual al pie de la letra. Mientras Madrid intentaba descifrar si el delegado se quedó dormido en los laureles —o ignoró deliberadamente los avisos del CNI— antes de la entrada masiva de inmigrantes, la maquinaria del control familiar se puso en marcha. La pieza clave del tablero es N.G.M., la esposa de Pérez Triano. No es una empleada cualquiera; es funcionaria de Justicia en la unidad de Registro y Reparto de los juzgados de Ceuta. Para quien no domine la jerga, ese puesto es el 'mostrador' por donde pasan todas las denuncias antes de aterrizar en la mesa de un juez. Es como tener la llave de la caja fuerte y saber exactamente quién entra y quién sale. Desde 2006, cuando figuraba en una bolsa de secretarios judiciales, hasta su ingreso como funcionaria de carrera en 2018, N.G.M. ha tejido una red que incluye haber sido asesora del Grupo Político Socialista en 2007 y suplente del PSOE al Senado en 2008 y a la Asamblea en 2015. La alarma saltó en Madrid cuando sospecharon que el delegado usaba estos 'contactos de almohada' para leer el futuro de sus diligencias por prevaricación omisiva. El asunto se volvió tan turbio que la investigación tuvo que mudarse a la Audiencia Nacional para evitar que el expediente sufriera un 'accidente' en el camino. Para rematar la faena, Manos Limpias y su presidente, Miguel Bernad, denuncian que su solicitud de personación del 2 de septiembre quedó en el limbo, ignorada por el juzgado. Un olvido muy curioso que huele a ingeniería administrativa.
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