Crítica:
El texto original es una sucesión de cifras fría que el Gobierno ignora convenientemente. La contradicción entre la narrativa de Díaz y el gasto real es el verdadero escándalo, no solo el dato.
El gasto en prestaciones por desempleo se dispara a niveles de 2013
Paro: gasto récord que huele a 2013
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Hacienda: el socio oculto de tu pensión
La inflación en España es ese invitado pesado que no se va de casa y, de paso, se come todo lo que hay en la nevera. En agosto, el IPC marcó un 4,3% interanual, una cifra que para el ciudadano medio es un sablazo directo al presupuesto mensual, mientras que para el Estado es una herramienta de ingeniería financiera fascinante. Desde 2021, el bolsillo del español ha sufrido una erosión del 24%. Básicamente, el dinero ha perdido valor más rápido de lo que tarda un político en prometer que todo está bajo control. Aquí entra el juego de espejos del Gobierno: indexar las pensiones al IPC. Suena a justicia social, pero miremos la letra pequeña. Con una inflación media proyectada del 3,6%, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas —que ya alcanzó los 195.000 millones de euros el año pasado— se disparará. Según Funcas, el recargo para 2027 será de 7.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.000 millones por las clases pasivas. Es una cifra astronómica, como si el Estado decidiera comprarse un yate nuevo cada mañana. Pero el verdadero giro de guion ocurre en el despacho de Hacienda. Mientras el jubilado celebra que su pensión sube para poder comprar el mismo kilo de tomates que el año pasado, el IRPF espera al acecho en la esquina. Una parte considerable de esa revalorización volverá directamente a las arcas públicas. Es el círculo perfecto: el Estado sube la pensión con una mano para que el jubilado no se asfixie, y con la otra, Hacienda recupera la tajada vía impuestos. A esto súmale el 'efecto sustitución', donde los nuevos jubilados cobran más que los que se van, y tenemos una receta perfecta para que el sistema engorde mientras el ciudadano sigue haciendo malabares con la lista de la compra.
España y Marruecos: el sablazo comercial
Durante décadas, España jugó al señorito en el comercio con Marruecos, disfrutando de un superávit que parecía eterno. Pero el tablero ha girado. En 2025, por primera vez, hemos pasado a un déficit comercial que deja un agujero de unos 3.000 millones de euros, según los datos de UN Comtrade. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si durante años hubieras sido el que invita a las cañas y, de repente, te despiertas descubriendo que no solo estás pagando la ronda, sino que el otro te ha dejado el carrito de la compra lleno de cables y aceite de argán mientras tú solo puedes ofrecerle gas licuado. La jugada es maestra. Mientras España se ha quedado estancada en una zona de confort exportadora, Marruecos ha decidido dejar de ser la periferia para convertirse en el proveedor. Han pasado de comprar nuestra tecnología agrícola a vendernos sus propios productos, aprovechando que las normas europeas ya no son el muro infranqueable de antes. Las cifras no mienten y son un bofetón de realidad: en 2024 aún nos salvábamos con exportaciones de 18.000 millones frente a importaciones de 16.000 millones, pero en 2025 la tortilla se dio la vuelta. Marruecos exportó 19.600 millones e importó solo 16.500 millones. María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de EAE Business School, lo resume con una elegancia casi cruel: Marruecos crece mientras España crece 'poquito'. La hipocresía reside en que, aunque Rabat sigue dependiendo de nosotros para respirar económicamente, España ha perdido la capacidad de marcar el ritmo. Seguimos comprando gas a Rusia y vendiendo gas a Marruecos, pero el reino alauita ha doblado sus exportaciones globales en tres años. Básicamente, nos han adelantado en el carril rápido mientras nosotros seguíamos convencidos de que el camino era el de siempre.
Sánchez: más pescado marroquí, menos flota española
Hay una receta muy sencilla para hundir la industria nacional: ponle normativas asfixiantes a los tuyos y ábrele la puerta de casa al vecino. Mientras el pescador español lucha contra el gasóleo a 1,20 euros el litro —un sablazo que hace que salir a faenar sea casi un deporte de riesgo financiero—, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el pescado marroquí es el nuevo plato estrella. Los datos de Datacomex no mienten: hemos pasado de importar 91,7 millones de kilos en 2018 a unos impactantes 137,2 millones en 2025. Un incremento del 49,6% que suena a éxito comercial, pero que huele a rendición. En el libro de cuentas, la cifra es igualmente delirante. La factura ha subido de 620,1 millones a 864,6 millones de euros. Básicamente, estamos tirando la tarjeta en el mercado vecino mientras nuestra propia flota se encoge. Javier Garat, de Cepesca, lo tiene claro: es un doble rasero. A los nuestros les exigen estándares europeos que rozan la utopía, mientras que el pez espada marroquí entra en el mercado capturado con redes a la deriva, una técnica prohibida en la UE por ser un desastre ecológico. Es como obligar a un corredor a ir con pesas en los tobillos mientras el rival va en moto. La hipocresía alcanza su cénit con el atún chino, cuyos contingentes libres de aranceles pasaron de 20.000 a 200.000 toneladas. Pero volviendo al vecino del sur, la dependencia es total: las importaciones agroalimentarias saltaron de 1.524 millones en 2018 a 2.223 millones en 2024. Mientras Luis Planas escucha las quejas del sector en despachos climatizados, la realidad es que España ya no pesca para sí misma; prefiere hacer el pedido por catálogo al Magreb, ignorando que el acuerdo de pesca está suspendido por la Justicia europea por el asunto saharaui. Un negocio redondo, siempre que no seas el que maneja la red.
Moncloa guarda el petróleo y tú pagas
Hay una magia muy particular en los despachos de la Moncloa: la capacidad de anunciar un banquete y servir solo la entrada. El 17 de marzo de 2026, el Consejo de Ministros salió al balcón a decirnos que, para combatir la crisis por la guerra en Irán, soltarían 11.553 millones de barriles de petróleo (unos 12,3 días de consumo). Sonaba muy bien en el BOE del 20 de marzo. Pero, como ocurre con las promesas de dieta en enero, la ejecución se quedó a medio camino. El Gobierno aplicó una primera fase de cuatro días y luego se quedó dormido en los laureles. El resto, esos 8,3 días adicionales que dependían del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, siguen guardados bajo llave. En lenguaje de calle: nos prometieron bajar el precio del combustible, pero han dejado el 67,5% del petróleo inmovilizado mientras nosotros seguimos pagando el sablazo en la gasolinera. Mientras Italia ejecutó su parte el 26 de marzo sin pestañear, aquí en España el petróleo se ha quedado cogiendo polvo. ¿Y quién paga esta 'siesta' administrativa? El coste de mantener ese producto guardado oscila entre los 79 y los 215 millones de euros anuales. Es como pagar el alquiler de un trastero carísimo para guardar algo que deberíamos estar usando para ahorrar dinero. Ese capital inmovilizado, valorado en hasta 1.100 millones de euros, acaba trasladándose al precio final. El resultado es un IPC de agosto de 2026 que escala al 4,3% y un diésel que ha subido el 40% desde febrero. La CNMC registra precios históricos mientras el Ministerio guarda silencio. Al final, la estrategia fue brillante: anunciar la medicina, pero dejar la jeringuilla en la nevera.
Luz y gasolina: el sablazo del verano
España ha vuelto a coronarse como la campeona europea en el arte de vaciar carteras. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la economía, el ciudadano de a pie descubre que encender el aire acondicionado para no morir cocinado en agosto es, básicamente, un lujo prohibitivo. Según los datos de CaixaBank Research, los recibos de la luz en la tercera semana de agosto pegaron un salto del 20% respecto al año pasado. Para que nos entendamos: pasamos de un tímido 0,4% en mayo a un sablazo que deja cualquier presupuesto familiar tiritando, aunque el termómetro diga lo contrario. Pero claro, el festín no termina en el enchufe. Ir a la gasolinera se ha convertido en una experiencia traumática. El gasto en carburantes subió un 21% en esa misma tercera semana de agosto, impulsado por el petróleo y el fin de una rebaja fiscal que desapareció más rápido que el sueldo el día uno. Julio ya avisaba con un 11% y las primeras semanas de agosto un 16%, drenando las cuentas corrientes justo cuando el coche más kilómetros hace. La hipocresía del sistema es deliciosa: para compensar que la luz y el combustible nos están desplumando, el español ha decidido que el ocio es prescindible. Mientras las playas están a reventar, el gasto en bares y restaurantes se ha quedado congelado, con un avance ridículo del 0,4% en la tercera semana de agosto, e incluso una caída del 0,4% en la segunda. Hemos cambiado las cañas por el pago del kilovatio. Para rematar la faena, la cesta de la compra ha subido un 6,6%. Como parche, el Gobierno lanza un segundo real decreto con descuentos de 20 céntimos en diésel y cinco en gasolina por la guerra de Irán. Un caramelo para que no gritemos mientras, convenientemente, no se aplica ni una sola medida para abaratar la luz.
Luz a cuentagotas: el negocio del apagón
Imaginen que contratan un seguro para que alguien venga a su casa y, de vez en cuando, les apague la nevera y el aire acondicionado a cambio de unos euros. Suena a broma de mal gusto, pero es exactamente el SRAD (Servicio de Respuesta Activa de la Demanda). Para la gran industria, es como jugar a la ruleta rusa con el interruptor general, pero con la consola de Red Eléctrica manejando los hilos. Estamos ante el sexto apagón en menos de dos meses. Seis veces en sesenta días que el sistema ha dicho: «Lo siento, chicos, hoy no hay corriente para todos». El PP, con Alberto Nadal al frente del micrófono, ha soltado que esto es una «auténtica vergüenza». Y claro, es que mientras el ciudadano de a pie mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el sistema eléctrico peninsular juega a las escondidas con la potencia. Lo más fascinante es el precio de este 'silencio energético'. En este último episodio, la retribución ha sido de 184,85 euros por MWh. Para que nos entendamos: es la tercera remuneración más alta de los últimos cortes. Básicamente, se paga un precio premium por el lujo de no producir. Es una ingeniería financiera donde el premio es que no te den el chispazo. Todo este despliegue de 'estabilidad' se apoya en una subasta celebrada el 28 de mayo de 2026, que dejó asignados 1.775 Megavatios (MW) de potencia de respuesta para el segundo semestre de ese mismo año. Es fascinante ver cómo la planificación energética se convierte en un mercado de apuestas donde la industria acepta que le corten el grifo si el cheque es lo suficientemente jugoso. Un modelo eficiente, si lo que buscamos es que la industria aprenda a trabajar a oscuras.
Pepinos marroquíes: el sablazo del 887%
Hay amores que son como el mercado de abastos: pura conveniencia y cero romanticismo. Mientras en Ceuta la tensión se cortaba con un cuchillo tras la entrada de más de 70.000 personas, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber decidido que la diplomacia se hace mejor con una ensalada en la mesa. Porque claro, es muy fácil exculpar al vecino cuando el camión de las hortalizas llega puntual y el precio cuadra en la hoja de Excel. Echemos un vistazo a los números de Datacomex, que son los que no mienten aunque el discurso político intente maquillarlos. En el primer semestre de 2019, España traía 2.668,2 toneladas de pepinos marroquíes por unos 2,09 millones de euros. Un chiste. Pero saltamos al mismo periodo de 2026 y la cosa se vuelve obscena: 8.667,2 toneladas que nos han costado 20,64 millones de euros. Un incremento del 887,56%. Básicamente, hemos pasado de comprar un par de cajas para probar el sabor a llenar el frigorífico nacional con el presupuesto de un estadio de fútbol, sin que a nadie en Moncloa le tiemble el pulso. Y no es solo el pepino. El tomate también ha pegado un estirón: de 36.950,5 toneladas en 2019 (34,69 millones de euros) a 50.112,83 toneladas en 2026, disparando la factura a 92,4 millones de euros. Un 166,36% más. Incluso la sandía, esa fruta que solo recordamos cuando el termómetro explota, ha subido un 54,35%, pasando de 25,61 millones a 39,53 millones de euros. Eso sí, para que no nos asustemos, nos venden que la balanza comercial sigue siendo positiva. Que exportamos 6.420,54 millones frente a los 5.795,52 que importamos en 2026. Muy bonito el dato macro, pero en el huerto la realidad es otra: mientras Mohamed VI nos manda hortalizas a precio de oro, nosotros seguimos jugando al equilibrio diplomático con la tarjeta de crédito en la mano.
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