La noticia se centra demasiado en la inminencia del embargo durante el Mundial, restando importancia a la raíz del problema: una mala gestión política que ha derivado en una deuda astronómica. El titular, aunque llamativo, es un tanto sensacionalista.
Julio Iglesias, el hombre que ha conquistado corazones con sus canciones, también parece imbatible en los tribunales. Al menos, en la República Dominicana. La querella iniciada en 2020 por los hermanos Villanueva –Rogelio (59), con 21 años de servicio a 750 euros mensuales, y Eleuterio (58), con 9 años a 372 euros– ha tocado a su fin. Reclamaban casi 50.000 euros por despido injustificado durante la pandemia, un auténtico sablazo en tiempos de confinamiento. Pero la justicia dominicana ha dictaminado que eran personal doméstico, no empleados con derecho a la hucha de prestaciones. El caso, que ha recorrido cuatro instancias judiciales en casi cuatro años, se centró en si Villa Corales 5, la propiedad del cantante en Punta Cana, era una residencia familiar o un negocio de alquiler vacacional. Los hermanos argumentaban que, pintando, carpinterando y conduciendo, eran mucho más que simples sirvientes. Incluso aportaron un certificado de Inversiones Emexterez que, irónicamente, certificaba que la villa NO se alquilaba. La corte, sin embargo, prefirió creer a un testigo que juró que la villa era exclusivamente para uso familiar. Un testigo, imaginen, frente a una certificación. La guinda la puso un accidente de tráfico de 2017, donde Rogelio conducía un vehículo de Iglesias. ¿Prueba de que era chófer? No, según el tribunal, simplemente una tarea ocasional compatible con el servicio doméstico. La reclamación por no estar dados de alta en la Seguridad Social ni siquiera se consideró, porque, según el tribunal, era un añadido de última hora. Al final, el cantante ha ganado una batalla legal que, más allá de los 45.000 euros en juego, pone de manifiesto cómo el dinero y las buenas conexiones pueden inclinar la balanza. Y, claro, cómo la justicia a veces baila al son que tocan los poderosos.
El fútbol, ese opio del pueblo, ha dejado de ser un refugio para la Selección Española. Mientras Luis de la Fuente prepara el asalto al Mundial de 2026 en EEUU, los fondos buitre, esos coleccionistas de deudas que no perdonan ni un céntimo, han logrado un permiso judicial para embargar a España en cada ciudad donde pise el equipo. Imaginen la escena: la Roja marcando un gol y, simultáneamente, un agente judicial requisando el autobús del equipo. Un espectáculo. La factura, cortesía de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, asciende a 79,5 millones de euros solo en el caso Watkins, una pequeña porción de los más de 700 millones de euros que España debe por las primas a las renovables que se recortaron unilateralmente. O sea, mientras prometíamos un futuro verde, estábamos sembrando la semilla de futuros embargos. La cosa ha ido tan lejos que incluso el avión del Rey podría ser retenido si se aventura a cruzar el Atlántico. Los fondos, liderados por Blasket Renewable Investments y asesorados por el bufete King & Spalding, no se andan con chiquitas. Han registrado la sentencia en Nueva York, Nueva Jersey, California… ¡En todas partes! Buscan activos como si estuvieran buscando setas en una encina. Adidas, la Baylor School, incluso el Instituto Cervantes en Holanda ya están en la mira. La deuda total con las empresas afectadas ya supera los 2.316 millones, con 552 millones adicionales en intereses y costas legales. Es decir, que los sobrecostes por no pagar a tiempo son casi una cuarta parte de la deuda original. ¿Quién dijo que la crisis no tenía sentido del humor? El Gobierno de Pedro Sánchez, fiel a su estrategia de 'resistir y renegociar', sigue alegando que Bruselas no le permite pagar porque serían ayudas de Estado. Pero los fondos ya no se andan con rodeos: prefieren los tribunales de EEUU, donde la justicia, al parecer, tiene menos consideración por las excusas políticas.
España, a punto de ir al Mundial de Estados Unidos, podría tener un disgusto mayor que una derrota. No es un rival deportivo el que amenaza su pase a la siguiente ronda, sino una factura pendiente de 700 millones de euros. Las empresas de renovables, hartas de esperar las indemnizaciones prometidas y luego recortadas por sucesivos gobiernos (Zapatero inició la fiesta, Rajoy cortó el grifo), han decidido jugar su propia partida. Y lo hacen con la dureza de quien ha visto cómo se le escapa el dinero. Olvídese del glamour de los patrocinios de ‘La Roja’. La estrategia es simple: embargar hasta la última moneda que ingrese por publicidad en suelo americano. Pero la cosa va más allá. Desde el pasado verano, la Corte de Distrito de Columbia ha dictaminado siete sentencias en contra de España (Watkins: 93 millones, NextEra: 290,6 millones... la lista sigue). Ahora, esas sentencias tienen eco en Nueva York, California, Texas… justo donde se celebrará el Mundial. El ‘Falcon’, el avión oficial que transporta a Pedro Sánchez y a la Casa Real, está en la mira. Imagínese la foto: el avión presidencial embargado en territorio estadounidense. Un sablazo en la imagen nacional de dimensiones épicas. Y no es solo eso. Se han puesto notificaciones judiciales a bancos, empresas, e incluso se ha bloqueado la posible compra de misiles Patriot por valor de 1.445 millones. La deuda total asciende a 2.310 millones, una cifra que suena a timo a la altura de las mejores estafas. Reino Unido, Bélgica, Australia… ya han dado luz verde a embargos similares. ¿Será el Mundial el principio del fin de la impunidad?
La Roja, con el balón en los pies y un embargo acechando. Mientras Luis de la Fuente intenta meter goles, los fondos buitre se preparan para meter mano en la caja. La selección española, en pleno Mundial de Estados Unidos 2026, podría ver sus movimientos vigilados, no por la defensa contraria, sino por acreedores internacionales. El origen del embrollo, como suele ocurrir, es una historia de promesas rotas y facturas sin pagar: 79,5 millones de euros por el principal más intereses, una cifra que suena a sablazo en la factura de la luz. Pero la cosa no queda ahí. La deuda total acumulada por España en arbitrajes internacionales supera los 700 millones de euros, una suma que podría comprarse un estadio de fútbol… varias veces. Los fondos, liderados por Blasket Renewable Investments y representados por el bufete King & Spalding, no se andan con chiquitas. Han registrado la sentencia en juzgados de Nueva York, Nueva Jersey, California… ¡casi toda la costa americana! Incluso el avión del Rey podría ser objetivo, un detalle que levanta más ampollas que un penalti discutido. Todo esto, por cierto, viene de lejos. De las primas a las renovables aprobadas por Zapatero en 2007 y recortadas después por Rajoy en 2012, un carrusel de decisiones que ha terminado en una deuda de 2.316 millones de euros, con sobrecostes financieros que elevan la cifra a 552 millones más. El Gobierno de Sánchez, fiel a su estilo, se defiende alegando que Bruselas no le permite pagar, un argumento que suena a excusa barata para los acreedores. Mientras tanto, la selección española corre el riesgo de convertirse en un peón en esta partida de ajedrez financiera. Y la pregunta que todos se hacen es: ¿tendremos que vender la camiseta de la selección para pagar las deudas?
Barcelona, marzo de 2024. La Ley de Vivienda, esa promesa de techo para todos, parece más un paraguas roto en medio de un huracán inmobiliario. Fedea, el think tank que se atrevió a mirar los números sin gafas de color rosa, nos cuenta que la oferta de alquiler en Barcelona se ha desplomado un 22,2%. ¿El motivo? Limitar los precios, al parecer, no anima a los propietarios a poner sus pisos en el mercado. ¿Quién lo diría? Mientras tanto, en Madrid, donde la ley es letra muerta, la oferta sube un 3,9%. La diferencia es como comparar la cola del Rastro con la de un restaurante con estrella Michelin. Cataluña, convertida en el laboratorio de esta experiencia, ha visto cómo la presión por cada vivienda se ha multiplicado por cuatro. ¡368 personas peleándose por el mismo piso! En Barcelona, la cosa está aún más cruda: 462 contactos por inmueble. Imaginen la escena: un anuncio, una horda y un casero sonriendo. La Comunidad Valenciana y Andalucía, que no han sucumbido a la tentación de la regulación, retroceden un modesto 10%, una cifra que parece un oasis en comparación. El Gobierno, mientras tanto, sigue acusando a Madrid de sabotaje. Un 'tú más' digno de un patio de colegio. La moderación de los precios, según Fedea, convive con la escasez y la competencia feroz. Es decir, que el pastel es más pequeño y hay más gente con tenedor. La subida generalizada de precios, insisten, no es culpa de la ley, sino de un déficit de oferta. Suena a excusa barata, pero bueno, en política, la realidad suele ser el primer engaño. Fernando Pinto, profesor de la Rey Juan Carlos, lo tiene claro: la ley no soluciona el problema, lo agrava. Y la lista de espera para un piso en Barcelona, señores, es más larga que la de Hacienda.
La DGT, en su infinita sabiduría, ha instalado un radar que parece tener vida propia. Un radar de tramo en la A-7, entre San Roque y Algeciras (kilómetros 1.106,2 y 1.207,5), que en lugar de velar por nuestra seguridad, nos ha puesto una trampa. ¿La jugada? Multar a conductores a 80 km/h en un tramo donde la señalización indicaba 100 km/h. Un sinsentido, vamos, digno de un guion de Kafka. Imaginen la escena: usted conduciendo, respetando la velocidad permitida, y de repente, ¡sorpresa! Una multa que le hace cuestionar su cordura. Y no era un caso aislado. La DGT, tras las denuncias (obviamente, después de haber llenado los bolsillos), reconoció el error. Pero aquí viene lo bueno: miles de conductores, confiados en que no habían hecho nada mal, pagaron las multas sin recurrir. Dinero que, previsiblemente, no verán de nuevo. La DGT defiende estos radares de tramo como una forma de “educar” al conductor, obligándonos a controlar la velocidad en tramos más largos. Sí, claro. Como si no tuviéramos suficiente con la inflación, las facturas de la luz y el precio del pan. Ahora, además, tenemos que preocuparnos de que los radares estén bien calibrados. Un desastre. Y mientras tanto, el agujero contable se agranda, alimentado por las sanciones de conductores incautos. El organismo, en vez de actuar de oficio y devolver el dinero, parece apostar por la estrategia de la inacción.
La Unión Europea, en su infinita sabiduría burocrática, ha decidido que los sobrecitos de kétchup y las monodosis de aceite son el enemigo a derrotar. Primero nos vendieron la higiene y el fraude como excusas para imponer los envases individuales. Ahora, diez años después, nos informan que esos mismos envases son una aberración ecológica. ¿El Reglamento (UE) 2025/40, más conocido como PPWR, es la solución? No lo parece. Para el dueño de cualquier bar, la cosa pinta mal. Da igual si vota al PSOE o al PP, esta medida le toca la fibra sensible. Y no precisamente por la ideología, sino por la cartera y la gestión diaria. Porque, seamos serios, entre hacer la compra y lidiar con la inflación, ahora tienen que preocuparse por si el kétchup viene en sobrecito o en botella. ¿Es la medida buena para el medio ambiente? La pregunta es legítima. Gastamos más plástico con los minisobres, sí, pero ¿qué pasa con el consumo? Con el bote grande a mano, la tentación de echar más kétchup en la patata frita es irresistible. Y si sobra, pues sobra. El malgasto, ironía aparte, era precisamente uno de los argumentos con los que se justificó la eliminación de los envases rellenables hace una década. Pero el verdadero problema no es el kétchup, sino la forma en que se legisla en Bruselas. Una estructura que se alimenta de sí misma, con gente cobrando (y bien) por inventar leyes para todo, incluso para lo que no debería haberlas. Un ejemplo perfecto del 'si tienes un martillo, todo parece un clavo'. La Comisión Europea, en lugar de fijar un precio al plástico, prefiere legislar sobre la cantidad de kétchup que podemos usar. Un sinsentido.
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