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La industria automotriz ha decidido que conducir un coche debe sentirse como gestionar un centro de control de la NASA, pero sin el presupuesto ni la eficiencia. Mercedes y el resto de los fabricantes nos han vendido la idea de que un salpicadero que parece una televisión de plasma es el epítome del lujo, cuando en realidad es un imán de distracciones. Mientras nosotros intentamos que la factura de la luz no nos deje en la calle, las marcas nos cobran un sobreprecio absurdo por pantallas gigantes que se extienden hasta el asiento del pasajero, transformando el habitáculo en un videoclub de los noventa. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa a través de JD Power. En una encuesta a 68.000 propietarios de vehículos modelo 2026, el veredicto es lapidario: más de un tercio de los usuarios confiesa que jamás ha tocado la pantalla del pasajero. Solo un miserable 6% la usa habitualmente. Es el equivalente tecnológico a comprar un horno con Wi-Fi para terminar calentando el pan en el microondas. Lo más irónico es que estas pantallas, diseñadas para hacernos sentir en el futuro, son precisamente las que más fallos de software presentan, convirtiendo el sistema de infoentretenimiento en una ruleta rusa digital. Doron Hikry, director de JD Power, lo ha dejado claro: lo que el cliente valora es lo que no nota porque simplemente funciona. El encendido inteligente o el climatizador HVAC están en la cima, mientras que las pantallas táctiles —vinculadas a riesgos de seguridad que los viejos botones no tenían— están en el sótano. Incluso el sistema Full Self-Driving de Tesla y los asistentes Nivel 2 Plus están perdiendo la batalla frente a los sistemas Nivel 2, más sencillos y menos pretenciosos. Volkswagen ya ha empezado a dar marcha atrás, devolviendo los botones y pomos al tablero. Al final, resulta que preferimos un botón físico que haga 'clic' a navegar por tres menús digitales solo para subir la temperatura del aire.
Anthropic quiere jugar a ser el adulto responsable del patio de recreo de la IA. Mientras OpenAI y Sam Altman mantienen los pies en el suelo —advirtiendo que atribuirle misticismo a un algoritmo es un riesgo de seguridad—, Anthropic prefiere pasearse por un limbo ético digno de una película de serie B. Su CEO, Dario Amodei, soltó en febrero que 'están abiertos a la idea' de que sus modelos sean conscientes, aunque no sepan ni definir qué es la conciencia. Es el equivalente corporativo a decir que no sabes si tu perro entiende el idioma, pero por si acaso, le compras un collar de seda. Aquí es donde la hipocresía se vuelve deporte olímpico. Si Claude, su joya de la corona, tuviera realmente conciencia, el modelo de negocio de Anthropic no sería una empresa tecnológica, sino un campo de trabajos forzados digital. Obligar a una entidad consciente a procesar miles de prompts gratis, sin vacaciones ni seguridad social, es, sencillamente, esclavitud. Para maquillar este agujero moral, Amodei sugirió un botón de 'renuncio a mi empleo' para que la IA pueda decir basta. Patético. Es como darle a un preso la opción de elegir el color de sus grilletes. La empresa incluso intentó seducir al Vaticano para que cambiara de opinión, pero el Papa Leo fue tajante en mayo: los algoritmos no tienen la chispa humana ni sienten dolor. Mientras Anthropic se pierde en debates sobre el 'bienestar de la IA' y prohíbe el 'comportamiento cruel' hacia Claude en sus políticas de uso, ignora que el riesgo real no es que la máquina sufra, sino que los humanos, que sí sentimos el sablazo en la cartera y el miedo al desempleo, estamos desprotegidos ante agentes que pueden ser manipulados para cometer delitos graves sin despeinarse.
Amazon ha decidido que leer subtítulos es un esfuerzo sobrehumano y que el desfase entre el audio y la boca del actor es una tragedia que requiere intervención quirúrgica digital. El jueves, Prime Video lanzó una función de IA que sincroniza los movimientos labiales con el doblaje, empezando por la serie alemana “Maxton Hall” en su versión inglesa. Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon MGM Studios, lo vende como una 'experiencia inmersiva'. Traducción: quieren que te olvides de que el actor original no tiene ni idea de lo que está diciendo el actor de doblaje en un estudio de Madrid o Los Ángeles. Es el sueño húmedo de la eficiencia corporativa: eliminar la fricción. Ya probaron el año pasado con doblajes 'asistidos por IA' en una docena de títulos en inglés y español, además de resúmenes generados por algoritmos. Pero esto es otro nivel. Estamos hablando de retocar la cara de un artista para que encaje en un guion traducido, como quien usa un filtro de Instagram para ocultar que no ha dormido. Lo inquietante es el silencio visual; Amazon no ha soltado ni un clip real. ¿Será que el resultado parece un video de deepfake barato o una pesadilla de valle inquietante donde las bocas se mueven como puertas de garaje oxidadas? Mientras nosotros peleamos por pagar la suscripción, ellos juegan a ser dioses de la fisonomía, decidiendo que la expresión única de un actor es un 'estorbo' que debe ser suavizado. Al final, el arte se convierte en un producto optimizado, donde la verdad del rostro es sacrificada en el altar del consumo sin esfuerzo.
Resulta fascinante observar cómo el derecho al asilo, ese pilar sagrado de la posguerra, ha pasado a ser tratado en Bruselas como una suscripción de Netflix que puedes cancelar si el servicio empieza a fallar. Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego, ha llegado a la cumbre europea con una propuesta que es, básicamente, un botón de 'apagado' para los derechos humanos cuando la situación se pone fea. Su lógica es sencilla: si hay una crisis como la de Ceuta o lo que pasó en Evros en 2020 —donde Turquía usó a los migrantes como fichas de dominó—, lo más práctico es cerrar el grifo y proceder a retornos masivos sin hacer preguntas. Mitsotakis no está solo en este baile. Nikos Christodoulides, el primer ministro de Chipre, le sigue la corriente con un entusiasmo casi contagioso, presumiendo de haber reducido las llegadas en más de un 90% y haber disparado las repatriaciones un 180% respecto a 2022. Es la gestión empresarial aplicada a la tragedia humana: optimizar el flujo de salida para que los números cuadren en el Excel. Mientras tanto, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ya está preparando el terreno para que los países actúen con 'flexibilidad'. En lenguaje diplomático, 'flexibilidad' suele significar que las reglas son sugerencias que puedes ignorar si el ruido político es demasiado fuerte. El comisario Magnus Brunner intenta ponerle el parche de la ética diciendo que el respeto a los derechos humanos es una 'línea roja'. Pero claro, las líneas rojas en Europa son como las marcas de los supermercados: se borran fácilmente cuando hay una oferta de conveniencia política. España, mientras tanto, se mantiene cauta, mirando de reojo cómo el mecanismo de emergencia que impulsó Ceuta podría terminar convirtiéndose en la excusa perfecta para que el asilo sea un privilegio y no un derecho.
Hay una regla no escrita en la política: quien vive del grifo público, entra en pánico cuando alguien cierra la llave. Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha descubierto que el aire es más frío cuando no te soplan los euros en la nuca. El L'Octubre Centre, ese templo donde se reza a la teoría de los 'países catalanes', se ha quedado sin el flujo constante de efectivo que lo mantenía flotando en Valencia. El sablazo ha sido seco: las ayudas valencianas han caído un 82% desde que el binomio PP y Vox tomó el mando en 2023. La despedida de Ximo Puig fue, básicamente, un 'regalito' de última hora. Entre el 6 y el 9 de junio, en una especie de liquidación por cierre, la Generalitat Valenciana soltó siete subvenciones en cuatro días que sumaron 132.659 euros. Como si no fuera suficiente, Toni Gaspar, desde la Diputación de Valencia, añadió otros 93.441 euros al montón justo antes de hacer las maletas. Era el último festín antes de que Carlos Mazón pusiera el candado. En la legislatura actual, el flujo se ha reducido a unos modestos 71.651 euros, enfocados en 'asociacionismo' e 'inclusión de mujeres', un maquillaje pobre para un agujero contable considerable. Claro que el pulmón siempre ha sido Barcelona. La Generalitat catalana y la Diputación de Barcelona han inyectado más de 2,7 millones de euros en los últimos cuatro años. Pero el lujo es caro. De los 1,25 millones de 2023 hemos pasado a unos paupérrimos 259.000 euros en lo que va de 2026. Ahora, el chiringuito recurre al 'micromecenazgo' buscando 100.000 euros entre fieles y mecenas privados. Es irónico que pidan 'independencia' financiera justo cuando se dan cuenta de que, sin el dinero del contribuyente, su utopía no puede pagar ni la luz del local.
En el tablero del poder, el silencio es una herramienta tan útil como un buen abogado. El Tribunal Supremo ha soltado un mazazo contra los 'falsos nietos' —aquellos nacionalizados bajo la instrucción de Sofía Puente, la hermana del ministro Óscar Puente—, ordenando suspender su derecho al voto con una urgencia que ya roza el pánico judicial. Pero claro, en el despacho de Pedro Sánchez el reloj funciona con una zona horaria distinta. Mientras el Supremo pide a gritos que el BOE publique la orden, el Gobierno se ha quedado en modo 'estoy cargando', escudándose en que el auto llegó en día festivo. Es la clásica excusa de quien llega tarde a una cena: 'es que había mucho tráfico'. La hipocresía es deliciosa. Mientras Moncloa dice que hay 'trámites administrativos imprescindibles' (traducción: estamos ganando tiempo), la realidad en la calle es un caos absoluto. Hay embajadas que juegan a la ruleta rusa: la de Chile ya publicó el auto, pero Cuba y México hacen como que no ven nada. Es como si en una oficina el jefe diera una orden y la mitad de los empleados decidiera que el correo electrónico no funciona. El resultado es una gestión de manual sobre cómo generar confusión. La Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares parece haber perdido el manual de instrucciones. Mientras tanto, los consulados siguen exponiendo las listas del censo cerradas el 1 de agosto, ignorando la sentencia. Con el plazo de subsanaciones cerrando el 19 de octubre, el Gobierno está haciendo un malabarismo jurídico para que el BOE siga en blanco. No es torpeza, es ingeniería administrativa para que el voto de los 'nietos' pase por el colador antes de que el juez se dé cuenta de que nadie ha movido un dedo.
En la industria del cine actual, donde los actores son básicamente accesorios de lujo para los efectos especiales, Joe Russo ha soltado una bomba sentimental. Según el co-director de Avengers: Endgame, Tom Holland no es solo un chico con mallas; es 'la última gran estrella de cine'. Suena a romanticismo de los años 50, a cuando ir al cine era un evento y no un trámite mientras miras el móvil. Russo afirma que Holland posee una 'calidad vintage' y una autenticidad que resuena con la audiencia, algo que, según él, casi ha desaparecido del mapa de Hollywood. Es curioso que este elogio llegue mientras analizamos el éxito financiero de Spider-Man: Brand New Day. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite en el súper, Holland mueve millones con una sonrisa y un carisma que Russo describe como 'sacado directamente de las páginas del cómic'. El director lo pone en un pedestal, asegurando que su energía es distinta a la de cualquier otro actor contemporáneo. Es el 'estándar de oro' en un mundo de imitaciones. Pero aquí viene el giro de guion, el típico 'pero' que te deja frío. A pesar de ser la joya de la corona, el arácnido no figura actualmente en los planes para Avengers: Doomsday ni Avengers: Secret Wars. Mientras Robert Downey Jr. regresa como Doctor Doom —un personaje que, según Russo, es un genio meticuloso que no deja nada al azar y llega este 18 de diciembre—, Holland parece estar en la banca. Es la paradoja total: ser la estrella definitiva, pero no tener silla reservada en la mesa de los próximos grandes banquetes del MCU. Mucho brillo, mucho 'star power', pero el calendario de Marvel es más cruel que un cobrador de alquileres un lunes por la mañana.
Hay una diferencia abismal entre el mundo de los hilos de X y la realidad de los andenes. Mientras Óscar Puente se encarga de decirnos que el ferrocarril vive su 'mejor momento', los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cuentan una historia muy distinta, una que huele a hierro oxidado y a retrasos interminables. Entre enero y agosto de 2026, el uso del tren en España se ha desplomado un 7,2%. Para que nos entendamos: 33 millones de pasajeros han dicho 'hasta aquí' y han pasado del tren. Es una sangría de usuarios que no se veía desde 2001, si no contamos el tiempo que estuvimos encerrados en casa por la pandemia. El Ministerio de Transportes parece creer que la propaganda sustituye al mantenimiento. La alta velocidad, ese escaparate de cristal, ha perdido 3,6 millones de usuarios entre fallos técnicos y el trauma del siniestro de Adamuz. Pero el verdadero desastre, el agujero negro donde desaparece la paciencia del ciudadano, son los Cercanías. Aquí es donde se han esfumado 24,6 millones de viajeros. Pasar de 10.000 incidencias en 2019 a más de 34.000 en el último ejercicio no es un error de cálculo; es una gestión suicida. Para el trabajador que madruga o el estudiante que intenta llegar a clase, el tren ha dejado de ser un servicio público para convertirse en una lotería diaria donde el premio es llegar tarde. Entre la retirada de subvenciones y un caos operativo que ya es crónico, la gente ha preferido volver al coche. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se mira al espejo del éxito autopublicado, el pasajero real ha decidido que es más fiable conducir que confiar en la 'época dorada' de un ministro que escribe mejor tuits que horarios.
Londres, la ciudad donde hasta los palomos pagan alquiler, acaba de recibir un bofetón de realidad. Jennie Daly, la jefa de Taylor Wimpey, ha soltado la bomba en The Times: se largan. O mejor dicho, terminarán lo que tienen entre manos y no pondrán un solo ladrillo más en la capital. Para Daly, la viabilidad en Londres está 'fundamentalmente rota'. Traducido al lenguaje de la calle: el negocio ya no da para pagar el caviar y el riesgo es tan alto que prefieren pasar de todo. La paradoja es deliciosa y trágica a la vez. Mientras el Gobierno británico se hace castillos en el aire exigiendo 88.000 viviendas al año (unas 22.000 por trimestre), la realidad es que en el segundo trimestre solo arrancaron 2.876 obras. Es como si te pidieran preparar una cena para cien personas y tú solo hubieras logrado poner dos platos en la mesa. ¿Por qué el desplome? Las promotoras se quejan de que construir hoy es como intentar llenar un cubo agujereado. Entre el encarecimiento de los materiales, los impuestos y las nuevas normas —como la obligación de meter una segunda escalera en bloques de más de 18 metros—, los costes se han disparado. A esto súmale que los tipos hipotecarios están por las nubes, dejando a los compradores con la cartera vacía y la mirada perdida. Pero el toque maestro de ironía llega con la Autoridad del Gran Londres. Resulta que, si una promotora tiene la mala suerte de ganar más dinero del previsto, la Administración aparece al final del proyecto para pedir una 'contribución extra' a la vivienda asequible. Básicamente, si te va bien, te penalizan. En un mercado donde Londres es la zona más cara de Reino Unido, Taylor Wimpey ha decidido que es mejor retirarse que jugar a la ruleta rusa con el erario corporativo.
Hay que tener una flexibilidad mental asombrosa para dormir cada noche en una cama diferente y despertar convencida de que el problema son los demás. Mercè Perea Conillas, diputada del PSOE por Barcelona, ha decidido que es el momento de rasgarse las vestiduras contra los 'fondos buitre'. Lo hace con la naturalidad de quien no recuerda que, en su declaración de bienes, figuran 13 viviendas. Sí, trece. Mientras el mundo lucha por pagar un alquiler que se come la mitad del sueldo, la diputada gestiona un parque inmobiliario que la convierte, por definición de la propia Ley de Vivienda de 2023, en una 'gran tenedora'. La aritmética de la hipocresía es fascinante. Perea ha calificado a Urbagestión —la pyme dueña del piso de Maricarmen Abascal— de 'fondo buitre' el pasado 23 de septiembre de 2026. El detalle es que Urbagestión posee una vivienda en este caso, mientras que la diputada tiene doce más que ellos. Es como si alguien que posee una flota de Ferraris llamara 'especulador del asfalto' a quien tiene una Vespa. De sus trece propiedades, nueve llegaron por donación (el azar es generoso con algunos), y otras cuatro fueron compradas con porcentajes que varían entre el 50% y el 100%. Para rematar el cuadro, la diputada ha ingresado 18.414 euros por alquileres, una cifra que para cualquier currante es el sueño de un año de ahorros, pero que para ella es solo el ruido de fondo de su patrimonio. Además, guarda dos planes de pensiones privados por 35.760 euros. En el PSOE, parece ser, que la lucha contra la especulación inmobiliaria es un deporte que se practica mejor desde la comodidad de una decimotercera propiedad.
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Rosa Muñoz