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España ha descubierto la magia de la abundancia inútil. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el país se ha dedicado a tirar a la basura el equivalente al 14% de su demanda eléctrica. Según la consultora Nera, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, hemos 'vertido' unos 35 TWh. Para que nos entendamos: es como pagar un banquete para 100 personas y tirar la comida de 14 invitados directamente al cubo de la basura porque nadie tenía hambre en ese momento. La aritmética del absurdo es fascinante. Con una demanda total de 255 TWh, nos hemos quedado con un excedente que oscila entre los 30 y 37 TWh (repartidos casi a partes iguales entre eólica y solar), convirtiendo el viento y el sol en adornos costosos. La eólica bailó entre los 15 y 20 TWh perdidos, mientras la fotovoltaica se quedó en los 15-17 TWh. Es la paradoja perfecta: tenemos la energía, pero no tenemos dónde meterla ni cómo guardarla. ¿El problema? Que las baterías son hoy un lujo que no seduce al inversor y que el consumidor, el pobre diablo, no puede ni conectarse a la red. Para rematar la faena, los impuestos actúan como un muro que penaliza el consumo justo cuando la energía sobra. Mientras Red Eléctrica mantiene un silencio sepulcral sobre estas cifras, obligando a consultoras como Aurora Energy Research a hacer matemáticas de detective —registrando récords absurdos como los 1,5 TWh vertidos solo en julio—, el sistema sigue operando bajo una lógica esquizofrénica. Producimos 61,4 TWh solares y 56,1 TWh eólicos en la península, pero preferimos que el viento sople en vano antes que reformar un modelo de red que parece diseñado en la era del vapor.
Hay una ironía deliciosa en que el PSOE quiera hacer de la crisis de la vivienda su bandera para el 29-N mientras su portavoz, Montse Mínguez, convive con un ecosistema inmobiliario que haría palidecer a cualquier fondo buitre. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y la lista de la compra, la pareja de Mínguez, Sergi Vélez, gestiona un holding de 30 pisos y una cartera de inversiones de 6,2 millones de euros. Pero el verdadero arte no está en acumular ladrillos, sino en cómo 'limpiar' las facturas cuando se tiene la llave del despacho. Retrocedamos a Lérida. En junio de 2014, cuando Mínguez era la jefa de Economía y segunda teniente de alcalde, el Ayuntamiento decidió que Adaix de Negocios —la empresa de su pareja que gestionaba la discoteca Larida— no tenía por qué pagar una deuda de 281.783 euros. Sí, han leído bien: un 'borrón y cuenta nueva' de casi 300.000 euros que desaparecieron de la cuenta del contribuyente para salvar el balance del marido. Una ingeniería financiera que incluyó el perdón de cánones y garantías por un edificio de verano que, mágicamente, ya no hacía falta derribar. El despliegue de audacia no termina ahí. Vélez fundó Adaix el 14 de enero de 2009, justo dos semanas antes de que saliera el concurso para explotar el parque de Gardeny. Un timing digno de un reloj suizo. Para evitar que el juez le pusiera una multa por incompatibilidades, Vélez jugó al escondite: salió de la administración el 1 de abril y volvió el 10 de agosto como apoderado. Desde los chalés de lujo en Palafrugell —donde talaron cientos de árboles sin permiso— hasta sociedades en Panamá para invertir en Brasil o Polonia, el relato de la 'vivienda digna' suena a chiste de mal gusto. Mínguez dice que no tiene nada que ocultar, pero su currículum parece más un manual de optimización fiscal que un programa político.
Hacerse el invisible es un arte que dominamos todos cuando llega el cobrador del alquiler, pero llevarlo al nivel de la geopolítica naval ya es otro nivel de cinismo. Mientras Ceuta se convertía en un hervidero humano con la entrada masiva de al menos 80.000 personas, la Marina Real marroquí decidió que jugar al escondite era la mejor estrategia. Las fragatas Mohamed VI y Hassan II, junto a la corbeta Tarik Ben Ziyad, apagaron sus sistemas AIS de geolocalización. Básicamente, decidieron poner el móvil en modo avión mientras navegaban por aguas españolas, eliminando el rastro de posición, rumbo y velocidad que cualquier barco decente mantiene para no chocar con el vecino. Esta 'ingeniería de la invisibilidad' no fue un fallo técnico, sino una coreografía coordinada. Mientras los satélites espía Mohamed VI-A y Mohamed VI-B hacían hasta 11 pasadas vigilando el caos desde el cielo, los buques se movían en las sombras, saliendo de la base naval de Ksar Sghir. El juego llegó a tal punto que la Armada española tuvo que descolgar el teléfono y llamar a Rabat para evitar que el asunto terminara en un choque de metal, ya que los alauíes paseaban por Ceuta sin pedir permiso, como quien entra en un garaje ajeno pensando que no hay nadie. La respuesta de Madrid llegó con el buque Rayo el 4 de agosto, seguido por el Tornado y las fragatas Santa María y Navarra. Se nos vendió como una medida preventiva, una especie de 'por si acaso', cuando en realidad era un intento desesperado de poner orden frente a provocaciones que incluían cazas F-16 rozando Melilla y drones molestando a vuelos civiles. Todo este despliegue de tensión quedó guardado en el cajón del olvido institucional durante dos meses y medio, porque admitir que te han hecho un 'sablazo' de soberanía en tu propia costa no queda bien en el PowerPoint del Gobierno.
Para el Estado, gestionar el reembolso de unos pocos euros de un sello postal es una pesadilla administrativa que no cabe en la agenda. Así que, con la naturalidad con la que uno decide no leer las instrucciones de un mueble de IKEA, 16 embajadas españolas han decidido que el voto CERA puede viajar en 'clase turista'. Han sustituido la carta certificada por el franqueo en destino, convirtiendo el sufragio de 1.895.085 electores —el 70% del censo residente ausente— en simples cartas ordinarias. Sin rastro, sin firma, sin fecha. Básicamente, han pasado de un envío con seguimiento de Amazon a dejar la papeleta en un buzón de la calle y rezar para que llegue. El ahorro en papeleo es música para los oídos del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero para la democracia es un agujero del tamaño de un estadio. Al eliminar la trazabilidad, se dinamita la LOREG, que exige que el voto se deposite hasta cinco días antes de las elecciones. Sin el sello de la oficina postal, el voto es un fantasma: puede echarse al buzón tres días tarde y entrar en la valija diplomática como si fuera legal, porque nadie puede probar que llegó fuera de plazo. El riesgo no es solo el descuido, sino la ingeniería electoral. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, este sistema abre la puerta a que cualquier red organizada 'siembre' buzones con votos de fallecidos o personas dependientes, usando copias de DNI y pasaportes. Una sola persona puede repartir cientos de sobres sin identificarse, y el consulado los recibirá en sacas cerradas, sin saber si el votante existía o si fue un acto de generosidad involuntaria. Desde Alemania hasta Venezuela, pasando por Argentina (donde reside el 20% del censo), la seguridad del voto ha pasado de ser un blindaje a ser un sobre de papel común.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, en Moncloa han montado un casting de confianza que haría palidecer a cualquier agencia de empleo. Pedro Sánchez cierra la legislatura con un ejército de 1.255 asesores y empleados de confianza. No es un equipo, es una ciudadela. Para que nos entendamos: Presidencia del Gobierno se ha quedado con 576 puestos, casi la mitad del total, sumando otros 28 en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Es el clásico 'todos mis amigos en el barco'. La ingeniería financiera es la parte más jugosa. El crédito para este personal eventual ha pasado de 40,4 millones de euros en 2018 a unos generosos 71,2 millones en 2025. Un sablazo del 76,5% que crece tres veces más rápido que el gasto general de personal de la Administración. Mientras el resto de funcionarios espera que el presupuesto no se evapore, el personal de confianza ha visto cómo su partida presupuestaria se inflaba sin despeinarse. Lo más fascinante es la jerarquía. No se han conformado con puestos modestos; el 53,4% (670 personas) están en los niveles 27 al 30, la crema de la administración. De hecho, el nivel 30, el techo salarial, concentra 460 puestos. Es una pirámide invertida donde el lujo se acumula arriba. Y para los que crean que esto es una cuestión de ideología, hay 145 'supervivientes' que ya estaban ahí con Rajoy en 2018, algunos incluso desde Aznar o Zapatero. Hay gente que es más eterna que los presupuestos que Sánchez no ha podido sacar adelante. Al final, el 29 de noviembre vamos a las urnas, pero el ejército de confianza ya tiene su búnker blindado con 71 millones de euros.
Imagínate que te limpian la cartera o te dejan el coche en los huesos. Te sientas en el autobús, llegas al cuartel con la rabia a tope y, ¡zas!, te encuentras con que denunciar un robo ahora tiene la misma logística que pedir cita para el dentista o renovar el DNI en un año bisiesto. Bienvenidos a la vanguardia de la seguridad en Baleares, donde la AUGC ha tenido que confirmar lo que ya olía mal: en algunos puestos de la Guardia Civil, si quieres contar que te han robado, te toca pedir cita previa y esperar unos días. Es una genialidad administrativa. Mientras el delincuente opera en tiempo real, la justicia se gestiona con agenda de peluquería. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Baleares no se anda con rodeos y ha soltado que esto no es un desliz, sino un problema estructural que llevan años gritando al vacío. El drama es sencillo: no hay agentes. Para que nos entendamos, es como intentar cubrir un estadio de fútbol con tres porteros; al final, alguien tiene que dejar la portería vacía. Los agentes están haciendo malabares imposibles entre patrullar la calle para que no nos desplumen y atender el mostrador. La solución del Ministerio, al parecer, es el 'parche': mover agentes de un puesto a otro como si fueran piezas de Tetris, restando tiempo operativo y sumando kilómetros de carretera. A esto añádele las comisiones de servicio que vacían los cuarteles, y tienes la receta perfecta para que el ciudadano se sienta un número en una lista de espera. No se puede pedir un servicio de primera con una plantilla de saldo. Al final, la seguridad ciudadana en las islas se ha convertido en un juego de sillas musicales donde el ciudadano es el único que se queda sin asiento.
En Baleares, salir a pescar se ha convertido en un deporte de riesgo financiero. No por las tormentas ni por la escasez de peces, sino porque llenar el depósito es hoy un atraco a mano armada. Estamos hablando de que una barca puede soltar entre 800 y 1.000 euros diarios solo en gasoil; básicamente, el coste de un alquiler mensual en algunos pueblos para poder ver si pican los peces. El resultado es lógico: barcas amarradas en plena temporada, justo cuando el pescado debería estar caro y los bolsillos llenos. José Antonio Castelló, vicepresidente de la Cofradía de Pescadores, lo resume sin adornos: no trae a cuenta salir. Es la matemática del absurdo: gastar más en combustible que lo que el mercado paga por la captura. Mientras tanto, el Govern juega al tablero de las promesas, sugiriendo que las ayudas por el conflicto entre Irán y Oriente Medio podrían alargarse. Un parche tibio para una herida abierta. Xisco Salvà, de Asaja Baleares, recuerda que vivir en una isla ya es pagar un 'impuesto por insularidad' del 30% comparado con la península, un sablazo que se siente especialmente en el cereal. Pero el drama llega a su clímax con Sebastià Ordines, de Unió de Pagesos, quien suelta la cifra que dinamita cualquier optimismo: empresas con pérdidas cercanas al 50%. La hipocresía cierra el círculo. El agricultor paga el gasoil un 60% más caro que hace unos meses y vende sus calabacines a precio de saldo, mientras la distribución, esa entidad invisible y voraz, se ajusta los márgenes a su antojo. Al final, el payés y el pescador absorben el golpe mientras el consumidor paga el precio final y el político diseña un 'plan de choque' que siempre llega tarde, como el autobús el domingo por la tarde.
Imaginen la escena: usted hace la compra, le hacen el 'sablazo' del móvil y, gracias a la tecnología, ve en su tablet cómo el ladrón se instala cómodamente en el antiguo hotel Costa Mediterráneo, un inmueble que hoy es el paraíso de los okupas en s’Arenal de Llucmajor. El GPS no miente; el teléfono parpadea allí, gritando 'estoy aquí'. Usted llama a la Guardia Civil esperando una intervención rápida, pero se encuentra con que la seguridad pública ahora funciona como un dentista de barrio: hay que pedir cita previa. Es el surrealismo puro. Mientras el delincuente disfruta del botín, la víctima recibe un jarro de agua fría: los agentes no pueden ir 'puerta por puerta'. Para formalizar la denuncia, la señora —que tiene un horario laboral de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00— debe jugar a la ruleta rusa telefónica para ver si algún hueco coincide con su tiempo libre. Al final, tras insistir, le dan cita para las 12:00 del día siguiente. Para entonces, el móvil probablemente ya estará en un mercado de segunda mano o convertido en un pisapapeles. Lo más delirante es que esta burocracia es un zombi de la pandemia que se niega a morir. En Baleares, la falta de efectivos ha convertido el acto de denunciar un delito penal en un trámite administrativo que requiere agenda. La Asociación de vecinos Amics de s’Arenal ya ha gritado basta, recordando que el Libro de Quejas de la Secretaría de Estado de Seguridad existe precisamente para estos casos. Estamos en el punto en que es más fácil localizar un dispositivo robado que encontrar un agente con tiempo para escucharte sin que tengas un código de reserva previo.
Llegó el otoño y, con él, la habitual alegría de descubrir que calentar la casa se ha convertido en un lujo para pocos. Mientras algunos celebran que la luz no ha explotado gracias a los molinos y los paneles, los dos millones de hogares que dependen del gasóleo C se encuentran con un sablazo que deja fría a cualquiera. No es una subida tímida; es un salto del 65% desde que el conflicto en Irán empezó el pasado 28 de febrero. Para que nos entendamos: llenar una caldera estándar de 500 litros ya cuesta 850 euros. Son 300 euros más que antes de la guerra, un dinero que hoy en día es la diferencia entre comer carne los domingos o pasar el invierno abrazado a un radiador apagado. El dato es lapidario. En octubre hemos superado el récord de junio de 2022, cuando la crisis de Ucrania nos tenía a todos contra las cuerdas. Ahora, con el estrecho de Ormuz cerrado y el Brent cotizando a 106 dólares (un 56% más que en febrero), el litro de gasóleo C ha alcanzado los 1,74 euros, pulverizando los 1,64 euros de aquel pico histórico. Es la clásica ingeniería del desastre: el 20% del petróleo mundial se queda atascado en el Golfo y el ciudadano de a pie paga la factura. Lo más cínico es el contraste fiscal. Mientras que los 3,1 millones de usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas tienen un tope de precios que les sirve de paraguas, los del gasóleo están a la intemperie. El IVA volvió al 21% en junio y lo único que queda es un mecanismo de minoración en el Impuesto Especial de Hidrocarburos que parece un parche en una presa rota. Con el decreto anticrisis caducando el 31 de diciembre, el primer trimestre de 2027 se perfila como una auténtica gélida pesadilla financiera.
Madrid tiene ahora su propio parque acuático, aunque sin socorristas y con un toque de vandalismo barroco. En la Puerta del Sol, la fuente de Carlos III ha dejado de ser un monumento histórico para convertirse en el jacuzzi particular de una acampada que se cree en Benidorm. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta bancaria antes de comprar un kilo de tomates, algunos han decidido que el patrimonio público es el sitio ideal para desplegar colchonetas hinchables y sillas de camping, transformando el estanque en una piscina improvisada donde el baño es gratis y el respeto, inexistente. La ironía es deliciosa: pancartas que claman «gente sin casa, casas sin gente» conviven con el grafiti «Tourist go home» pintado en negro sobre la piedra del pedestal. Un despliegue de coherencia digno de un premio. Desde el 26 de septiembre, más de 2.000 tiendas han colonizado la plaza y la calle del Arenal, incluyendo una carpa dedicada, con una generosidad admirable, a enseñar el arte de okupar viviendas. Entre tanto, el juego de sillas musicales políticas sigue su curso. Isabel Díaz Ayuso y su equipo han dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para limpiar el desastre, pero Francisco Martín ha preferido el modo 'zen', calificando la protesta de pacífica mientras la basura se acumula y los robos nocturnos son el pan de cada día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que no al desalojo el 5 de octubre, pero la Comunidad, vía Miguel Ángel García Martín y Jorge Rodrigo, ya prepara el recurso de reposición. Incluso Metro ha avisado que la plaza es ahora un cuello de botella peligroso para las emergencias. En resumen: el patrimonio se baña, el comercio sufre y la justicia mira desde la barrera mientras Carlos III, desde su caballo, se pregunta en qué momento su fuente se volvió un club de verano.
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Rosa Muñoz