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Hay una tendencia moderna muy curiosa: tratar el boletín de notas como si fuera una factura de la luz mal cobrada que se puede impugnar en el juzgado. En Asturias, una familia decidió que el camino más corto para que su hijo saltara el muro de tercero de ESO no eran los libros, sino el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El balance del alumno era, digamos, creativo: seis asignaturas suspendidas (incluyendo una deuda histórica de Lengua Castellana y Literatura de segundo) y un récord de 34 días de expulsión. Básicamente, el chico pasó más tiempo en el sofá que en el aula, pero para los padres, el problema no era la conducta, sino que el instituto no le había dado un 'servicio premium' de tutoría personalizada mientras estaba castigado. La familia intentó vender la idea de que el centro operaba con un 'funcionamiento anormal', alegando que el material enviado por correo electrónico no era suficiente para compensar el vacío académico. Es la eterna lucha entre la realidad del aula y la fantasía del derecho administrativo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la sentencia 719/2026 del 3 de septiembre, puso los puntos sobre las íes. Los magistrados no se pusieron a corregir exámenes, sino que miraron los papeles: el equipo docente había sido unánime y la Inspección Educativa respaldaba el sablazo académico. Al final, la ingeniería jurídica de los padres terminó en un callejón sin salida. El tribunal decidió que repetir curso no es un castigo, sino una medida de supervivencia escolar. El resultado final es una lección de humildad financiera: no solo el hijo repite tercero de ESO, sino que la familia se lleva un 'recargo' de 500 euros en costas judiciales. Un precio bastante caro por intentar borrar seis suspensos con un sello judicial.
Hay quien se aprieta el cinturón para llegar al viernes y hay quien gestiona el presupuesto nacional como si fuera una tarjeta de crédito sin límite en un casino de Rabat. Desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa en 2018, la relación con Marruecos ha pasado de ser un baile diplomático a una transferencia bancaria constante. Hablamos de más de 1.260 millones de euros que han volado hacia el régimen de Mohamed VI bajo el paraguas de la 'cooperación'. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras discutimos el precio del aceite, el Ejecutivo ha soltado 200 millones entre 2019 y 2023, con un pico de 57 millones en 2022, justo cuando el ruido del caso Pegasus empezaba a molestar en los pasillos del poder. Pero claro, el dinero no se da gratis; se paga el 'servicio de portería'. El Gobierno ha transferido más de 134 millones para equipamiento contra la inmigración irregular, sumando otros 30 millones en 2021 y otros 30 en 2022 tras el caos en la frontera de Ceuta. Es la lógica del chantaje institucional: pagamos para que no pasen, y si pasan, pagamos para que los gestionen. Y esto es solo el aperitivo, porque ya se vislumbran unos 45.000 millones de euros hasta 2050 para infraestructuras, un banquete donde las empresas españolas tendrán su silla reservada. Para no parecer obsesionados con Rabat, el Gobierno reparte migajas y promesas por el resto del continente. Elma Saiz ha firmado acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia por 500 millones, mientras que Sudáfrica se lleva créditos de 2.000 millones en renovables. Desde Mozambique con sus 5 millones contra la corrupción hasta Argelia, que se ha quedado sin postre tras el giro estratégico del PSOE sobre el Sáhara Occidental, la factura es global. En resumen: una política exterior que se escribe con cheques y se firma con la esperanza de que el vecino no abra la puerta.
El Gobierno ha aplicado la técnica del 'caballo de Troya' con una maestría digna de un escapista. Mientras el país miraba el escaparate del Real Decreto-ley 29/2026 —bautizado con el sentimentalismo del 'decreto Maricarmen' para dar una imagen de corazón blando—, Pedro Sánchez y Óscar López han colado una cláusula que es, básicamente, una puerta trasera para echar a la gente. El truco está en la letra pequeña del artículo 12: Casa 47, la empresa pública de vivienda, puede gestionar los inmuebles del Fondo Especial de MUFACE. Hasta aquí, todo parece un plan de alquileres asequibles para el ciudadano de a pie. Pero cuidado, que aquí viene el sablazo. En el artículo 2, donde se supone que se protege al vulnerable hasta el 31 de diciembre de 2030 para que no lo echen a la calle, han dejado un hueco del tamaño de un rascacielos. Han excluido de las suspensiones de desahucios a los entes públicos que gestionan vivienda social. O sea, que si Casa 47 decide que ya no te quiere en el piso, tu condición de 'vulnerable' sirve para muy poco porque el gestor es el propio Estado. Es como si el Ayuntamiento te regalara una manta para el frío pero te prohibiera usarla dentro de sus edificios. Mientras tanto, en el Plan Estratégico Muface Avanza2 (2026-2028), la consigna es limpiar el balance. Quieren liquidar 204 inmuebles, incluyendo 86 viviendas concentradas en Madrid, para engrosar la hucha de las pensiones. Para ello, han llamado a Segipsa para que tasen y vendan. En resumen: el Gobierno usa la bandera de la protección social para mover las fichas de un tablero inmobiliario donde el inquilino es el único que no sabe si mañana despertará con una orden de desahucio firmada por el mismo ministerio que dice defenderlo.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. El PSOE ha decidido llevar este arte a Bruselas con una enmienda a la Ley de Aceleración Industrial que es, básicamente, un pase VIP para que Marruecos acceda a ayudas europeas como si fuera un vecino de comunidad con cuota al día. Doce diputados socialistas, entre ellos figuras como Nicolás González Casares, Leire Pajín y Juan Fernando López Aguilar, han firmado una propuesta para conceder el 'trato más favorable' a terceros países con acuerdos comerciales. En cristiano: quieren que un componente industrial fabricado en el reino alauí sea visto con el mismo cariño que uno hecho en Albacete a la hora de repartir el dinero público. Mientras el ciudadano medio ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, en el Parlamento Europeo se debate si equiparar la industria marroquí a la de la UE, el Reino Unido o la Asociación Europea de Libre Comercio. El PP, que no se ha tragado el cuento, advierte que esto es saltarse la fila sin pasar por la evaluación de reciprocidad. Es una ingeniería financiera curiosa: por un lado, tenemos el recuerdo fresco de los 80.000 inmigrantes que cruzaron la frontera entre el 30 y 31 de julio, una avalancha que Pedro Sánchez calificó en La Sexta como una gestión 'inteligente' por parte de Rabat. Por otro, el PSOE intenta que Marruecos se siente a la mesa de los beneficios industriales. La paradoja es deliciosa. Mientras las embarcaciones marroquíes hacían incursiones en aguas españolas, en Bruselas se redactaban artículos para 'preservar las cadenas de valor estratégicas'. Al final, parece que la estrategia consiste en abrir el grifo de las ayudas mientras el vecino decide cuándo y cómo abrir la frontera. Una generosidad que, curiosamente, nunca se aplica con la misma flexibilidad hacia el bolsillo del contribuyente español.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado para que no le salga el presupuesto en rojo, en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se manejan los números con la soltura de quien juega con dinero ajeno. Félix Bolaños ha decidido que la web de La Moncloa y los papeles de la Secretaría de Estado de Comunicación necesitan un barniz de plurinacionalidad que cuesta, exactamente, 347.243,86 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien. Casi 350.000 euros para que los contenidos digitales hablen catalán, euskera, gallego y valenciano. El despliegue de ingeniería financiera, formalizado el 9 de octubre en el BOE, es una joya del optimismo presupuestario. Roberto Martínez Orío, el subdirector general de Gestión Económica, ha firmado un contrato con la empresa Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A. que tiene una estructura curiosa: el gasto real empieza con un 'aperitivo' de 57.873,98 euros para el primer año (2026) y luego se lanza el plato fuerte en 2027 con un sablazo de 289.369,88 euros. Lo más fascinante es el contrato de confidencialidad. La empresa debe guardar un silencio sepulcral sobre los datos que maneje, como si traducir una página web institucional fuera una operación de inteligencia del MI6 y no un trámite administrativo pagado con el IVA del contribuyente (esos 60.265,46 euros que se van directos al fisco). Al final, la Administración se reserva el derecho de no pagar si el resultado no es 'satisfactorio'. Una cláusula muy humana: yo te encargo el trabajo, te prometo el dinero, pero si no me gusta el tono del adjetivo en gallego, puede que te quedes con las ganas. Así se gestiona el lenguaje del poder: caro, lento y con el bolsillo del vecino abierto de par en par.
El mercado inmobiliario español acaba de dar un giro de guion digno de telenovela. Los británicos, esos eternos dueños de nuestras costas que veían España como su patio de recreo, han sido desplazados del trono. El nuevo rey es Marruecos. Durante el primer semestre de 2026, los marroquíes se anotaron 4.960 compraventas, dejando a los británicos con 4.541 operaciones y una cara de asombro considerable. En términos de pastel, Marruecos se lleva el 8% y el Reino Unido el 7,3% del mercado extranjero. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña, esa que suele estar escrita en tamaño hormiga. No es que el dirham esté compitiendo con la libra en el lujo extremo. Mientras que un estadounidense suelta 3.948 euros por metro cuadrado sin pestañear —básicamente comprando aire caro—, el comprador marroquí es el maestro del ahorro. Pagan una media de 801 euros por metro cuadrado, una cifra que parece un chiste comparada con la media general de 2.644 euros de los extranjeros. Es la diferencia entre comprar un ático en la Milla de Oro o buscar una oportunidad donde el precio no te obligue a vender un riñón. El fenómeno es real sobre todo entre quienes ya viven aquí. Los residentes extranjeros mueven el 63,2% del juego (39.387 compraventas), y en regiones como Murcia, los marroquíes son los dueños del tablero con el 36,1% de las operaciones. Mientras tanto, el mercado general se desinfla: las compraventas extranjeras cayeron un 13% (62.327 operaciones), el mayor bajón desde 2020. Los rusos y chinos huyen del mercado con caídas superiores al 26%, mientras que solo venezolanos y colombianos siguen tirando de tarjeta con optimismo. España sigue siendo el destino favorito, pero ahora el perfil del comprador ya no es solo el jubilado de Surrey, sino alguien que sabe dónde está la ganga.
Hay gente que gestiona su agenda con Google Calendar y hay políticos que planifican la entrega de ciudades ajenas como quien elige el momento exacto para lanzar una oferta de Black Friday. Nabila Mounib, diputada del Partido Socialista Unificado, ha salido al ruedo con una soltura pasmosa para decir que Marruecos ya sabe cuándo abrir el debate para 'recuperar' Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Eso sí, con 'inteligencia', porque aunque quieran el terreno, no están para guerras destructivas; básicamente, quieren el coche pero sin pagar el seguro ni romper el parabrisas. La chispa de esta última rabieta ha sido la visita de Felipe VI y la reina Letizia a las ciudades autónomas, un viaje que la Alianza Izquierda (esa mezcla de Federación Democrática Izquierda y el Partido Socialista Unificado) ha calificado de 'paso provocador'. Para ellos, que el Rey pise suelo español en Ceuta y Melilla es como si un vecino entrara en tu jardín a podar las plantas: una 'falsa legitimidad' de una supuesta ocupación. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando condicionan la cooperación con la Unión Europea y España al reconocimiento de sus pretensiones, usando la diplomacia como quien chantajea al tendero para que le baje el precio del pan. Para cerrar el círculo del surrealismo, Mounib no se queda en la geografía y se lanza al terreno de las teorías conspirativas. En agosto, ya apuntaba con el dedo a George Soros, sugiriendo que el multimillonario estadounidense pulsa botones invisibles para provocar disturbios y usar a los 'oprimidos'. Todo esto envuelto en el viejo sueño del 'Gran Marruecos', ese mapa aspiracional que no se conforma con el Sáhara Occidental, sino que quiere engullir Canarias, Mauritania y trozos de Malí. Un banquete territorial donde España, según ellos, es solo el plato principal esperando el momento adecuado para ser servido.
Estados Unidos ha decidido jugar al póker con el comercio español, y lo hace usando el libro de reglas de un cobrador del fracs. La Comisión Marítima Federal (FMC) ha lanzado una propuesta que es, básicamente, un peaje VIP para cualquier buque con bandera española: 200.000 dólares por viaje. Unos 180.000 euros que, para el Tesoro estadounidense, son calderilla, pero que para un armador español suenan a sablazo en plena factura mensual. Todo esto por el bloqueo de barcos que presuntamente llevaban armas a Israel; una partida de ajedrez geopolítica donde las piezas que se sacrifican son los exportadores. Pero el castigo no se queda en el muelle. La FMC ha puesto el ojo en cinco categorías que son el orgullo de nuestra despensa y tocador: aceites y grasas, perfumería, cerámica, piedra y azúcar. Estamos hablando de un mercado que en 2025 movió 2.758 millones de euros. Aunque el Gobierno intente maquillar la cifra diciendo que solo es el 0,7% de las exportaciones totales, para el productor de aceite de oliva ese porcentaje es la diferencia entre renovar la maquinaria o cerrar la persiana. Es como decir que perder un dedo no es grave porque te quedan nueve; el que pierde el dedo es el que no puede escribir. La jugada maestra es el calendario. La consulta pública cierra el 14 de diciembre, convenientemente después de las elecciones españolas. Una pausa dramática para ver quién manda en Madrid mientras Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, intenta recordar que en este baile nadie gana si el suelo desaparece. La propuesta actual es 'moderada' comparada con los 2,3 millones de dólares que se barajaban en diciembre de 2025, lo cual es como si te quisieran quitar la cartera pero te dejaran conservar las monedas de diez céntimos.
El campo español ha descubierto que jugar en la liga de la Unión Europea es como intentar correr un maratón con botas de plomo mientras el vecino corre en zapatillas de marca y sin camiseta. La paradoja es tan absurda que roza el surrealismo: España paga más por el tomate que viene de fuera que por el que crece en su propio suelo. Mientras el agricultor nacional ve cómo su rentabilidad se evapora, la UE firma acuerdos comerciales que son, en lenguaje llano, una alfombra roja para la competencia desleal. Echemos cuentas, que aquí es donde empieza el chiste. En la campaña 2025/2026, España importó la cifra récord de 305.436 toneladas de tomate, soltando un sablazo de 337,69 millones de euros. Lo más delirante es el precio: mientras el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía confirma que el productor español cobró 1,14 euros por kilo, el tomate de Marruecos entró a 1,72 euros el kilo. Sí, hemos pagado un sobreprecio por un producto que llega desde el sur, donde el coste laboral es una broma pesada: mientras en la Península un trabajador cobra 10 euros la hora, en Marruecos esa es la paga de un jornal completo. Es como comparar el precio de un menú degustación con el de un bocadillo de gasolinera. Andrés Góngora, de COAG, nos revela el truco del almendruco: Marruecos se ha especializado en el tomate cherry. Como cada pieza pesa unos 30 gramos, requiere una mano de obra intensiva que solo es rentable si pagas sueldos de hambre. Y para rematar la faena, la Comisión Europea permite que tomates cultivados en el Sáhara Occidental, territorio ocupado desde 1975, lleven la etiqueta de 'Hecho en Marruecos'. Una ingeniería contable y geográfica que deja a España como el tercer exportador de la UE, pisándole los talones a Países Bajos y al propio reino magrebí.
Gestionar la soberanía nacional parece haberse convertido, para el Ejecutivo, en algo parecido a organizar una cena de empresa: cada uno cuenta la historia a su manera y nadie se pone de acuerdo en quién pagó la cuenta. El 30 y 31 de julio, mientras más de 70.000 inmigrantes cruzaban el paso del Tarajal en una crisis que habría hecho temblar a cualquier Estado, la Marina Real marroquí decidió que las aguas de Ceuta eran un parque temático. Una fragata y varias patrulleras navegaron por territorio español sin pedir permiso, jugando al 'está prohibido' hasta casi chocar con nuestros buques. Lo fascinante no es el susto naval, sino la gimnasia mental del Gobierno para explicarlo dos meses después, cuando El País soltó la bomba el lunes. Pedro Sánchez, desde la comodidad de Bruselas, nos vende que fue un "hecho puntual" resuelto con una "interlocución fluida". Traducción: un desliz que arreglamos con una llamada. Pero si bajamos al barro, la orquesta desafina. Elma Saiz repite el mantra del "hecho puntual", mientras Félix Bolaños intenta hacer un malabarismo lógico asegurando que la incursión y la entrada masiva de personas no tienen nada que ver, aunque ocurrieran exactamente al mismo tiempo. Como si el hecho de que se te queme la cocina mientras el salón se inunda fuera una coincidencia cósmica. Para rematar el cuadro, David de la Encina, delegado en Ceuta, lo simplifica aún más: era un "patrutullaje de rutina". Claro, porque entrar en aguas ajenas sin permiso es ahora el equivalente a salir a comprar el pan. Entre la "transparencia absoluta" que presume Sánchez y el secretismo de "seguridad nacional" que blinda Bolaños, queda un vacío legal y moral del tamaño de una fragata. Mientras Alberto Núñez Feijóo ya prepara el expediente para el 29 de noviembre, el Gobierno sigue intentando que creamos que el caos fue, en realidad, una coreografía coordinada.
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Rosa Muñoz