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Hay prioridades en este país que son, sencillamente, poesia surrealista. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, Adif y Renfe han decidido que lo más urgente no es, quizá, que los trenes no se conviertan en ataúdes sobre raíles, sino saber exactamente qué se dice de ellos en la radio. El sablazo es glorioso: más de 360.000 euros destinados a vigilar a la prensa. Para que nos entendamos, es como pagar a un detective privado para que escuche todas las conversaciones del barrio y te diga quién te mira mal. Renfe ya ha soltado 114.708 euros a la empresa Hallon Intelligence el pasado 20 de octubre. ¿El objetivo? Un sistema de alertas en tiempo real vía WhatsApp y Telegram para que no se escape ni un suspiro de esRadio o Libertad Digital. Una joya tecnológica adjudicada, curiosamente, apenas una semana antes del accidente de Urda (Toledo), donde perdieron la vida 69 personas. Pero la ambición no termina ahí. Adif, que ya tenía el hábito de gastar 50.000 euros en 'vigilancia' tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y sus 46 víctimas, ha lanzado una licitación por 246.840 euros. Quieren medir el 'impacto de su actividad', que en lenguaje castizo significa saber cuánto les duele la verdad. Todo esto bajo el paraguas del ministro Óscar Puente. Es fascinante el contraste: presupuestos blindados para monitorizar 'conversaciones' en redes sociales y dosieres cualitativos, mientras la seguridad ferroviaria parece operar con la improvisación de un domingo por la tarde. Al final, parece que para el Estado es más vital controlar el relato que evitar que el tren se salga de la vía.
En el mundo real, cuando alguien te ofrece pintar la casa por la mitad de lo que cobran los demás, lo primero que piensas es que el pintor va a usar pintura aguada o que se va a llevar el sofá. En la alta gestión de Adif, sin embargo, el 'chollo' es una virtud técnica. El accidente de Urda, donde un AVE de Renfe se encontró de frente con un Iryo inmovilizado, no es solo un fallo del sistema de seguridad LZB; es el resultado de una ingeniería financiera que huele a cerrado. Resulta que en 2021, Thales se presentó al concurso de señalización con una oferta de 77,5 millones de euros, cuando el presupuesto era de 108,38 millones. Un recorte del 28,45% que, en cualquier oficina normal, dispararía todas las alarmas por ser una 'oferta temeraria'. Pero Juan Pablo Villanueva Beltramini y Ángel Contreras Marín, dos señores que ahora son los protagonistas favoritos de las investigaciones por amaño de contratos, decidieron que el precio estaba 'suficientemente justificado'. Lo más delirante es el ahorro en el sistema LZB: se recortaron 1.423.000 euros de un presupuesto de 1,97 millones. ¿El truco? Modificar tres versiones de software en lugar de las diez previstas. Básicamente, decidieron que con un 'parche' en Atocha II, Bifurcación Torrejón y Córdoba II bastaba. Adif se lo tragó el 13 de julio de 2021, priorizando el ahorro en el papel sobre la seguridad en el raíl. Mientras tanto, el currículum de los firmantes es un catálogo de anomalías. Villanueva, vinculado a expedientes de 114,1 millones que favorecían a OPR y otros 342 millones sospechosos con Acciona, y Contreras, con sus movidas de fondos europeos por 20,4 y 28 millones y sus llamadas a Koldo García. No es que el contrato de Thales sea ilegal per se, es que quienes dieron el visto bueno tienen la costumbre de hacer que el dinero público desaparezca por el sumidero de la 'eficiencia'.
En el tablero del Gobierno, cobrar es un arte y ejecutar es un trámite opcional. La historia es tan vieja como el camino: queremos el premio sin haber corrido la carrera. Resulta que España tiene una cita con los fondos Next Generation, esos miles de millones destinados a que nuestros trenes no parezcan reliquias industriales. Pero hay un problema: Bruselas pide 'hitos', es decir, cosas hechas, no promesas escritas en servilletas. Para no quedarse sin el pellizco, el Ejecutivo aplicó una ingeniería financiera digna de un mago de feria. El compromiso 85 exigía 1.400 millones de euros para modernizar la señalización, sustituyendo el obsoleto sistema LZB —el mismo que decidió jubilarse el fatídico miércoles en Urda (Toledo), provocando que un tren de Iryo acabara embestido y dejando un saldo trágico de 74 fallecidos— por el flamante ERTMS. Pero como hacer la obra es más lento que una tortuga con reuma, el Gobierno cambió las reglas el 20 de diciembre de 2023: ya no hacía falta terminar la obra, bastaba con tener el contrato firmado. Un truco sencillo para que el dinero llegara el 26 de julio de 2024, tras el visto bueno de la Comisión el 12 de junio. La hipocresía alcanza su cénit con el hito 87. De nuevo, para cobrar el siguiente paquete, debían haber terminado las obras. ¿La solución? Cambiar el criterio otra vez. Ahora basta con confirmar que el contrato se está ejecutando. Así, mientras el sistema ERTMS sigue en 'fase de pruebas' y no dará señales de vida real hasta 2027, el Gobierno ya ha enviado la petición de fondos el pasado 30 de septiembre. Básicamente, han cobrado la reforma de la casa basándose en que ya han comprado los ladrillos, aunque la familia siga durmiendo bajo una lona.
Gestionar la seguridad ferroviaria en España parece haberse convertido en un ejercicio de equilibrismo con los ojos vendados. Tenemos el LZB, un sistema tan antiguo que probablemente recuerde la llegada del hombre a la Luna, y el ERTMS, la joya europea que llega con tres años de retraso. El resultado es un caos técnico donde los trenes se quedan 'ciegos' en mitad de la nada. Para rematar la jugada, mientras los maquinistas de Iryo ya avisaban en el Senado de que el LZB era un dolor de cabeza que dejaba los trenes clavados, el Gobierno decidió soltar un parche de 11 millones de euros justo 24 horas antes de la tragedia en Urda. Un 'arreglo de última hora' que huele a desesperación administrativa. La ingeniería financiera aquí es digna de estudio. El contrato de mantenimiento, valorado inicialmente en 131 millones con impuestos, terminó en manos de Thales por una oferta que bajó el precio un 28,45%, saltándose el umbral de 'oferta anormalmente baja' del 17,21%. Básicamente, aceptaron un presupuesto de saldo y luego pidieron más dinero cuando el sistema empezó a toser. Es como contratar una reforma integral con el presupuesto más bajo del mercado y sorprenderse cuando el techo se cae encima. El miércoles negro, seis trenes quedaron paralizados en un radio de 63 kilómetros. En medio de simulacros nocturnos del nuevo sistema, un AVE de Renfe retomó la marcha y se encontró de frente con un Iryo que seguía petrificado porque su sistema no reconectaba. 69 vidas se apagaron mientras el centro de mando de Adif gestionaba una red que parece más un experimento de campo que una infraestructura de alta velocidad. La hipocresía es total: se presume de modernidad europea mientras se parchea con millones un sistema que ya avisaba que estaba agotado.
Hay una generación que confunde el activismo con el catálogo de suministros de una ferretería industrial. Mientras la mayoría de los adolescentes se pelean por el Wi-Fi o el último trend de TikTok, el grupo Blocus ha decidido que el próximo 31 de octubre, en lugar de disfrazarse de vampiros, lo ideal es ir de 'full black': pasamontañas, guantes y una actitud de quien quiere borrar la Plaza de Cataluña del mapa a las 19:30 horas. Es la evolución del vandalismo: pasar de las pintadas a los 'meteoritos' y cócteles Molotov con aceite y trapo, todo coordinado con la precisión de un grupo de WhatsApp para organizar una cena de empresa. La estrategia es de manual. Primero te venden la utopía de un 'instituto de calidad' o más recursos educativos —el anzuelo perfecto para el corazón sensible— y, en cuanto escaneas el código QR, aterrizas en el sótano digital donde la educación se sustituye por instrucciones sobre cómo fabricar bombas de humo por 20 euros para dejar ciegos a los agentes. Una ingeniería social brillante: entrar por la puerta de la educación y salir por la ventana del código penal. Los números no mienten, aunque los culpables sí. Tras el arresto de 130 personas el pasado 24 de octubre, la 'fiesta' no ha terminado. Según Golden Owl, vinculada a la Universidad de Alicante, Blocus tiene tentáculos en 11 comunidades autónomas y 18 localidades. Es una franquicia del caos. Los Mossos d'Esquadra buscan conexiones transnacionales, mirando hacia Francia e Italia, pero parece que el instinto de romper escaparates de grandes compañías es un lenguaje universal que no necesita pasaporte. Mientras la Policía Nacional ya ha fulminado a un administrador en Valencia, el resto sigue creyendo que Halloween es la excusa perfecta para que el vandalismo pase desapercibido entre máscaras de plástico y gasolina.
Vivir en el siglo XXI es una paradoja fascinante. Mientras que para pedir una pizza basta con un clic, para ejercer el derecho fundamental al voto el Estado parece jugar al escondite con la tecnología. El Gobierno, empeñado en que el DNI digital sea el protagonista el próximo 29 de noviembre, ha decidido que la solución a la desconfianza es convertir a Correos en el repartidor oficial de 'gadgets' electorales. La historia es un poema de burocracia y terquedad. Al principio, la Junta Electoral Central (JEC) era flexible: una foto del documento en el móvil servía. Pero el PP, con el olfato afinado para el ruido, decidió que eso era jugar a las cartas con baraja marcada. Exigieron un código QR único y verificación en tiempo real. Así, tras un baile de criterios que pasó por Extremadura, Aragón y Castilla y León, la JEC dio un volantazo y prohibió el DNI digital hasta que el Gobierno pusiera los aparatitos sobre la mesa. Y aquí llega el sablazo. Para que no haya dudas de que quien vota es quien dice ser, el Ministerio del Interior comprará lectores de QR y obligará a Correos a hacer la logística de entrega y recogida. ¿El coste de este capricho tecnológico? 28,06 euros por cada envío y recogida. Es una cifra curiosa: mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar a fin de mes, el Estado decide que pagar casi treinta euros por mover un lector de códigos es una inversión razonable para no admitir que la digitalización es, a veces, un castillo de naipes. Al final, el 29 de noviembre veremos si el QR es la vanguardia democrática o simplemente otra factura más que pagamos por la incapacidad de ponernos de acuerdo en lo más básico.
En España, ir al médico es, a veces, como intentar navegar por internet con un módem de los años 90 mientras el Gobierno presume de fibra óptica. La paradoja es deliciosa: tenemos planes de inversión que suenan a ciencia ficción, pero la realidad en las salas de rayos es más cercana al museo que a la vanguardia. El plan Inveat soltó 796 millones de euros de los fondos Next Generation EU, una cifra que en el papel parece un cheque en blanco para el futuro, pero que en la práctica ha dejado el parque tecnológico a medio gas. Los datos de Fenin son un bofetón de realidad. El 66% de los equipos de radiología ya pasaron la fecha de caducidad técnica (diez años). Pero lo más grave es el 'sablazo' a la prevención: el 53% de los mamógrafos están obsoletos. Es decir, más de la mitad de las máquinas para detectar cáncer de mama tienen más años que muchos de los residentes que las operan. Mientras tanto, la endoscopia languidece con un 46% de equipos viejos y los ecógrafos resisten con un 30% de obsolescencia. Pablo Crespo, secretario general de Fenin, lo ha dejado claro: estamos jugando al 'one shot'. Gastamos una fortuna de golpe y luego nos olvidamos de la máquina hasta que empieza a echar humo. La 'golden rule' europea (60-30-10) es un sueño lejano cuando el 33% del total tecnológico supera los diez años. Ahora nos venden el plan Amat-II para 2025 y 2026, pero la patronal pide un aumento anual del 7% en inversión. No quieren un parche, quieren un presupuesto que no dependa de si Bruselas se despierta generosa. Lo irónico es que cada euro invertido devuelve 1,27 euros a la economía, pero seguimos comprando lo más barato, condenando a nuestros fabricantes a exportar porque en su propia casa les ponen pegas por el precio.
Dos años después de que el agua decidiera rediseñar el mapa de Valencia el 29 de octubre de 2024, la realidad nos escupe una cifra que no cuadra en la libreta de nadie: la vivienda ha subido un 27%. Es la paradoja del desastre; mientras unos intentan secar los cimientos, el mercado inmobiliario ha aprovechado el agujero para inflar los precios. Según Equito y el INE, no es solo que falten casas, es que la tragedia ha servido de gasolina para un fuego que ya ardía. En los municipios más castigados, Global Analytics firma un incremento del 16,8% en los precios en solo un año, mientras la oferta se encoge un 22%. Básicamente, hay menos sitios donde vivir y cuestan más que un piso en la Castellana. En la calle, la historia es más amarga. La Cámara de Comercio de Valencia suelta la bomba: 2.000 de los 12.000 negocios urbanos siguen en la UCI económica. Abrir la persiana no es lo mismo que facturar. Especialmente si eres un pequeño autónomo; el 35% de los negocios de hasta cinco empleados sigue operando a medio gas. La hostelería es el paciente más grave, con un 53% que no ve la luz al final del túnel. El ciclo es cruel. Primero hubo el 'boom' de las compras desesperadas para sustituir el sofá que el lodo se llevó por delante, y ahora llega la resaca del ahorro y la prudencia. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda mueve 273,2 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Generalitat lanza 3,3 millones en ayudas, con cheques de hasta 20.000 euros. Dinero que suena a mucho en el boletín oficial, pero que para el dueño de un bar que sigue viendo el suelo húmedo, es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien juega al 'teléfono escacharrado' con el juez de por medio. El teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO), intentó venderle al juez Santiago Pedraz una historia de manual: que la UCO había desmentido oficialmente haber filtrado los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Para darle color al relato, Llamas presentó un mensaje como prueba, asegurando que el general Alfonso López Melo era quien le confirmaba dicho desmentido. Un giro digno de serie B. La realidad, fría como un informe de la UCO, ha dinamitado el montaje. Resulta que el mensaje no fue una respuesta del general López Melo, sino que fue el propio Llamas quien lo envió el 13 de mayo a las 8:23h. Básicamente, el DAO se mandó el mensaje a sí mismo y luego intentó pasar el gato por liebre al juzgado, pretendiendo que el remitente fuera otro. Es como si alguien se envía un correo electrónico para luego decir que el jefe le ha dado el visto bueno a un gasto millonario. Mientras tanto, la trama de fondo es un festival de la hipocresía. Llamas abrió investigaciones internas contra sus propios agentes por sospechas de filtraciones —incluyendo el correo de Begoña Gómez—, solo para descubrir que la 'filtración' era en realidad el trabajo legítimo de la juez Beatriz Biedma. Sobre los mensajes de Sánchez y Ábalos, la UCO ha sido tajante: no hubo filtración interna porque los datos salieron de un pendrive escondido en la ropa interior de una mujer en casa de Ábalos. Un detalle tan surrealista que hace que la ingeniería financiera de los corruptos parezca aritmética básica. Al final, el DAO terminó imputado por prevaricación y obstrucción a la justicia, demostrando que, en la alta cúpula, a veces el zapato aprieta más que la propia ley.
En el Consulado de España en Buenos Aires, la burocracia parece haber sido diseñada con la misma rigurosidad que un juego de mesa en un bar de barrio. Mientras que para pedir un visado te piden hasta el grupo sanguíneo y te hacen firmar consentimientos que parecen contratos de hipoteca, para la 'ley de nietos' se han tomado unas vacaciones permanentes de la legalidad. Guillermo Rocafort ha soltado la bomba ante la AEPD: el sistema de gestión de nacionalizaciones es, básicamente, un agujero negro informático. Resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un sistema basado en un IDU que es un colador. No figura en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), no hay plan de seguridad y, lo más delirante, no se garantiza quién es el que pulsa el botón. Es como dejar la llave de la caja fuerte puesta en la puerta y esperar que nadie entre. Hablamos de más de 645.000 solicitudes acumuladas hasta octubre de 2025, una cifra que hace que la lista de la compra de una familia numerosa parezca un ticket de parking. La ironía es exquisita: en la misma oficina, los visados están blindados, pero las nacionalizaciones masivas —esas que según Rocafort responden a un interés electoralista de Pedro Sánchez— fluyen sin control. Para rematar el cuadro, el Tribunal Supremo ya puso el ojo en 18.000 expedientes y, ¡sorpresa!, ninguno aportaba pruebas de exilio político. Se regalaba el pasaporte como quien reparte folletos en un semáforo. Ahora la AEPD tendrá que decidir si este caos es una simple torpeza administrativa o una ingeniería financiera de votos donde la privacidad de miles de personas fue el precio a pagar por un pucherazo legalizado.
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Rosa Muñoz