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Hacienda acaba de soltar la bomba y el resultado es una aritmética que no cuadra ni en el presupuesto de un estudiante. Resulta que el 14% de la población en España es extranjera, pero a la hora de soltar la pasta para el IRPF en 2024, solo han aportado el 5,1%. Si te suena a cuento chino, es porque los números son así de tercos: mientras la población sube, la contribución baja, ya que en 2023 el dato era del 5,25% con un 13% de residentes. Es la eterna danza de los números que no suman. El Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido la regularización masiva de 2026 como la gallina de los huevos de oro para salvar las pensiones, prometiendo que llenarían las arcas públicas. Pero bajemos a la calle. La realidad es que 1,1 millones de trabajadores extranjeros han dejado en el hucha estatal casi 7.000 millones de euros. Parece mucho, pero es calderilla comparado con el sablazo de 126.000 millones que han soltado los españoles, quienes cargan con el 94% del total de la recaudación. La media por empleado extranjero ronda los 6.000 euros; básicamente, el equivalente a un par de caprichos y el alquiler, mientras los puestos cualificados siguen siendo el club privado de los locales. Lo curioso es que el efecto de la regularización, cuyo plazo venció el 30 de junio, ya se siente en la Seguridad Social. En junio, el incremento de afiliados extranjeros fue el doble que el de los nacionales. Dos de cada tres empleos creados fueron para recién regularizados. El problema es que contratar a alguien para el trabajo más duro y peor pagado ayuda a que el PIB se mueva, pero no hace milagros con el IRPF si el sueldo apenas alcanza para comer.
En Mallorca, el dinero público se ha convertido en el tablero de un juego de mesa donde las reglas cambian según quién mueva la ficha. El Consell, bajo la tutela de PP y Vox, soltó nueve millones de euros el pasado mes de abril para amortiguar el golpe económico del conflicto bélico con Irán. Pero ojo, que no era un buffet libre: para llevarse la tajada, pedían cinco años de residencia continuada en la isla. Una medida para evitar que el archipiélago se convirtiera en el destino favorito de la 'ruta argelina' y que el efecto llamada transformara las playas en salas de espera de la Seguridad Social. Sin embargo, el PSOE, con Francina Armengol al timón en Baleares, ha decidido que el reloj es un invento burgués. Para los socialistas, exigir que alguien haya cotizado o vivido media década en la isla es 'injustificado'. Quieren que la ayuda llegue sin mirar la fecha de aterrizaje, basándose solo en la 'necesidad acreditada'. Es la lógica del 'paga primero y pregunta después', donde la solidaridad se entiende como una tarjeta de crédito sin límite y sin fecha de corte. Mientras el ciudadano de a pie ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el PSOE defiende que la cohesión social se construye eliminando los filtros. Argumentan que limitar el acceso fractura la convivencia, ignorando que los recursos públicos no son un pozo sin fondo ni una cuenta corriente heredada. En el pleno del Consell de este jueves, la moción socialista buscará convertir la red de protección en una alfombra roja para quien llegue en patera, independientemente de si ha aportado un solo céntimo al sistema que ahora le piden financiar.
Hay milagros que no ocurren en la catedral, sino en los tribunales de las oposiciones. El caso es fascinante por su sencillez: Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha pasado de ser una aspirante invisible en Morón de la Frontera a convertirse en la estrella brillante de la Diputación. En Morón, la historia fue la de cualquier mortal que se queda a medio gas; un 5,63 en el test (donde dejó 25 preguntas en blanco, básicamente el cuarto de examen ignorando la existencia del papel) y un 7 en el práctico. Pero llegó el examen final, la prueba oral, y Inmaculada decidió que no comparecer era la mejor estrategia. Resultado: un cero rotundo y una media de 4,21. Patético, casi humano. Pero el guion cambia cuando el escenario es la Diputación de Sevilla. De repente, la memoria falla menos y la elocuencia florece. Inmaculada se marca un 9,08 en la prueba oral, la nota más alta de todo el proceso para Técnico de Administración General (TAG). Es un salto cualitativo que haría palidecer a cualquier atleta olímpico. Pasar de no presentarse a un examen a ser la mejor de la clase en la casa donde tu tío es el jefe se siente como comprar un billete de lotería y que te toque el premio gordo sin haber llenado el boleto. Claro, los papeles están en regla y no hay irregularidades acreditadas. Todo es legal, según el manual. Pero en la calle, donde las cosas se cuentan sin adornos, este 9,08 huele a una ingeniería de parentescos tan fina que parece soplada por el viento de la Diputación. Un ascenso meteórico que deja el mérito como un concepto muy elástico.
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena calle Mayor. Lluís Apesteguia, el timonel de Més per Mallorca, ha ejecutado una maniobra de esquiva digna de un piloto de Fórmula 1. Tres veces. Tres oportunidades tuvo el portavoz para decir que un manual de 'kale borroka' —ese manual de instrucciones para el caos que incita a cometer delitos contra el turismo— no es la forma de hacer política. Pero Apesteguia prefiere el arte de la elisión. Mientras el resto de los partidos, el empresariado y las instituciones se pusieron el traje de la indignación, él decidió que el manual era un 'ruido' que 'desenfocaba el debate'. Traducido al lenguaje de la calle: cuando te pillan con el manual de instrucciones para romper escaparates sobre la mesa, dices que lo importante es el 'modelo económico'. Es la vieja técnica de cambiar de canal cuando la película se pone incómoda. El manual, difundido por el grupo 'Menys turisme, més vida', es la chispa que la Policía Nacional ya tiene vigilada para la manifestación del 26 de julio en Palma. El contraste es delicioso. Por un lado, PP y Vox disparan adjetivos como 'inaceptable' e 'infame'. Por otro, el PSIB-PSOE juega al equilibrio, rechazando la violencia pero sin mojarse demasiado, probablemente porque comparten el mismo calendario electoral que Més. Todos saben que cualquier piedra lanzada contra el gobierno de Marga Prohens es un punto a favor en la encuesta de cara a las próximas autonómicas. Al final, el 'cambio de modelo' de Apesteguia parece consistir en que, si el manual sugiere Deloitte o dinamitar la paz turística, lo mejor es mirar hacia otro lado y decir que estamos hablando de economía.
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y un presupuesto que no sale de su propio bolsillo. Entremos en el juego de Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado que parece ser la navaja suiza jurídica de Moncloa. La trama es deliciosa: la misma profesional que redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado —esa histórica maniobra de 35 páginas donde el presidente se negó a declarar y prefirió atacar al juez por querer interrogarlo en La Moncloa— es ahora quien defiende a Hacienda en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, la misma que intentó blindar al jefe del Gobierno ahora se mete en el sumario de blanqueo y tráfico de influencias del exmandatario tras la autorización del juez José Luis Calama a principios de julio. Lo fascinante no es solo el currículum, sino el ahorro doméstico. Mientras el ciudadano medio tiene que apretarse el cinturón para pagar un abogado si tiene un problema con la comunidad, Sánchez decidió que gastar un euro de su cuenta corriente era un pecado; prefirió usar la Abogacía del Estado, pagada con nuestros impuestos, para pelearse con Peinado. Pero Zaida no se detiene ahí. Ha sido la arquitecta legal para salvar a Carles Puigdemont y los del 'caso Tsunami' invocando la amnistía, y también fue la escudo de Álvaro García Ortiz en su duelo contra el novio de Ayuso, intentando anular registros de despacho sin éxito. Para rematar el cuadro, asesora a Enisa, la entidad que patrocinó los eventos de Begoña Gómez en 2019. Es un ecosistema cerrado donde la defensa pública se convierte en un servicio de conserjería VIP para los amigos del régimen, todo bajo el sello de la legalidad administrativa.
Hay una forma muy elegante de decir 'estáis solos' sin usar esas palabras: se llama 'las relaciones las llevan Bruselas'. Mientras Donald Trump lanza dardos desde Ankara, calificando a España de 'causa perdida' y exigiendo cortar todo comercio porque no le gusta el ritmo de Pedro Sánchez en la OTAN ni su tibieza con Irán, en Moncloa se han puesto el traje de espectador. Es la clásica jugada del que te dice que el incendio es responsabilidad del seguro mientras tú ves cómo se quema el salón. No hablamos de cuatro tiendas de artesanía. Estamos hablando de 26.000 empresas que han jugado la partida en EEUU en lo que va de año. En solo cinco meses, estas compañías han colocado más de 5.500 millones de euros en productos; una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una propina. Cataluña lidera la fila con 7.400 empresas y más de 1.700 millones exportados, seguida por Madrid con 6.200 y Andalucía. Desde electrodomésticos hasta el aceite de oliva y el vino, el catálogo español está en la cuerda floja porque el 'jefe' de Washington ha decidido que no quiere saber nada de nosotros. Lo más delirante es el contraste. Mientras el Gobierno pide tranquilidad y Carlos Cuerpo recuerda que somos 'iguales que los franceses', la realidad es que dependemos de EEUU como un adolescente de la paga de sus padres. Importamos gas y petróleo en cantidades industriales: el 32% de nuestro gas natural licuado y el 12,6% del petróleo vienen de allí. En 2025, la brecha fue brutal: exportamos 16.700 millones pero importamos 30.000 millones. Básicamente, estamos comprando el combustible para que el coche ruede, mientras el dueño del parking nos amenaza con prohibirnos la entrada y el Gobierno nos dice que el contrato lo firmó el coche, no el conductor.
Hay quien dice que el trabajo remoto es el futuro, pero Juan Carlos Monedero llevó el concepto a otro nivel: cobrar 425.150 euros por un informe que, según la justicia, simplemente no existió. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o hace malabares con la lista de la compra, el fundador de Podemos disfrutaba de una 'ingeniería financiera' digna de Casino. El Banco del Alba, ese organismo fundado en Caracas en 2008, decidió que el análisis de una hipotética moneda latinoamericana valía casi medio millón de euros. Un sablazo generoso para un documento invisible. La Audiencia Nacional, con los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Ruiz y Ana María Rubio al mando, no ha comprado la versión del 'mero apoderado'. Monedero niega ser dueño de las 93 cuentas corrientes que le atribuyen, alegando que solo tiene dos. Una modestia sospechosa. La UDEF ha rastreado una trama donde aparecen nombres como Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez y Ramón Gordils Montes, moviendo fondos que huelen a petróleo chavista vendido en el mercado negro. El esquema es un clásico: efectivo, testaferros, cuentas en Curazao y un aterrizaje final en Suiza. Para rematar el cuadro, su empresa, Caja de Resistencia SL, ha dejado de publicar cuentas desde 2021, ignorando la ley como quien ignora un mensaje de WhatsApp de su ex. Ahora, el caso flota en el limbo de la diplomacia judicial. La Audiencia Nacional espera que Estados Unidos y Venezuela respondan a las comisiones rogatorias. Básicamente, el futuro de Monedero depende de que dos gobiernos que se odian decidan enviar un correo electrónico. Mientras tanto, el ex dirigente se dedica a esquivar el juzgado con la misma agilidad con la que esquivó redactar aquel informe de 425.000 euros.
Hacer una ley es como comprar un mueble de IKEA: el manual dice una cosa, pero si tienes un primo que sabe de herramientas, acabas montando un castillo donde solo cabía una silla. La Ley de Memoria Democrática nació el 5 de octubre con un propósito noble y quirúrgico: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no da votos, y la ingeniería política prefiere los chalecos abiertos. Aquí entra en juego la 'magia' de la instrucción firmada el 25 de octubre por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con un trazo de pluma, Puente convirtió un filtro selectivo en un coladero industrial. De repente, ya no hacía falta haber sufrido el exilio por razones políticas o ideológicas; bastaba con que un antepasado hubiera sido español. Es el equivalente administrativo a decir que solo entrarán al club los que tengan invitación, pero luego dejar la puerta abierta y poner un cartel de 'bienvenidos todos'. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, lo ha confesado en Radio Nacional argentina con una naturalidad pasmosa: no tenían la fuerza en las Cámaras para aprobar una ley de nacionalidad integral, así que usaron la Ley de Nietos como caballo de Troya. El resultado es un festín genealógico donde tataranietos de emigrantes que se fueron a buscar fortuna hace un siglo ahora reclaman el pasaporte rojizo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un DNI, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 557.709 ya tienen el visto bueno. No es memoria histórica; es una expansión de cartera electoral disfrazada de justicia, donde el árbol genealógico se ha convertido en el mejor activo financiero para ganar elecciones.
El Gobierno ha montado un sistema de acogida que parece más un buffet libre de ingeniería financiera que un plan de ayuda humanitaria. En el polígono Villa de Vallecas, el Hostal Welcome se ha convertido en la mina de oro de turno, facturando 3,3 millones de euros anuales mientras el Estado paga la fiesta. La paradoja es tan gorda que no cabe en la habitación: mientras el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, nos vende que aquí se refugia a personas huyendo de bombas y persecuciones, los propios huéspedes —hombres adultos de Senegal, Gambia o Guinea Bissau— confiesan con una naturalidad pasmosa que en sus países no hay guerra. Básicamente, el Estado está pagando el alquiler de un hotel a gente que no cumple los requisitos, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca. La Cruz Roja gestiona el tinglado, pero hay sociedades mercantiles que se están haciendo el agosto con el dinero público, convirtiendo la miseria ajena en un balance empresarial envidiable. El trato es sencillo: alojamiento, comida en restaurantes cercanos y una asignación de 50 euros al mes, que es lo que uno se gasta hoy en día en un par de cafés y un bocadillo si tiene suerte. Lo más cínico es el ciclo de vida del 'refugiado': pasan unos meses en el hotel, reciben el móvil cortesía de la casa y, cuando el presupuesto se agota o el plazo expira, el Gobierno los suelta en la calle, ya sea en Carabanchel o donde caigan, sin un duro y sin rumbo. Un despliegue de generosidad pública que empieza con millones en facturas hoteleras y termina con la misma desidia de siempre.
Imaginen que el despacho del Presidente es, en realidad, un grupo de WhatsApp donde se gestiona el país como quien organiza una cena de empresa con rencores acumulados. Los chats filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos —este último ahora coleccionando 24 años de prisión según el Tribunal Supremo— no son estados de razón, sino el diario de una obsesión. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco a mano armada, el jefe del Ejecutivo se dedicaba, en la primavera de 2021, a jugar al 'detective de empadronamientos'. El despliegue de ingenio fue conmovedor. Sánchez, con la vena de fiscal activada, instaba a Ábalos el 6 de abril de 2021 a recurrir la candidatura de Toni Cantó y el 'ex de Toledo', celebrando con un «jajaja me parto» que Cantó saltara del barco el 11 de abril. Era el deporte nacional de Moncloa: el control obsesivo de las papeletas ajenas. Pero el verdadero monstruo bajo la cama era Isabel Díaz Ayuso. Para el dúo dinámico, la presidenta madrileña no era una gestora autonómica, sino una amenaza «en clave nacional». La ironía alcanza su cenit el 6 de mayo de 2021, tras el batacazo electoral donde el PSOE acabó empatado con Más Madrid. Sánchez, lejos de la autocrítica, fulminó la falta de pulso político en Ferraz y rechazó a Julio Navalpotro con un tajante «ni de coña». En lugar de eso, barajó nombres como Mercedes González, hoy imputada en el caso de las cloacas. Entre risas sobre vídeos de X y el envío de noticias sobre el hermano de Ayuso, los chats revelan que el poder real no estaba en los congresos, sino en el teclado de un móvil, donde el destino de los socialistas madrileños se decidía entre un «Inshalá» y un desprecio coordinado.
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Cristian Sanz