Crítica:
El texto original es un catálogo de contradicciones numéricas que el Gobierno intenta maquillar. Resulta grotesco que la única eficiencia administrativa real sea la que se activa mediante la comisión de un delito.
Policías explican cómo se ejecutan las expulsiones de inmigrantes, que solo se «agilizan» tras delinquir
Ceuta: delinquir es la vía rápida
Otros artículos
Títulos públicos: fábrica de emigrantes y BOE
España ha montado una fábrica de graduados que, en lugar de diseñar el futuro, se especializan en el arte de buscar una plaza en el BOE. Mientras en Estados Unidos el 75 % de los universitarios sueña con montar su propio chiringuito tecnológico, aquí el 75 % aspira a la gloria del sello y la nómina fija. Como bien soltó Antonio Banderas, con gente que solo quiere ser funcionario no se levanta un país, se mantiene un museo. El sistema es un colador de talento. El Banco de España y el INE nos cuentan que en 2022 el 60 % de los emigrantes eran universitarios. En 2023 se fueron 81.805 y en 2024 la cifra subió a 88.243. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando la formación de élite de nuestros jóvenes para que otros países recojan los frutos, los impuestos y la productividad. Es como pagar el gimnasio más caro del barrio para que el vecino de enfrente se quede con los músculos. El esperpento alcanza su clímax con la Medicina. En 2025 se homologaron 30.303 títulos extranjeros mientras solo graduamos unos 6.700 médicos anuales. Tenemos una oferta de plazas MIR que roza las 10.000, pero el Gobierno prefiere pelearse con las universidades privadas que forman médicos 'gratis' para el Estado antes que admitir que la planificación es un caos. Incluso en el posgrado, la realidad dinamita la narrativa oficial. Las privadas, con solo 1.224 másteres frente a los 2.942 públicos, atraen a más alumnos (165.688 vs 147.501) y logran una empleabilidad superior: un 85,5 % a los cuatro años frente al 77,3 % de la pública. La universidad española produce el 82 % de la ciencia, pero ANECA y el sistema premian publicar artículos que nadie lee antes que crear patentes que den dinero. Hemos confundido el pensamiento crítico con el recelo al empresario.
Casales de verano: Ideología por 22 millones
Parece que el verano ya no es solo para quemarse la espalda al sol y pelearse por el último polo de limón. El gobierno de Illa ha decidido que las vacaciones son el momento idóneo para que los niños, desde los 3 hasta los 18 años, se sumerjan en la educación afectivo-sexual y las 'masculinidades igualitarias'. Porque claro, ¿qué mejor lugar para desmantelar estereotipos de género que un casal de verano mientras se juega al escondite? La consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, lidera este despliegue bajo la bandera de 'Cataluña, territorio coeducador'. El plan es ambicioso: que la coeducación no se quede encerrada en el aula, sino que persiga a los chavales hasta las piscinas municipales y los servicios de canguraje. Un proyecto piloto que ya ha aterrizado en una cincuentena de centros, aunque la red total de servicios financiados por el Plan Corresponsables supera los 390. En Lérida, por ejemplo, ya han montado más de 70 de estos recursos. Lo más fascinante no es el currículo pedagógico, sino la ingeniería financiera. Para que los monitores aprendan a gestionar la 'corresponsabilidad en los cuidados' y los niños descubran las aportaciones de las mujeres, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha soltado más de 22 millones de euros a ayuntamientos y consejos comarcales entre 2025 y 2026. Es un sablazo presupuestario considerable que ahora, por primera vez, la Generalitat ha decidido costearse en un 25% directamente. Mientras las familias hacen malabares con la hipoteca y la factura de la luz, el Govern invierte millones para que el ocio infantil sea, básicamente, una extensión del programa político del Ministerio de Igualdad. El juego ya no es solo juego; ahora es una herramienta de construcción social financiada con el dinero de todos.
Marlaska: de la prepotencia al SOS europeo
Hay una especie de deporte nacional en los despachos de Madrid que consiste en decir que todo va sobre ruedas mientras el coche se desintegra en plena autopista. Fernando Grande-Marlaska es el capitán de este equipo. El 1 de agosto, con una sonrisa de quien tiene la lista de la compra bajo control, presumió de que nuestras fronteras eran las segundas más seguras de la UE y que la normalidad en Ceuta ya estaba 'alcanzada'. Básicamente, nos vendió que el muro era impenetrable y que la gestión era un reloj suizo, apoyándose en una supuesta reducción del 40% de las salidas irregulares gracias a pactos con Marruecos, Mauritania, Senegal, Níger y Gambia. Pero la realidad tiene una forma muy puñetera de pasarte la factura. Un mes después, el relato se ha desinflado como un globo pinchado. Tras rechazar dos veces la mano tendida del comisario europeo Magnus Brunner —llegando al descaro de sugerirle que, si tanto querían ayudar, se fueran a África—, el ministro ha tenido que doblar las rodillas. El resultado: una carta urgente a Beate Gminder pidiendo que Frontex, Europol y la EUAA vengan corriendo a salvar los muebles. Resulta fascinante que, mientras en Canarias el 2024 fue un caos de cayucos que no hizo pestañear el orgullo ministerial, los 80.000 inmigrantes en Ceuta hayan logrado lo imposible: que Marlaska admita que está desbordado. Ahora pide ayuda para el triaje, la tramitación de expedientes y que el barco Duque de Ahumada no se mueva del Estrecho hasta 2027. Pasamos de la prepotencia del 'estamos bajo control' al 'por favor, ayudadnos' en treinta días. No es gestión, es un giro de guion digno de una comedia de errores donde el ciudadano es el único que paga la entrada.
Vox contra Palencia: ¿Convivencia o pesca electoral?
Hay quien confunde la agenda municipal con un manual de estrategia geopolítica. Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, cometió el 'pecado' de asistir el pasado 25 de agosto al Mawlid al-Nabi, la celebración del nacimiento de Mahoma, en la parroquia de San José. Para algunos, fue un gesto de convivencia; para David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, fue básicamente abrir las puertas del castillo al enemigo mientras Ceuta, según su narrativa, sufre una 'invasión islámica' con más de 70.000 personas ocupando hasta el último banco del polideportivo. La cosa es que Hierro, que presume de su licenciatura en Historia, no se tragó el argumento del 'Al-Ándalus histórico' que la regidora soltó para justificar su presencia en el evento. Para Vox, esto no es cultura, es marketing electoral barato: un intento del Partido Socialista de pescar votos en un estanque que consideran ajeno. La ironía es deliciosa. Mientras la alcaldesa se pone la medalla de la multiculturalidad y denuncia los 'discursos de odio' que florecen en X como malas hierbas, Hierro le sugiere que cambie el calendario y se acuerde de Fernando III el Santo en Autillo de Campos. Es el eterno baile de la política actual: uno vende convivencia y el otro vende miedo, mientras el ciudadano medio mira la escena pensando que, independientemente de quién gane la batalla cultural, el precio del alquiler en Palencia sigue subiendo y los baches de las calles no se tapan con citas históricas ni con rezos. Al final, el acto religioso ha pasado a ser un tablero de ajedrez donde el premio es un puñado de votos y el castigo es una lluvia de tuits incendiarios.
CNI: Sabían todo y no hicieron nada
Resulta fascinante descubrir que, mientras a nosotros nos cobran hasta el aire en la factura del móvil, el Estado usa esa misma señal para jugar al Tetris con miles de personas. El CNI no es que estuviera 'al tanto', es que tenía el mapa de calor en alta definición mientras el Gobierno se hacía el dormido. No hace falta ser un genio de la informática para entender que si 80.000 personas se mueven hacia Ceuta, las antenas de telefonía empiezan a gritar. No eran fantasmas; eran dispositivos conectados que dejaban un rastro más claro que el aceite en una sartén. Margarita Robles, con la calma de quien sabe que el papeleo está en regla, admitió que el CNI cumplió su parte. Hubo avisos los días 27 y 29 de julio, aunque la información fluía mucho antes. El 30 de julio ya era evidente que no era una excursión escolar: hubo picos de más de 60.000 personas concentradas. El sistema es sencillo: el móvil se comunica con la antena aunque no estés mandando un WhatsApp, y el CNI solo tiene que mirar la 'densidad de tráfico'. Es como mirar el atasco de la M-30 en Google Maps, pero con implicaciones geopolíticas. Lo más cínico es que el Gobierno presume de una 'colaboración permanente' con Marruecos. O sea, que ambos bandos veían el mismo mapa, sabían que la marea humana se acercaba y, aun así, el resultado fue el caos. Entre los datos de los corredores de anuncios (sí, esa aplicación de linterna que instalaste hace tres años probablemente ayudó a rastrear el flujo) y los IMSI catchers, el CNI tenía la película completa. El problema no fue la falta de datos, sino que parece que en el despacho donde se toman las decisiones prefieren el modo avión.
El 'copy-paste' humanitario de la izquierda
Hay algo fascinante en la coreografía digital de la izquierda actual: esa capacidad de coordinar el sentimiento justo en el segundo exacto. No es intuición, es un 'copy-paste' emocional. Todo empezó con Sara Santaolalla, quien lanzó el anzuelo hablando de 'desalmados' que impiden beber agua o llevarse algo a la boca en Ceuta. Un mensaje potente, sí, pero que en una hora se convirtió en el guion oficial de la jornada. Euprepio Padua no solo replicó la frase casi palabra por palabra, sino que le añadió el condimento habitual: culpar a quienes 'siembran odio y miedo' y asegurar que prohibir la comida a las ONG no protege ninguna frontera. Es como cuando en el grupo de WhatsApp de la familia alguien propone un restaurante y, de repente, todos coinciden en que es la mejor idea del siglo para no discutir. Para cerrar el círculo, Blanca Ibarra apareció un día después con el toque de ironía victimista, pidiendo 'perdón por su opinión de extrema izquierda' mientras insistía en el derecho universal al 'trozo de pan'. Mientras el pan vuela en X, en el Congreso la cosa se pone más seria. Enrique Santiago, portavoz de Sumar, decidió que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tenía una 'clara responsabilidad' en la quema de infraviviendas, sugiriendo que la coincidencia con la visita de José María Aznar no era casualidad, sino un combustible para ultras radicales. Por su parte, Fernando Grande-Marlaska prefirió apuntar directamente a la 'ultraderecha y la derecha', acusándolos de usar términos como 'invasores' para desatar el caos. Al final, entre el trozo de pan y el dedo acusador, la realidad de Ceuta queda sepultada bajo una capa de marketing político donde el sentimiento se gestiona por turnos y el guion está más ensayado que una obra de teatro de barrio.
Fronteras de colador: terrorista colado en Ceuta
Parece que el control fronterizo en Ceuta tiene la porosidad de un colador viejo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello con la declaración de la renta o espera tres meses para una cita médica, un ciudadano marroquí con condena en firme por adoctrinamiento terrorista decidió que las órdenes de prohibición de entrada eran, básicamente, sugerencias opcionales. El sujeto, que ya tenía el sello de 'no deseado' en el pasaporte tras sus andanzas entre 2022 y 2023, se coló en la entrada masiva de finales de julio. Lo más fascinante no es que haya entrado, sino que se tomó su tiempo. Se instaló en un domicilio particular, probablemente disfrutando de la tranquilidad de quien sabe que el sistema es un laberinto de papeles. Estuvo cómodamente instalado hasta que, esta semana, la Guardia Civil decidió hacer su trabajo en la zona portuaria. El despliegue fue cinematográfico: un control rutinario, el sujeto subiéndose a una motocicleta y el momento en que la documentación revela que el caballero tenía prohibido pisar España. La reacción fue inmediata: expulsión exprés a Marruecos. Pero el ruido ya estaba hecho. Ahora, casi un mes después de aquel caos de los días 30 y 31 de julio, España ha tenido que levantar la mano y pedir ayuda a la Comisión Europea. Resulta que para clasificar y tramitar los expedientes de los que aún quedan en situación irregular, necesitamos que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) vengan a decirnos cómo se hace. Es la eterna historia: el incendio llega primero y los bomberos europeos vienen a revisar el manual de instrucciones mientras el humo sigue saliendo por las ventanas.
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