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En España hemos perfeccionado el arte de formar profesionales de élite para regalárselos al resto del mundo. Es la exportación más lucrativa de la que nadie quiere hablar en el Ministerio de Sanidad. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la cola del supermercado, 1.356 enfermeras decidieron en 2025 que preferían empacar las maletas antes que seguir soportando el calvario asistencial. Un incremento del 20% respecto a las 1.134 peticiones de 2024 que demuestra que el 'amor a la camiseta' tiene un límite: la salud mental. Pedir el certificado de buena conducta se ha convertido en el trámite de liberación más deseado. No es que falte vocación, es que sobra presión. Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Enfermería, lo ha dejado claro: la ansiedad y la depresión no se curan con palmadas en la espalda ni con el discurso del 'sacrificio'. El sistema es un colador donde Cataluña (271 peticiones), Madrid (225) y la Comunidad Valenciana (217) lideran la fuga de talentos, seguidas por Andalucía con 149 y Canarias con 108. El resto del mapa, desde el País Vasco (73) hasta las discretas cifras de Melilla (2), completa una radiografía del descontento. Noruega, Estados Unidos, Suiza e Irlanda no solo ofrecen salarios que no obligan a hacer malabarismos con la tarjeta de crédito a fin de mes, sino algo que aquí es un lujo: reconocimiento. Mientras en España se pelean por modificar el Estatuto Marco o la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias para que el papel coincida con la realidad, fuera de nuestras fronteras valoran que una enfermera española sabe hacer de todo. Estamos regalando el motor del Sistema Nacional de Salud porque nos negamos a pagar el mantenimiento básico del equipo.
Hay quien se levanta con el pie izquierdo y quien, como los protagonistas de esta historia, se levanta a las cuatro de la mañana con un plan de negocio impecable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la alarma del móvil para ir a una oficina, dos señores de 31 y 43 años se dedicaban a hacer un 'shopping' nocturno de motocicletas por Barcelona y sus alrededores. Desde enero, se marcaron el objetivo de 16 motos, operando con la precisión de un reloj suizo y la sutileza de un elefante en una cacharrería. El modus operandi era de manual: un explorador a pie, un teléfono y una furgoneta de alquiler que servía de caballo de Troya. No robaban cualquier cosa; seleccionaban la mercancía, aniquilaban el GPS —porque el rastro digital es el enemigo número uno— y se largaban hacia fincas apartadas en Vilafranca del Penedès o una vieja granja en La Roca del Vallès. Básicamente, montaron un concesionario clandestino en el campo mientras los dueños dormían en Sant Martí, Eixample o Sant Feliu de Llobregat. La fiesta terminó los días 1 y 2 de julio en Granollers. Los Mossos d'Esquadra, apoyados por el sistema de lectura de matrículas LECTIO y la mirada vigilante de vecinos y gasolineras, les cerraron el grifo. Lo más fascinante es el currículum: uno de los detenidos presume de 14 antecedentes (seis por lo mismo) y el otro de nueve. Para algunos, la cárcel es un hotel con pensión completa; para ellos, parece ser el lugar donde van a repasar los apuntes de sus delitos. Ahora buscan a un tercero, que ya tiene su invitación formal en forma de orden de detención tras nueve delitos atribuidos. Una ingeniería financiera basada en el robo que, al final, terminó en el calabozo.
Hay quien dice que el talento es un don y quien prefiere que sea un trámite administrativo. David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del jefe de la Moncloa, parece haber optado por lo segundo. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, David disfrutaba de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, creada 'a dedo' y cocinada a fuego lento desde 2017. Un puesto ideal para quien, según los expertos, tiene la técnica musical de un gato caminando sobre un teclado. El centro del ruido es 'La danza de las chirimoyas', una pieza presentada en 2016 que es el único trofeo en su catálogo. El problema es que la obra es tan sofisticada que musicólogos y expertos se preguntan cómo es posible que la haya escrito alguien que, según las malas lenguas, no sabe ni dónde está el Do central. Aquí entra en juego la figura del 'autor fantasma', esa especie de jardinero invisible que poda la obra para que el dueño se lleve los aplausos. Se puso el foco en Leonel Morales, un pianista cubano de pedigrí, acostumbrado a interpretar a Alberto Ginastera. Morales, con la elegancia de quien no quiere líos, ha negado haber escrito la pieza. Dice que solo fue a casa de David Sánchez para una consulta técnica porque un alumno no entendía la partitura. Una visita de cortesía que ahora parece un interrogatorio policial. Mientras tanto, David se refugia en la Moncloa, esperando una sentencia que podría darle seis años de prisión. Pasar de los conservatorios a la celda es un giro dramático que ni la mejor composición contemporánea podría haber previsto.
TVE ha decidido que este domingo 12 de julio no es día de sofá y manta, sino de hacer un 'estirón' ideológico. Mientras el ciudadano medio intenta que el presupuesto del súper no parezca un atraco a mano armada, la televisión pública ha montado un maratón de cinco películas sobre la Guerra Civil, adelantándose al aniversario del 17 de julio. No es un ciclo de cine, es un despliegue de artillería narrativa. La jornada arranca a las 15:50 con 'El maestro que prometió el mar', donde Enric Auquer da vida a Antoni Beinages, el profesor republicano que terminó mal en Bañuelos de Bureba. A las 17:25 llega 'La vaquilla', la joya de Berlanga con Landa y Sacristán, que es básicamente la prueba de que el humor es la única forma de digerir que nos matamos entre vecinos. Para equilibrar el menú, a las 19:25 sueltan 'La mula', con Mario Casas y Mario Valverde, donde el bando nacional tiene su espacio, aunque sea en un plato pequeño. El plato fuerte llega tras el Telediario de las 21:00 con el estreno de '¿Es el enemigo?', una cinta sobre Miguel Gila que aprovecha su 25º aniversario luctuoso para recordarnos que el humor nace del trauma. Y para cerrar la persiana, 'Gernika. The Movie' de Koldo Serra nos lleva al bombardeo de 1937 con María Valverde. Entre 'La Hora de la 1', 'Mañaneros 360' y 'Informe Semanal', TVE ha decidido que el domingo es el día perfecto para recordarnos que, aunque pasen 90 años, el mando a distancia sigue siendo la trinchera favorita de los gestores culturales de turno.
España ha perfeccionado el arte de comprar cosas que ya no sabe fabricar. Es la paradoja del consumidor entusiasta: nos encanta renovar la nevera y el horno para que sean 'eficientes', pero mientras el mercado es un cohete, la industria local ha aterrizado en picado. Según la Fundación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), hemos dejado escapar 17 fábricas en las últimas dos décadas. Diecisiete. Para que nos entendamos, es como si en tu familia desaparecieran los que saben arreglar las cosas y solo quedaran los que saben pasar la tarjeta de crédito. Ahora solo operan una decena de plantas, y el mando a distancia de la estrategia se ha mudado fuera, como se ve en la reciente jugada donde la china Midea se ha quedado con la histórica marca Teka. Alfredo Gosálvez, secretario general de FECE, lo ha dejado claro: somos compradores estrella, pero ya no somos los arquitectos del aparato. El problema no es que no se venda; es que no hay manos. Hay un agujero de profesionales cualificados que hace que el negocio sea rentable en el papel, pero imposible de ejecutar en el taller. Y mientras tanto, el comercio de barrio agoniza. Desde 2023, han cerrado más de 500 tiendas especializadas frente a unas ridículas 22 aperturas. Es una sangría de proximidad. Para intentar tapar la herida, el gremio pide un Plan Renove de 80 millones de euros anuales para que los hogares sustituyan unos 400.000 aparatos con ayudas de 200 euros por casa. Un parche necesario mientras la Asociación Española de Productores de Electrodomésticos lucha contra una regulación asfixiante que amenaza su sueño de alcanzar el 20% del PIB europeo para 2035. Básicamente, estamos diseñando un escaparate brillante para productos que vienen en contenedores desde el otro lado del mundo.
Hacerse rico es un arte, pero hacerse rico en Pinos Puente requiere, al parecer, un casco integral y una Beretta calibre 22 con silenciador para no despertar a los vecinos. El pasado 29 de mayo, dos sujetos decidieron que el salón de juego local era el cajero automático ideal. Entraron con la sutileza de un elefante en una cristalería, amenazaron a dos empleados y se llevaron 73.000 euros. Para que alguien se haga una idea, es la cantidad de dinero que un ciudadano medio tarda décadas en ahorrar mientras lucha contra la inflación, pero que estos señores decidieron 'recaudar' en cinco minutos de adrenalina. La logística fue de manual para principiantes: robaron una moto en Granada capital el día anterior, la usaron para la huida y luego la tiraron a una acequia, como quien desecha un cepillo de dientes usado. La Guardia Civil, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena y la USECIC, no necesitó un milagro, sino seguir el rastro de migas de pan digitales y testimonios. El resultado: un señor de 63 años detenido en su domicilio. Lo más pintoresco del botín recuperado son los 6.000 euros encontrados en su casa. Es decir, que de los 73.000 originales, el sospechoso ya había 'quemado' o escondido 67.000 euros antes de que le llamaran a la puerta. Junto al efectivo, la policía incautó la mencionada Beretta y una pistola Star cromada con el número de serie borrado, un detalle clásico para los que juegan a los espías de barrio. Mientras el segundo implicado sigue jugando al escondite, el detenido descubre que la jubilación con cargos penales no es tan cómoda como el sueño del dinero rápido.
Hay una coreografía muy precisa en la televisión pública: el presentador lleva la batuta y el colaborador debe bailar al ritmo que marque la dirección, aunque sea sobre cristales rotos. El sábado 12 de julio de 2026, en 'Malas Lenguas Noche' de La 2, la música se detuvo bruscamente. Marta Gómez Montero decidió que ya había tenido suficiente de jugar al 'estatua' mientras Jesús Cintora le retiraba la palabra con la naturalidad con la que uno aparta una mota de polvo del hombro. El detonante fue una pregunta sobre Alberto Núñez Feijóo y el absentismo laboral, pero el verdadero combustible fue el desprecio acumulado. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz para que no nos corten el suministro, Marta confesó que ella había aguantado la humillación pública solo para 'pagar las facturas y por sus hijos'. Una frase que duele más que cualquier dato de audiencia. La tensión estalló en un clímax digno de tragedia griega: «No me vais a humillar más, prefiero comer mierda», soltó la colaboradora, lanzando un guiño literario a García Márquez antes de huir del plató entre lágrimas. La reacción de Cintora fue un monumento al vacío: un silencio blanco seguido de un gélido «ha decidido irse, ella sabrá». Como si la salida dramática de una trabajadora fuera un simple error de guion. En redes sociales, el público ha hecho de detective, rescatando clips donde el presentador fulminaba a Marta con gritos de «¡No me liéis, bulos no!» al intentar hablar de Víctor de Aldama. Al final, el espectáculo no fue la política, sino el despliegue de un ego que confunde el liderazgo con el maltrato laboral en horario prime.
En la televisión pública, donde el aire se corta con cuchillo, José Pablo López ha decidido que la diplomacia es para los débiles. El presidente de RTVE ha sacado la 'motosierra' —esa herramienta que tanto asusta a Vox en sus pesadillas parlamentarias— para podar el Consejo de Informativos de RNE. El método es tan sutil como un golpe de sartén: ha abierto expedientes disciplinarios contra siete de los nueve miembros del Consejo. ¿El pecado? Emitir dos informes sobre el programa '24 Horas' que no le sentaron bien a la cúpula. Es como si en tu trabajo te pusieran una sanción administrativa por decir que el café de la oficina sabe a calcetín. Lo más delirante es que la Comisión de Acoso Psicológico, el órgano que precisamente debe filtrar estas cosas, ya dijo que las acusaciones eran mentira. Pero a López parece no importarle que la auditoría interna haya dado un 'no' rotundo; prefiere tirar la casa por la ventana y seguir adelante con el castigo. CCOO recuerda que no veíamos un despliegue de artillería así desde 2013, cuando Leopoldo González-Echenique manejaba los hilos bajo el Gobierno del PP. La historia se repite, solo cambia el color de la corbata. El asunto ha escalado tanto que hasta UGT, que suele ser el escudo humano de la dirección, ha tenido que admitir que esto es 'extremo y peligroso'. Incluso Reporteros sin Fronteras ha asomado la cabeza para decir que expedientar a quienes velan por la independencia es, básicamente, una locura. Mientras tanto, la dirección de RTVE se escuda en un comunicado diciendo que 'nadie goza de impunidad', como si estuviéramos en un juicio de la Haya y no en una oficina de Prado del Rey donde Roberto Lakidain ya ha empezado a pedir dimisiones por querer hacer una encuesta sobre programas como 'Mañaneros' o 'Malas Lenguas'. En resumen: si criticas el menú, te expulsan del comedor.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'está prohibido mirar' con una maestría digna de un mago de feria. Mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo en una declaración de la renta, el Ejecutivo ha decidido que los informes de la Policía Nacional sobre la regularización de inmigrantes son, de repente, 'documentos de inteligencia'. Básicamente, han puesto un candado de acero a la información para evitar que los parlamentarios de Vox —concretamente Alcaraz, Asarta, Gil Lázaro y García— sepan qué riesgos conlleva meter en el sistema a medio millón de personas. Para blindar el secreto, la administración ha sacado del baúl unos acuerdos del Consejo de Ministros de 1986 y 1994, y se ha apoyado en la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Es como si para justificar que no te dejan entrar en un local usaran un decreto de la época de Franco: effectiveness pura. El Gobierno afirma que cualquier nota técnica de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRI o el CENIF es material clasificado. Así, de簡単. La paradoja es deliciosa. Por un lado, la ministra Elma Saiz presume de un éxito administrativo con 1.174.978 solicitudes registradas, superando con creces los 500.000 previstos inicialmente. Por otro, el Ejecutivo niega que existan avisos sobre los riesgos para el espacio Schengen, pero se niega a entregar los papeles que lo demuestren porque son 'secretos'. Para el ciudadano, regularizarse es cuestión de presentar un padrón o un billete de autobús; para el Gobierno, la transparencia es un lujo que no pueden permitirse cuando hay que explicar el impacto de un proceso que podría sumar 300.000 personas más vía arraigo. Menudo malabarismo contable y político.
Fernando Grande-Marlaska juega al Tetris con la seguridad ciudadana, pero las piezas no encajan. El Ministro del Interior presume de tener una plantilla récord de 75.000 policías, un dato que suena muy bien en un PowerPoint, pero que en la calle huele a humo. La realidad es que casi el 50% de esos agentes están atrapados en el purgatorio de las oficinas, rellenando papeles y gestionando expedientes mientras la violencia callejera se dispara un 72% bajo el mandato de Pedro Sánchez. Es el colmo del surrealismo: tenemos a profesionales formados para neutralizar amenazas convirtiéndolos en mecanógrafos de lujo. Mientras el Director de la Policía, Francisco Pardo, insiste en que España es un referente de seguridad, los datos cuentan otra historia. El año pasado se registraron 31.481 infracciones penales por riñas y lesiones, superando el máximo de la última década. En Madrid, la cosa es peor: un incremento del 12,22% en delitos de desórdenes públicos. Para combatir un machete en la mano hace falta un equipo de cuatro a seis agentes, pero el Ministerio prefiere que esos agentes estén emitiendo tarjetas de identidad. De hecho, la regularización masiva de un millón de personas va a devorar 31.250 jornadas laborales solo en trámites de DNI. Es como contratar a un cirujano para que organice la agenda de la clínica mientras el paciente se desangra en la sala de espera. La calle clama por 6.000 agentes más en radiopatrulla, pero la ingeniería financiera de Interior prefiere ahorrar en funcionarios civiles y usar al policía como el 'comodín' administrativo más barato del Estado. Con 121.000 delitos de atentado contra fuerzas de seguridad durante este Gobierno, el 'récord de plantilla' de Marlaska no es más que un maquillaje contable para ocultar un fracaso de gestión donde la burocracia ha ganado la partida a la seguridad.
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Cristian Sanz