La noticia es un ejercicio de aritmética básica, pero falla al no cuestionar cómo el sistema permitió tal descontrol durante años antes de reaccionar. Es un relato de 'caída del imperio' donde el villano es una anciana y el héroe es un algoritmo de control tardío.
Hay tardes que se resumen en un bostezo y otras que cuestan una fortuna. Este jueves, el Gobierno ha logrado la proeza de tirar a la basura 800 millones de euros de fondos europeos en lo que dura una sesión de control. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si, por no ponerse de acuerdo en el menú de la cena, el Ejecutivo dejara que el banco nos cancelara la hipoteca y nos quitara los ahorros de una vida. Todo por la incapacidad crónica de convalidar un real decreto ley sobre los lobbies que el ministro Óscar López intentó colar para maquillar un fracaso que arrastra desde febrero de 2025. El resultado en el Congreso fue un 1-1 que huele a derrota. Sí, salvaron los 309 millones para Ceuta con 304 votos a favor (con Vox en contra y Junts absteniéndose), pero el plato principal, el de la transparencia, acabó derribado con 179 votos en contra del PP, Vox, Junts y UPN. El Gobierno ahora reza para que la Comisión Europea sea generosa y el agujero contable se quede en esos 800 millones, aunque en los pasillos económicos ya se habla de un sablazo de hasta 1.500 millones. Lo más surrealista es el baile de Sumar, que casi provoca un cisma interno porque no querían que los sindicatos contaran como grupos de interés. Al final, pasaron por el aro, aunque Aina Vidal, Enrique Santiago y Gerardo Pisarello fueron los rebeldes del grupo. Es el séptimo revolcón parlamentario del año, sumando tres fracasos en vivienda. Mientras el PSOE intenta vender el patriotismo 'de quita y pon' del PP en Ceuta, la realidad es que el Ejecutivo navega a la deriva, esperando que los Presupuestos de 2027 sirvan de detonador para convocar elecciones en febrero o marzo y dejar de acumular plomo en las alas.
Hay quienes creen que una sentencia es como un ticket de supermercado: si no te gusta el precio, intentas devolver el producto. David Sánchez intentó aplicar esa lógica con la Audiencia de Badajoz, pidiendo que borraran los párrafos 'incómodos' de su condena por prevaricación. Quería limpiar el expediente de aquel 2016, cuando el puesto de coordinador de conservatorios se cocinó a fuego lento y con el menú ya decidido antes de que alguien llegara a la entrevista. Pero el tribunal, con una frialdad quirúrgica, le ha recordado que una cosa es que el delito haya prescrito y otra muy distinta es que los hechos se hayan evaporado mágicamente. La prescripción no es una goma de borrar para la historia. El 'sablazo' institucional es contundente. Nueve años de inhabilitación. No se trata solo de que ya no sea el jefe de la Oficina de Artes Escénicas —plaza que soltó en febrero de 2025, probablemente para evitar que le echaran con el ruido de los platillos—, sino que tiene el camino cerrado a cualquier puesto electivo o discrecional en la administración pública. Básicamente, el Estado le ha puesto un candado al currículum hasta que pase casi una década. Mientras tanto, su compañero de viaje, Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz, se lleva una condena doblemente pesada: 18 años de banquillo administrativo. La justicia incluso se ha tomado el tiempo de ajustar las cuentas de las costas procesales, repartiéndolas como quien divide la cuenta de una cena incómoda: dos duodécimas para Gallardo y una para el resto. Por si fuera poco, el intento de desacreditar al teniente coronel Antonio Balas y a la UCO ha chocado contra un muro. El tribunal ha dejado claro que ser testigo y perito a la vez no es una contradicción, sino una capacidad técnica que la defensa no ha sabido digerir.
Hay quien juega al Monopoly con el dinero público y cree que el tablero no tiene límites. Una señora de 77 años decidió que España era un sitio estupendo para cobrar, pero que Marruecos era mucho mejor para vivir. Durante años, montó un sistema de logística envidiable: volaba al país vecino, se instalaba cómodamente y regresaba justo a tiempo para que el sistema no hiciera preguntas. El problema es que la Administración, que suele tener la agilidad de un glaciar, acabó despertando. Desde diciembre de 2013, la protagonista disfrutaba de una pensión de invalidez no contributiva de unos 604 euros mensuales, más un complemento de 37 euros. Para rematar el menú, sumaba otros 97 euros al mes de una pensión marroquí. Un colchón acogedor para quien, técnicamente, debía residir en España para acceder a esa ayuda. Pero las cuentas no cuadran cuando sacamos el calendario: 135 días fuera en 2018, 136 en 2019, un récord de 260 días en 2020 y 149 en 2021. En total, 680 días de vacaciones pagadas por el contribuyente. El Real Decreto 357/1991 es muy claro: si te pasas de 90 días fuera al año, has dejado de residir aquí. Punto. No hace falta que compres una casa en Marrakech o que cambies el DNI; basta con que el contador de días supere el límite. Y como si el 'turismo de pensión' no fuera suficiente, la Generalitat de Cataluña descubrió que su unidad familiar ingresaba 73.291,08 euros en 2021, pulverizando el límite de 33.835,2 euros fijado para su caso. El resultado es un sablazo administrativo: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le obliga a devolver 32.857,20 euros. Intentó usar la pandemia como excusa para el año 2020, pero los jueces le recordaron que los aviones para residentes seguían volando. Al final, la cuenta llegó y el precio de la picardía ha sido salado.
España ha abierto el grifo de la nacionalidad y el resultado es un surrealismo digno de una comedia de enredos. La Ley de Memoria Democrática ha provocado que 2,4 millones de personas en todo el mundo se lancen a pedir el pasaporte rojo, como quien pide una pizza a domicilio pero sin saber dónde queda la pizzería. Argentina se lleva el premio gordo, concentrando el 40% de las peticiones; solo en el Consulado de Buenos Aires se amontonan 645.052 expedientes, una cifra que hace que cualquier cola de supermercado en Navidad parezca un paseo tranquilo por el parque. Lo verdaderamente fascinante no es el volumen, sino el vacío. Mientras que el que quiere la nacionalidad por residencia tiene que sudar tinta con un examen de la Constitución y cultura general, el 'nieto' entra por la puerta grande sin saber distinguir un mapa de una servilleta. Hemos llegado al punto en que hay aspirantes que confunden Navarra con el País Vasco con una naturalidad pasmosa: «Mi abuelo era navarro, somos puros vascos», sueltan sin pestañear. Es el equivalente a decir que tu abuelo era de Madrid y por eso eres un experto en el clima de Sevilla. Hay jóvenes cuyos ancestros vienen de Los Barrios de Luna, en León, o de Lugo, que jamás han pisado esas tierras. Han visitado Madrid o Barcelona como turistas, pero el pueblo del abuelo es una 'cuenta pendiente', una especie de leyenda urbana familiar. Mientras tanto, en la calle Guido del barrio Recoleta, las filas de 200 metros son el paisaje habitual. Todo esto ocurre mientras el Tribunal Supremo intenta poner un freno cautelar al voto de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados, pero el papeleo sigue fluyendo. Al final, España está sumando millones de ciudadanos que conocen el país por el catálogo de una agencia de viajes, pero que ya tienen el poder de decidir el futuro político de quienes sí pagan el IBI.
En Palma, donde sobrevivir a la temporada de verano es casi un deporte extremo, el PSOE ha decidido que la solución al caos del transporte no es, precisamente, poner más autobuses, sino organizar una fila de castigo. Iago Negueruela, secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, propone que los turistas sean los últimos en subir a los buses de la EMT. Una especie de 'apartheid de transporte' basado en el plástico: si tienes la tarjeta TIB o la Única, pasas primero; si vienes a ver la catedral, espera tu turno mientras el residente que va al médico o al trabajo te mira con superioridad moral. Negueruela argumenta que este verano ha sido 'supermasificado' y que el alcalde ha mirado hacia otro lado, priorizando el flujo del visitante sobre el del currante que intenta llegar al aeropuerto sin sufrir un ataque de ansiedad. La lógica es tan simple como cruel: si un trabajador llega tarde, le cae un marrón en la oficina; si un turista llega tarde a pasear por Palma, pues llega tarde a no hacer nada. Para darle barniz de prestigio a la ocurrencia, han sacado la carta de Venecia, sugiriendo que si los italianos lo hacen para gestionar su propia agonía turística, nosotros también podemos. Es la clásica ingeniería política: en lugar de resolver el agujero de servicio con más flota y mejores frecuencias, se propone gestionar la cola. Es como intentar solucionar que el supermercado no tenga pan organizando quién tiene más hambre para que entre primero en la tienda vacía. Una medida de 'corto y medio recorrido' que, en el fondo, es un parche brillante para un sistema que ya no aguanta más peso.
El Gobierno ha decidido jugar al Tetris con la seguridad ciudadana. Tras el asalto masivo a Ceuta, han decidido que 70 de los 'invitados' más intensos —aquellos con currículum en agresiones sexuales, robos violentos y atentados contra agentes— no son aptos para el clima local y los han despachado a prisiones de Algeciras, Archidona y Morón de la Frontera. Un traslado en furgoneta y barco que parece un tour turístico, mientras en la prisión de Ceuta bostezan seis módulos vacíos con 72 celdas cada uno. Ingeniería logística de primer nivel. Mientras Fernando Grande-Marlaska insiste en que la inseguridad es una 'percepción subjetiva' (como quien te dice que tu cuenta bancaria vacía es solo una sensación), los datos de Juan Jesús Vivas dinamitan el relato. Pasar de 67 a 1.001 agresiones y de 10 a 600 allanamientos en un año no es una opinión, es un incendio. Los ingresos en la cárcel ceutí se han disparado un 505%, llegando a 121 sujetos, muchos de ellos con el 'tatuaje de graduación' del yihadismo y el crimen: la S, el dólar y los tres puntos. La realidad es que el sistema está haciendo un 'colador'. De cada diez detenidos, solo un par acaban en celda; el resto son expulsados, permitiendo que los más escurridizos sigan deambulando por la ciudad. Entre ellos, personajes que ya habían sido expulsados y regresaron como quien vuelve a su pueblo en vacaciones, incluyendo a un delighted agresor sexual de menores de 2019. Para rematar el cuadro, los funcionarios de prisiones, representados por el sindicato TAMPM, lidian con un caos organizativo y un protocolo sanitario que recuerda al Covid, con mascarillas FFP2 para combatir brotes de sarna, tuberculosis e impétigo. Todo esto mientras un preso ya ha tenido que ser 'empaquetado' con sujeción mecánica por su agresividad. En resumen: el Gobierno maquilla la cifra, pero el olor a sarna y el ruido de los cristales rotos no se borran con un comunicado oficial.
Hay quien dice que el mercado inmobiliario está imposible, pero en Ceuta algunos han decidido innovar con un modelo de negocio que haría palidecer a cualquier tiburón de Wall Street. Imaginen la escena: el número 91 de la calle Real se convirtió en un Tetris humano donde una pareja de ceutíes logró encajar a 25 personas. No hablo de una acogida solidaria, sino de una ingeniería financiera donde dormir en la cocina, en una habitación hacinada o, para los más 'premium', en los descansillos y el garaje, costaba la módica suma de 300 euros al mes por cabeza. Un alquiler que, comparado con la lista de la compra actual, parece un chiste, pero que en condiciones de insalubridad evidentes es, sencillamente, un negocio con la miseria. Pero la ambición no tiene techo. Mientras la Guardia Civil desmantelaba este hormiguero, la Policía Nacional descubría que en la barriada del Príncipe el lujo era dormir en el suelo de un garaje comunitario por 900 euros mensuales. Sí, han leído bien. Nueve cientos euros por un cemento frío, un precio que deja cualquier estudio de Madrid como una ganga. Para rematar la jugada, estos emprendedores del horror cobraban entre 5 y 10 euros solo por cargar un teléfono móvil; básicamente, un impuesto al oxígeno y a la batería. Entre los 25 rescatados del primer piso había seis menores de edad, todos remanentes de la invasión de julio. La trama no terminaba en el colchón sucio: el pase a la península se tasaba en 6.000 euros, bajo un régimen de amenazas de muerte para mantener el silencio. Mientras el Gobierno envía a cárceles peninsulares a los 70 perfiles más peligrosos por agresiones y robos, en las calles de Ceuta proliferan estos 'hoteles de garaje' donde la única ley es el rédito inmediato.
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