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En el arte de la aritmética política, parece que el Gobierno y la ciudad de Ceuta usan calculadoras de planetas distintos. Mientras Pedro Sánchez y su equipo intentan vendernos que el problema se ha reducido a unos 2.500 migrantes —una cifra que suena a gestión impecable de Excel—, Juan Jesús Vivas ha salido a la arena para soltar el verdadero sablazo: quedan entre 8.000 y 11.000 personas. Es la diferencia entre un grupo manejable y una crisis que te revienta la logística de cualquier ayuntamiento. La escena es surrealista. El 30 de julio, 72.000 personas decidieron que la frontera era una sugerencia y no un muro. Vivas, con el tono de quien ya no tiene paciencia para sutilezas, denuncia que mientras él gritaba avisos en los pasillos de los ministerios, el Ejecutivo practicaba el arte del silencio. Ahora, el presidente ceutí pide blindar la frontera con todas las garantías, porque gestionar miles de personas deambulando por la ciudad sin cubrir necesidades básicas no es 'normalidad', es un incendio abierto. Lo más jugoso es la ironía sobre la 'colaboración' de Marruecos. Vivas sugiere que es físicamente imposible que 80.000 personas se organicen para un asalto masivo y que el vecino de al lado no se haya enterado ni haya avisado. Es como decir que en tu comunidad de vecinos se organiza una fiesta rave con mil personas y el presidente de la junta jura que no oyó nada. Vivas ha sido claro: ni papeles, ni billetes a la península, solo retorno inmediato. Mientras tanto, Ceuta resiste, apoyada por el ejército y el cariño telefónico de Felipe VI, esperando que la realidad gane la partida a las estadísticas maquilladas de Madrid.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en la Moncloa han decidido que el Mundial 2030 necesita un empujoncito... pagado con nuestro dinero. No es una broma. Se han detectado 475.000 euros públicos destinados a la 'inclusión de personas con discapacidad' en Marruecos. De entrada, suena noble, casi celestial. Pero bajémoslo al suelo: es una subvención dineraria sin contraprestación. En cristiano: un cheque en blanco para que Marruecos luzca sus sedes mientras España hace de cajero automático. El montaje es digno de un guion surrealista. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha soltado una primera partida de 275.000 euros, sumando luego el resto hasta alcanzar casi medio millón, con la ONCE española como entidad receptora. Básicamente, el Gobierno no solo pone el dinero, sino que pone los medios para que el vecino se prepare la fiesta. Y esto es solo el aperitivo. Si hablamos del menú completo, tenemos la desaladora de Casablanca, donde España ha soltado 340 millones de euros públicos sin despeinarse. La paradoja es deliciosa si no fueras tú quien paga. Pedro Sánchez ha jugado al ajedrez geopolítico y parece que ha perdido todas las piezas. Nos hemos peleado con Argelia, el gas se volvió un drama y hemos roto el tablero con Israel y Estados Unidos. Mientras tanto, Marruecos, que nos trata en la frontera como si fuéramos el patio de su casa, se ríe en nuestra cara mientras acumula material bélico de Washington y Tel Aviv y se embolsa nuestras subvenciones. Es la definición perfecta de sumisión: nosotros ponemos la tarjeta de crédito y ellos deciden dónde se juega la final.
Hay quienes pagan el gimnasio para verse mejor en el espejo y luego usan filtros de Instagram para borrar el rastro de una cena excesiva. La Moncloa, en un alarde de marketing institucional, ha decidido aplicar una lógica similar al distribuir imágenes de Pedro Sánchez trabajando desde La Mareta, en Lanzarote. El escenario: una reunión telemática sobre la crisis de Ceuta, camisa rosa, papeles y una mesa de cristal que, por algún motivo místico o técnico, ha decidido devorar las piernas del presidente. El resultado es una fotografía que parece sacada de un catálogo de muebles mal renderizado donde el jefe del Ejecutivo flota sobre el mobiliario. Mientras el país lidia con la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, la conversación pública se ha desviado hacia la anatomía digital del mandatario. En la imagen, Sánchez aparece inclinado, pero la ausencia de extremidades inferiores y unas sombras sospechosas bajo la silla han disparado la maquinaria de X. Es el mismo espíritu de 'puesta en escena' que ya vimos en agosto de 2021, cuando el presidente gestionaba la evacuación de Afganistán con traje arriba y alpargatas abajo; un contraste tan absurdo como el de alguien que intenta venderte un coche de lujo mientras esconde que no tiene ruedas. En la videoconferencia estaban presentes Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz, Sira Rego y Ángel Víctor Torres. Todos ellos, presumiblemente con sus dos piernas intactas, mientras el presidente se convertía en un torso flotante. Ya sea un efecto óptico del cristal o una edición chapucera para que la foto pareciera más 'estética', el mensaje es claro: en la era del Photoshop, la realidad es una sugerencia y el rigor institucional es, básicamente, un accesorio opcional.
La política es como un alquiler: cuando cambia el dueño del piso, te piden las llaves y te revisan hasta el último rincón del salón. Pablo Iglesias, que había montado un campamento mediático en Colombia aprovechando la luna de miel ideológica con Gustavo Petro, acaba de descubrir que el amor platónico entre presidentes tiene fecha de caducidad. Con la entrada de Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño este viernes, el tablero se ha dado la vuelta y el 'negocio' del Canal Red empieza a oler a cerrado. No es que Iglesias haya ido a Colombia a hacer voluntariado. El despliegue fue quirúrgico. En noviembre de 2024, se coló en el prime time de Señal Colombia a las 21 horas con 'La base', su buque insignia, bajo el lema —irónicamente— de luchar contra la 'mafia mediática'. Para febrero de 2026, ya no se conformaba con el horario estelar y se lanzó a la coproducción de 'La minga', un programa centrado en asuntos nacionales. Básicamente, utilizó la televisión pública colombiana como una tarjeta de crédito sin límite para expandir su marca personal en América Latina, justo después de aterrizar en México. El problema es que el grifo del dinero público lo controla el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el gerente de RTVC (ahora Inravisión), Hollman Morris, era un aliado fiel de Petro. Ahora que De la Espriella llega prometiendo cambios radicales en seguridad y narcotráfico, es probable que la primera 'limpieza' sea el organigrama de los medios públicos. Pasar de ser el invitado de honor a ser tachado de 'fascista' por el nuevo jefe es un giro de guion que ni el mejor análisis político de Iglesias podría haber previsto. El Canal Red sigue vivo en España y México, pero en Colombia, la fiesta se ha acabado antes de que termine la canción.
En este país, la ética parece ser un accesorio opcional, como el cilantro en los tacos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el saldo no se vuelva rojo antes del día veinte, Zaida Isabel Fernández Toro ha descubierto el arte de la 'diversificación de ingresos' con una naturalidad pasmosa. No es que haya inventado la pólvora, es que ha sabido leer la letra pequeña de los consejos de administración. La abogada del Estado, que ahora mismo se dedica a pelearse judicialmente con el juez Peinado —el mismo que lleva la causa contra la mujer de Pedro Sánchez—, ha sumado en su cuenta corriente unos 44.848 euros. Un sablazo elegante, repartido entre dos sociedades mercantiles estatales que, curiosamente, no ponen objeciones a pagar. Por un lado, Enisa le ha soltado 20.000,34 euros: 16.200,34 en dietas por asistir a reuniones y otros 3.800 euros por pasar por la Comisión de Auditoría. Básicamente, cobrar por estar presente y asentir en el momento adecuado desde su nombramiento el 28 de noviembre de 2023 hasta julio de 2026. Pero como una sola fuente de ingresos es para aficionados, entró en juego Hunosa. Allí, entre reuniones mensuales y cafés institucionales, ha acumulado otros 24.848 euros desde 2024 hasta 2026. El despliegue es fascinante: tres reuniones en 2023, ocho en 2024, diez en 2025 y siete en 2026. Todo bajo el paraguas de la 'normativa aplicable', ese escudo mágico que convierte un ingreso extra en una mera formalidad administrativa. Lo más irónico es que Fernández Toro intentó jugar la carta de la intimidad personal para que estos datos no salieran a la luz, pero la propia empresa pública le recordó que cobrar dinero público por funciones institucionales no es precisamente un secreto de alcoba, sino un dato de interés general. Una lección de transparencia forzada que nos deja claro que, en el tablero del poder, las dietas siempre llegan a tiempo.
En Moncloa han descubierto que gestionar un país es mucho más complejo que editar un hilo de X. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que retocar la ley de devoluciones en caliente es un trámite demasiado molesto para sus vacaciones. El escenario es surrealista: un vacío legal detectado por el Supremo permitió que el pasado 30 de julio más de 72.000 marroquíes entraran en Ceuta convencidos de que el 'pase libre' era oficial. La respuesta del Ejecutivo fue un parche de manual: colocar una barrera de 500 metros en el Tarajal, como quien pone un celo en una tubería que revienta, creyendo que unos metros de hierro sustituyen a la seguridad jurídica. Lo verdaderamente fascinante es la ingeniería del silencio. Para evitar que la realidad manche la 'narrativa', se ha llegado al extremo de borrar la crisis migratoria de los informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN). Cuando una funcionaria civil, con ocho años de experiencia, cometió el pecado mortal de informar que 49.000 personas habían cruzado el espigón, la respuesta fue un cese fulminante por teléfono. La pobre tuvo que interrumpir sus vacaciones el 3 de agosto para recoger sus trastes de Moncloa en 72 horas. Sánchez tiene la 'malla Bravo', un sistema de ciberseguridad digno de James Bond para hacer videoconferencias secretas, pero parece que no tiene tiempo para un Real Decreto que PP y Vox no podrían votar en contra. Mientras tanto, la general Loreto Gutiérrez Hurtado lidia con una rebelión interna en el DSN. En resumen: tenemos un sistema de comunicaciones blindado para un Gobierno que prefiere ignorar el incendio que intentar apagarlo, esperando que el próximo 15 de agosto el calendario sea más amable que la realidad.
Hay quien dice que la familia es lo primero, y Julio Martínez se tomó el consejo muy en serio. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, Martínez montó una coreografía de administradores en el Registro Mercantil que haría palidecer a cualquier experto en escapismo. La jugada fue sencilla: una vez que el rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra estaba en el horno, Julio decidió que sus hermanos, como Manuel Martínez, ya no eran aptos para llevar el timón de sus sociedades. No es que hubieran perdido el talento, es que el negocio empezaba a oler a quemado. En un despliegue de 'amor fraternal', Martínez limpió la gestión de sus empresas fantasma en un polígono de Petrer justo antes de que empezaran a llover los 527.417 euros desde la aerolínea. Voli Analítica S.L., por ejemplo, cambió de jefe el 17 de marzo de 2021, apenas una semana después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al dinero a través de la SEPI. Un timing quirúrgico. Lo mismo ocurrió con Nez Asesores, Agropecuaria Lucena S.L. —que convenientemente pagó más de 20.000 euros a la agencia de las hijas de Zapatero—, Rentas Emeritenses S.L., Zenebtimar S.L. y Affita Capital S.L. El clímax llega con Zenzap, una empresa con un nombre que parece un juego de palabras entre Martínez y Zapatero, donde Julio asumió el mando el 5 de mayo de 2021. El objetivo era claro: que sus hermanos siguieran cobrando dividendos como accionistas, pero que no tuvieran que dar explicaciones al juez. Ahora, tras el volantazo procesal y la contratación de María Dolores Márquez de Prado, Martínez ha decidido que el silencio ya no paga. Ha confesado que José Luis Rodríguez Zapatero medió en el rescate y que el pacto era simple: un 1% de comisión camuflado bajo informes de consultoría y llamadas estratégicas con Delcy Rodríguez. Una ingeniería financiera donde el dinero público sirvió de lubricante para los intereses privados.
Parece que el sueño de Europa sin vallas ha vuelto a chocar contra la realidad de un sello en el pasaporte. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que, a partir de las 00.00 horas del 8 de agosto, viajar entre España y la República Italiana volverá a sentirse como cruzar la frontera en los años 80. No es un capricho; es el regreso de los controles fronterizos en aeropuertos y puertos, una medida que durará, en teoría, hasta las 00.00 horas del 7 de septiembre. La excusa es la 'presión migratoria' en el Mediterráneo central y el baile de las redes de delincuencia transfronteriza. Básicamente, el Gobierno ha decidido poner el cerrojo preventivo porque el espacio Schengen se ha vuelto un colador. Para que la burocracia europea no se despierte con un susto, Marlaska ha tenido que enviar el aviso formal a la plana mayor de Bruselas: Henna Virkkunen, Magnus Brunner, Roberta Metsola y Thérèse Blanchet. Todos ellos han recibido la notificación de que España ha activado el artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/399, ese manual de instrucciones que permite cerrar la puerta de casa cuando el barrio se pone peligroso. Es la paradoja de siempre. Mientras nos venden una Unión Europea de libre circulación, la realidad es que el orden público se gestiona a base de parches temporales. Si la situación no mejora, el plazo se modificará, lo que en lenguaje administrativo significa que el control podría quedarse a vivir con nosotros más tiempo del previsto. Al final, el ciudadano es el que paga el peaje en tiempo y esperas, mientras los ministros juegan al ajedrez con los mapas del Mediterráneo.
La diplomacia europea ha dejado de ser un baile de salón para convertirse en una pelea de patio de colegio. El juego es sencillo: Giorgia Meloni decide que España está 'fuera de juego' en el Espacio Schengen por el lío de Ceuta, y Fernando Grande-Marlaska responde devolviéndole el golpe con la misma moneda. Así, desde las 00:00 horas del 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre, España ha reinstaurado controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con Italia. Es el equivalente político a cerrar la puerta de casa con llave porque el vecino ha dicho que tu jardín está sucio. Marlaska, con la pluma afilada, ha enviado la notificación a la plana mayor de Bruselas: Henna Virkkunen, Magnus Brunner, Roberta Metsola y Thérèse Blanchet. El argumento es el de siempre: la 'presión migratoria' en el Mediterráneo central y el miedo a que las redes de delincuencia transfronteriza usen Italia como puente. Para darle un barniz de legalidad, el ministro ha sacado el Reglamento (UE) 2016/399 del 9 de marzo de 2016, invocando los artículos 25 y siguientes del Código de Fronteras Schengen. Básicamente, ha buscado la letra pequeña del contrato para justificar que ahora nos pongamos a mirar pasaportes. Lo más curioso es la puesta en escena. El Ministerio presume de controles 'a puerta de avión', evitando que el pasajero tenga que dar vueltas por el aeropuerto como si estuviera en una cola de Hacienda. Los agentes actúan de forma 'aleatoria', centrándose en ciudadanos de terceros países, mientras que los europeos pasan como si nada. Todo ocurre 'de manera discreta', porque en la alta política, como en las malas cuentas bancarias, lo importante no es que no se haga, sino que no se note demasiado mientras se ejecuta el sablazo diplomático.
La diplomacia de Rabat ha lanzado un dardo con precisión quirúrgica hacia Madrid. En un movimiento que huele a 'yo ya te lo dije', el Gobierno de Marruecos ha manifestado formalmente que está más que dispuesto a recoger a sus menores no acompañados, pero con una letra pequeña que nos deja en evidencia: que España limpie primero su propia maraña de obstáculos judiciales y administrativos. Es el clásico juego del tenis diplomático donde la pelota, ahora mismo, está pegada en nuestra red. Desde Rabat, la narrativa es tajante. No es que no quieran, es que no los dejan. Incluso han sacado la carta pesada, recordando que existen instrucciones directas del rey Mohamed VI para este retorno. Mientras nosotros nos peleamos en los juzgados y en los tertulias, Marruecos nos recuerda que ya había un pacto firmado en junio de 2021 entre los Ministerios del Interior de ambos países. Básicamente, nos están diciendo que el contrato está firmado y el pago hecho, pero que nosotros hemos perdido la llave de la puerta. La fuente diplomática no se ha cortado y ha dinamitado la versión de los medios españoles, calificándola de manipulación partidista. Para ellos, el drama social se usa como moneda de cambio política. Y aquí entra el factor 'ONG', a quienes acusan de montar una cortina de humo para perpetuar la estancia de los menores en los centros de acogida, como si fuera una suscripción mensual infinita pagada con fondos públicos. Naser Burita, el ministro de Asuntos Exteriores, ya lo dejó claro en 2024: las lagunas legislativas europeas son el paraíso para las mafias del tráfico de personas. Al final, mientras la burocracia española se muerde la cola, los menores quedan atrapados en un limbo donde la ley es un laberinto y la voluntad política, un espejismo.
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Xavier Domínguez