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Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que el sueldo llegue al día 30, en el tablero geopolítico se juega una partida de póker donde las fichas son personas y el bote es astronómico. Fernando Grande-Marlaska intenta vendernos que las oleadas migratorias en Ceuta son 'cosas que pasan', como quien justifica que se le haya quemado una tostada. Pero seamos realistas: en la corte de Mohamed VI no se mueve una hoja sin que el monarca lo quiera, y que no haya caído ninguna cabeza en la seguridad fronteriza es la prueba del algodón. No es un accidente; es un grifo que se abre y se cierra según la conveniencia de Rabat. El modelo de negocio es sencillamente brillante, si ignoramos la parte humana. España, bajo el mando de Pedro Sánchez, ha soltado unos 4.194 millones de euros entre créditos, subvenciones e inversiones privadas. Es un sablazo monumental que parece más un pago de protección que una cooperación diplomática. Pero el verdadero 'cash flow' no está en los despachos de Moncloa, sino en los bolsillos de la diáspora. Con 4 millones de marroquíes en la UE —más de un millón ya asentados en España y 1,5 millones en Francia—, el régimen ha creado su propia red de cajeros automáticos humanos. Las remesas anuales inyectan 12.000 millones de dólares, el 8% del PIB marroquí. Es una transferencia de capital masiva que sostiene el valor del dirham y mantiene el Banco Central de Marruecos respirando mientras el país presume de un PIB de 150.000 millones de dólares. Sumando esto a los 8.400 millones en flujos de capital desde 2018, Europa acaba financiando el 70% de las divisas de la dictadura alauita. Exportar población no es una crisis social, es la estrategia financiera más rentable de la región.
Hay que tener un talento especial para la ingeniería diplomática para lograr que el gas que llega a casa termine en el jardín del vecino, especialmente cuando ese vecino te mira mal y tú tienes la nevera vacía. Pedro Sánchez ha jugado al equilibrista entre Argelia y Marruecos, y el resultado es una comedia surrealista. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, España ha decidido jugar a ser la gasolinera solidaria del Magreb. Los datos de Enagás no mienten, aunque a veces den ganas de llorar. Entre julio de 2025 y julio de 2026, las importaciones argelinas vía Medgaz subieron de 9.330 GWh/mes a 10.228 GWh/mes. Un incremento del 10%, exactamente 898 GWh/mes de gas barato que llega desde Hassi R'Mel hasta la playa de Perdigal en Almería. Cualquiera pensaría que ese extra serviría para evitar que la industria española siga sufriendo apagones o para que Canarias no se quede a oscuras, pero no. En un giro digno de un guion de absurdo, España ha exportado por el gasoducto de Tarifa unos 992 GWh/mes hacia Marruecos. Hagamos la cuenta de la servilleta: todo el aumento de gas barato de Argelia, más un poquito más, ha acabado alimentando la red energética de Rabat. Básicamente, estamos haciendo el favor de transportar el combustible de un enemigo natural de Marruecos para que el propio Marruecos no pase frío, mientras nosotros parcheamos la inestabilidad de las renovables con gas caro. Es como si compraras el pan en oferta en el súper de enfrente solo para regalárselo al vecino que te pone la música alta a las tres de la mañana y te invade el rellano.
El sistema de seguridad en la frontera parece un colador suizo. Mientras el mundo miraba la avalancha del 30 de julio en Ceuta, donde casi 72.000 personas forzaron el paso ante la sospechosa pasividad de los policías marroquíes, las mafias de la trata decidieron montar su propio 'Uber' del Estrecho. Para estos emprendedores del delito, la crisis no fue una tragedia humanitaria, sino una oportunidad de oro para hacer su agosto. La logística es tan variopinta que asusta: desde 'pateras-taxi' para quienes pueden permitirse el lujo de pagar un sablazo considerable por un viaje más seguro, hasta motos de agua que depositan pasajeros en el litoral en unos 15 minutos, como quien deja un paquete en un punto de recogida. Incluso han llegado a usar un kayak en la playa de Levante de la Línea de la Concepción. El destino es el mismo: Tarifa, Sotogrande o Puente Mayorga, buscando el billete dorado hacia el espacio Schengen. Pero el chiste tiene un remate brillante en el CIE de Algeciras. Tenemos una instalación nueva, diseñada para 500 internos, que es básicamente un hotel con fugas. La semana pasada, seis internos decidieron que los conductos del aire acondicionado eran una salida aceptable; cinco llegaron a la calle y cuatro siguen desaparecidos. ¿El motivo? La gestión es una broma. El sindicato Jupol denuncia que pretenden vigilar a 70 personas con una plantilla de entre 7 y 10 policías. Es como intentar cubrir un estadio de fútbol con tres porteros. Una gestión brillante del Ministerio del Interior que convierte la seguridad nacional en un ejercicio de optimismo ciego mientras los internos juegan al escondite en instalaciones que no funcionan.
El Gobierno de Illa ha decidido jugar al Tetris con el mapa de Cataluña, y el resultado es un caos donde el ciudadano de a pie es el que paga la cuenta. La Ley 11/2025, ese regalo envuelto en buenas intenciones de la coalición PSC, Comunes, ERC y CUP, ha logrado lo que parecía imposible: que el mercado de la vivienda protegida se desplome un 15,33% en junio, mientras el mercado libre apenas respira con un crecimiento del 1,07%. Es la paradoja del siglo: para 'proteger' la vivienda, la paralizan. El drama tiene nombre y apellido: inseguridad jurídica. Hay más de 25.000 pisos atrapados en un limbo administrativo; 6.700 ya en 2026 y una proyección de 25.536 para 2030. En Badia del Vallés, donde la renta per cápita es un chiste de mal gusto y el PSC manda en el barrio, han nacido la Plataforma contra la Ley 11/2025. Allí, 2.500 familias ven cómo sus ahorros para la jubilación se convierten en humo porque no pueden vender un piso que ya no es protegido, pero que el Estado mantiene secuestrado por estar en una 'zona tensionada'. Es como si te dijeran que tu coche ya es tuyo, pero no puedes conducirlo porque la calle es 'demasiado transitada'. Mientras tanto, la Generalitat hace malabares con la lista de zonas tensionadas. Han subido a 302 el número de áreas afectadas, alcanzando al 72,9% de la población. Pero ojo al detalle: Figueres y Banyoles, bastiones de Junts, han quedado fuera del 'castigo'. Mientras los alcaldes de estas ciudades celebran la libertad de mercado, en Martorell o La Junquera se preparan para el cierre. El Consejo General del Notariado ya avisó: las transacciones cayeron un 4,1% en mayo. Al final, la ingeniería social de Illa solo consigue que haya menos oferta y que los precios suban, mientras el vecino espera que el Estado le devuelva la llave de su propio patrimonio.
Ceuta lleva casi 20 días con el pulso alterado, mientras en Madrid el Gobierno juega al tenis con la gestión de la crisis. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha puesto un ultimátum de 30 días para volver a la normalidad antes de que suenen las campanas del curso escolar, amenazando con llevar el asunto al Supremo y al Constitucional. Es la desesperación del que ve cómo su ciudad se convierte en una sala de espera infinita mientras los ministros aterrizan, cambian impresiones y despegan sin dejar más que promesas en el aire. La respuesta del Ejecutivo es un despliegue de surrealismo administrativo. Mientras Exteriores e Interior prometen expulsiones, la responsable de Migraciones propone instalar 1.500 carpas, que ya podrían subir a 4.000. Es como intentar apagar un incendio forestal con un pulverizador de jardín: más espacio para esperar, pero ninguna salida. Mientras tanto, el PP, desde Génova, ha sacado de la naftalina la Ley de Seguridad Nacional mediante una Proposición no de Ley (PNL), sugiriendo que esto no es un simple problema de visados, sino un asunto de soberanía e integridad territorial. El contraste es sangrante. Por un lado, tenemos la 'amistad' estratégica con Marruecos, que parece valer más que la tranquilidad de Ceuta; por otro, la exigencia de Ezcurra y los populares de activar un Real Decreto que obligue a movilizar medios humanos y materiales de forma coordinada. El quid de la cuestión es si el Gobierno ha ignorado los avisos del CNI por pura negligencia o por una ingeniería diplomática donde Ceuta es la moneda de cambio. Al final, entre carpas y leyes olvidadas, la realidad es que la ciudad autónoma se siente sola en el tablero, esperando que el BOE deje de ser un libro de sugerencias y se convierta en acción.
Hacer política hoy en día se parece mucho a mantener una suscripción de streaming que ya no te gusta: te das cuenta de que pagas por algo que no consumes y, un día, haces clic en 'cancelar'. En el PSOE, ese clic lo han dado 27.205 militantes desde que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General en las primarias de 2017. No es un goteo; es una fuga de agua en el sótano que nadie quiere arreglar. Si ajustamos el calendario a su llegada a la Moncloa en junio de 2018, la cifra sigue siendo un sablazo: 23.290 afiliados que decidieron que ya era suficiente. Lo más irónico es que el censo socialista solo ha respirado una vez. En 2019, aprovechando el frenesí de la triple cita electoral, el partido sumó unos modestos 98 afiliados netos. Una cifra que, comparada con el resto de la serie, es como intentar tapar un agujero en el casco de un barco con un chicle. Luego llegó la pandemia, y entre 2020 y 2021, el partido sufrió un desplome de casi 11.100 bajas. La gente, mientras se encerraba en casa, decidió que el carnet del PSOE sobraba en la cartera. ¿Y el dinero? Ahí entra la ingeniería contable. En 2025, el PSOE ingresó 9.555.283 euros por cuotas, muy lejos de los 10.844.428 euros que recaudaron en el pico de 2019. Eso sí, la financiación privada total alcanzó los 26 millones de euros, alimentada por la venta de lotería y el alquiler de casetas en fiestas populares. Al final, el partido sobrevive gracias a que ha reclasificado sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas, moviendo convenios municipales de la columna de 'privados' a la de 'públicos' desde 2022 para que los números no asusten tanto. Menos militantes, pero la maquinaria sigue aceitada.
Hay una gimnasia mental que ya quisiera el Cirque du Soleil: se llama 'gestionar la sanidad'. Mónica García, la ministra que ha hecho del ataque a la colaboración público-privada su deporte nacional y de señalar a Isabel Díaz Ayuso su mantra diario, acaba de dejarnos el manual de instrucciones sobre cómo hacer exactamente lo que criticas mientras miras al frente. En el Hospital Universitario de Ceuta, la coherencia ha salido por la ventana para dejar entrar al Grupo Quirón. No es un desliz, es una estrategia de manual. Mientras en los micrófonos Quirón es el villano que 'selecciona pacientes', en los papeles del INGESA es el socio preferido. Hablamos de 12 servicios externalizados. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como criticar que el vecino use una empresa de limpieza y luego contratar tú a la misma empresa para que te friegue el suelo, pero cobrando el detergente con dinero público. El colmo del surrealismo llega con las endoscopias con sedación profunda. El contrato, adjudicado en febrero de 2026 a IDCQ Hospitales y Sanidad por 158.899 euros, obliga a los pacientes a pegarse un viaje hasta Los Barrios (Cádiz). Si resulta que necesitas una biopsia, felicidades: el servicio no está externalizado, así que tienes que volver a Ceuta y reprogramar todo. Un baile burocrático que puede retrasar diagnósticos críticos varios meses. Un sablazo a la eficiencia. Pero la fiesta sigue. En 2024, con García ya al mando, se rubricaron contratos de neurología y rehabilitación logopédica con Quirón. Sumemos 6.900 euros para test VHIT y 24.000 euros para artroresonancias en abril. Y para rematar la jugada, el 'estirón' presupuestario: 2.172.000 euros a la UTE Clínica Radiológica-Resona-Rusadir para resonancias. ¿Lo más irónico? Compraron una máquina de 3 teslas tan potente que algunos pacientes con tatuajes metálicos no pueden usarla, obligando a mantener el concierto privado. Al final, la sanidad pública de Ceuta parece más un catálogo de subcontratas que un servicio asistencial.
Hay una forma muy elegante de gestionar el caos: hacerlo por Zoom mientras el aire acondicionado de Lanzarote te acaricia la cara. Pedro Sánchez ha descubierto el secreto de la eficiencia moderna. Mientras Ceuta lidia con el asalto masivo de inmigrantes y una crisis sanitaria que no entiende de calendarios, el jefe del Ejecutivo ha decidido que el 'mando único' se ejerce mejor en pijama desde la residencia de La Mareta. La agenda de agosto es una oda al minimalismo. Dos videoconferencias. Solo dos. Una el 7 de agosto y otra el 17. Diez días de silencio sepulcral entre sesión y sesión, mientras el resto del equipo ministerial juega al 'estoy yo' trasladándose a la ciudad autónoma. Es como si el dueño de la empresa dejara que los mandos intermedios apaguen el incendio mientras él revisa el menú del buffet desde la playa. En el despliegue de figuras, Sánchez convocó a todo el elenco: desde Economía y Exteriores hasta Defensa, Interior, Política Territorial, Inclusión y Juventud. Un despliegue de cargos impresionante para una reunión que, en lenguaje de calle, es el equivalente a un grupo de WhatsApp donde todos asienten pero nadie tiene la llave de la puerta. Mientras tanto, Elma Saiz, la portavoz y ministra de Inclusión, aterrizó en Ceuta para anunciar 1.500 plazas de acogida temporal y, acto seguido, dedicarse a la jardinería política. En lugar de analizar el papel de Marruecos en el tablero, prefirió recitar un poema sobre la 'diversidad' y la 'convivencia', tachando a la oposición de sembrar odio. Muy bonito el discurso, pero la diversidad no es precisamente lo que preocupa al vecino que ve cómo su ciudad colapsa mientras el presidente despacha el problema entre siesta y siesta en La Mareta.
Mientras en Moncloa se miran el ombligo, en Rabat se están sirviendo el champán caro. Donald Trump ha decidido que Marruecos es el 'crush' del momento, y lo hace con una generosidad que ya quisiera cualquier vecino europeo. No es solo cariño diplomático; es una transferencia de confianza que duele. Para que nos entendamos: entre enero y mayo, las exportaciones estadounidenses a Marruecos alcanzaron los 2.745 millones de dólares, una cifra que hace que la balanza comercial parezca un buffet libre para Washington. El idilio se ha fraguado en tres actos que parecen sacados de una película de espías con presupuesto infinito. Primero, el 30 de abril, inauguraron un Consulado General en Casablanca que costó 350 millones de dólares. Sumemos a eso los 150 millones de la nueva embajada en Rabat y tenemos un ticket de gasto que dejaría tiritando a cualquier ayuntamiento español. No es solo ladrillo; es una alfombra roja para que fondos como Pimco o Citadel, y gigantes como Oracle, Cisco o Dell, se instalen cómodamente mientras 120 multinacionales ya han echado raíces. Luego vino el romanticismo palaciego. El embajador Duke Buchan —que ya sabe dónde nos aprieta el zapato porque fue embajador en España— le susurró al Rey Mohamed VI que Trump está "firmemente" con él, incluso en el espinoso asunto del Sáhara. El mensaje es claro: desde Tánger hasta Dajla, Washington pone la firma. Pero el giro cruel llegó el 1 de agosto. El Departamento de Estado, dirigido por Marcos Rubio, lanzó un aviso de viaje sobre Ceuta que es, básicamente, un dardo envenenado. Al colocar a España en el "Nivel 2" por riesgo de disturbios y terrorismo, Washington le dice al mundo que Marruecos es, paradójicamente, un sitio más tranquilo para pasear que el territorio español. Un movimiento maestro de relaciones públicas que deja a España como el vecino problemático mientras Rabat brilla como el socio fiable.
Vender humo es gratis, pero alquilar un estudio en Madrid cuesta un riñón y medio. Pedro Sánchez ha bautizado este periodo como la 'legislatura de la vivienda', una etiqueta con más marketing que resultados, porque mientras el discurso oficial se llena la boca con soluciones, la realidad es que los jóvenes españoles han convertido el cuarto de sus padres en su residencia permanente. No es una elección generacional, es un bloqueo financiero. Los datos de Eurostat son el golpe de realidad que no cabe en un tuit oficial. En 2010, la diferencia entre España y la media europea era un suspiro, apenas un 2,8%. Hoy, esa brecha es un abismo: mientras la media de la Unión Europea se planta en el 49,8%, en España el 68,7% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siguen anclados al hogar familiar o dependiendo de la cartera de los progenitores. Es el máximo histórico. Bajo el mandato de Sánchez, la cifra ha trepado del 62,8% al actual 68,7% en 2025. Básicamente, independizarse se ha vuelto un deporte de riesgo o una fantasía de ciencia ficción. Lo más doloroso es mirar al vecino. Mientras Alemania, Austria o Estonia han logrado que sus jóvenes cierren la maleta y se marchen de casa, España ha decidido nadar contracorriente. Solo Croacia, Eslovaquia e Italia nos llevan la delantera en este ranking del estancamiento. Mientras en Francia o Bélgica la subida ha sido un paseo moderado, aquí ha sido un cohete. Al final, la 'legislatura de la vivienda' ha resultado ser la legislatura de 'espera a que tus padres hereden algo', porque con los salarios actuales, intentar pagar un alquiler es como intentar comprar un yate con el cambio de un café.
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Margarita Caballero