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Celia Rodríguez, empleada del PSOE, declaró ante el Tribunal Supremo que Koldo García distribuía dinero en efectivo a José Luis Ábalos y su equipo. Rodríguez gestionaba pagos en efectivo a través de sobres. El 18 de diciembre de 2018, Rodríguez envió un mensaje a Koldo con detalles de gastos: 1.147,85 euros para la Secretaría de Organización y 3.743,15 euros para Ábalos, totalizando 4.891 euros. Koldo admitió que los gastos de Ábalos salían de su bolsillo. Celia preguntó, entre risas, «¿De dónde lo sacas? Ja, ja, ja». Un mes después, apareció la primera referencia a la presunta caja B de «folios» con la que operaba Ábalos. El 18 de enero de 2019, Koldo habló con su mujer sobre «folios para el jefe», considerado un lenguaje convenido para billetes de 50 euros. La UCO intervino conversaciones de WhatsApp que mostraban que Koldo actuaba como distribuidor de pagos. El partido reconoció haber abonado 127.000 euros en metálico a Ábalos.
José Luis Ábalos presentaba tickets de gastos que incluían facturas de 'personas ajenas al PSOE' recopiladas por Koldo García en restaurantes como La Tragantía. El modus operandi incluía acuerdos con restaurantes para obtener facturas desechadas. Ábalos logró 'colar' 55.411,26 euros en 2019 y 33.352,08 euros en 2018. El exgerente Mariano Moreno confirmó que no se comprobaba la autenticidad de los tickets presentados. La UCO investiga una 'fuente de ingresos no declarada' relacionada con estos gastos. El PP solicitó al Supremo reclamar al PSOE los resguardos de pagos a Ábalos. El instructor Leopoldo Puente investiga la posible existencia de una 'caja b'.
Funcionarios de prisiones denuncian que la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de Cataluña manipula las estadísticas de agresiones. En 2024 se registraron 3.604 incidentes (diez al día), un aumento del 84% en cinco años. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que la Generalitat ofrece una imagen distorsionada de la realidad. Según los datos del Departamento de Justicia catalán, las agresiones han aumentado un 84% en cinco años y se han multiplicado por siete respecto a la última década. En 2024 se registraron 661 agresiones totales y 55 incidentes graves. El CSIF denuncia que la Administración ha modificado los criterios de clasificación de incidentes para reducir artificialmente el número de casos considerados 'graves'. En 2025, las agresiones han aumentado un 20% respecto al año pasado, con 601 incidentes. El sindicato exige que los datos vuelvan a publicarse completos y desagregados. La población reclusa en Cataluña creció un 6,8% el año pasado y hay más de 9.000 presos. El Govern ha anunciado la construcción de dos módulos en la cárcel de Mas de Enric (Tarragona) para acoger a 256 reclusos adicionales, con una previsión de estar listo en 2028. Uno de los centros más tensionados es Brians 2, con 1.777 internos.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales critica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños. Salvador Viada, portavoz de la asociación, considera que la reforma es una 'tomadura de pelo' y que no garantiza la independencia de la Fiscalía. La reforma busca que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales, competencia que desde 1882 ha correspondido a los jueces. Viada ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma y ha destacado que la independencia de la Fiscalía es crucial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, terminará su mandato en 2027. La oposición, incluido el Partido Popular, ha sido criticado por no implicarse en la reforma. La reforma plantea riesgos de injerencia política y se produce en un momento complejo para el Gobierno, rodeado de casos judiciales y acusaciones de corrupción. La estructura de investigación dirigida por fiscales solo funciona si la Fiscalía es independiente del Gobierno.
Mariano Moreno, exgerente del PSOE, ha declarado en el Tribunal Supremo que miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido cobraban dinero en efectivo en sobres. Moreno compareció como testigo junto a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE. Según fuentes jurídicas, los testimonios de ambos revelan un presunto sistema de blanqueo por parte del PSOE para encubrir sobresueldos en B a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Estos presentaban tickets y facturas de supuestos gastos que Ferraz liquidaba sin control ni comprobación. Moreno afirmó que Koldo cobraba las liquidaciones y luego las repartía entre Ábalos y Santos Cerdán. El exgerente reconoció que los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal cobraban liquidaciones de gastos en efectivo. El PSOE sacó cerca de 1 millón de euros en efectivo del banco desde mayo de 2017. Las liquidaciones de gasto para Ábalos, Koldo y Santos Cerdán sumaban unos 190.000 euros. El destino de los 750.000 euros restantes no ha sido aclarado. El empresario Víctor de Aldama aseguró haber entregado grandes cantidades de dinero en efectivo a Ábalos y Koldo.
El presidente Pedro Sánchez anunció el 31 de marzo de 2025 una medida para endurecer requisitos para universidades privadas. Su hija menor, Carlota Sánchez Gómez (18 años), se matriculó en ESIC University, institución privada de élite. La universidad cuesta 14.000 euros anuales más 2.000 euros de matriculación inicial. ESIC University, creada en 2021, tiene adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos. Begoña Gómez, esposa de Sánchez, también estudió allí. La medida anunciada por Sánchez permanece paralizada por alegaciones recibidas por el ministerio de Universidades de Diana Morant. El precio total de la carrera de cinco años asciende a 72.000 euros (14.000 euros/año x 5 años + 2.000 euros de matriculación). La noticia generó controversia por la aparente contradicción entre las declaraciones de Sánchez sobre universidades privadas y la decisión de su hija de estudiar en una de ellas. El ministerio y la universidad no han querido hacer comentarios.
La alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, ha sido imputada por regularizar 15 viviendas ilegales en el paraje Los García. El Tribunal de Instancia número 3 de Huércal-Overa investiga a Sánchez por presunto delito de prevaricación administrativa. La alcaldesa asegura que el delito de falsedad documental 'ha prescrito' y culpa al empresario implicado y al anterior gobierno del PP de ocultar la sentencia judicial que ordenaba la demolición de las viviendas. El Ayuntamiento fue notificado de la demolición en 2010 según el auto judicial. La causa también implica a otros miembros del Ayuntamiento y al empresario, a quien se le atribuyen tres delitos de estafa y tráfico de influencias. Purificación Sánchez afirma que el proceso de regularización se inició a iniciativa del empresario y que no existía constancia de la sentencia de demolición en los expedientes municipales. El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería notificó la orden de demolición el 2 de junio de 2010. La alcaldesa defiende que el Consistorio no conocía la orden de demolición y que la responsabilidad inicial recae en el entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y en el secretario municipal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el aniversario de la DANA que provocó 237 muertos el 29 de octubre de 2024 para no responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2025. Sánchez afirmó que «hoy no es el día» para responder a Feijóo sobre su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta corrupción en el PSOE, implicando a ex secretarios como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Sin embargo, sí respondió a Podemos y PNV. La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó la actuación de Sánchez de «indecente» por utilizar a las víctimas para evitar responder. Feijóo afirmó que Sánchez «volverá a mentir» en su comparecencia en el Senado. La sesión se produjo en el contexto del primer aniversario de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, donde fallecieron 229 personas.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) renovó el contrato de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, por cuatro meses hasta el 20 de diciembre. Recibe 6.000 euros mensuales por presentar 'The Weekly Mag'. La Diputación de Barcelona, presidida por Lluïsa Moret del PSC, acordó con Junts mantener el programa. El contrato más corto hasta la fecha sigue pautas de programación. La empresa que gestiona el espacio AILAIC recibe 17.400 euros por su cesión a la XAL. Junts y PSC mantienen su acuerdo en la Diputación pese a la ruptura a nivel nacional. El futuro laboral de Topor volverá a estar en manos del PSC en diciembre. La XAL explicó que hubo un primer contrato de seis meses y el actual de cuatro meses.
Los funcionarios del SEPE han iniciado una campaña informativa mediante carteles en sus centros de trabajo para denunciar el 'caos' en la tramitación de prestaciones por desempleo debido a la falta de personal y problemas técnicos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) impulsa esta iniciativa, destacando que el SEPE cuenta con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024, pero necesitan alrededor de 12.000 para cubrir la carga de trabajo. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, anunció la incorporación de 1.369 nuevos funcionarios. En Madrid, conseguir una cita para tramitar prestaciones resulta casi imposible debido al colapso del sistema informático y la falta de plantilla. Los afectados deben recurrir a presolicitudes o cambiar su domicilio a otra provincia menos saturada. UGT denuncia la existencia de un 'mercado negro de citas previas' en la administración pública.
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Pilar Castro