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La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está en alerta máxima tras la detención de su expresidente Vicente Fernández y registros de la UCO en sus oficinas y en cinco empresas participadas. La investigación incluye presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Empresas afectadas: Correos, Mercasa, Sepides, Enusa y Cofivacasa. El temor entre directivos es alto debido a la falta de claridad en las líneas de investigación. Bartolomé Lora, vicepresidente desde septiembre de 2017, está en el foco por su cercanía a Fernández y su rol durante cuatro administraciones. Lora fue presidente interino durante 18 meses y aprobó rescates polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) durante la pandemia. La SEPI controla rígidamente sus participadas a través de tres directores específicos. La investigación podría destapar vinculaciones en numerosas empresas dentro y fuera de la SEPI.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a Julio Martínez Martínez, un empresario español con intereses en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el rescate del Gobierno con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Martínez forma parte de la cartera de clientes de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba Zapatero. La investigación también revela que Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela. Julio Martínez Martínez es el tercer detenido en la operación contra Plus Ultra, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, después de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Martínez Martínez habría actuado de enlace entre la compañía aérea y sus intereses con la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad Análisis Relevante S.L., relacionada con las hijas de Zapatero, figura en la cartera de clientes que han hecho trabajos de consultoría y diseño para Julio Martínez Martínez. Zapatero se encuentra 'nervioso' tras la detención del dueño de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez Sola.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el reparto de un millón de euros entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El dinero se usó para comprar un chalet en La Línea de la Concepción por 585.000 euros, disfrutado por Ábalos sin pagar la totalidad. Aldama recibió 292.416 euros por su intermediación, pagados por Have Got Time, la sociedad de Carmen Pano, en dos transferencias: 181.500 euros el 15 de junio de 2021 y 110.916 euros el 9 de julio de 2021. Koldo García percibió su parte mediante un contrato de trabajo con Instalibero District, vinculada a Claudio Rivas, cobrando 1.950 euros el 3 de marzo de 2022 y 5.000 euros seis días después. La Guardia Civil destaca reuniones entre Koldo García y Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Reyes Maroto, y Marc Pons, director de gabinete de Teresa Ribera, en fechas cercanas a la presentación de documentación por Villafuel para obtener la licencia de operador de hidrocarburos. El 21 de diciembre de 2020, Koldo García se reunió con Díaz Bidart y Aldama en el restaurante 'La Tragantía'. El Ministerio de Industria, dirigido por Maroto, no tenía competencia en el otorgamiento de autorizaciones de operador mayorista. El 8 de abril de 2021, Koldo García conversó con Marc Pons, dos días después de que Villafuel presentara documentación complementaria. La UCO encontró indicios de otra reunión entre Koldo y Pons el 8 de julio de 2021, coincidiendo con la espera de la resolución administrativa.
Indra ha entregado 38 correos electrónicos al juez Juan Carlos Peinado relacionados con Cristina Álvarez, asesora de Moncloa investigada en el caso Begoña Gómez. La compañía invirtió 120.000 euros en el software de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Los correos corresponden a comunicaciones con dos cuentas de correo de la asesora en las que figura como emisora, destinataria o en copia. Indra no almacena información relacionada con teléfonos asociados a Álvarez ni mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones de uso no profesional. El juez Peinado solicitó todas las comunicaciones desde julio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno. La investigación busca esclarecer si la asesora cometió delito con trabajos personales para Begoña Gómez, especialmente en gestiones del software vinculado a la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid. El juez ha dado traslado a la Guardia Civil para analizar los correos tras expurgar los de índole personal. Además, el juez ha requerido nuevamente a Amazon para que aporte información sobre los dominios relacionados con la cátedra TSC. El juez cita como testigos para el 22 de diciembre a Héctor Flórez Crespo, Juan Pedro Gravel García y Carmen Sánchez Tenorio, altos cargos de Deloitte, que colaboró en el desarrollo del software de la cátedra.
El ex ministro José Luis Ábalos vincula al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra. El rescate se aprobó en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La operación fue polémica por los vínculos de Plus Ultra con Venezuela. Ábalos autorizó declarar a Plus Ultra como empresa estratégica, lo que permitió la inyección pública. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por María Jesús Montero, concedió los millones. El rescate se formalizó con 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo. La investigación actual incluye registros en la sede de Plus Ultra y detenciones de sus máximos responsables. Zapatero niega las acusaciones. El caso revela una red de intereses detrás de los rescates públicos durante la pandemia. El hijo de Ábalos, Víctor, también criticó las presiones sufridas por su padre. El empresario Víctor de Aldama confirmó que Zapatero presionó para el rescate. La juez Esperanza Collazos detectó irregularidades y reabrió la investigación por presunto delito de malversación y prevaricación. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, se asoció con directivos de Globalia en empresas inmobiliarias tras el rescate de Air Europa. La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas relacionadas con la SEPI. Fernández Guerrero fue detenido junto a Leire Díez en una operación dirigida por la UCO. Las empresas involucradas son Goloso 25, Allies & Altera SL y La Bola Innovación SL. Globalia recibió 475 millones de euros en ayudas públicas en 2020. Los directivos de Globalia vinculados a Fernández Guerrero son Raúl David Rincón Feliu y José Joaquín Martínez Mariscal. La investigación incluye registros en el bar La Bola y está bajo secreto de sumario ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La causa permanece reservada y no se conocen los hechos atribuidos a cada detenido. Las sociedades de Fernández Guerrero son pocas, pero su composición administrativa y proximidad temporal a la ayuda pública las hacen relevantes para la transparencia institucional.
La UCO ha identificado entregas de dinero adicionales realizadas por Carmen Pano y Álvaro Gallego a un tercero después de su visita al PSOE en octubre de 2020. Víctor de Aldama ordenó las entregas de 90.000 euros. La Guardia Civil incorporó un nuevo informe al sumario de la 'causa del fuel', que implica a José Luis Ábalos en la operación para acelerar la licencia de operadora a Villafuel. El informe revela mensajes entre Aldama y personas implicadas que constatan el reparto de cerca de un millón de euros. Villafuel necesitaba la licencia de operadora para impulsar su presunta dinámica delictiva, con la que habrían defraudado más de 220 millones de euros al fisco. La investigación muestra gestiones de Ábalos con los ministerios de Teresa Ribera y Reyes Maroto. Los agentes detectaron mensajes entre Pano y Aldama sobre movimientos de efectivo. Pano retiró hasta 108.500 euros de cuentas vinculadas a investigados. El caso está relacionado con la investigación sobre la caja del PSOE, que arrancó después de que el Tribunal Supremo derivara indicios de irregularidades a la Audiencia Nacional.
La UCO investiga a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y ex mano derecha de María Jesús Montero, por presunto blanqueo de capitales a través de un bar en Sevilla. El bar, gestionado por La Bola Innovación SL, facturó 386.997 euros en 2023, con un beneficio neto de 19.000 euros. Fernández Guerrero asumió la administración en junio de 2023. La UCO analiza la tesorería, existencias y pagos para detectar patrones de blanqueo. La investigación sugiere que el bar podría haber mezclado ingresos reales con fondos ilícitos. La red liderada por Santos Cerdán cobraba comisiones ilegales a empresas con adjudicaciones públicas. Fernández Guerrero trabajó en Servinabar, que recibió 72 millones de euros para la reforma del túnel de Belate. Su patrimonio aumentó significativamente desde 2018, con propiedades valoradas en casi 4 millones de euros y otras inversiones por 1.045.000 euros. La UCO estudia la relación entre su patrimonio y su presunto papel en la red de sobornos. El incremento patrimonial se concentró entre 2018 y 2025, con adquisiciones financiadas parcialmente con hipotecas. La UCO continúa investigando para determinar el alcance de su implicación.
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández Rafael, fue detenido por narcotráfico por la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Había diseñado un sistema para lucrarse con los alijos de droga incautados en operaciones dirigidas por él mismo. El inspector vendía la cocaína a un clan dominicano asentado en Valladolid después de sustituirla antes de su destrucción en plantas incineradoras. La operación Churruca, dirigida por Fernández Rafael, resultó en la incautación de 59 kilos de cocaína valorados en casi 4 millones de euros y la detención de 19 personas. El modus operandi de Fernández incluía dar el cambiazo a la cocaína y venderla al clan dominicano. La investigación descubrió 40 kilos de droga en la casa de un familiar de uno de los detenidos. El alto tren de vida de Fernández levantó sospechas entre los agentes de Asuntos Internos, quienes detuvieron al inspector tras casi un año de investigación. El juez decretó prisión provisional para Fernández y otros cinco detenidos. Fernández es el quinto mando antidroga detenido en menos de dos años por lucrarse de actividades ilegales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la trama de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas destinó un millón de euros para 'comprar la voluntad' del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La investigación revela que la trama utilizó empresas para realizar pagos ilícitos y que Ábalos recibió un chalé en La Alcaidesa por 585.000 euros. Los investigadores consideran que la red penetró en 'niveles directivos' de otros departamentos, como el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica. La UCO también ha descubierto mensajes de WhatsApp entre la hija de la empresaria Carmen Pano y su pareja, Natán González, que confirman los pagos ilícitos. El caso está relacionado con un presunto fraude de 231 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. La trama también contactó con el jefe de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Marc Pons, y con el director de Gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para agilizar los trámites para obtener una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. La UCO sospecha que el asesor de Ábalos, Koldo García, conocía de antemano la nueva responsabilidad de Pons y que utilizó sus contactos para facilitar la consecución del título de operador de hidrocarburos.
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Pilar Castro