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El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó 6 millones de euros en contratos y subvenciones a Tecnivial S.A., empresa familiar de Leticia Lauffer, amiga cercana de Begoña Gómez, desde 2024. Tecnivial S.A., creada en 1973 y con sede en Guadalajara, recibió 4.972.984 euros de ADIF y 964.680 euros en subvenciones de Ministerios. La empresa facturó 6,9 millones en 2025, con el 80% procedente del Estado. Entre 2019 y 2023, obtuvo 7,2 millones en contratos públicos y más de 200.000 euros en subvenciones. El resultado neto de la empresa pasó de 159.178 euros en 2021 a 806.173 euros en 2023, un incremento del 400%. La tesorería aumentó un 1423% entre 2019 y 2023, y la deuda a largo plazo se redujo un 58,18% entre 2021 y 2023.
El 'caso Begoña Gómez' ha generado división entre los abogados del Estado debido a su participación en la causa. La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. La Asociación Española de Abogados del Estado elaboró un informe sobre la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado solicitó un informe detallado para determinar si Gómez había cometido un delito de intrusismo al firmar pliegos técnicos de contratación. La Asociación de Abogados del Estado señaló que no era necesario tener una titulación concreta para firmar dichos documentos, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho criticó la actuación de la Asociación Española de Abogados del Estado, considerándola incompetente para emitir informes en derecho. El caso ha provocado controversia y malestar entre los abogados del Estado. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, estuvo imputado en la causa por malversación hasta el jueves 18 de noviembre. La defensa de Begoña Gómez, encabezada por Antonio Camacho, sostuvo que su clienta firmó los documentos siguiendo instrucciones del centro de estudios.
El PSOE de Extremadura ha enviado propaganda electoral con mensajes distintos para hombres y mujeres. A las mujeres les pide el voto destacando el feminismo, protección a dependientes y educación gratuita de 0 a 3 años. A los hombres les habla de I+D+i, alquileres asequibles y hospitales, vivienda y escuelas. La segmentación de la publicidad es habitual, pero las diferencias en los mensajes son llamativas. El folleto coincide en pedir el voto el 21 de diciembre y recordar 'lo mucho que está en juego'. Las diferencias en los mensajes pueden influir en la percepción de los votantes. La defensa del feminismo se presenta como una idea clave para las mujeres, mientras que para los hombres se destaca la defensa del I+D+i. La publicidad dirigida a los hombres no menciona la protección a dependientes ni la educación gratuita de 0 a 3 años.
El Sáhara Occidental, antigua colonia española, sigue bajo disputa tras el Acuerdo de Madrid del 14 de noviembre de 1975. Marruecos ocupa gran parte del territorio y el pueblo saharaui reclama autodeterminación. La ONU lo considera 'pendiente de descolonización'. El territorio es rico en recursos como fosfatos y posibles hidrocarburos. Marruecos controla más del 70% de las reservas mundiales de fosfato gracias al Sáhara Occidental. La región tiene una ubicación estratégica en la costa atlántica, con más de mil kilómetros de litoral, facilitando el comercio internacional. La teoría del 'Gran Marruecos' impulsa el irredentismo y nacionalismo marroquí, buscando anexar territorios para recuperar la supuesta grandeza de antiguos Estados musulmanes. El Sáhara Occidental es clave en este proyecto, junto con Mauritania, partes de Argelia, Mali, Ceuta, Melilla y otras plazas de soberanía española.
Leire Díez, exdirigente del PSOE, fue detenida tras descubrirse que usaba un coche supuestamente vendido años antes por 21.500 euros a una empresa pantalla. La UCO investiga una posible trama de corrupción. Cinco días antes de su detención, Díez publicó un artículo defendiendo la transparencia en la contratación pública y negando la influencia de políticos en las adjudicaciones. Los investigadores encontraron que el dinero de la venta procedía supuestamente de mordidas y que Díez siguió usando el vehículo pese a la supuesta venta. La UCO la acusa de actuar contrariamente a sus propias declaraciones públicas.
Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca con 68 años, describe al presidente Donald Trump como alguien con 'personalidad de alcohólico' debido a su exceso de confianza. Critica también al vicepresidente JD Vance llamándolo 'teórico de la conspiración' por sus opiniones sobre el caso Jeffrey Epstein. Además, afirma que Elon Musk consume ketamina y que Pam Bondi gestionó mal el caso Epstein al entregar documentos sin valor a influencers de derechas. Wiles admite que Trump estuvo en el avión de Epstein pero niega que hiciera algo malo. También corrige a Trump sobre Bill Clinton y la isla de Epstein, afirmando que 'no hay pruebas' de que Clinton la visitara. Describe a Elon Musk como 'un actor completamente solitario' y 'un genio' que dormía en un saco de dormir en el Edificio Ejecutivo. También define a Russell Vought, director de la Oficina de Presupuestos, como 'un fanático absoluto de la derecha', vinculado al Proyecto 2025 para centralizar el poder presidencial. Wiles es la primera mujer en su cargo y Trump la considera 'la mujer más poderosa del mundo'.
La investigación de la UCO de la Guardia Civil implica a Fernando Albert Aragón, afín a María Jesús Montero, en la adjudicación de un contrato de 2.85 millones de euros en el Parque Empresarial Principado de Asturias. Albert Aragón, Secretario General de SEPIDES, presidió la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato a Erri Berri y Afesa Medio Ambiente en 2021. La UTE habría recompensado a la trama de Leire Díez con 400.000 euros. Albert Aragón también diseñó el Manual de Prevención de Delitos de SEPIDES en diciembre de 2020. La investigación indaga posibles irregularidades en la licitación iniciada en 2020. El grupo Hirurok, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría amañado al menos cinco licitaciones y obtenido 750.000 euros en mordidas utilizando su influencia en la SEPI.
La Guardia Civil investiga una trama corrupta en la SEPI que involucra al expresidente Vicente Fernández y posiblemente a otros empleados. La UCO registró la sede de la SEPI y tres sociedades participadas. El juez investiga presuntos amaños de contratos públicos y cobro de comisiones. La SEPI gestionó 112 millones para Tubos Reunidos y 53 millones para Plus Ultra. El vicepresidente Bartolomé Lora fue denunciado por su papel en el rescate de Air Europa. La investigación podría extenderse a otros empleados y empresas participadas. La presidenta Belén Gualda trabaja bajo presión mientras se aclaran los hechos. La trama podría haber operado hasta 2023 y estar relacionada con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude de la UE podrían emprender acciones si se confirman irregularidades con fondos europeos.
La Oficina Antifraude de Cataluña, creada en 2008 y controlada por el Parlamento catalán, enfrenta críticas por su falta de independencia y desempeño deficiente. El 68% de las denuncias son anónimas debido al recelo de los denunciantes. Desde 2023, tiene la facultad de imponer sanciones, pero no ha ejercido ninguna. El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y Aliança Catalana han exigido una reforma de la ley que rige la Oficina. El PSC, ERC y Junts se han opuesto a la propuesta de reforma presentada por Aliança Catalana. La Oficina ha participado en investigaciones relevantes, como las irregularidades en las prestaciones a jóvenes extutelados en Dirección de Infancia y las anomalías en los sueldos de los directivos de TV3. Un 'alertador' protegido por la Oficina fue despedido en el Ayuntamiento de Mataró sin que se hayan impuesto sanciones.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 28 de junio de 2022 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia anuló la reforma de 2015 realizada por Cristóbal Montoro. España tiene dos meses para responder. De no hacerlo satisfactoriamente, la Comisión podría remitir el asunto de nuevo al TJUE, que podría imponer una multa coercitiva. La responsabilidad del Estado es un principio importante del Derecho de la Unión Europea que establece la indemnización por daños causados a particulares. En 2015, la Comisión recibió denuncias sobre la incompatibilidad de la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015 con el Derecho de la Unión. El TJUE confirmó que España había infringido el Derecho de la Unión. Dos proyectos de ley han quedado varados sin incorporar la sentencia a la legislación española. El segundo proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre, está en trámite de enmiendas hasta el 30 de diciembre. El TJUE declaró que el régimen español de responsabilidad patrimonial del Estado incumple el Derecho de la UE por infringir el principio de efectividad, especialmente en casos de autoliquidaciones tributarias. El Supremo también ha tenido problemas con este asunto, desestimando reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas del modelo 720.
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Pilar Castro