Crítica:
El texto original es una mina de oro de negligencias, aunque peca de no profundizar en quién es la nueva empresa adjudicataria. La hipocresía de priorizar el ahorro y la ideología sobre la vida humana es el verdadero titular.
El texto original es una mina de oro de negligencias, aunque peca de no profundizar en quién es la nueva empresa adjudicataria. La hipocresía de priorizar el ahorro y la ideología sobre la vida humana es el verdadero titular.
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y hay quien juega al 'toma y daca' con el dinero y la estabilidad de los demás. Carles Puigdemont acaba de soltar una bomba a diez días de las elecciones generales del 29-N, justo antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No es una declaración, es una autopsia en vivo. El líder de Junts ha confesado, con la tranquilidad de quien mira el paisaje desde Bélgica, que utilizó la 'ambición desmedida' de Sánchez como una herramienta para 'derrotar a España'. La metáfora es deliciosa: según Puigdemont, el PSOE llegó con la actitud de quien va al supermercado, preguntando qué querían de la 'lista de la compra'. Pero el independentista no quería leche ni huevos; quería el local entero. Mientras Sánchez buscaba la investidura con la urgencia de quien no quiere soltar el mando a distancia del Estado, Junts decidió testear hasta dónde llegaba el cinismo del presidente. El resultado fue un ejercicio de ingeniería política donde el PSOE terminó aceptando demandas que ellos mismos tildaban de imposibles, como la amnistía o la mediación internacional. Puigdemont define a Sánchez como una 'persona amoral'. Es el resumen perfecto de una relación basada en la desconfianza mutua: un socio que no cree en el otro, pero que sabe exactamente cuánto cuesta su silencio. El ex presidente de la Generalitat incluso presume de haber rechazado indultos, prefiriendo el exilio eterno antes que aceptar migajas, obligando al Gobierno a legislar una Amnistía que ahora parece un cheque en blanco firmado bajo presión. Al final, en este mercado de favores, el comprador terminó pagando mucho más de lo que figuraba en el catálogo.
Badajoz ha dejado de ser una ciudad para convertirse en el patio de recreo de sicarios con moto y agendas políticas sospechosas. Este miércoles, a las 11:00 horas, la calle Nicolás López de Velasco se transformó en una escena de película de serie B: un encapuchado, tres disparos y un hombre de 69 años muerto en el acto mientras su mujer recibía un balazo en la mano. El motivo es la definición perfecta de tragedia absurda: el hijo, un tal Daniel G. M., tenía cuentas pendientes con el clan de Los Rochos. Básicamente, el chico cometió el error de jugar al póker con quien no tiene piedad y sus padres terminaron pagando la factura con la vida. Lo verdaderamente fascinante, si es que podemos llamar así a este lodazal, es que Los Rochos no son solo matones de barrio que se reparten la Plaza de El Pirulo. Resulta que este clan, que ahora libra una guerra de clanes donde llevan la delantera 'dos a uno' contra el grupo de El Cristo, ha estado en el radar de la llamada 'cloaca del PSOE'. No es que hayan compartido un café, es que el ex juez condenado Luis Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de Leire Díez, tenía los contactos servidos en bandeja para intentar desestabilizar la causa del hermano de Pedro Sánchez. En las agendas de Díez, los nombres aparecen con la sutileza de un martillo: 'La Celsa', 'Heroína', 'Gitano'. Mientras la juez Beatriz Biedma denunciaba estos vínculos con el narcotráfico en la Audiencia Nacional, el clan decidía que no era buen momento para cantar. Al final, la realidad es que mientras unos mueven los hilos desde despachos con aire acondicionado, en la calle la moneda de cambio es el plomo y la seguridad ciudadana es un concepto que solo existe en los folletos turísticos de Extremadura.
Hay quienes dicen que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro entienda 'estupidez'. En este caso, la juez María Tardón sospechaba que el despliegue de un carril VIP en la frontera de Ceuta el 28 de julio era el preludio de una película de espías: un aviso urgente sobre la avalancha de más de 100.000 marroquíes que llegaría el 30 de julio. El escenario parecía perfecto para un thriller político: urgencia, secretismo y un acceso 'absolutamente inusual' que dejó perplejos a los agentes de la Policía. Pero la realidad, esa que siempre llega con el ticket de la mudanza en la mano, es mucho más prosaica. Resulta que el protagonista no era un emisario del apocalipsis, sino Fernando Villalonga, el nuevo cónsul en Tetuán, que llegaba con el equipaje, el perro y la ilusión del primer día. Mientras el Estado se preparaba para un caos migratorio, Villalonga solo quería evitar que su coche diplomático se quedara atrapado en un atasco eterno, una situación que para cualquier mortal es el equivalente a intentar hacer la compra un sábado a las siete de la tarde en un centro comercial. La confusión fue tal que la magistrada incluso citó por error a Aurora Díaz-Rato, la titular en Tánger, antes de darse cuenta de que el 'agente secreto' era en realidad un funcionario en transición. Álvaro Castillo ya se iba después de cuatro años y Villalonga entraba el 1 de agosto. Al final, el 'paso urgente' no fue para salvar la frontera, sino para mover unos conos de sitio y que el perro del cónsul no pasara demasiado calor. Una anécdota diplomática que demuestra que, a veces, el gran misterio de Estado no es más que un trámite de mudanza con matrícula oficial.
La diplomacia entre Madrid y Rabat funciona exactamente como un grupo de WhatsApp donde uno escribe párrafos infinitos y el otro deja el visto. En Ceuta, la realidad es un incendio que no se apaga con buenas palabras. Tenemos a 3.767 menores repartidos en 23 centros, una cifra que hace que la capacidad ordinaria de acogida parezca un chiste malo: estamos multiplicando por 130 el espacio disponible. Es como intentar meter a toda una grada de estadio en un ascensor y esperar que nadie se queje del aire. Mientras tanto, según las ONG, hay otros 500 jóvenes durmiendo a la intemperie, porque el sistema ha dicho basta. La Policía Nacional ha hecho los deberes, casi con caligrafía de colegio. Han montado 170 expedientes detallados, localizaron a las familias en Marruecos y obtuvieron el permiso para que los chavales vuelvan a casa. Todo listo. Papeles sellados. Pero Rabat ha decidido aplicar la ley del silencio. No hay respuesta, no hay voluntad, hay un vacío administrativo que huele a estrategia política. España propone y Marruecos ignora, convirtiendo el acuerdo bilateral en un papel mojado que solo sirve para limpiar el polvo de las oficinas. En la Moncloa, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. Sira Rego, la titular de Infancia, ya admite que los adolescentes «quieren quedarse» y que se quedarán porque la ley los protege. Básicamente, el Gobierno ha pasado de intentar devolverlos a aceptar que el hotel es gratis y permanente, planeando repartir la carga hacia otras comunidades autónomas para aliviar el cuello de botella ceutí. Mientras tanto, Juan Jesús Vivas mira el reloj y ve que de los 8.000 expedientes de expulsión de adultos, el contador de ejecuciones reales está prácticamente en cero, salvo que haya un juez y un delito de por medio. Un caos gestionado con la eficacia de un lunes por la mañana.
Hay una coreografía muy curiosa en la política española: el discurso oficial predica la tolerancia mientras que, en la primera fila de los mítines, el ambiente es el de una pelea de bar en hora punta. El caso de Eibar es la gota que colma el vaso. Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa, recibió el martes 17 de noviembre una 'bendición' muy particular: «No me extraña que te pasen cosas, chaval». Una frase que, traducida al lenguaje de la calle, no es una opinión política, es un guiño a que los golpes son el precio justo por caminar por el barrio equivocado. Lo fascinante no es el insulto, sino el perfil del autor. No es un okupa cualquiera; es un jubilado que tiene el pase VIP emocional en los actos de Pedro Sánchez. THE OBJECTIVE ha confirmado que este señor es un habitual de los mítines socialistas desde al menos 2015, situándose en esas zonas reservadas para los 'veteranos' donde el aire es más puro y la cercanía al líder es un trofeo. Es el típico perfil que, mientras el presidente habla de convivencia, él se encarga de recordarle al rival que la violencia es 'normal' si no te gusta el código postal. El escenario no podía ser más cargado: la plaza de Unzaga, a 150 metros de donde el destino se volvió oscuro para Miguel Ángel Blanco en 1997. Alberto Núñez Feijóo tuvo que cambiar su agenda para hacer de escudo humano tras el sablazo de piedras, huevos y petardos que Echeverría sufrió el sábado 14 de noviembre en Hernani. Mientras el Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska gestionan papeles, la Ertzaintza ha soltado la bomba: no pueden garantizar la seguridad de todos los actos. Básicamente, el Estado te dice que puedes hacer campaña, pero que si te cae un huevo en la cabeza, es parte del folclore local.
Gestionar el voto de los españoles en el extranjero es, según la cúpula de Correos, un trámite que puede hacerse con la precisión de un lanzamiento de moneda al aire. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, la empresa pública decidió ignorar dos informes técnicos (julio y octubre de 2022) que eran, básicamente, un manual de instrucciones para no hacer el ridículo. Tras eliminar el voto rogado, el volumen de envíos saltó a los 2,26 millones de electores en las generales de 2023; un crecimiento del 1.000% que la dirección recibió con la calma de quien espera que el correo llegue por arte de magia. La ironía es deliciosa: los propios trabajadores propusieron cambiar la carta certificada —que en países como EE. UU. o Alemania tiene la prioridad de un folleto de publicidad— por el servicio EMS, la paquetería prémium. Pero no, prefirieron mantener el sistema manual, creando cuellos de botella que harían desesperar a cualquiera en una cola del supermercado. Juan Manuel Serrano y Leire Díez, esta última la 'fontanera' del PSOE encargada de las Relaciones Institucionales, tuvieron sobre su mesa la receta para evitar extravíos: etiquetas armonizadas, protocolos ITMATT y el uso de herramientas como MINERVA o EGA para automatizar la clasificación. En lugar de eso, optaron por el 'estilo artesanal', ignorando que en provincias como Ourense el voto exterior pesa un 40,42% y en Lugo un 25,53%. El colmo de la ingeniería financiera llega con la mensajería. En lugar de licitar acuerdos con DHL o UPS para cubrir el 41,84% del censo concentrado en ocho países latinoamericanos (como México o Argentina), Correos Express subcontrata a FedEx pagando tarifas tres veces más caras. Un sablazo en las cuentas públicas para garantizar un servicio que, según los técnicos, sigue siendo una lotería.
Hay gente que espera meses por una cita médica o años por una pensión, pero David Sánchez tiene un reloj suizo en la mano y mucha prisa. El hermano del presidente del Gobierno ha decidido que un mes de espera es una eternidad insoportable. Desde el pasado 13 de octubre, su abogado, Emilio Cortés, mira el calendario con angustia porque la Audiencia Provincial de Badajoz no ha enviado los recursos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. Es el típico caso de 'impulso procesal' que solo parece urgente cuando tienes una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación colgando del cuello como un collar de plomo. La trama es un clásico del urbanismo administrativo: un 'enchufe' en la Diputación de Badajoz para crear una plaza de coordinador de conservatorios que luego, en 2022, se transformó mágicamente en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas. Un ascenso encubierto que huele a cerrado. Mientras tanto, Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación, se lleva la palma con 18 años de inhabilitación. Lo irónico es que Gallardo intenta convencer al juez de que en 2016 Pedro Sánchez era un 'valor amortizado' en el PSOE, casi una reliquia, y que nadie movería un dedo por alguien que acababa de dimitir como secretario general. Como si el poder fuera una acción de bolsa que sube y baja según la temporada. Entre que Vox y Hazte Oír piden más cárcel por tráfico de influencias y la Fiscalía quiere anular todo por 'meras sospechas', David Sánchez se escuda en que es músico y no un 'perito de leyes'. Es la defensa perfecta: 'yo solo toco el instrumento, no sé cómo se cocinan las plazas públicas'. Una narrativa conmovedora que intenta borrar el rastro de una ingeniería financiera y administrativa donde Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también juega su papel en este reparto de favores.
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