Crítica:
El texto original es excesivamente aséptico al citar la 'diligencia' de ADIF sin cuestionar la vaguedad de la justificación técnica. Se limita a enumerar transferencias sin conectar los puntos, dejando la hipocresía en un segundo plano.
La Guardia Civil investiga un sobrecoste de 4,3 millones en el AVE a Extremadura adjudicado a una empresa del 'caso Koldo'
AVE a Extremadura: el chicle de los millones
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AVE a Extremadura: el chicle de los millones
Hay una magia muy especial en la administración pública: la capacidad de convertir un presupuesto en un chicle. En el tramo del AVE Madrid-Extremadura, concretamente entre San Rafael y Cuarto de la Jara, alguien decidió que los 28,27 millones de euros iniciales se quedaban cortos. Así, con la naturalidad de quien añade un extra de queso a una hamburguesa, ADIF Alta Velocidad aprobó el 8 de agosto de 2022 un 'ajuste' de 4.398.576,04 euros. Un sablazo del 15,6% que elevó la cuenta final a 32,66 millones. La excusa fue la habitual: 'circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever'. Traducido al lenguaje de la calle: 'nos hemos columpiado con los números y ahora necesitamos más pasta'. Lo verdaderamente fascinante es que la UTE beneficiada incluye a Azvi, una empresa que tiene el currículum manchado por el caso Koldo. Mientras el ciudadano medio suda para cuadrar la cuenta corriente, Azvi pagaba a Koldo García y a su mujer 6.000 euros al mes más primas de éxito de hasta 350.000 euros por proyecto. Una asesoría muy generosa que terminó en rescisión el 27 de febrero de 2024, justo cuando el viento empezó a soplar en contra. Ahora la UCO de la Guardia Civil ha aterrizado en la sede de ADIF el 5 de noviembre de 2026, armada con un mandamiento judicial del 4 de noviembre, para llevarse un USB con el expediente 3.18/20830.0279. En el radar también orbitan nombres como Cristian Abel Corvillo y Andrea de la Torre, esta última vinculada a una transferencia de 65.000 euros desde la portuguesa Esperança Colossal para comprar inmuebles. No se ha probado que el dinero del AVE fuera el que pagó los ladrillos, pero en este juego de influencias, las coincidencias suelen tener el aroma del dinero público mal gestionado.
Sánchez y el truco de los 43.000€
Hay una magia muy particular en la gestión de los presupuestos del PSOE que haría palidecer a cualquier administrador de consorcio. El presidente Pedro Sánchez, en una charla con Jordi Wild en 'The Wild Project' justo al arrancar la campaña electoral, ha desplegado el arte de la 'desconexión selectiva'. La trama es sencilla: el partido paga a los abogados, los abogados pagan a Leire Díez, y el jefe del Ejecutivo mira hacia otro lado mientras el dinero viaja. Un juego de sillas financieras donde 43.000 euros desaparecen del radar oficial para aterrizar en manos de una exmilitante que, según la UCO, se dedicaba a poner palos en las ruedas de la Justicia. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si tú pagaras la factura de la luz a través de un gestor y luego descubrieras que el gestor usó tu dinero para financiar el viaje de placer de un desconocido, pero tú te lavas las manos porque 'tú solo contrataste el servicio de gestión'. En este caso, el sablazo se dividió en dos tandas: 16.000 euros que pasaron por una consultora de Gaspar Zarrías y otros 27.225 euros que fluyeron mediante una sociedad de Ismael Oliver, el antiguo abogado de Koldo García. Lo más fascinante es el apodo. Mientras la UCO sugiere que Díez llamaba al presidente 'The One', Sánchez se encoge de hombros con una naturalidad envidiable. El resto del menú incluyó la 'cara B' de José Luis Ábalos —a quien sigue considerando brillante, probablemente en el arte del camuflaje— y los elogios a Koldo García, aquel 'titán' que resultó ser un titán de la ingeniería financiera. Mientras el juez Santiago Pedraz prorroga la instrucción hasta junio de 2027, el presidente se remite a la justicia, esa misma justicia que, casualmente, alguien cobraba por intentar obstaculizar.
Hoteles públicos: el parche de 15 millones
El Estado ha decidido que la solución a la saturación de El Hierro es jugar al Tetris humano, moviendo piezas desde el Atlántico hasta la Costa del Sol. Mientras el ciudadano medio mira la hipoteca y calcula si puede permitirse un café con leche, el Gobierno ha habilitado el hotel Urban Beach de El Morche, en Torrox, como un centro de acogida extraordinario que ya lleva funcionando desde octubre de 2023. Allí se han instalado unas 200 personas, la mayoría hombres jóvenes de Senegal, que han cambiado el cayuco por el aire acondicionado malagueño. La logística es casi poética: Cruz Roja se hace cargo de 275 personas, mientras que la CEAR, bajo la mirada de su coordinador Francisco Cansino, gestiona 17 nuevos usuarios y espera a otros 15 para cerrar la cuenta en 32. En total, 292 inmigrantes han aterrizado en la provincia, una cifra que superará los 300 en breve. Todo esto ocurre mientras El Hierro gritaba auxilio tras recibir a más de 8.000 personas entre octubre y el 6 de noviembre, obligando al Cabildo a declarar la emergencia social el mismo día 6. Para resolver este caos, el Gobierno de España ha soltado un cheque de 15,18 millones de euros. Una cifra que suena a música celestial en los despachos, pero que en la calle se traduce en una gestión de 'parches' donde el hotel se convierte en el refugio oficial. Mientras Canarias contabilizaba 7.432 llegadas solo en los primeros diez días de noviembre, la Península recibe el traslado como quien mueve el problema de una habitación a otra para que no se vea en el pasillo, financiando la estancia hotelera con el dinero de todos mientras la emergencia migratoria sigue siendo el eterno retorno.
Tomates marroquíes: el sablazo al campo europeo
Brussels juega al póker con la comida y los agricultores europeos son la ficha de sacrificio. Mientras a un campesino en España, Francia, Italia, Portugal o Polonia le exigen que su huerto sea un santuario ecológico y que pague salarios dignos —rondando los 10 euros la hora—, la Comisión Europea abre la alfombra roja a los tomates de Marruecos. El contraste es un insulto: en el reino de Mohamed VI, la mano de obra cuesta 0,98 euros la hora según Légumes de France (2023). Es como intentar competir en una carrera de velocidad llevando una mochila de piedras mientras el rival va en moto y, además, usa el bromuro de metilo, un químico vetado en la UE desde 2005 por dinamitar la capa de ozono. La ingeniería financiera y legal es fascinante. Marruecos ha usado el tomate para plantar bandera en el Sáhara Occidental desde 1975. Aunque el TJUE dijo que incluir esos productos en el privilegio comercial era ilegal, la Comisión Europea ha aplicado un truco de magia normativa para que el etiquetado sea opaco. Ahora, el consumidor compra un tomate creyendo que es 'estándar europeo' cuando en realidad viene de regiones como Dajla Oued Ed-Dahab o El Aaiún-Sakia El Hamra, disfrazadas de marroquíes. Los números no mienten, solo duelen. Según Comtrade (ONU), Marruecos ha inflado sus exportaciones un 34,81%, pasando de 524.907 toneladas en 2016 a 707.621 en 2025. Mientras tanto, España ha visto cómo su producción se desploma un 36,16%, cayendo de 910.663 a 581.361 toneladas. De las 773.000 toneladas que entran en la UE desde terceros países, 527.000 son marroquíes. Básicamente, la UE le pide al agricultor local que sea un santo del medio ambiente mientras importa tomates que ignoran todas las reglas del juego.
Badajoz aplaude a la jueza del 'hermano'
En Badajoz, la independencia judicial ya no es un concepto de libro de texto, sino un evento con convocatoria en redes sociales. Más de 200 personas se plantaron este jueves frente a los juzgados de la avenida de Colón para aplaudir a Beatriz Biedma. La jueza tiene la espina más caliente del momento: investigar la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz. Un asunto que, para el ciudadano de a pie, suena a la típica 'recomendación' que todos conocemos pero que, cuando ocurre en el despacho del poder, se convierte en una batalla campal por la democracia. Lo curioso es que la concentración se vendió como 'cívica y sin siglas', aunque en la primera fila el menú era puramente azul. Ignacio Gragera (alcalde de Badajoz), José Antonio Monago y Teresa Tortonda (candidatos del PP) y Manuel Naharro (Asamblea de Extremadura) estaban allí, demostrando que la 'transversalidad' a veces tiene un color muy definido. Luis García Doncel, funcionario de la Consejería de Hacienda, puso la cara y el micrófono, recordando que el acto se había aplazado por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, para no parecer insensibles mientras se juega al ajedrez político. El manifiesto fue un despliegue de retórica sobre el 'yugo del miedo' y la seguridad familiar de la magistrada, reclamando que hacer el trabajo no debería requerir dosis de valentía heroica. Pero, como ocurre en Extremadura, no hay oportunidad perdida: entre aplausos a la justicia, colaron el reproche por el tren de alta velocidad y el sistema antiniebla del aeropuerto. Al final, la crónica es la de siempre: una tierra que se siente olvidada por todos los gobiernos y que usa un caso judicial para recordar que, aunque no tengan AVE, saben leer perfectamente entre líneas el olor a nepotismo.
UGT: Sede gratis y rentas de lujo
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para convocar una huelga general contra los 'rentistas' mientras te embolsas más de medio millón de euros al año por alquilar tu antigua sede. La UGT ha perfeccionado el arte de la contradicción. Por un lado, el sindicato se instala cómodamente en Avenida de América 25, un coloso brutalista de casi 30.000 metros cuadrados que el Estado les ha cedido gratis. Es el sueño de cualquier inquilino: un palacio de hormigón sin pagar un solo euro de renta, mientras el Ministerio de Trabajo, en un alarde de generosidad pública, soltó más de cinco millones de euros en 2021 para que la climatización y la carpintería no se cayeran a pedazos. Para abril de 2026, el 70% de estas obras ya eran una realidad, dejando el edificio más 'diáfano', que es la palabra elegante para decir que ahora hay más sitio para pensar cómo combatir la especulación. Pero el giro maestro ocurre en la calle Hortaleza 88, en pleno corazón de Chueca. Allí, donde antes se defendían los derechos del trabajador, ahora se preparan sábanas de hilos egipcios. UGT alquila el inmueble a una sociedad vinculada a Pulitzer Hoteles y Nortia Capital. El resultado es un hotel de lujo con 42 habitaciones donde dormir costará una media de 600 euros la noche. Sí, 600 euros. Mientras el ciudadano medio hace malabares para pagar el alquiler de un piso compartido, el sindicato juega en la liga de Marriott o Hyatt. Es una ingeniería financiera impecable: el Estado paga la reforma de la sede actual y el sindicato cobra el alquiler de la anterior para financiar, presumiblemente, sus pancartas contra la gentrificación. La coherencia, en este caso, ha sido la primera víctima del mercado inmobiliario.
Loterías: 3.500 millones que el Estado 'perdió'
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el presupuesto para que el jamón no sea un lujo de domingo, el Estado parece haber olvidado dónde dejó el cambio de una compra monumental. Estamos hablando de 3.539 millones de euros. Sí, con millones. Una cifra que, traducida al lenguaje de la calle, es como si dejaras el ticket de la lotería en la chaqueta, el premio caducara y, al llegar el dinero a la caja del Tesoro, alguien decidiera que la trazabilidad es un concepto opcional. El Tribunal de Cuentas, en un momento de lucidez administrativa, ha pedido explicaciones sobre estos premios no cobrados que, según la normativa, deberían haber revertido al erario. Pero aquí entra la magia de la burocracia: la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) juega al despiste. Dicen que no entienden la 'metodología' ni el concepto de 'premios no repartidos'. Es el equivalente administrativo a que le preguntes a tu pareja dónde está el dinero del alquiler y te responda que no comprende la definición semántica de 'dinero'. El agujero contable se sitúa entre 2023 y 2025, coincidiendo con la etapa en la que María Jesús Montero manejaba el timón como Ministra. El Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa sobre 520 operaciones de premios mayores con documentación incompleta o, sencillamente, inexistente. A esto sumémosle que el Pleno del Tribunal, reunido el 29 de octubre, aprobó el informe 1703 para rastrear este rastro de migas de pan financieras. Entre registros de la UCO y sospechas de financiación ilegal del PSOE, el Gobierno parece haber convertido la gestión pública en un juego de azar donde el único que siempre pierde es el contribuyente.
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