La noticia es un ejercicio de defensa corporativa del podcast, aunque el contraste entre la cifra de suscriptores y la opinión de Lumbierres es un golpe letal. Le falta profundizar en si RTVE tiene una directriz editorial contra los creadores digitales.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ministerio de Cultura ha decidido que el cine necesita un baño de oro. Ernest Urtasun, con la pluma muy suelta, ha autorizado que el ICAA suelte 37 millones de euros para largometrajes en 2027. No es un pequeño incentivo; es un banquete donde el menú está estrictamente organizado por cuotas. La ingeniería social entra en escena con un movimiento maestro: el 40% del pastel, es decir, 14,8 millones de euros, queda blindado exclusivamente para directoras. Es la nueva aritmética del arte: el género pesa más que el guion. Para el resto de mortales, el reparto se fragmenta como una pizza mal cortada. Los documentales se pelearán por un 15%-25%, la animación se queda con un 10% y los proyectos experimentales, esos que probablemente solo entienda el que los graba, con un 5%. El otro 5% se va en coproducciones extranjeras donde España es la cenicienta minoritaria. El techo de gasto por proyecto es de 800.000 euros, una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente pedir un crédito para comprar una impresora. Pero ojo, que si decides hacer animación, el Gobierno te sube el límite a un millón de euros. Todo bajo el mantra de la 'concurrencia competitiva', ese eufemismo burocrático que significa que el Estado decide qué es 'especial valor cultural o social'. En resumen, Urtasun no solo financia cine, diseña el catálogo de lo que debemos ver, asegurándose de que la brecha de género se cierre con un cheque público mientras el tejido industrial se mantiene a pulmón artificial.
Prometer es gratis, pero ejecutar cuesta dinero y voluntad. En el tablero de Ceuta, el Gobierno jugó una partida de humo muy sofisticada. Tras el caos de julio, cuando más de 100.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas —un volumen que haría temblar a cualquier logística de transporte público—, el ministro Fernando Grande-Marlaska salió al ruedo el 28 de agosto con un catálogo de juguetes tecnológicos. Habló de drones, boyas fondeadas y dispositivos subacuáticos, todo envuelto en un presupuesto de 36 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si te prometen reformar la cocina entera con materiales de lujo para evitar que se inunde la casa, pero tres meses después ni siquiera han comprado la silicona. El plan maestro incluía alargar el muro del Tarajal 115 metros mar adentro. Primero 15 metros de vallas antitrepa con pinchos invertidos —estilo 'no pases'— y luego otros 100 metros de dique vertical. Una obra que la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a través de Diego Madrazo, pide a gritos desde 2014. Diez años esperando que alguien ponga un ladrillo mientras la seguridad se convierte en un juego de azar. Hoy, la realidad es un chiste de mal gusto. Según Maxi Lacasa, de Mujeres Caballas, el paisaje es el mismo: barreras flotantes desinfladas que parecen globos de fiesta olvidados y una presencia militar que se ha evaporado hacia la península. Mientras el presupuesto de 36 millones sigue, presumiblemente, en alguna carpeta archivada, los ceutíes se preparan para salir a la calle el 21 de noviembre. Porque resulta que, en la gestión de fronteras, hay una diferencia abismal entre el PowerPoint del ministerio y el cemento que falta en la costa.
Hay quien gestiona su economía con una hoja de Excel y quien, aparentemente, maneja el patrimonio como si estuviera en un bazar de alquiler. José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra ahora en ese incómodo limbo donde las joyas aparecen en el despacho, pero los papeles desaparecen por arte de magia. El juez Calama, del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha tenido la osadía de calificar la versión del expresidente como 'inverosímil'. Y claro, es que pedirle a alguien que explique de dónde vienen unas joyas sin aportar ni un acuse de recibo de las cartas enviadas a Arabia Saudí es como intentar justificar un agujero en la cuenta bancaria diciendo que el dinero 'está en camino' pero que el cartero se ha perdido. La defensa de Zapatero, en un giro digno de guion de suspense, ha decidido que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de imaginación del juez. Básicamente, le retan a que él mismo invente una hipótesis alternativa. Es la técnica del 'yo no sé nada, pero usted dígame qué cree que pasó'. Mientras el ciudadano medio se juega el tipo por un error en la declaración de la renta, aquí nos venden que no tener estuches, ni facturas, ni registros es simplemente una cuestión de 'regalo personal' del rey saudí. El contraste es delicioso: Zapatero recuerda que sí declaró un reloj a Patrimonio, pero que las joyas son harina de otro costal porque no se entregaron en la misma 'unidad de acto'. Según su lógica, hay regalos que pasan por el registro y otros que, por pura mística, aterrizan en el despacho sin dejar rastro administrativo. Una ingeniería financiera basada en la confianza ciega en la monarquía saudí que ahora choca contra el muro de la realidad procesal y el Ministerio Fiscal.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder que consiste en hacer el vacío. No es el silencio incómodo de una primera cita que sale mal, sino un desplante institucional en toda regla. Fernando Grande-Marlaska ha convertido el 'no ir' en una disciplina olímpica. Tres meses. Tres citas. Tres sillas vacías en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello para no llegar tarde al trabajo y evitar que el jefe le monte un número, el Ejecutivo español ha decidido que dar explicaciones sobre el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta de julio pasado es una actividad opcional, casi un hobby. El miércoles pasado fue el colofón. La sesión, que debía desgranar la gestión migratoria en la ciudad autónoma, terminó en un bostezo administrativo cuando llegó la notificación de que nadie vendría. Ni Marlaska, ni Elma Saiz —que además de portavoz es la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—, ni Ángel Víctor Torres. Un 'triple combo' de ausencias que deja al Parlamento Europeo como quien organiza una fiesta de cumpleaños y descubre que los invitados han bloqueado su número de teléfono. La cronología del desplante es casi poética: empezó el 6 de agosto con el primer plantón de Marlaska y Saiz, siguió con una espantada en octubre y ha culminado ahora. El PP Europeo ya ha empezado a gritar en los pasillos de Bruselas, denunciando que el Gobierno de Pedro Sánchez trata la frontera de la UE con África como si fuera el patio trasero de su casa. Al final, gestionar el espacio Schengen parece ser, para algunos, una cuestión de saber cerrar la puerta y no contestar al timbre cuando el vecino viene a pedir cuentas.
Hay niveles de surrealismo que ya no se encuentran ni en las peores pesadillas de Dalí. El Congreso de los Diputados, ese templo donde se supone que se legisla con rigor, decidió celebrar el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura el pasado 31 de octubre con una puesta en escena que roza el delirio. La compañía ButacaZero montó 'Melón pelado', una obra de Esther Fernández Carrodeguas y Xavier Castiñeira que incluía, para darle ese toque 'delicado', una maleta con mujeres ahorcadas y la bandera de España al cuello. Un detalle estético que hace que cualquier cena familiar en Navidad parezca un jardín de infancia. Pero el plato fuerte llegó con la música. En un giro que dejaría perplejo a cualquier historiador, decidieron 'apropiarse' del Cara al Sol, el himno de Falange, para convertirlo en una canción sobre el rapado forzado. El resultado fue una oda al absurdo: 'Cara al sol con el melón pelado como la bola de un billar'. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo su cuenta corriente se desangra, en la primera fila del Congreso, Francina Armengol, Ana Redondo y Simancas se sumaron al coro, cantando al unísono y con entusiasmo, primero despacio y luego con fuerza, como quien ensaya para un musical de barrio. Todo esto para recordar a las 39 mujeres rapadas en Fuendejalón y a la alcaldesa fusilada María Domínguez. La intención era noble, pero la ejecución fue un espectáculo de variedades. Al final, la compañía admitió que el cierre original no encajaba con la música y lo cambiaron por un 'no vamos a callar' más contundente. Menos mal, porque con el ritmo de la canción, lo único que no callaba era la risa nerviosa de quien ve cómo la solemnidad institucional se va por el sumidero.
Hay quien confunde el periodismo con el servicio de lavandería industrial, y Silvia Intxaurrondo parece haber encontrado el detergente perfecto. En 'La Hora de La 1', la presentadora ha decidido que la dimisión de Óscar Puente —el hombre que capitaneó un Ministerio de Transportes con el saldo trágico de 116 muertos— no es un acto de responsabilidad, sino una 'injusticia'. Lo dice con una solemnidad que ya quisiera cualquier mártir, repitiendo la palabra 'asimetría' cinco veces, como si fuera el mantra mágico para borrar el rastro de los raíles de Urda. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el portero que deja que se inunde el garaje del edificio y luego renuncia, resultara que es la víctima de la historia porque 'está muy triste'. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, en la televisión pública se gasta el tiempo en dibujar a un exministro como un sacrificado del 'bien común'. La estrategia es tan vieja como el hilo negro: lanzar humo con la dana de Valencia de 2024 para que nadie mire el agujero contable de la gestión ferroviaria. Intxaurrondo, que ya tuvo sus roces con Miguel Tellado intentando torear la gestión de Carlos Mazón, ahora juega a ser la abogada de Puente. El contraste es obsceno. Pasamos de la era de José Luis Ábalos, que gestionaba las empresas del Estado como si fueran el libro de contactos de un club nocturno, a un Puente que parecía más preocupado por el engagement de sus redes sociales que por la seguridad de los trenes. Al final, lo que vemos en RTVE no es una entrevista, es un ejercicio de gimnasia mental donde rendir cuentas es un lujo y dimitir es un drama personal. Una humillación financiada con los impuestos de quien sí tiene que rendir cuentas cada fin de mes.
En la política, como en el mercadillo, hay quien intenta colar el producto vencido y convencerte de que es una ganga. Lorena Suárez, quien timoneó el PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, decidió que las reglas del juego electoral eran más bien sugerencias. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por un papel mal sellado, Suárez lanzó un vídeo invitando a los votantes de las generales del 23 de julio de 2023 a presentarse con el pasaporte caducado. Sí, así de sencillo: que el documento esté vencido no era un problema, sino un detalle irrelevante para inflar la hucha de votos del PSOE. La ingeniería financiera electoral no se quedó ahí. La estrategia consistía en usar el DNI argentino para retocar el censo, una maniobra de 'maquillaje' administrativo para asegurar que el voto llegara a donde interesaba. Y no estaba sola en este baile; el ministro José Manuel Albares también dio el visto bueno a votar en Buenos Aires con documentos sin foto o caducados. Es la magia de la Ley de Nietos: una fábrica de pasaportes que en Argentina alcanzó cifras delirantes. A finales de julio de 2025, el país sumaba 366.579 solicitudes (el 40% mundial), con 174.277 expedientes ya aprobados. Para rematar la jugada, el Gobierno ha enviado a sus mejores 'comerciales' a Buenos Aires. Desde José Ramón Gómez Besteiro y Adrián Barbón hasta María Chivite y la ministra Milagros Tolón, todos han aterrizado en suelo sudamericano para movilizar a este nuevo electorado. Como bien admitió Violeta Alonso, la arquitecta de este despliegue, el objetivo es lograr un 'impacto significativo' en las próximas citas. Básicamente, han convertido la nacionalidad en una herramienta de marketing electoral donde el pasaporte es el ticket de entrada y la fecha de caducidad es solo un número.
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