Crítica:
El texto original es un panfleto de indignación que omite cualquier argumento técnico de Més. Se limita a señalar la contradicción temporal sin profundizar en la normativa legal de los desahucios.
Otros artículos
Marlaska: cascos de museo para la frontera
En el Ministerio del Interior, parece que la gestión de materiales se maneja con la misma filosofía que quien intenta arreglar una fuga de agua con celo y esperanza. Fernando Grande-Marlaska tiene a 330 guardias civiles en las vallas de Ceuta y Melilla patrullando con cascos que tienen más años que algunas de las leyes que deben aplicar. Hablamos de piezas caducadas hace más de 20 años; material que, irónicamente, ya se exhibe en museos como reliquia histórica mientras el agente de turno lo lleva puesto para que no le reviente la cabeza. Para que nos entendamos: la vida útil de estos cascos antidisturbios es de 15 años. Pasado ese plazo, el poliestireno interno se reseca y se vuelve tan útil como un cenicero en una moto. No absorben impactos, solo bailan sobre la cabeza, provocando que los agentes sufran fracturas en las manos al resbalárseles el equipo o, peor aún, que el casco se parta como una galleta ante una pedrada. En el asalto de 2022 a Melilla, donde 2.500 subsaharianos intentaron entrar y 500 lo lograron, la precariedad pasó factura: un guardia perdió su especialidad de GRS por las secuelas de un golpe que un casco decente habría neutralizado. La solución del Ministerio ha sido una obra maestra de la ingeniería del parche. Prometieron 600 cascos nuevos, pero en Melilla los repartieron entre los GRS y la Usecic, dejando a los de Fiscal y Fronteras en el olvido. ¿El resultado? El responsable de material de Melilla hace 'canibalismo' de equipo: despieza cascos viejos para ponerle correas y tornillos a otros que están igual de mal. Mientras tanto, los agentes comparten el 'material caliente' (chalecos y espinilleras) como quien comparte un cepillo de dientes en un hostal barato. Con 200 efectivos en Ceuta y 130 en Melilla, la seguridad fronteriza se ha convertido en un ejercicio de supervivencia donde el presupuesto parece haberse evaporado en el camino.
Óscar López: 'media casa' con jardín imperial
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para llamar «media casa» a un refugio que incluye un jardín de 837,37 metros cuadrados. Óscar López, el hombre que pilota la Transformación Digital y la Función Pública, nos ha intentado vender su propiedad en Riaza como si fuera un estudio compartido en el barrio de Usera, cuando en realidad hablamos de una joya incrustada en el Torreón, un palacete que respira abolengo y que supera los 1.000 metros de superficie total. Lo irónico no es solo el tamaño —que para el ciudadano medio es el espacio de tres o cuatro parcelas de huerto urbano— sino el pedigrí del inmueble. La casa fue el feudo del doctor Antonio García Tapia, una eminencia de la otorrinolaringología que no solo fundó un hospital-dispensario el 8 de septiembre de 1935, sino que se llevó muy bien con el bando nacional, luciendo con orgullo la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz del Mérito Naval, ambas en 1945. López, que en 2025 se dedicó a lanzar dardos contra Feijóo y Abascal usando placas del Instituto Nacional de la Vivienda para evocar el fantasma del franquismo, parece haber olvidado que su propio descanso veraniego ocurre en el antiguo palacio de un capitán del ejército de Franco. La operación inmobiliaria se cerró el 16 de junio de 2020, en plena pandemia, mientras el ministro presidía Paradores. Compró al 50% con su pareja una superficie construida de 174,30 metros cuadrados y una plaza de garaje romboidal de 12,50 metros. Todo un ejercicio de humildad socialista: criticar la estética del régimen mientras se disfruta de la piscina comunitaria de un palacete diseñado para la élite de la dictadura. Es la nueva arquitectura del progreso: borrar el pasado en Twitter, pero mantener las escrituras en el Registro de la Propiedad.
Ley de nietos: ¿Voto o espejismo?
El derecho es, a veces, como una persiana veneciana: depende de cómo la muevas que entre luz o te quedes a oscuras. Ahora mismo, el Defensor del Pueblo, Gabilondo, ha decidido jugar al abogado de los nietos, lanzando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular los autos del Tribunal Supremo que frenaron la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El objetivo es claro: que los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática puedan votar el 29 de noviembre. Suena noble, casi poético. Pero aquí es donde entra la letra pequeña, esa que suele ser el sablazo final en cualquier contrato de alquiler. Hay juristas que miran este movimiento con el mismo escepticismo con el que uno mira una oferta de 'todo incluido' sospechosamente barata. El argumento es un martillazo lógico: ¿cómo vas a defender los derechos de ciudadanos españoles si precisamente el problema es que aún no tienen la nacionalidad reconocida de forma definitiva? Es como intentar entrar en un club VIP con una invitación que el portero ya ha tachado. Para colmo, sacan a relucir el artículo 13.1 de la Constitución. Según esta lectura, el Defensor del Pueblo no tiene gasolina para proteger a extranjeros que ni siquiera pisan suelo español. Básicamente, sugieren que Gabilondo está intentando abrir una puerta que no le corresponde, defendiendo a personas que, legalmente, están en un limbo administrativo. Mientras el Defensor habla de vulnerar el derecho a la participación política, la igualdad y la tutela judicial efectiva, los críticos sugieren que el recurso debería irse directo a la papelera de reciclaje. Al final, la ley de nietos se ha convertido en un partido de tenis jurídico donde la pelota es el voto y el juez es quien decide si el jugador siquiera ha pagado la cuota del club.
Mínguez dimite: el sablazo de los 23.000€
Hay una forma muy elegante de decir 'me voy con la conciencia tranquila' mientras te aseguras de que la cuenta corriente no sufra el impacto. Montse Mínguez, la exportavoz del PSOE que ha decidido hacer un acto de magia y desaparecer de la escena pública, lo hace justo cuando el ruido sobre los 30 pisos alquilados por su marido, Sergi Vélez, se volvía ensordecedor. Es la clásica maniobra de desligarse de Ferraz para no manchar el mantel de las generales, pero sin soltar el tenedor. Aquí viene la parte donde la aritmética institucional se vuelve fascinante. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler de un zulo se come la mitad de su sueldo, Mínguez se prepara para recoger una indemnización de 23.568,93 euros. No es un premio a la resistencia, sino la recompensa por siete años de servicio en la Cámara Baja, donde cada año trabajado se traduce en un mes de sueldo íntegro. Con un salario base de 3.366,99 euros mensuales, la cuenta sale sola. Es el 'bonus' por dimitir en el momento justo. La normativa, un regalo heredado de la era de José Luis Rodríguez Zapatero con retoques en 2011, permite que el tope llegue hasta los 80.000 euros si aguantas 24 años en el sillón. Una suerte de plan de pensiones para la clase política que hace que cualquier fondo de inversión parezca un juego de niños. Mientras Rebeca Torró toma el relevo en la portavocía, casi cien excongresistas, como el popular Jaime Ignacio del Burgo —que sigue cobrando 3.900 euros desde 2008—, nos recuerdan que en el Congreso, el cese de la actividad es, paradójicamente, el inicio de una renta muy cómoda.
NASA borra la IA por 'Super Inteligencia'
Hay una regla no escrita en el universo: si el jefe quiere que el cielo sea verde, los empleados empiezan a comprar pintura. En la NASA, el 'jefe' es Donald Trump y su última ocurrencia es que la Inteligencia Artificial (AI) ya no existe; ahora se llama 'Super Inteligencia' (SI). Así de simple. No es que hayan descubierto un chip cuántico que siente amor o que el rover Perseverance haya empezado a escribir poesía metafísica en Marte. La tecnología es la misma, pero el envoltorio ahora tiene un nombre más pomposo porque así lo dicta la orden ejecutiva del 29 de septiembre. Jared Isaacman, el administrador de la NASA y miembro del club de los multimillonarios tecnológicos, ha liderado esta carrera por el diccionario. Mientras nosotros peleamos con el precio del aceite, Isaacman y su equipo están en una misión crítica: borrar la palabra 'AI' de cada rincón de la agencia. Es un despliegue de ingeniería lingüística en cuatro fases que termina el 23 de diciembre. Imagínense el caos: cambiar URLs, títulos de cargos (como el de Kevin Murphy) y hasta la infraestructura digital. De hecho, algunos técnicos advierten que esto es un 'cambio disruptivo' que podría romper integraciones de software. Básicamente, están arriesgando que el sistema colapse solo para que el nombre suene más 'épico'. Dentro de la agencia, el ambiente es de surrealismo puro. Algunos empleados comparan el término 'AI' con Voldemort: el nombre que no debe ser pronunciado. La hipocresía es deliciosa: el gobierno mantiene la definición técnica de IA, pero prohíbe el nombre. Es como cambiar el nombre de la cerveza por 'elixir de cebada superior' pero seguir vendiendo el mismo líquido. Al final, la ciencia se queda en el banquillo mientras el marketing político toma el mando del cohete.
IA: El 'sablazo' tecnológico que hunde Republicanos
Hay una ironía deliciosa en el aire del campo estadounidense. Mientras el votante rural conservador solía ser el muro inexpugnable de los Republicanos, ha aparecido un nuevo vecino ruidoso y voraz: los centros de datos de la IA. Resulta que vivir a menos de una milla de estas moles de silicio es el mejor lubricante para el voto demócrata. Según YouGov y The Economist, el apoyo al ticket azul entre estos vecinos saltó del 54% al 61% entre mayo y octubre. Básicamente, el ruido y el consumo energético de la IA están haciendo más por los Demócratas que cualquier discurso sobre salud pública. El contraste es casi cómico. Donald Trump se ha pasado la campaña abrazando a los multimillonarios tecnológicos y vendiendo la IA como el nuevo elixir del progreso. Pero para el campesino que ve cómo su entorno se transforma en un servidor gigante, esa retórica suena a cuento chino. El resultado es que la intención de voto demócrata a nivel nacional subió del 53% al 55%, impulsada en parte por este despecho rural. Sin embargo, aquí llega el giro de guion digno de Hollywood. Los estrategas demócratas, en lugar de salir a recoger estos votos con entusiasmo, han sugerido a sus candidatos que no presionen demasiado a la industria de la IA. ¿La razón? El dinero. El lobby tecnológico está soltando decenas de millones de dólares, convirtiéndose en la fuente de financiación de campañas más gorda de la historia de EE. UU. Como bien dice Nick Owens, el activista que no se traga el cuento, ambos partidos están complicados en el mismo juego. Al final, el votante rural no es que se haya vuelto progresista de repente; es que está harto de que su patio trasero sea la batería de una IA que ni siquiera sabe usar.
Aragón paga el plomo contra los conejos
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no parezca un atraco a mano armada, en Aragón han decidido que la prioridad absoluta es repartir plomo. El Gobierno de Aragón ha puesto sobre la mesa la compra de 70.000 cartuchos para combatir a un enemigo que, aunque orejudo y simpático en los cuentos, es una auténtica picadora de carne para el campo. La jugada es sencilla: el dinero público fluye hacia la Federación Aragonesa de Caza (FARCAZA) para que los cazadores federados sigan con su rutina anual de abatir un millón de conejos. Porque sí, un millón. Es una escala de producción industrial, pero en sentido inverso. La urgencia es casi cinematográfica: los cartuchos deben estar en manos de los destinatarios antes del 25 de noviembre de 2026, o el dinero se esfuma. No es un experimento nuevo; en 2023 ya regalaron 40.000 cartuchos biodegradables, como quien intenta limpiar la conciencia mientras aprieta el gatillo. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo justifica este despliegue basándose en un agujero financiero de 50 millones de euros en pérdidas agrícolas y unas 50.000 hectáreas arrasadas. La lista de municipios afectados se ha engordado con 11 nuevos nombres, incluyendo Ainzón, Alagón o Trasmoz, donde el conejo de monte manda más que el alcalde. Lo más irónico es que, según el CITA, el problema es que hemos soltado conejos para repoblar cotos y hemos puesto regadíos por doquier, creando básicamente un hotel de cinco estrellas con buffet libre para la plaga. Ahora, para solucionar el desastre que nosotros mismos diseñamos, el consejero Manuel Blasco y el PSOE se ponen de acuerdo en que la única salida es el calibre 12. Una solución quirúrgica, si por quirúrgica entendemos disparar a todo lo que se mueva en el matorral.
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