El texto original es un ejercicio de contrastes muy bien logrado, aunque peca de basarse demasiado en 'fuentes' anónimas para el tema de la prensa internacional. La contradicción entre Marlaska y el delegado es el clavo ardiendo donde el Gobierno se ha quedado colgado.
Francia ha decidido que la mejor forma de gestionar la educación es tratando a los estudiantes como si estuvieran en una zona de guerra. Bienvenidos al 'V Acto', ese nombre tan pomposo que usan los convocantes para disfrazar lo que en el barrio llamaríamos 'liarla parda'. Mientras nosotros nos peleamos con la máquina del café, en Francia el Gobierno de Emmanuel Macron ha optado por el manual deltoide: prohibiciones que huelen a toque de queda. En Nancy, la Prefectura ha decidido que salir a la calle entre las 7:00 y las 22:00 horas es deporte de riesgo, prohibiendo manifestaciones en el distrito de Stanislas y alrededores de los institutos Loritz, Jeanne d'Arc, Chopin, Marie Marvingt, Varoquaux y Jacques Callot. Es como si te prohibieran ir a comprar el pan para que no te encuentres con un vecino molesto. Por el sur, en Var, la creatividad administrativa ha llegado al límite: prohibido comprar fuegos artificiales y, ojo, mascarillas obligatorias en los institutos. Básicamente, quieren saber exactamente quién está lanzando el petardo antes de que explote. En Yvelines, la lista de objetos prohibidos parece el inventario de un villano de película: morteros, drones y combustible. Todo esto mientras en la Universidad Pantheon Assas los radicales ya se están dando los buenos días a base de empujones. Para rematar la fiesta, Greta Thunberg se ha pasado por el instituto Paul-Eluard en Saint-Denis, donde Bally Bagayoko gobierna con su estilo particular. El partido La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mèlenchon ha movilizado 30 ciudades, pero el ministro Édouard Geffray, en France Inter, intenta poner buena cara diciendo que el bloqueo de 200 escuelas es 'menos que la semana pasada'. Claro, porque perder el control de doscientos centros educativos es, técnicamente, un éxito administrativo.
Lanzar un reglamento nacional sin mirar si los semáforos de los ayuntamientos son compatibles es como comprarse un traje de alta costura sin medirse: el resultado es un desastre que no cierra por ningún lado. La DGT, en un alarde de optimismo burocrático, decidió que desde el 1 de octubre estaba prohibido que el verde peatonal y el ámbar vehicular bailaran juntos. La intención es noble —evitar que alguien termine asfaltado por un descuido—, pero la ejecución tiene la precisión de un reloj de arena roto. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fue el primero en soltar la toalla, advirtiendo que intentar cambiar la iluminación sobre la marcha provocaba retenciones que hacían que la ciudad pareciera un parking gigante. No están solos en este calvario. Barcelona y Hospitalet ya han levantado la mano para decir que no es tan sencillo como darle a un interruptor; necesitan tiempo y pruebas para que la ciudad no colapse. Mientras tanto, Valencia intenta salvar los muebles habiendo adecuado apenas un 20 % de sus semáforos. La sincronización urbana es un castillo de naipes: tocas una luz en un cruce y generas un atasco tres calles más allá. Es la clásica ingeniería de despacho donde se firma la norma el lunes y el martes se descubre que en León, Sevilla o Salamanca los cables no entienden de decretos. Al final, el propio Pere Navarro ha tenido que admitir la derrota parcial, concediendo que algunos semáforos simplemente no podrán adaptarse. Básicamente, nos han vendido una medida estrella que, en la práctica, es un experimento con gaseosa donde el ciudadano es el conejillo de indias y la seguridad, una promesa pendiente de cableado.
Hay quien dice que la suerte es ciega, pero en Badajoz parece que tiene un mapa detallado y un sentido del humor muy negro. Resulta que 'Moto Ratón', un personaje del clan de Los Rocho que se mueve mejor por los juzgados que por la autopista, se encontró con que el 5 de mayo de 2024 el universo le regalaba 17 millones de euros en un sorteo de la ONCE. Un sablazo de fortuna que, traducido a la vida real, es como comprarse medio barrio sin despeinarse mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. Pero claro, el dinero no llega solo; trae compañía inquietante. Apenas veintitrés días después del premio, el 28 de mayo, Manos Limpias denunciaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Y aquí es donde la trama pasa de ser una película de Almodóvar a un guion de narcos con tintes estatales. Mientras Moto Ratón brindaba con sus 5,6 millones (tras un drama judicial por el reparto del botín que terminó en septiembre de 2024 con el archivo de sus denuncias por extorsión), una red liderada por Leire Díez y el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada —este último más dedicado a su canal de YouTube que a la ley— empezaba a cocinar un plan para 'eliminar' a la juez Beatriz Biedma. Eliminar. No hablamos de borrar un archivo de Excel, sino de acabar con la vida de la magistrada que instruía la causa contra el hermano del presidente. La UCO ha destapado que el plan incluía seguimientos físicos y perfiles falsos que pretendían 'hacer una limpieza' en los juzgados. La juez Biedma, que no tiene ni hermano ni secretaria, se encontró con que unos desconocidos preguntaban por ella en su cafetería y en el colegio de sus hijas. Una ironía sangrienta: mientras unos cuentan millones ganados por azar, otros intentan comprar el silencio eterno de una juez usando la ingeniería del miedo y los contactos del hampa badajense.
Hay una ironía casi poética en el calendario de Pedro Sánchez. Mientras 80.000 personas asaltaban Ceuta en lo que la Audiencia Nacional ya califica de «guerra híbrida», el presidente parecía haber activado el modo avión en el Palacio de La Mareta. El resultado fue un despliegue de inoperancia digno de un manual: Sánchez tardó 27 días en activar la Ley de Seguridad Nacional (LSN). Veintisiete días. Para que nos entendamos, es el tiempo que tarda cualquiera en darse cuenta de que se ha dejado el gas encendido, pero en Moncloa fue el plazo para decidir si la integridad territorial era una prioridad o si el bronceado era más urgente. Ahora, cuando el viento sopla en contra y la jueza María Tardón empieza a remover el avispero, entra en escena Fernando Grande Marlaska. El ministro, haciendo gala de una flexibilidad mental asombrosa, ha decidido usar esa misma ley que Sánchez despreció durante casi un mes para, ahora sí, blindar el secreto. Marlaska ha declarado secreto el procedimiento para evitar que sepamos por qué el jefe del Ejecutivo ignoró los avisos del CNI y el CNIF sobre una movilización de 180.000 usuarios en redes sociales. Es el clásico truco de magia política: usar el escudo de la «Seguridad Nacional» para tapar el agujero contable de la gestión. El contraste es sangrante. Mientras el Gobierno alababa la «ejemplar colaboración» de Marruecos y condecoraba a Abdellatif Hammouchi, la calle en Ceuta era un caos de peleas y desamparos. El baile de cifras es otro espectáculo: Marlaska decía que había 5.000 migrantes cuando las autoridades locales contaban 10.000. Al final, el desalojo de la playa del Trampolín ocurrió en tiempo récord, pero solo cuando el calendario electoral apretó. Una limpieza rápida para la foto, mientras los expedientes reales quedan guardados bajo llave en el despacho de Interior.
Hay una diferencia abismal entre tener el extintor cargado y dejar que la casa se queme porque no te decides a pulsar el gatillo. El pasado 30 de julio, Ceuta vivió una entrada masiva de 80.000 personas, una maniobra de libro en la llamada «zona gris» —ese limbo incómodo entre el saludo cordial y el despliegue de tanques— que el Ministerio de Defensa ya tenía mapeada. Tenían el plan, tenían los soldados y tenían el precedente de mayo de 2021, cuando los BMR de la Legión y los Regulares cortaron el paso con una precisión de cirujano, separando la vulnerabilidad humana de la presión geopolítica. Pero esta vez, la maquinaria se quedó en punto muerto. Mientras la frontera se diluía, la cadena de mando —desde el JEMAD hasta el Comandante General de Ceuta— pedía la orden de actuar. El Gobierno, sin embargo, decidió jugar al observador pasivo. Es como si un médico viera a un paciente desangrarse por la aorta y decidiera esperar a ver cuántos litros pierde antes de decidir si usa una venda o un torniquete. Una gestión surrealista que dejó las infraestructuras críticas expuestas mientras, paralelamente, buques de la Marina Real de Marruecos se paseaban por aguas españolas, un hecho que Pedro Sánchez terminó admitiendo el 12 de octubre con un lacónico «fueron días intensos». Lo más fascinante de esta comedia de errores es el timing político. La ministra Margarita Robles se ha librado de dar explicaciones en la Comisión de Gastos Reservados gracias al adelanto electoral del 29-N. Una jugada maestra de ingeniería administrativa: disolver las Cortes para que el silencio sea la respuesta oficial. Al final, el Ejecutivo intenta desplazar el foco hacia Rabat, pero la pregunta que queda flotando en el aire es sencilla: si tenías el manual de instrucciones y la tropa lista, ¿por qué decidiste que la mejor defensa era no hacer nada?
Resulta fascinante que, en pleno siglo XXI, la seguridad de una frontera estratégica dependa de lo mismo que ocurre cuando intentas hacer una videollamada en el sótano de tu abuela: una tarjeta SIM que decide jubilarse. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha salido al paso para explicar por qué las cámaras de la N-352 en Ceuta se quedaron ciegas justo después de la invasión del 30 de julio. La respuesta es tan institutionalmente hilarante que roza el surrealismo: 'mala señal telefónica'. Mientras que en la península la DGT presume de fibra óptica —esa autopista de datos que vuela—, en Ceuta han decidido jugar a la lotería con conexiones inalámbricas 4G/5G. El resultado fue que las cámaras de los puntos kilométricos 1,1, 2,1 y 2,8 dejaron de emitir a mediados de agosto. No fue un protocolo de ocultación ni una decisión política para evitar que viéramos el desastre; no, fue simplemente que el móvil 'no pillaba'. Lo más jugoso es que este drama técnico no empezó con la crisis, sino que arrastraba episodios de degradación desde el 1 de julio. Básicamente, la vigilancia de una zona crítica funcionaba con la estabilidad de un router barato de oferta. La DGT admite que la cámara del PK 2,800 tuvo cuatro interrupciones, mientras que las otras dos sumaron tres cada una en los últimos tres años. Para arreglar este 'agujero técnico', han tenido que cambiar de proveedor de telecomunicaciones, como quien cambia de compañía telefónica porque el WiFi del salón no llega a la cocina. Una gestión de la seguridad nacional que parece sacada de un grupo de WhatsApp mal coordinado.
Hay que tener una valentía administrativa admirable para estrenar ropa nueva sin tener un euro para pagar el sastre. Renfe ha decidido rescatar 'la galleta', ese logotipo circular que nos trae recuerdos de cuando los trenes eran un misterio, después de 21 años de ausencia. El problema es que el cambio de imagen es, básicamente, un 'logo fantasma'. Han aprobado la estética, pero no hay presupuesto asignado para cambiar los uniformes, las estaciones o los trenes. Es como comprarse un Ferrari y darse cuenta de que no tienes dinero para la gasolina ni para el seguro; el coche luce estupendo en el garaje, pero no se mueve. Mientras tanto, la ingeniería financiera de la casa nos deslumbra. Se han gastado 164,1 millones de euros en renovar el sistema de venta de billetes, un proyecto adjudicado en octubre de 2023 que el actual presidente, Álvaro Fernández Heredia, presenta ahora como un triunfo personal para dar 'buenas noticias' al ministro Óscar Puente. El contraste es hilarante: tenemos un ecosistema comercial digital que costó una fortuna, pero no hay presupuesto para pintar el logo en la pared de la estación. Para que entendamos la magnitud del delirio, cuando Cepsa pasó a ser Moeve, se reservaron unos 130 millones de euros solo para remozar gasolineras. Renfe, en cambio, prefiere el minimalismo forzoso. La gestión interna parece sacada de una comedia de enredos. Ignacio Martínez Padilla, el creativo al mando, ha liderado un proceso tan hermético que el Consejo de Administración se enteró del cambio casi al mismo tiempo que el resto de los mortales. Heredia filtró la imagen públicamente antes de consultarla con sus jefes, demostrando que en la alta dirección ferroviaria, la transparencia viaja a una velocidad mucho menor que el AVE.
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