Crítica:
El texto original es un despliegue de datos frío que oculta la bomba política bajo una montaña de estadísticas. Le falta valentía para preguntar quién paga el banquete cuando casi la mitad de los votantes es cliente del Estado.
El 46% de los españoles con derecho a voto vive de pensiones, ayudas y empleos públicos
España: casi mitad del censo vive del Estado
Otros artículos
El bar espía de la Audiencia cierra
Hay quien monta un negocio para ganar dinero y quien lo hace para escuchar conversaciones ajenas mientras sirve el café. José Ángel Prieto Holgado, un personaje que maneja el crudo con la soltura de quien reparte cartas en un casino, decidió que la mejor forma de vigilar al Juzgado Central de Instrucción número 4 no era con binoculares, sino con una carta de tapas. Así nació el restaurante Raíz, en el número 20 de la calle Génova, un local estratégicamente colocado bajo la Audiencia Nacional para que los jueces y fiscales fueran, básicamente, el menú del día. La ingeniería financiera detrás de este 'café con micrófonos' es para echarse a reír. Mientras el ciudadano medio sufre el sablazo de la luz, Prieto Holgado presuntamente orquestó un agujero contable de más de 300 millones de euros en el IVA de los carburantes. Para que el negocio no oliera a quemado, utilizó a Carlos Castillo Medina como escudo; un administrador con 17 antecedentes que hace que un currículum normal parezca una hoja en blanco. Entre transferencias y facturas de sociedades como Browtrader SL, se movieron 750.048 euros, una cantidad que cualquier mortal usaría para jubilarse en el Caribe, pero que aquí sirvió para pagar el alquiler de un centro de espionaje. El plan era brillante en su cinismo: ganar confianza, servir cañas y captar secretos mediante dispositivos ocultos en el mobiliario. Pero el castillo de naipes se desplomó con la operación Pamplinas Stars en noviembre de 2025. Entre el desvío de fondos a Holanda, el Reino Unido y el refugio en criptomonedas, la red de Plamanvisa SL y Atlantic Oil Star SL terminó dinamitada. El bar intentó camuflar su muerte con un cartel de «¡¡Felices vacaciones!!» en julio, pero septiembre llegó y el local se quedó mudo. Al final, el espía resultó ser el espiado y el restaurante Raíz ha echado la persiana definitivamente.
Sánchez y el 'borrador' para García Ortiz
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en Moncloa el tiempo es una herramienta de ingeniería política. Pedro Sánchez está jugando al Tetris con el calendario electoral y, antes de que lleguen las urnas el 29 de noviembre, quiere dejar el tablero bien colocado. El movimiento estrella: el posible indulto a Álvaro García Ortiz. Para el ciudadano de a pie, un indulto es como cuando un padre perdona que el hijo rompa el jarrón; para el Estado, es borrar con goma un fallo del Tribunal Supremo. García Ortiz, el exfiscal general, se ganó el premio a la creatividad filtrando correos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Supremo no se dejó impresionar por el espectáculo y le clavó dos años de inhabilitación y una multa. Ahora, Moncloa quiere hacerle un 'descuento' a esa pena. No buscan borrar el pecado, sino recortar la inhabilitación a menos de seis meses. ¿Por qué? Para evitar que la Inspección Fiscal lo eche definitivamente de la carrera profesional. Es como intentar que un alumno suspendido no repita curso cambiando la nota en el acta el último día de clase. Félix Bolaños ya ha confirmado en RAC 1 que el papeleo está sobre la mesa y la Fiscalía ha dado el visto bueno. Mientras tanto, Sánchez, en una entrevista con elDiario.es, se ha limitado a un "no lo descarto" repetido como un mantra, una respuesta que en lenguaje político significa "estoy a ello". Lo más irónico es que, mientras el núcleo duro del Gobierno dice que la sentencia judicial tiene más ficción que una película de Hollywood, en los pasillos de COPE se oye que el exfiscal, por querer hacer méritos, terminó metiendo al Gobierno en un jardín del que ahora intentan salir con una medida de gracia.
España sola contra el coche eléctrico
Hay quien confunde el idealismo con el suicidio industrial, y en Moncloa parecen tener el manual de instrucciones bien estudiado. Mientras el resto de Europa se da cuenta de que obligar a todo el mundo a enchufar el coche el 1 de enero de 2035 es como intentar que todo el barrio coma quinoa sin haber puesto un solo supermercado, España sigue aferrada a un calendario que ya huele a cerrado. El plan era sencillo: prohibir la venta de combustión en 2035 y borrar del mapa cualquier motor que no sea eléctrico para 2050. Un sueño precioso para los ecologistas que sostienen el Gobierno, pero una pesadilla para quien tiene que pagar la nómina en una fábrica. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa. Francia, que hasta ayer era el compañero de baile de Pedro Sánchez, ha hecho un giro de 180 grados para salvar a Renault y Stellantis, uniéndose al bloque de Alemania, Mercedes, BMW y el Grupo VW. Básicamente, han decidido que es mejor salvar el negocio que quedar bien en una foto con Ursula von der Leyen. Sánchez, que llegó a escribir dos cartas a la presidenta de la UE insistiendo en el calendario, se ha quedado solo en la fiesta, acompañado únicamente por los Países Bajos, que en el tablero automovilístico tienen el peso de un clip. Es el colmo de la ironía: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero su Gobierno defiende una política que pone en jaque a marcas como Seat. Mientras China nos come la tostada con las baterías, nosotros renunciamos a nuestra única ventaja competitiva —los motores de combustión— por una cuestión de principios ideológicos. Al final, Alemania ha cedido para que Bruselas suelte la pasta y subvencione la industria, incluyendo los combustibles fósiles. En resumen, Europa ha elegido sobrevivir; España, parece, prefiere seguir leyendo el folleto del futuro mientras el presente se le escapa por el tubo de escape.
Mohamed VI pide cuentas y devuelve el golpe
El rey Mohamed VI ha decidido salir de su letargo discursivo —en uno de esos tres raros paseos anuales por el micrófono— para soltarle un 'tirón de orejas' diplomático a España. El escenario es el Parlamento, pero el mensaje es puro lenguaje de calle: 'Devolvednos a los chavales y dejad de jugar con el calendario electoral'. El monarca alauí no se ha andado con chiquitas al denunciar la 'instrumentalización' de los sucesos del 30 y 31 de julio, lanzando una piedra muy clara hacia el Partido Popular y Vox, que parecen haber encontrado en la crisis de Ceuta el combustible perfecto para su precampaña. Para el Rey, el sistema de cooperación actual es como un teléfono antiguo en la era del 5G: obsoleto. Se queja de que existen leyes 'anticuadas' y jueces que viven en una realidad paralela, dificultando la repatriación de menores y de aquellos que, según él, 'usurpan' el estatus de refugiados. Mientras nosotros discutimos en el Congreso, Mohamed VI sugiere que este agujero legal es el buffet libre para las redes criminales. La jugada es maestra. Por un lado, reconoce que hay avances, pero por otro, deja claro que la amistad entre Rabat y Madrid es un 'compromiso voluntario', no un contrato firmado bajo presión. Es la forma elegante de decir que, si el chantaje político sigue, el grifo de la cooperación podría cerrarse. Para rematar la faena, el soberano ha anunciado un nuevo 'documento estratégico'. En cristiano: Marruecos va a dictar las nuevas reglas del juego mientras España intenta decidir quién llevará el timón del Gobierno. Como bien apunta Nabil Driouch, el Reino ya no quiere parches, quiere que Madrid limpie su legislación si no quiere que la frontera se convierta en un deporte de riesgo recurrente.
Begoña Gómez y el muro ético PSOE
En el tablero del poder, hay jugadas que parecen sacadas de una comedia de enredo donde el guion lo escribe la conveniencia. La idea de colar a Begoña Gómez en las listas del PSOE para las generales del 29 de noviembre no es solo un rumor de pasillo; es un intento de ingeniería jurídica para conseguir el 'pack premium' de la política: el aforo y la inmunidad parlamentaria. Básicamente, pasar de la cuerda del juzgado al colchón del Congreso para que sus causas penales terminen en la Sala Penal del Tribunal Supremo, lejos del ruido de la calle. Pero aquí es donde la realidad choca con el manual de instrucciones. El PSOE tiene un Código Ético que, en tiempos normales, se aplica con el rigor de un examen de conducir. El artículo 5.9 es tajante: un auto firme de apertura de juicio oral es la línea roja, el 'no pasarás' definitivo para cualquier aspirante a candidato. Mientras estar investigado es como tener una multa pendiente que puedes ignorar un tiempo, el auto de apertura de juicio oral es el sablazo final. Y ahí es donde el calendario no miente: el juez Peinado abrió juicio oral a Begoña Gómez el pasado 21 de septiembre. La hipocresía es deliciosa. El artículo 1.1 del Código Ético no hace distinciones entre militantes y 'invitados' independientes; todos deben pasar el filtro de idoneidad. Para que la lista sea homologada, hay que firmar el Documento de Aceptación de Candidatura y Compromiso Socialista, un papel donde el candidato jura que no tiene incompatibilidades. Firmar eso sabiendo que el juez Peinado ya dio el paso adelante sería, técnicamente, un ejercicio de gimnasia mental digno de un premio. Ferraz dice que es un bulo, pero los estatutos son tinta seca sobre papel, y la tinta no suele cambiar de color por amor al arte.
Bruselas frena el 'marketing' del silencio
Hay una coreografía muy estudiada en el marketing político: encontrar una tragedia, ponerle música triste y esperar a que el electorado, conmovido, deposite el voto en la urna. El PSOE, Sumar y Podemos intentaron aplicar este manual con Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció este miércoles tras un desahucio. Querían convertir el Parlamento Europeo en Estrasburgo en un altar de silencio, pero la realidad les dio un bofetón institucional. Christel Schaldemose, vicepresidenta socialista del Parlamento europeo, no entró al trapo y rechazó la petición de Iratxe García. Básicamente, le dijeron que no usaran la maquinaria comunitaria como un folleto electoral para el 29-N. Es fascinante ver cómo el Gobierno intenta exportar el drama nacional. Mientras que en Madrid el Ayuntamiento y la Asamblea también frenaron el minuto de silencio, los diputados de Más Madrid y el PSOE optaron por el 'plan B': levantarse con carteles, una especie de protesta silenciosa que grita desesperadamente 'mirad cuánto nos importa'. El contraste es brutal. Por un lado, el linchamiento digital hacia PP y Vox, a quienes se tildó de 'asesinos' en redes sociales; por otro, la frialdad de una institución europea que ve el caso como un intento de politizar un fallecimiento natural de una persona avanzada, aunque el estrés del desahucio haya sido el empujón final. Todo este despliegue, desde la acampada en la Puerta del Sol hasta la huelga general del 11 de noviembre, huele a campaña desesperada. Intentan movilizar a ese votante de izquierdas que tiene el sofá más atractivo que la urna. Al final, Maricarmen ha pasado de ser una ciudadana en vulnerabilidad a convertirse en una cifra más en la ingeniería electoral, un peón en un tablero donde el silencio es el activo más caro y el oportunismo la moneda corriente.
Sánchez ignora 112 estudios sobre alquileres
Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'ya vuelvo' con los llamados decretos Maricarmen. Después de que el Congreso le diera un portazo hace menos de una semana, el líder socialista pretende colarlos por la puerta trasera de la Diputación Permanente. La jugada es sencilla: insistir en un tope del 2% a las subidas de alquiler, como si el mercado inmobiliario fuera una lista de la compra que se puede congelar con un decreto mientras la inflación nos pega un sablazo cada mañana. El problema es que la realidad no entiende de ideología, sino de datos. Konstantin A. Kholodilin se ha currado una revisión bibliográfica casi exhaustiva analizando 112 artículos empíricos publicados entre 1967 y 2023. El estudio, que pasa por el filtro de revistas con revisión por pares, analiza casos desde Estados Unidos hasta Alemania, Suecia o la propia España. ¿El resultado? Un bofetón de realidad. Sí, 36 de 41 estudios confirman que quien ya tiene el piso regulado paga un poco menos (una media del 9,4%), pero es el único consuelo en un mar de desastres. Para el resto, la película es de terror. Al limitar el precio, la demanda se dispara y los alquileres fuera del control suben como la espuma. Además, el casero, al ver que la cuenta corriente no cuadra, deja que la vivienda se caiga a trozos; 15 de 20 estudios confirman que el mantenimiento se vuelve un lujo olvidado. Para rematar el cuadro, 11 de 16 estudios señalan que se construye menos y 12 de 16 confirman que hay menos oferta. Básicamente, estamos creando un sistema donde quien tiene un piso barato no se muda aunque le sobre espacio, mientras las familias jóvenes se quedan fuera del juego. Una ingeniería financiera que solo sirve para maquillar la superficie mientras el edificio se derrumba.
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