El texto original es una mina de oro de hipocresía, aunque se pierde un poco en la repetición de los hechos sobre el alcalde. El contraste entre los pluses de 'rendimiento' y las vacaciones es la joya de la corona que el autor aprovecha bien.
La ironía del destino tiene un sentido del humor muy negro. Resulta que algunos de los uniformados que participaron en el asalto masivo a Ceuta han decidido que el uniforme marroquí les aprieta demasiado y ahora buscan el sello de 'refugiado' en el pasaporte español. El argumento es tan antiguo como el mundo: el pánico a las represalias por la deserción. Básicamente, pasaron de ser la punta de lanza de una invasión a jugar la carta de la víctima para evitar que el régimen los mande al Sahara, un destino que, según las fuentes policiales, es el equivalente administrativo a ser desterrado a Marte por las condiciones de vida. Aquí es donde el Gobierno se encuentra en un callejón sin salida. Si les conceden el asilo, están premiando a quien entró a saco en la frontera; si no lo hacen, se enfrentan al drama humanitario de devolver a alguien a una cárcel marroquí. Mientras tanto, en los pasillos de la comisaría se comenta que el asilo se ha convertido en la 'puerta trasera' preferida. Es un juego de tiempos: aunque el 90% de las solicitudes acaben en la papelera, el proceso es tan lento que el solicitante tiene tiempo de sobra para echar raíces. Para rematar el cuadro, el Real Decreto 1155/2024 ha sido el empujón final, bajando el tiempo para el arraigo de tres a dos años. Es como si hubieran puesto el cartel de 'oferta' en la permanencia ilegal. La policía advierte de un 'efecto llamada' que podría convertir Ceuta en un club de deserción masiva. Porque claro, si decir que eres perseguido o que no encajas en el molde del régimen te da el billete de entrada a Europa, ¿quién no querría intentar el salto? Al final, pasamos de una crisis de seguridad a una ingeniería jurídica donde el delito de deserción se convierte, mágicamente, en el ticket dorado para hacer vida en Europa.
Hay una urgencia casi mística en los pasillos del Ministerio de Trabajo. Yolanda Díaz ha decidido que el calendario es un mero trámite y que el 29 de noviembre —la fecha del juicio final electoral— es el límite infranqueable. La jugada es sencilla: subir el salario mínimo ahora, aunque sea a ciegas, para dejar el regalo envuelto antes de que el bloque PP y Vox, según las encuestas, pasen la escoba por Moncloa. Para lograrlo, la ministra ha puesto a los expertos contra las cuerdas. Les ha dado hasta el 1 de noviembre para presentar una propuesta. ¿El problema? Que calcular la subida sin el dato exacto de la inflación media anual es como intentar hacer la declaración de la renta basándose en lo que crees que gastaste en cafés. El INE no soltará la cifra real hasta mediados de enero, pero a la ministra no le cuadran los tiempos. Se apoya en el 4,9% de inflación de septiembre, ignorando que ese dato es una foto instantánea y no la película completa del año. Mientras tanto, el mundo real sigue girando con sus dramas: la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz están jugando al billar con el precio del petróleo y el gas. En la calle, eso se traduce en que llenar el depósito o encender la calefacción es una ruleta rusa, pero en el despacho ministerial se prefiere la prisa al dato. La patronal ya huele el truco. Recuerdan aquellos 'viernes sociales' de 2019, cuando se lanzaban reales decretos como quien lanza confeti en una boda, solo para ganar votos. En 2024 la subida llegó el 6 de febrero; en 2025, el 11 de febrero. Este año, la paciencia ha muerto. Se busca el impacto inmediato, el titular brillante, aunque la aritmética sea, sencillamente, una moneda al aire.
Cuando el viento deja de soplar a favor, los molinos se convierten en chatarra y las cuentas bancarias en fantasmas. Una quincena de empresas ligadas al entramado de Forestalia han pedido el concurso de acreedores desde septiembre, básicamente admitiendo que el castillo de naipes se ha desplomado. Lo curioso es que firmas con nombres tan optimistas como Energía Inagotable de Aes, Energía Inagotable de Mantus y Energía Inagotable de Meliteo resulten tener una solvencia más agotable que la batería de un móvil viejo. Todo este despliegue de 'ingeniería financiera' tiene un denominador común: la calle Serrano en Madrid y la figura de Roberto Pérez Águeda. Este abogado, que parece el hilo rojo que cose los casos SEPI, Koldo y Forestalia, administraba el caos. Pérez Águeda, vinculado al PSOE desde 2007 (cuando ya cobraba dietas de 11.000 euros en la extinta Caja Segovia sin tener sueldo, un truco maestro de ahorro fiscal), es visto por la justicia como el arquitecto de estructuras para ocultar quién se llevaba realmente la tajada. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, en las altas esferas se movían 'papeles para Santos'. La UCO ha destapado que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, preparaba el camino para que Santos Cerdán intercediera ante Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo era sencillo: saltarse los obstáculos administrativos para que Fernando Samper, el dueño del circo, pudiera plantar sus eólicos sin que nadie le dijera que no. Ahora, con Fernando Samper dimitiendo de la presidencia tras un paseo incómodo por el Senado y el juzgado de Teruel oliendo prevaricación en los clústeres de La Eliana, Begas y Maestrazgo, el 'viento' ha cambiado de dirección. El Santander, que hasta hace nada le daba poderes a Pérez Águeda, ha decidido que es mejor cortar por lo sano antes de que el agujero contable se trague también sus activos.
Hay una magia muy particular en la gestión pública española: la capacidad de resolver en 48 horas lo que durante dos meses fue un 'problema insoluble'. El escenario es Ceuta. El detonante no es la humanidad, sino la agenda real. Los Reyes aterrizan el 13 y 14 de octubre y, convenientemente, la ciudad ha pasado por un proceso de 'estética exprés'. El operativo ha sido quirúrgico. Un ejército de 300 agentes de la UIP, antidisturbios y la UCI han vaciado la playa de El Trampolín con una celeridad que haría palidecer a cualquier servicio de mudanzas. Mientras el ciudadano medio espera meses para que le arreglen un bache en la calle, aquí se han movilizado máquinas pesadas para retirar 221.000 kilos de residuos en dos días. Un récord olímpico de limpieza urbana motivado por el protocolo. Pero ojo, que no nos vendan la moto. El problema no ha muerto, solo ha cambiado de código postal. Unas 1.200 personas han vuelto a Marruecos, pero el resto ha aplicado la técnica del camuflaje. Ahora el 'caos migratorio' se ha mudado al monte, a barriadas o a los llamados 'pisos patera', donde unos cien inmuebles funcionan como hoteles clandestinos con tarifas de supervivencia. La hipocresía es el plato fuerte: el despliegue ocurrió justo después de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones al 29-N. De repente, la inoperancia de las semanas previas se convirtió en eficiencia militar. El resultado es un maquillaje social perfecto: playas vacías para la foto real, mientras miles de personas —incluyendo 3.000 menores y otros 5.000 en centros— juegan al escondite en el bosque para evitar que los filien. Al final, el mando único ha logrado que más de 9.000 personas retornen a Marruecos, pero la crisis sigue ahí, solo que ahora es invisible para el ojo del Rey.
Hacer huelga es como ir al supermercado: si sabes que el cajero no tiene cambio y el gerente está de vacaciones, no te molestas en hacer la cola. Así de simple han planteado UGT y CCOO la suspensión de sus paros en la Agencia Tributaria (AEAT). Resulta fascinante el malabarismo mental de los sindicatos: el 11 de noviembre se ponen el mono de trabajo para una huelga general contra los precios de la vivienda y los salarios bajos, pero para reclamar las condiciones laborales propias de Hacienda, prefieren quedarse en casa. ¿El motivo? El adelanto electoral del 29-N. Según ellos, negociar ahora sería como intentar pedir un préstamo con la libreta cerrada; no hay interlocutor real ni capacidad de decisión en un Gobierno en funciones. La jugada ha caído como un jarro de agua fría en la plantilla. Mientras que para la vivienda el calendario es perfecto, para el sectorial el 28 de octubre —fecha de la huelga de 24 horas que ya ha pasado a mejor vida— resultó ser un día inoportuno. Celso González, el flamante director de Recursos Humanos, y el resto de funcionarios han recibido el documento donde UGT, CCOO y el SIAT anuncian que las movilizaciones quedan en el aire hasta que haya un "nuevo Gobierno". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los mismos argumentos que usan los sindicatos independientes (USO, CSIF, Fetico) para no ir al paro general del 11-N —que no hay nadie al volante del Estado— son los que ahora UGT y CCOO usan para no molestar en Hacienda. Algunos trabajadores ya se preguntan si esta "responsabilidad hacia la plantilla" no será más bien una deferencia hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ha sido generoso con las subvenciones a los grandes sindicatos. Al final, parece que hay huelgas que sirven para hacer ruido y otras que, convenientemente, esperan a que el viento sople a favor.
Hay quien hace campaña en el barrio y quien, con una desfachatez pasmosa, la organiza desde el Reino Alauí. Mientras el ciudadano medio intenta que la hipoteca no se coma su sueldo, en Marruecos se han puesto el mono de trabajo para asegurar que Pedro Sánchez siga en el despacho. No es una sugerencia amable; es una coreografía coordinada. El portal 'News Morocco Spain', con sus 118.000 seguidores, ha servido de megáfono para un mensaje clarísimo, logrando 10.000 'me gusta' y más de 1.000 comentarios en un abrir y cerrar de ojos. Menos de 48 horas para que la maquinaria digital se instale en el salón de casa. La cifra es la que marea: cerca de un millón de personas registradas según el INE, pero el verdadero botín electoral son esos 300.000 marroquíes que podrían votar el 29 de noviembre. Un volumen de votos que, en política, es como encontrar un billete de cincuenta euros en un pantalón viejo: no puedes dejarlo pasar. Y para que la jugada sea redonda, contamos con la regularización extraordinaria de abril, el 'empujoncito' administrativo que acelera las nacionalizaciones justo a tiempo para las urnas. El periodista Soulaiman Raissouni, que mueve masas con sus 91.000 seguidores en Facebook y 50.000 en YouTube, no se anda con rodeos. Define a Sánchez como el 'amigo' del gobierno marroquí y llega a soltar que desde el reino se 'ordena' el respaldo al PSOE. El gancho es la vivienda, esos decretos que prometen el cielo mientras el alquiler sigue siendo un deporte de riesgo. Al final, la política exterior se ha convertido en una campaña de marketing vecinal donde el voto se gestiona como si fuera una importación de fruta: con logística precisa y objetivos muy claros.
Imaginen que para entrar en el club más exclusivo de la ciudad, el portero acepta una fotocopia borrosa del carné en lugar del original, solo porque el que la presenta dice que es 'colega del dueño'. Pues bien, eso es básicamente lo que pasó con el voto por correo en las generales de 2023. Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central (JEC) aceptara el permiso de conducir digital de la app miDGT sin el código QR. Para los que no hablen 'tecnológico', el QR es el sello de autenticidad; sin él, la pantalla del móvil es un dibujo que cualquiera con dos dedos de frente puede falsear. Un coladero monumental que estuvo activo durante ocho procesos electorales hasta que el 26 de marzo de 2026 la JEC decidió cerrar el grifo tras el escándalo. Mientras nosotros peleamos con la app del banco para que no nos cobren una comisión por respirar, en Correos se montaba un 'equipazo' con Leire Díez. Aunque la empresa luego intentó hacer malabarismos diciendo que ella no mandaba en el voto por correo, los papeles cuentan otra historia: estaba en el comité de seguimiento y era el puente para reportar delitos electorales. Una relación tan estrecha que el juez Santiago Pedraz ha encontrado 10.842 mensajes entre Serrano y Díez (WhatsApp y Signal), un volumen de chat que haría palidecer a cualquier adolescente. Todo esto ocurre mientras la Audiencia Nacional rastrea una trama de 'ingeniería financiera' con contratos amañados por unos 132 millones de euros y una operativa de 'limpieza' para asustar a jueces y fiscales. Entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, la sensación es que la gestión pública se manejó como un grupo de WhatsApp de amigos, donde la seguridad del voto era un detalle secundario frente a la lealtad al jefe.
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