El texto original es una danza de citas donde se evita analizar la contradicción lógica entre el hecho (huelga contra el Ejecutivo) y la narrativa (huelga contra la oposición). Le falta valor crítico para exponer el absurdo del argumento oficial.
Hay que tener una arquitectura mental fascinante para gestionar la realidad. Mientras el Hospital Universitario de Ceuta se convertía en un campo de batalla sanitario, el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares decidió que el momento ideal para hacer generosidad era el 8 de septiembre. ¿El gesto? Inyectar 402.978 euros —el 97,2% del coste total de un proyecto— a la sanidad del norte de Marruecos. Es como intentar arreglar la gotera del vecino con el presupuesto que necesitas para que no se te caiga el techo del salón. El proyecto, bautizado con el lenguaje corporativo de siempre como «Empoderar la salud», se centrará en poner placas solares, oxígeno y formación para comadronas en el Distrito Sanitario de Ouazzane y la casa de maternidad Dar Al Oumouma de Zoumi. Todo gestionado por la cooperativa barcelonesa Azimut 360 SCCL y la ONG ADL-Al Maghrib. Una ingeniería financiera impecable: el dinero sale de Madrid, pasa por Barcelona y termina en Ouazzane, mientras en Ceuta los médicos intentaban sobrevivir al caos. Porque el contraste es, sencillamente, obsceno. Entre el 30 de julio y el 30 de agosto de 2026, las Urgencias de Ceuta vieron cómo el número de pacientes no inscritos en la Seguridad Social pasaba de 315 en 2025 a 5.423. Un incremento del 1.621%. Para que nos entendamos: es como si en tu casa solían venir tres visitas al mes y, de repente, se te instalan cinco mil en el pasillo. El 30 de julio, el hospital registró 384 asistencias en un día donde la media es de 170. El 67% de esos pacientes no estaban en el sistema español. Mientras el Gobierno firmaba cheques para que en Marruecos hubiera luz las 24 horas, en Ceuta la luz se agotaba intentando atender una invasión que el Ministerio de Exteriores parece haber decidido financiar indirectamente.
En la política, como en la vida, hay gente que no sabe cuándo cerrar la persiana. Pedro Sánchez, con la precisión de un relojero suizo y la ética de un vendedor de enciclopedias usadas, decidió que Lorena Suárez era la pieza perfecta para su tablero europeo. No importa que Suárez tuviera el currículum manchado con el 'arte' de recolectar pasaportes de difuntos para que los muertos votaran en las generales de 2023. Para Ferraz, eso no es un escándalo, es optimización de recursos. La jugada fue maestra: colarla en la lista de Teresa Ribera, en el puesto 44. Un número que en cualquier oficina sería irrelevante, pero que aquí sirvió de pase VIP para que Suárez montara un show mediático en Argentina. Mientras el ciudadano medio lucha por pagar la luz, el PSOE diseñó una ingeniería electoral para inflar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El resultado fue un sablazo a la democracia: la participación exterior saltó de 63.617 a 94.793 votantes, un incremento del 49% que ayudó al PSOE a mantener sus 20 escaños a pesar de perder un 3% de apoyos generales. Argentina, que representa el 19% del censo exterior, fue la mina de oro. Santos Cerdán y Sánchez no buscaban un eurodiputado, buscaban un altavoz en Buenos Aires que vendiera la 'nacionalidad europea' como si fueran abonos para el fútbol. La hipocresía alcanzó su cénit cuando, mientras Pilar Cancela intervenía la agrupación argentina para limpiar la imagen tras el audio donde Suárez pedía votar con la 'tía fallecida', la gestora de Ferraz seguía mandando desde Madrid. Una purga selectiva que deja a los militantes locales con la sensación de que, en el PSOE, la lealtad al jefe vale más que el acta de defunción de un ancestro.
Hay algo fascinante en la gimnasia mental de la política actual. Normalmente, una huelga general es el equivalente a tirarle el libro de reclamaciones en la cara al Gobierno. Pero no este año. El 11 de noviembre, CCOO y UGT han decidido que el blanco no es quien firma los decretos, sino quien espera su turno en el banquillo. Una huelga contra la oposición. Es como ir al restaurante, que te traigan la comida fría y decidir protestar gritándole al cliente de la mesa de al lado porque no le gusta el menú. María Jesús Montero, coordinadora de la campaña del PSOE, lo ha soltado sin anestesia: esta vez es contra el PP, Vox y Junts. Un giro de guion digno de Netflix. Mientras el ciudadano medio ve cómo el alquiler se come su sueldo como si fuera un buffet libre, el Gobierno se lava las manos con una elegancia pasmosa. Pedro Sánchez, desde la comodidad de la Moncloa, se limita a decir que respetará el derecho constitucional, mientras la crisis de vivienda sigue siendo el elefante en la habitación que nadie quiere limpiar. La fecha no es casualidad. El paro cae justo dos días antes de que el viernes 13 de noviembre arranque la campaña para las generales del 29 de noviembre. Una jugada maestra de calendario. Pepe Álvarez, de UGT, ya ha confirmado en TVE que se suman al carro junto a CGT, CIG, ELA y el Sindicato de Inquilinas. La última vez que vimos este despliegue fue el 14 de noviembre de 2012, cuando Mariano Rajoy era el villano de la película. Ahora, el guion ha cambiado, pero el sentimiento de precariedad es el mismo. Al final, el trabajador es el peón en un tablero donde los sindicatos y el Gobierno han decidido que, esta vez, el sablazo electoral se le cobre a la oposición antes de empezar a pedir el voto.
Mientras el ciudadano medio se pelea con una web que no carga para conseguir una cita consular, en el Consulado General de España en Tánger han montado un sistema de 'fast-track' que haría palidecer a cualquier aeropuerto. La protagonista es E.BA, una señora de 65 años que se mueve por las zonas restringidas como si fuera la dueña del cortijo. Según los datos, E.BA llega en un coche negro de alta gama, aparca dentro de la legación y sube a la 'zona noble' para entregar listas de políticos, jueces y fiscales marroquíes que no tienen tiempo para hacer cola. Es el equivalente diplomático a tener un primo en la discoteca que te mete sin pagar y sin pasar el control de seguridad. Lo verdaderamente surrealista es el currículum de la 'enlace judicial'. E.BA estuvo vetada del consulado durante 14 años por estar implicada en una red de venta de visados Schengen; básicamente, vendía el acceso a Europa como quien vende entradas para un concierto agotado. Ahora, bajo la mirada complaciente de la cónsul Aurora Díaz-Rato, ha sido 'rehabilitada' y tiene acceso total a los ordenadores, donde coteja solicitudes con la ayuda de una funcionaria de confianza. Es una ingeniería de la confianza ciega que huele a inteligencia marroquí y favores mutuos. Pero el consulado, una manzana de 16 hectáreas con una residencia de 1.000 metros cuadrados, no solo sirve para visados VIP. Ha funcionado como hotel boutique gratuito para la élite socialista. José Bono se refugió allí desde mayo hasta junio, huyendo de la prensa que investigaba sus mansiones en la medina, mientras disfrutaba de coche oficial y servicio de limpieza pagado con nuestros impuestos. Leire Pajín también pasó por allí antes del verano. En Tánger, parece que la diplomacia consiste en gestionar el lujo ajeno mientras el resto espera un correo de confirmación que nunca llega.
Hay una gimnasia mental fascinante en la política actual, una especie de yoga cognitivo que permite dormir tranquila mientras se predica la austeridad desde un código postal envidiable. Mónica García, la actual ministra de Sanidad y posible punta de lanza del Frente Amplio para el 29 de noviembre, nos ha regalado una perla digna de manual: afirma que vive «por debajo de sus posibilidades». Claro, porque cuando el escenario es el barrio de Retiro, el epicentro del lujo madrileño donde los alquileres son un deporte de riesgo para el ciudadano medio, el concepto de «posibilidades» se vuelve elástico. Resulta casi poético que resida en la misma zona donde Maricarmen, una mujer de 87 años, acabó desahuciada. Mientras unos cuentan los céntimos para que no les corten la luz, García se refugia en la narrativa del esfuerzo profesional. Es la historia de una anestesista del Hospital 12 de Octubre que, tras pasar por la AMYTS y la Marea Blanca, saltó a la Asamblea de Madrid en 2015 y terminó superando al PSOE en mayo de 2021. Todo muy noble, hasta que entramos en el terreno de la ingeniería financiera familiar. El giro de guion llega con su exmarido, Enrique Montañés, un alto mando de la multinacional CHEP. Resulta que Montañés se embolsó más de 195.000 euros vía Bono Social Térmico, un colchón destinado a quienes realmente no tienen para calentar la casa, no para vicepresidentes senior de logística. La ministra pidió perdón alegando que no tenía «ni idea», una frase que en el lenguaje de la calle se traduce como «yo no miro la cuenta corriente». Tras el divorcio en 2023, Mónica abandonó el piso propiedad de su ex (comprado en 2017) para mudarse a otro alquiler en la misma zona. Básicamente, ha cambiado un palacio por otro, manteniendo la estética de la lucha social mientras pasea por los castaños del Retiro.
En el Pleno de las Cortes de Castilla y León, la política ha vuelto a demostrar que es experta en envolver el acero con terciopelo. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta, ha soltado la bomba con la naturalidad de quien pide un café: ya están llamando a las embajadas para que los menores extranjeros no acompañados hagan las maletas y vuelvan con sus familias. El argumento es el 'interés superior del menor', una frase hecha que suena muy bonita en el BOE pero que, traducida al lenguaje de la calle, significa que el sistema de acogida está más saturado que un autobús en hora punta y que la solución más barata es el billete de vuelta. Mientras Pollán insiste en que la capacidad del sistema está rebasada desde 2024 y que el Gobierno central juega al unilateralismo con decretos leyes, Nuria Rubio, del PSOE, ha respondido con el manual de la indignación institucional. Para Rubio, esto no es gestión, es propaganda y 'soflamas racistas' que avergüenzan a la región. La procuradora ha recordado que, mientras unos discuten sobre quién paga la factura, la mano de obra migrante es la que sostiene el chiringuito laboral en León y el resto de la comunidad, evitando que el número de autónomos caiga en picado. Al final, el debate se ha convertido en un partido de tenis donde la pelota es la responsabilidad. Por un lado, Pollán se escuda en la legalidad y el respaldo ciudadano; por otro, Rubio señala directamente a Alfonso Fernández Mañueco, sugiriendo que ha entregado estas competencias a Pollán como moneda de cambio para no perder su silla. Un despliegue de generosidad política donde los únicos que no tienen voz en la mesa son los niños que, según el bando que mire, son o víctimas que necesitan protección o un problema logístico que hay que exportar.
Votar es, supuestamente, un acto íntimo, casi sagrado, como decidir qué marca de detergente comprar sin que nadie nos mire. Pero para el Gobierno de Pedro Sánchez, el voto de los españoles en el exterior parece haberse convertido en un cheque en blanco que se puede pasar de mano en mano como si fuera un vale de descuento caducado. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), bajo el ala del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha soltado un informe en 2025 que redefine la 'democracia' como un trámite de ventanilla. Hasta ahora, el Código Civil y el Real Decreto 557/1993 eran claros: solo si estabas incapacitado o enfermo podías delegar tu voto. Una medida lógica, del tipo 'si no puedes caminar, alguien te lleva la silla'. Pero la nueva propuesta quiere borrar el requisito de la salud para sustituirlo por la 'voluntad'. Básicamente, que puedas ceder tu derecho a votar a cualquier desconocido con un poder notarial, aunque el beneficiario esté a 8.000 km de distancia. El ejemplo del informe es casi poético: alguien en Guyana delegando su voto en París. Es como pedir una pizza en Madrid y que la cobren en Tokio solo para 'facilitar el proceso'. La jugada es maestra. Mientras el Ejecutivo decía que la participación exterior era un chiste, por debajo del 10%, y que la Ley de Nietos no movería ni un escaño tras el freno del Supremo, sus organismos redactaban este manual de instrucciones para inflar las urnas. Copiando el modelo francés, buscan que el voto sea un activo transferible. Al final, lo que venden como 'facilitar el sufragio' huele a una ingeniería electoral donde el voto deja de ser un derecho personal para convertirse en una propiedad delegable según convenga el calendario político.
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