Crítica:
La entrevista es un ejercicio de retórica electoral donde Sirera dispara a todo lo que se mueve. Falta una contraparte que matice las cifras de vivienda para no quedarse solo en el relato del ataque.
Sirera (PP): «Colau no tiene ni oficio ni beneficio, vuelve para trabajar poco y ganar mucho»
Colau vuelve: ¿Vocación o sueldo público?
Otros artículos
Policías en ferri y hoteles vacíos: caos Ceuta
Gestionar una frontera es complejo, pero gestionar la logística de quienes deben custodiarla parece haber sido un ejercicio de improvisación creativa. Desde finales de julio, Ceuta ha absorbido la entrada de unas 80.000 personas vía El Tarajal, y el resultado es un tablero donde nadie cabe. Ni los migrantes, ni las víctimas, ni siquiera los propios policías. Resulta casi surrealista que el Ministerio del Interior haya desplegado refuerzos de la UIP y de la Comisaría General de Extranjería para acabar obligándolos a dormir en Algeciras. Sí, han convertido la jornada laboral en un crucero forzoso: dos horas diarias de ferri para que los agentes puedan cerrar los ojos en un hotel gaditano porque en la ciudad autónoma no hay una cama libre. Es como contratar a un fontanero para arreglar una fuga y decirle que, como no hay sitio en el barrio, se instale en la ciudad vecina y viaje en barco cada mañana. Mientras los agentes de Extranjería lidian con documentos falsos de "mucha calidad" y la UIP desmantela asentamientos en la playa de Benítez y la desaladora, la realidad social es un incendio sin extintores. El centro Mediterráneo ha pasado de ser un refugio a un cuello de botella donde las menores víctimas de agresiones sexuales no tienen dónde meterse. Los datos del CGPJ del 22 de septiembre son un puñetazo: 37 procedimientos por agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre, un salto del 75% respecto al año pasado. Sin embargo, en el Congreso, la ministra Ana Redondo se ha permitido el lujo de presumir de una labor "muy importante" y de sus 59 centros de crisis. Es la eterna danza del poder: mientras en el terreno se cuentan violaciones y falta espacio, en el despacho se cuentan logros y leyes de paridad. Para rematar el cuadro, Amnistía Internacional señala a los militares por torturas, mientras la ATME, con Marco Antonio Gómez a la cabeza, recuerda que las agresiones a los uniformados también existen, aunque no entren en el catálogo de las ONG.
Justicia fallida: el Estado paga récord histórico
Imagínese que usted paga sus impuestos con la precisión de un reloj suizo, pero el Estado gestiona la Justicia como quien monta un mueble de IKEA sin leer las instrucciones y perdiendo tornillos por el camino. En 2025, el sablazo ha sido histórico: 6.727.369,51 euros. No es un error de redondeo; es más del doble de los 3.193.665,53 euros que se soltaron en 2024. Básicamente, la Administración ha decidido que equivocarse con la vida de la gente es un lujo que puede permitirse pagar con el dinero de todos. Desde el año 2000, la factura acumulada asciende a 78.049.823,59 euros. De ese agujero contable, 34.040.035,52 euros se resolvieron por las buenas (vía administrativa), pero los otros 44.009.788,07 euros fueron el resultado de que los tribunales obligaran al Ministerio de Justicia a soltar la pasta. Solo en 2025, el Estado tuvo que pagar 4.855.977,79 euros por sentencias contencioso-administrativas, mientras que en la vía administrativa solo reconoció 1.871.391,72 euros. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado no admite que mete la pata hasta que un juez le pone la pistola en la sien. La maquinaria del error no para. En 2025 se abrieron 911 expedientes, disparando las reclamaciones por error judicial de 66 en 2024 a 157 en 2025. El ejemplo más sangrante es el de Ahmed Tommouhi. Quince años de cárcel por violaciones que no cometió porque alguien decidió ignorar una prueba de ADN de la Policía Científica. El Tribunal Supremo ha tenido que soltar 2,5 millones de euros para intentar compensar una vida destrozada. Una cifra astronómica que, aunque parece mucho, es solo una gota en el océano de una serie histórica donde, en 2000, solo se pagaban 1.119.097,29 euros. Parece que la Justicia, con el tiempo, ha aprendido a fallar con presupuestos mucho más generosos.
Sol: del desahucio al búnker ideológico
La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse en el patio de recreo de la utopía, pero esta vez el menú no es la 'transversalidad' del 15-M, sino una lucha de egos ideológicos. Todo empezó el 26 de septiembre con un motivo humano y desgarrador: el desahucio de Maricarmen Abascal, una señora de 87 años que terminó siendo la chispa para que el Sindicato de Inquilinas plantara sus tiendas. Pero, como ocurre en cualquier barrio donde alguien deja una puerta abierta, llegaron los que saben organizar el caos. La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), esa rama madrileña del Movimiento Socialista que se siente heredera de Marx y Lenin, ha hecho un 'golpe de estado' en versión camping. Mientras el Sindicato de Inquilinas se dedicaba a dar entrevistas y a lucir sus camisetas naranjas —estilo gestión corporativa de la protesta—, la CJS aplicaba la ley de la calle: organización, músculo joven y pancartas de diez metros que mandan al PSOE y a Sumar a paseo. Es la diferencia entre quien pide permiso para protestar y quien monta un checkpoint para decidir quién entra y quién no en el 'fortín'. Lo irónico es que los medios seguían vendiendo la narrativa de la 'unión ciudadana' mientras la CJS ya había vallado el perímetro, prohibiendo fotos y filtrando la prensa como si estuvieran en una zona militar. Han pasado de luchar por el techo de una anciana a convertir Sol en un laboratorio de iconografía republicana y banderas de Palestina. El Sindicato de Inquilinas, que ya sugería levantar el campamento el pasado viernes, se ha quedado como el invitado que puso la casa pero terminó durmiendo en el sofá. Ahora, con la CJS al mando y buscando el choque directo contra la derecha radical, la acampada ya no es una petición de vivienda; es una declaración de guerra ideológica con tiendas de campaña.
Ceuta cierra y Canarias paga el pato
La geopolítica de la desesperación funciona como un GPS averiado: si cierras una calle, el tráfico busca el callejón más oscuro. Tras el 'cerrojo' impuesto en Ceuta después de la avalancha de los 30 y 31 de julio, el flujo migratorio ha decidido que el Atlántico es un mal menor. En septiembre, las llegadas a Canarias se han triplicado respecto al año pasado, pasando de 737 a 2.100 personas. Es la ley del vaso comunicante aplicada a la tragedia humana. El Ministerio del Interior juega al Tetris con las cifras. Nos dicen que entre enero y septiembre llegaron 7.133 personas a Canarias, un 44,5% menos que en 2025. Pero ojo al truco: si comparamos el verano, el incremento es del 196%. En el estío de 2025 llegaron 1.557 personas; en 2026, la cifra subió a 3.425. Mientras tanto, Lanzarote y El Hierro se llevan el grueso del sablazo, concentrando 5.600 llegadas (el 80% del total), con El Hierro como puerto preferido para 3.515 náufragos. La hipocresía alcanza niveles olímpicos en Ceuta. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la avalancha de entre 80.000 y 90.000 personas de julio no cuenta en las estadísticas oficiales porque ya pasaron por 'triaje'. Es como si en tu cuenta bancaria desaparecieran 90.000 euros y el banco te dijera que no cuentan porque 'ya han sido procesados'. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 3.500 inmigrantes, los sindicatos policiales, que son los que pisan el barro, estiman que hay 15.000 refugiados en campamentos y 'pisos patera'. En Ceuta, el negocio es redondo. Hay locales alquilando garajes y descansillos por más de 1.000 euros al mes, una tarifa de lujo para vivir en condiciones infrahumanas. Y para los que quieren saltar a la Península, las mafias cobran entre 3.000 y 4.000 euros por un viaje en neumática o, para los más aventureros, en kayak. Un mercado negro donde el riesgo es para el cliente y el beneficio para el dealer.
Milagro en La Toja: PSOE aplaude Feijóo
En una España donde la política se ha convertido en una pelea de bar con el volumen al máximo, lo normal es que si el rival respira, tú aguantes la respiración. Pero el pasado sábado, en la isla de La Toja, ocurrió un fenómeno paranormal: Cristina Narbona y José Borrell no huyeron por la puerta de servicio mientras Alberto Núñez Feijóo tomaba el micro. Al contrario, se plantaron en primera fila, como quien espera el resultado de la lotería, para escuchar al líder del PP diseccionar el desastre nacional. Feijóo, con la elegancia de quien sabe que el otro lado está escuchando, ignoró el manual de 'recetas para salvar el mundo' que Pedro Sánchez había desplegado el jueves previo. Mientras el presidente del Gobierno se ponía la capa de salvador del clima y la IA —como si el estado del patio nacional fuera un detalle menor que se soluciona con un mensaje de WhatsApp—, Feijóo decidió que era hora de limpiar la casa. Soltó que España carece de la 'mínima higiene democrática' y denunció la apropiación de las instituciones, un sablazo conceptual que en cualquier otro contexto habría provocado un éxodo masivo de socialistas. Sin embargo, el milagro fue total. Narbona y Borrell no solo aguantaron el tirón, sino que aplaudieron. Sí, aplaudieron que les dijeran que su Gobierno es un caos. Para rematar la jugada, terminaron compartiendo mesa en el Gran Hotel de La Toja, propiedad de Amancio López Seijas, donde los postres supieron a tregua y las palabras fueron cariñosas. El contraste es brutal: mientras Sánchez le soltó una puñalada barriobajera en público a Alfonso Rueda por un simple agradecimiento sobre inversiones en Galicia, Narbona y Borrell demostraron que todavía quedan algunos políticos que saben comportarse sin necesidad de un manual de instrucciones. Una anomalía refrescante en un ecosistema donde la cortesía es ahora un deporte de riesgo.
Raquel Ruz: Socialismo con sabor a inmobiliaria
Hay una danza muy curiosa en el Ayuntamiento de Granada. Por un lado, tenemos el discurso oficial, ese que huele a incienso social y que abraza a las víctimas del desahucio con una ternura casi cinematográfica. Por otro, tenemos la declaración de bienes del 17 de junio de 2023 de Raquel Ruz, la portavoz socialista y aspirante a alcaldesa para 2027, que parece escrita por un agente inmobiliario con delirios de grandeza. Mientras Ruz visita a Paloma Navarro en la calle Imprenta para lamentar que los 'grandes tenedores' devoren los barrios, la propia candidata gestiona un catálogo que haría palidecer a cualquier gestoría de barrio. Hablamos de 18 inmuebles, una mezcla de viviendas y locales comerciales cuyo valor catastral supera el millón de euros. No es que tenga una casita para el verano; es que participa en tres comunidades de bienes diseñadas específicamente para el negocio del alquiler: Boteros CB (con 13 inmuebles en Granada desde 2004), Prayca CB y Carpe CB, esta última con una propiedad en Padul. La ingeniería financiera es exquisita. Sus participaciones bailan entre el 8%, 11%, 22% y 33%, una diversificación que permite dormir tranquila mientras se critica la gentrificación en el diario El Ideal. Es la paradoja del 'socialismo de catálogo': predicar el alquiler público y la rehabilitación mientras se acumulan activos que dinamitan los precios del mercado. Ruz pide 'ser valientes' para fomentar la vivienda pública, pero parece que la única valentía real aquí es sostener el espejo frente al discurso de Pedro Sánchez y sus socios. Al final, el problema no es la vivienda turística ni el PGOM, sino esa capacidad casi mágica de combatir a los grandes tenedores siendo, en la práctica, uno de ellos.
Bono: mansión, pucherazos y urbanismo creativo
Hay quien dice que el patrimonio histórico es sagrado, pero para José Bono parece ser más bien una sugerencia flexible. El exministro ha convertido la antigua casa-taller del pintor Josep Tapiró en Tánger en un proyecto de ingeniería inmobiliaria que haría palidecer a cualquier promotor de la costa. No se limitó a comprar la propiedad en 2021; decidió que el cielo era el límite y le plantó una planta adicional en 2023, justo en el corazón de la medina, donde las restricciones urbanísticas suelen ser muros infranqueables para el ciudadano de a pie. Mientras el resto de los mortales peleamos con el ayuntamiento por cambiar una persiana, Bono se deslizó con la elegancia de quien conoce los pasillos del poder. Para lograr este 'palacete', no escatimó en gastos: madera de cedro, azulejos zellige y un ascensor turco que probablemente sube más rápido que las promesas electorales. El sablazo en la factura se estima entre 1,2 y 1,5 millones de euros. Pero el verdadero truco de magia fue la expansión horizontal: absorbió cuatro inmuebles colindantes, incluida la antigua Pensión Sevilla, disparando la superficie de 700 a más de 1.800 metros cuadrados. Todo este despliegue ocurrió bajo la mirada complaciente de Mounir Lymouri, el alcalde de Tánger que ahora decora una celda tras ser detenido por un 'pucherazo electoral' el pasado 23 de septiembre. Resulta casi poético que el hombre que presuntamente manipulaba papeletas en maletas fuera el mismo que daba el visto bueno para perforar la muralla histórica y conectar una futura red hotelera con el paseo marítimo. Como guinda al pastel, Bono disfrutó de un mes de 'estancia gratuita' en la residencia de la cónsul Aurora Díaz-Rato, con coche oficial incluido. Una gestión impecable: casa protegida, alcalde flexible y alojamiento público. Así se hace el imperio en el Magreb.
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