Crítica:
La fuente original es puramente reactiva y carece de contrastes oficiales, basándose en una filtración de OKDIARIO. El sesgo es evidente, aunque la hipocresía del gasto es un dato objetivo.
PSOE y Sumar elevan a 15,9 millones el gasto del Congreso en asesores para 2027, un 25% más que la anterior...
Asesores del Congreso: el sablazo de 15,9 millones
Otros artículos
Escrutinio electoral: el CNI pasa a 'becario'
Hay cambios en el tablero del escrutinio electoral que huelen a esa típica reorganización de oficina donde te quitan el mando del mando a distancia pero te dicen que 'sigues siendo parte del equipo'. El Gobierno ha decidido que el Centro Criptológico Nacional (CCN-CNI), los auténticos guardianes de las llaves digitales, ya no sean los jefes de las auditorías de seguridad, sino meros 'colaboradores'. Ahora el Ministerio del Interior lleva la batuta. Para el ciudadano medio, esto suena a semántica; para quien sabe leer entre líneas, es como cambiar al cerrajero profesional por el portero del edificio para vigilar la caja fuerte. El timing es, sencillamente, exquisito. Mientras se juega el protagonismo técnico, el censo electoral es un campo de batalla judicial por la 'Ley de Nietos'. El Tribunal Supremo, en septiembre de 2026, puso el freno de mano a las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta que los consulados demuestren que los nuevos nacionalizados no son un invento creativo. El Supremo habla de un 'peligro real y serio' para la transparencia, mientras las cifras bailan un tango confuso: el tribunal calculó un incremento de 408.262 electores desde 2023 hasta julio de 2026, cifra que la Abogacía del Estado intentó maquillar bajándola a 369.017, admitiendo que 168.896 personas entraron por la presunción de exilio (1936-1955). El Gobierno dice que esto no altera el resultado 'por pura matemática', una frase que suena a intentar convencerte de que el agujero en tu cuenta bancaria es solo un error de redondeo. Con el cierre del censo al 1 de enero de 2027, la prisa es máxima. En mitad de este caos de expedientes y nacionalidades, degradar el papel del CNI en la seguridad del proceso no es un detalle administrativo; es mover los muebles justo antes de que lleguen los inspectores.
Bruselas vigila el 'cajero' de los fondos UE
Bruselas ha dejado de mirar hacia otro lado y ha puesto la lupa sobre el presupuesto español. No es que falte dinero, es que sobra sospecha. La Fiscalía Europea ha activado su maquinaria tras la denuncia de un ciudadano, buscando rastros de malversación en un ecosistema donde el dinero público fluye con la naturalidad de un río desbordado. El detonante es una cifra que, comparada con los presupuestos estatales, parece calderilla: 14.980 euros desviados de la campaña del PSOE para las europeas de 2024 hacia 'Crónica Libre', el patio de recreo de Leire Díez. Para el ciudadano que cuenta los céntimos al llenar el carrito del súper, puede parecer un detalle, pero en el derecho penal, el robo de un caramelo sigue siendo robo. El verdadero problema es que este goteo ocurre en el corazón de la SEPI, una entidad que maneja fondos europeos como quien reparte cartas en un casino. Tragsatec ha absorbido 664,1 millones de euros en 25 partidas, mientras que Correos ha engullido otros 324,5 millones. Sumamos casi 1.000 millones de euros que han pasado por manos sospechosas. En Correos, el currículum es brillante: pasó por allí Juan Manuel Serrano, el 'fontanero' de confianza de Pedro Sánchez, ahora bajo la lupa del juez Santiago Pedraz, y la propia Leire Díez. La ingeniería financiera se completa con Sepides y sus 518 millones vinculados a los Next Generation, un programa de 70.000 millones que ha llegado a España como un tsunami de liquidez sin un control riguroso. Con figuras como Vicente Fernández maniobrando en la sombra y presidentes como Belén Gualda y Bartolomé Lora bajo investigación, la trama parece un círculo cerrado. Mientras Javier Zarzalejos advierte desde el Parlamento Europeo que la corrupción normalizada erosiona el Estado de derecho, en Madrid parecen creer que el dinero de la UE es un cajero automático sin código PIN.
Marlaska paga Tráfico a precio de saldo
Hacer la guardia en carretera se ha convertido en un ejercicio de masoquismo financiero. Mientras el Ministerio del Interior presume de seguridad vial, la realidad en el asfalto es que Fernando Grande-Marlaska ha montado un sistema de 'tarifas low cost' para los agentes de Tráfico que haría palidecer a cualquier plataforma de economía colaborativa. Estamos hablando de horas extra que se pagan a 12 euros brutos. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: un servicio extraordinario de 8 horas se cobra a 96 euros, lo que deja al agente con unos 60 euros netos en el bolsillo. Siete eurillos la hora. Básicamente, el riesgo de morir atropellado en una nacional se cotiza hoy casi al mismo precio que limpiar un piso, ya que el salario mínimo para empleo doméstico es de 9,55 euros por hora. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando miramos al vecino. Mientras el guardia civil se conforma con migajas, los ertzainas cobran sus horas extra a 31,53 euros y los mossos a 25,39 euros. Es el mismo trabajo, el mismo asfalto, pero una cartera muy distinta. El resultado es lógico: la especialidad de Tráfico está en cuidados intensivos. Solo se cubre el 13% de las plazas ofertadas. Nadie quiere entrar en un club donde el premio al sacrificio es que, si el turno se alarga a 10 horas, el valor de tu tiempo cae a 9,60 euros. Pero el ahorro no termina en la nómina. Pere Navarro y Marlaska gestionan la flota con la generosidad de un tacaño en Navidad: coches insuficientes y maleteros en los Jeep Renegade que no sirven ni para una compra del súper, obligando a llevar el material en el asiento trasero. Y para rematar la faena, cuando el termómetro marca más de 35°C y la ley exige coche, la respuesta oficial es que los agentes 'se hidraten' mientras siguen sudando en la moto. Una gestión brillante, si el objetivo era desmantelar la Benemérita desde dentro.
Zapatero: joyas saudíes y el sablazo fiscal
Hay una coreografía muy precisa en el arte de la diplomacia: primero se tiende la alfombra roja y luego se recogen los frutos. En abril de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de José Montilla y el gobernador Amr A. Al-Dabbagh, firmó en Riad un convenio para que las inversiones saudíes en España tuvieran un camino libre de baches, asegurando un 'tratamiento justo' y prohibiendo cualquier 'medida arbitraria'. Básicamente, le dijeron al Reino que aquí eran bienvenidos y que sus millones estarían más protegidos que un tesoro nacional. La magia ocurrió un año después. En junio de 2007, durante una visita oficial a La Moncloa, el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud decidió que la gratitud no se demuestra solo con apretones de manos. Zapatero terminó con un 'detalle' en su caja fuerte de la calle de Ferraz que haría palidecer a cualquier joyero de Cartier: 103 piezas entre rubíes, esmeraldas, zafiros y oro blanco con diamantes. Un botín valorado en 1,3 millones de euros que, curiosamente, no apareció en ninguna declaración a Hacienda. Mientras el ciudadano medio suda para pagar el IBI, el exmandatario guardaba un patrimonio que, según expertos, le habría costado un sablazo de 600.000 euros en IRPF (aplicando el tipo marginal del 45%). Ahora el juez José Luis Calama ha decidido que ese 'regalo' tiene aroma a delito fiscal y contrabando, poniendo sobre la mesa una posible condena de hasta seis años de prisión. Lo más irónico de este guion es que el convenio de 2006, el que preparó el terreno para el afecto saudí, no entró en vigor hasta 2016, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Parece que Zapatero cobró la comisión de gestión con una década de antelación, demostrando que en la alta política, el 'intercambio de cortesías' es un deporte de élites donde las reglas fiscales son, simplemente, sugerencias.
Sánchez en Harvard: Masterclass de esquivar preguntas
Hay un arte casi místico en el 'balón fuera' y Pedro Sánchez acaba de dar una masterclass en el John F. Kennedy Jr. Forum de Harvard. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la luz, el presidente aterrizó en Cambridge, Massachusetts, con un manual de supervivencia bajo el brazo para evitar que el acto se convirtiera en un juzgado itinerante. La estrategia fue sencilla: filtrar la audiencia para que no hubiera demasiados españoles que pudieran recordarle que, en casa, las cosas no cuadran tanto como en sus discursos. Cuando un estudiante tuvo la osadía de soltarle que muchos españoles lo ven como el motor de la corrupción actual, Sánchez aplicó la técnica del espejo: 'hay corrupción en muchos países'. Un argumento tan útil como un paraguas roto en un huracán. Sobre los procesos judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, el presidente los despachó como 'ataques personales', olvidando convenientemente que David Sánchez ya tiene una condena por prevaricación en el currículum. Es la gimnasia mental de quien cree que la justicia es una cuestión de opinión. El menú de evasivas continuó con el software Pegasus. Admitió el hackeo, pero jugó al despistado sobre quién apretó el botón, negando que el espionaje marroquí hubiera condicionado el giro sobre el Sáhara Occidental. Y cuando apareció el nombre de Zapatero vinculado a Maduro y la crisis venezolana, Sánchez hizo un truco de magia: el nombre desapareció de su léxico. En su lugar, lanzó un dato frío —1,2 millones de permisos de residencia para venezolanos— para tapar el agujero del silencio. Al final, el viaje a Harvard no fue una charla académica, sino un ejercicio de alta ingeniería para esquivar Ceuta, los escándalos familiares y los fantasmas del pasado, todo mientras mantenía la sonrisa de quien sabe que, en el foro, el eco es más amable que la realidad de la calle.
Sánchez en Harvard: Comitiva VIP, españoles fuera
Hay una elegancia muy particular en el arte de cerrar la puerta en la cara de los tuyos para que el discurso suene más limpio. Pedro Sánchez aterrizó en Harvard el pasado viernes con una comitiva que parecía la mudanza de un palacio: 13 vehículos oficiales más un trío de escoltas policiales. Mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, el presidente llegó a Massachusetts desplegando un despliegue logístico que ya quisiera para sí la 'Bestia' de Donald Trump. Pero el verdadero espectáculo no estuvo en el parking, sino en la lista de invitados del John F. Kennedy Jr. Forum. En un giro digno de una comedia de enredos, Harvard decidió que los españoles con entrada confirmada eran, de repente, 'demasiados'. Un correo electrónico frío y genérico les avisó que el recinto estaba lleno, aunque curiosamente los extranjeros sí pasaron el filtro. La jugada era clara: blindar el escenario contra preguntas incómodas y evitar que algún compatriota decidiera romper la armonía del evento. Una ingeniería social para que el presidente pudiera hablar de Louis Brandeis y de la lucha contra las 'nuevas oligarquías' tecnológicas sin que nadie le recordara las oligarquías más cercanas. Sánchez se paseó entre el decano David Deming, la decana Hopi Hoekstra y los catedráticos Shoshana Zuboff y Mathias Risse, predicando que la prosperidad debe compartirse. Irónico que el mensaje de 'compartir' no llegara a los españoles que se quedaron fuera del aula. Al final, la mayoría logró colarse una vez empezado el acto, pero el mensaje quedó grabado: en el templo del saber, la prioridad era el silencio cómodo. La Moncloa emitió el evento en directo, convenientemente editado por la realidad de quien llega en trece coches pero no encuentra sitio para sus propios ciudadanos.
Codazos y multas: el 'viaje' del marido de Saiz
Hay una mística casi sagrada en el Chupinazo de Pamplona, pero para Aitor Zunzarren Crespo, el 6 de julio de 2016 no fue precisamente una experiencia mística, sino un despliegue de codazos. Mientras el resto del mundo veía pasar toros, el marido de la ministra portavoz, Elma Saiz, decidió que la mejor forma de celebrar era intentarremodelar la cara de tres agentes de la Policía Municipal. El escenario: la zona de la calle Estafeta, donde el ambiente estaba más caliente que una sartén en agosto. Zunzarren, que es policía foral pero aquel día estaba 'de vacaciones' del deber, pasó de tener una actitud agresiva con los porteros de un bar a repartir golpes a los uniformados que intentaban evitar que la fiesta terminara en tragedia. La Fiscalía no se anduvo con chiquitas y pidió dos años de cárcel y la inhabilitación para el sufragio pasivo. Pero claro, en el tablero de la justicia, los números se negocian como si fueran puestos de fruta. Zunzarren aplicó la técnica de la conformidad y cambió la celda por un sablazo económico: una multa de 1.680 euros (más 90 euros de indemnización), una cifra que para cualquiera es un agujero en la cuenta bancaria, pero que para evitar el calabozo resulta un chollo administrativo. El resultado físico fue una conjuntivitis en el ojo izquierdo de un agente, cortesía de un codazo preciso junto al furgón policial en la calle Cortes de Navarra. Lo más fascinante es la gimnasia mental del entorno de la ministra. Mientras el acta judicial dice que el supuesto agresor externo nunca apareció, la versión oficial del círculo íntimo es que Zunzarren fue la verdadera víctima. Una narrativa creativa que choca frontalmente con la sentencia firme de mayo de 2017. Ahora, mientras Elma Saiz gestiona la Seguridad Social y la portavozía del Gobierno desde noviembre de 2023, su marido sigue 'exprimiendo el viaje de la vida', preferiblemente lejos de los ojos de la Policía Municipal.
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