Crítica:
El texto original es una crónica de contrastes que no profundiza en la viabilidad técnica de 'definir' una superinteligencia. Es un festín de declaraciones políticas que ignora si alguien sabe realmente dónde poner el freno.
Bernie Sanders Proposes Banning Superintelligent AI and Imprisoning Developers for 20 Years
Bernie quiere 20 años de cárcel para IA
Otros artículos
Sueldos de oro para enchufes del PSOE
Hay quien dice que el mérito y la capacidad son la llave del empleo público. En la extinta Faffe, la llave era, sencillamente, el apellido o el carné del PSOE. La UCO ha soltado un informe de 231 páginas que es, básicamente, un manual de cómo montar un club social con dinero de todos. Hablamos de 3.480.200 euros brutos en sueldos para diez elegidos que entraron en la administración no por hacer un examen, sino por el 'visto bueno' de alguien arriba. Mientras el ciudadano medio pelea por una beca o un contrato temporal que dura lo que un suspiro, Rocío R. R. ha encajado 588.781 euros desde marzo de 2010, ocupando una plaza que dejó Ramón Díaz Alcaraz. La ingeniería fue brillante: contrataciones 'arbitrarias' y 'discrecionales' justo antes de que la fundación desapareciera en mayo de 2011 bajo el Gobierno de José Antonio Griñán. Fue el truco final para que 1.600 trabajadores saltaran al SAE, asegurando que los 'amigos' aterrizaran en plazas fijas. Algunos, como Ramón H. R. y María Araceli G. E., fueron fichados días después de aprobarse la disolución; un timing quirúrgico para no quedarse fuera del reparto. Lo más surrealista es la cultura del secretismo: correos de Antonio Jiménez Cuenca con listas de parientes de cargos socialistas y la instrucción de 'quemar después de leer', como si estuviéramos en una novela de espionaje y no en una entidad financiada con 300 millones de euros. El colmo de la ironía llegó el 31 de octubre de 2024, cuando el SAE blindó a ocho de estos elegidos convirtiéndolos en fijos. Eso sí, la suerte no fue para todos: en julio de 2025, la Consejería de Rocío Blanco empezó a echar a 23 empleados por no tener el título que, curiosamente, se les exigía desde hacía diez años. Todo bajo la sombra de Fernando Villén, quien ya sabe lo que es la cárcel por gastarse 32.000 euros públicos en prostíbulos.
Casa 47: Millones en sueldos, migajas habitacionales
Hay que reconocerle al Gobierno de Pedro Sánchez un talento casi místico para el marketing: venderte una gota de agua como si fuera el océano. La última joya de la corona es 'Casa 47', una plataforma web que, según la ministra Isabel Rodríguez, va a 'cambiar las reglas del juego'. Claro, el juego consiste en pelearse por 800 viviendas iniciales —una cifra que hace que la lista de la compra parezca un inventario industrial— con la promesa de sumar otras 1.500 más adelante. Mientras el ciudadano medio intenta que el alquiler no se coma su sueldo entero, el Ejecutivo saca pecho por una herramienta que hasta sus propios aliados de Sumar, con Ione Belarra a la cabeza, tildan de 'tomadura de pelo'. Pero lo verdaderamente fascinante no es la web, sino la maquinaria que la sostiene. Para gestionar este catálogo digital, se ha montado una estructura de 166 empleados que cuesta a los españoles un sablazo de 7,75 millones de euros en salarios brutos para 2025. Es una ingeniería financiera envidiable: gastar millones en nóminas para ofrecer un puñado de casas. En la cúspide de esta pirámide de eficiencia, la presidenta de Casa 47 se asegura un sueldo bruto de 126.265,58 euros anuales. Bajando un escalón, los siete directivos se reparten 92.220,10 euros brutos, los directores técnicos rozan los 80.420,76 euros y los jefes técnicos se quedan en una modesta media de 62.999,43 euros. En total, la fiesta salarial asciende a 7,87 millones de euros, sin contar que la Seguridad Social añade otro pico a la cuenta. Al final, la única regla del juego que ha cambiado es quién paga la fiesta: nosotros ponemos el dinero y ellos ponen la página web.
Montero: trabajar menos, cobrar más y magia
Hay quien confunde el presupuesto de un Estado con el saldo de una tarjeta prepago y el BOE con una varita mágica. Irene Montero, ya en modo campaña para las generales, ha aterrizado en la Cadena Ser con un plan económico que hace que la lista de la compra parezca un ejercicio de austeridad extrema. La propuesta es sencilla, casi poética: trabajar menos y cobrar mucho más. Concretamente, quiere que nos plantemos en las 30 horas semanales y un salario mínimo de 1.800 euros. Traduzcamos esto al idioma de la calle para que no nos vendan humo: estamos hablando de recortar la jornada laboral un 25% y, simultáneamente, meterle un sablazo del 47,4% al SMI actual (que ronda los 1.221 euros). Es una jugada maestra de ingeniería financiera, siempre y cuando ignores que el Banco de España ya nos advirtió que una subida del 22,3% en 2019 se llevó por delante entre 90.000 y 180.000 empleos. Hacerlo ahora, y trabajando menos horas, sería como intentar que el coche corra más quitándole gasolina y poniendo el freno de mano. Pero la magia no termina ahí. Montero quiere 'bajar el precio de la vivienda por ley'. Según la eurodiputada, entre 2020 y 2022 ya lo hicieron y funcionó. Claro, se olvida convenientemente de que los precios bajaron porque el turismo murió durante la pandemia y los pisos turísticos volvieron al mercado por pura desesperación, no por el decreto antidesahucios. Pretender que el mercado inmobiliario se doble ante un decreto es como intentar bajar la fiebre de un paciente prohibiéndole que tenga calor. Muy noble en el papel, pero en la realidad, el resultado suele ser que el dueño del piso retira la vivienda y el inquilino se queda con la ilusión y el BOE bajo el brazo.
Subvenciones millonarias para esquivar pruebas de edad
Hay un negocio redondo en Ceuta, pero no es precisamente el de las tapas. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, Save the Children se ha marcado un despliegue financiero envidiable: 32,56 millones de euros en dinero público desde 2022. Para que nos entendamos, es como si el Estado les hubiera dado una tarjeta sin límite para gastar en 'influencia', mientras la ciudad autónoma se convierte en el patio de recreo de más de 70.000 personas que entraron sin invitación. Pero lo verdaderamente fascinante no es el monto —que ya es un sablazo considerable— sino el servicio de 'consultoría' que ofrecen. Gracias a la lupa de @CanarioToday, ha salido a la luz que la ONG reparte folletos que son, básicamente, un manual de instrucciones para jugar al gato y al ratón con la ley. La estrategia es sencilla: si te conviene ser menor para quedarte en España, diles que lo eres; y si llega la hora de las pruebas médicas de edad, recuerda que tienes el 'derecho' a decir que no. Una jugada maestra de ingeniería jurídica para sortear el control administrativo. Catalina Perazzo, la directora de Influencia y Desarrollo Territorial, lo envuelve en papel de regalo hablando de la 'presunción de minoría de edad'. Muy bonito el concepto, pero en la calle se traduce como: 'si tienes dudas, no te hagas la prueba'. El desglose de la hucha pública es sangrante: 7,13 millones en 2022, un pico de 15,76 millones en 2023, 3,17 millones en 2024, 5,88 millones en 2025 y ya arrancan el 2026 con 607.754 euros. Todo esto mientras se basan en un menú de leyes y reglamentos europeos para justificar que enseñar a alguien a evitar un examen médico es, en realidad, 'garantizar derechos'. Una filantropía muy rentable.
Sánchez lanza un 'Idealista' para 800 viviendas
Pedro Sánchez ha decidido combatir el incendio forestal de la vivienda con un vaso de agua tibia. El plan, bautizado irónicamente como el 'idealista público', consiste básicamente en montar una página web y ofrecer unas 800 viviendas. Para quien intente alquilar un zulo en Madrid o Barcelona, esa cifra es el equivalente a intentar pagar la hipoteca con monedas de un céntimo encontradas en el sofá: insignificante. Mientras el presidente sostiene que el mercado es un animal salvaje incapaz de autorregularse, sus propias políticas parecen haberle echado gasolina al fuego. Los números no mienten, aunque el Gobierno intente maquillarlos con propaganda. Desde el año 2001, cuando el déficit habitacional era de 176.000 viviendas, hemos escalado hasta un agujero de 800.000 inmuebles. Hacer las cuentas es sencillo: el plan de Sánchez cubre el 0,1% de la necesidad real. Es como anunciar que vas a solucionar el hambre en el mundo repartiendo ocho galletas en una plaza pública. El descalabro es estructural. Mientras el ritmo de construcción se ha quedado dormido en unas 100.000 viviendas anuales, la creación de nuevos hogares —impulsada en gran medida por la política migratoria— vuela por encima de las 250.000 unidades al año. Desde 2021, se han formado más de un millón de nuevos hogares que no tienen dónde aterrizar. El resultado es una tormenta perfecta: menos oferta, más demanda y un Ejecutivo que cree que una URL y unas cuantas llaves perdidas pueden frenar un colapso inmobiliario que ya tiene el agua al cuello.
Sánchez y el rescate 'mierda' de Plus Ultra
Hay comidas que dejan un sabor amargo, pero la del 9 de marzo de 2021 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos huele a rancio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el presupuesto del súper no se le dispare, en los despachos del poder se gestionaban rescates con la ligereza de quien pide una ración de bravas. El menú del día: 53 millones de euros destinados a Plus Ultra, una aerolínea que, según las palabras literales de Ábalos, era 'una mierda'. La jugada es de una sencillez pasmosa. Zapatero, el eterno mentor, habría movido los hilos para que la SEPI soltara la pasta, llevándose un 1% de comisión por el camino. Un 'sablazazo' elegante que el Juzgado de Instrucción Central Número 4 de la Audiencia Nacional ya tiene en el radar. Lo fascinante es la coreografía: María Jesús Montero sale a vender el rescate como algo 'estratégico' para el turismo, mientras que, en la intimidad de una mesa, el Presidente le soltaba a su Ministro de Transportes que el marrón de justificar semejante despropósito era, ahora sí, 'su problema'. Ábalos, que se enteró del rescate en el Consejo de Ministros como quien se entera de que ha llovido, se encuentra ahora en el limbo de la lealtad. La tensión entre Zapatero y Ábalos por el control de la agenda con Venezuela convirtió este rescate en una cuestión de jerarquías. Al final, la ingeniería financiera fue tan rudimentaria como efectiva: una orden directa, un amigo beneficiado (Julio Martínez Sola) y un ministro dejado en el banquillo para que cargara con los platos sucios. Así se cocina la alta política: el jefe ordena, el mentor cobra y el subordinado paga los platos rotos.
Madring: entre el 'truño' y el lodo
Bienvenidos al deporte nacional: el 'tuitazo' como estrategia de Estado. Esta vez, el ring es el asfalto del Madring y los púgiles son José Luis Martínez-Almeida y Óscar Puente. El ministro, en un arranque de sinceridad digital el pasado domingo, calificó el Gran Premio de España en Madrid como un 'auténtico truño', comparándolo con un 'Mónaco 2 pero más rápido' y describiendo la carrera como un 'trenecito de coches'. Básicamente, Puente sugirió que el circuito tiene la misma emoción que hacer cola en el banco un lunes por la mañana. Almeida, que no deja pasar ni una mosca, respondió este lunes en el Club Siglo XXI con una elegancia que corta el aire. Para el alcalde, Puente 'sabe más de F1 que de trenes', un dardo que apunta directo a la gestión de los Cercanías. Mientras el ministro se preocupa por los adelantamientos en pista, los madrileños siguen esperando que su tren llegue en tiempo y hora, un lujo que hoy parece más difícil de conseguir que un parking gratis en el centro. La cosa se puso fea cuando Almeida sacó la artillería pesada: el accidente de Adamuz de enero con 46 muertos. El alcalde transformó la crítica deportiva en un reproche ético, sugiriendo que el Gobierno prefiere 'moverse en el lodo' de X que dar respuestas a las familias. Puente, lejos de recogerse, volvió a ironizar este lunes sobre las posibles reformas del circuito para facilitar adelantamientos, preguntando por qué tocarlo si 'los fachas' ya lo consideran el mejor del mundo. Al final, tenemos a un ministro que actúa como 'opinador' profesional y a un alcalde que ve conspiraciones electorales en cada tuit. Una pelea de egos donde el único que sale perdiendo es el ciudadano, que sigue atrapado en el verdadero 'trenecito' de la burocracia y los retrasos ferroviarios.
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