España tiene un agujero en el asfalto que no es solo físico, sino financiero. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del supermercado con pavor, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la DGT nos recuerdan que el déficit de inversión en nuestras vías es de 13.000 millones de euros.
Un sablazo monumental. Para intentar poner un parche, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció en junio un plan de 1.006 millones de euros (sin IVA) repartidos en 29 lotes para mimar 3.670 kilómetros de carretera en 20 provincias. Parecía que, por una vez, el asfalto dejaría de parecer queso gruyere.
Pero claro, en el juego de las licitaciones, el hambre de las constructoras es más fuerte que la urgencia del bache.
Acex, la patronal del sector, ha dinamitado el plan interponiendo un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). ¿El motivo? Que el Gobierno quería hacer una 'subasta encubierta' donde el precio era el único rey, dejando la calidad en el banquillo.
A esto se sumaron sindicatos preocupados por la subrogación de trabajadores en las autopistas de peaje.
Resultado: el Ministerio, en lugar de pelear, ha preferido tirar la toalla y paralizar el proyecto. Ahora tenemos 1.000 millones en el aire y una gestión logística que es un auténtico incendio.
El Estado debe asumir 1.000 kilómetros más en 2027 por la liberalización de los 'peajes en sombra' y tiene contratos que expiran a final de año, como el de la AP-68. La solución propuesta es el 'contrato de emergencia' o alargar los actuales seis meses. Básicamente, seguir poniendo tiritas en una fractura expuesta mientras Acex insiste en que necesitamos 5.000 millones anuales para no conducir sobre un campo de minas.
Una gestión ejemplar.
Crítica:
El texto original es una sucesión de datos sin alma que oculta la negligencia administrativa tras el lenguaje técnico de los recursos. No profundiza en quién gana realmente cuando un plan de seguridad vial se paraliza por una disputa de márgenes de beneficio.
Comentarios