Crítica:
La noticia es un despliegue de contrastes brutales que deja al descubierto una desconexión total entre la cúpula y la calle. El enfoque es acertado al usar la prensa extranjera como espejo de la hipocresía doméstica.
La noticia es un despliegue de contrastes brutales que deja al descubierto una desconexión total entre la cúpula y la calle. El enfoque es acertado al usar la prensa extranjera como espejo de la hipocresía doméstica.
Mientras en Europa nos ponemos a discutir si poner una valla en Ceuta o Melilla es 'demasiado' después de que Marruecos nos recordara que las fronteras son sugerencias, Donald Trump ha decidido que la cortesía no detiene caravanas. El hombre ha vuelto a la Casa Blanca con un manual de instrucciones muy simple: más acero, más botas y cero romanticismo. Para el 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya presume de cifras que parecen sacadas de un libro de contabilidad optimista: los cruces ilegales han caído a niveles no vistos en tres décadas, manteniendo las detenciones mensuales por debajo de los 9,000. Es un desplome del 95% respecto a los picos de la era Biden, lo que en lenguaje de calle significa que el grifo se ha cerrado de golpe. No es magia, es presupuesto. Gracias a la Ley One Big Beautiful Bill Act (HR 1) de abril de 2025, Trump ha montado un 'Muro Inteligente' de 3,145 kilómetros que hace que la seguridad de un banco suizo parezca un colador. No es solo cemento; es una mezcla de bolardos de acero de hasta 9 metros, cámaras y sensores subterráneos. Han avanzado 300 kilómetros del nuevo proyecto y han sustituido otros 270, mientras que 700 kilómetros dependen puramente de la tecnología de detección. Pero el verdadero sablazo está en el personal. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha inflado su plantilla de 10,000 a 22,000 agentes, logrando que el año fiscal 2026 sea el año de la escoba: más de 350,000 deportaciones. Y para los que creen que el río es la salida fácil, han instalado boyas cilíndricas de hasta 15 pies en el Río Grande. Básicamente, han convertido la frontera en un club privado donde la entrada está prohibida y el portero tiene órdenes de no dejar pasar ni el aire.
Hay una receta clásica para cocinar una dictadura: un puñado de caos social, una moneda que no vale ni para comprar tabaco y un trauma militar que deje a la nación en estado de shock. En septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera decidió que el país necesitaba un 'tajo político', presentándose como el cirujano de hierro mientras el Parlamento era básicamente un club de lectura cerrado. El detonante no fue una idea brillante, sino la carnicería de Annual, donde más de 10.000 soldados españoles fueron masacrados por las milicias de Abd el-Krim. Imaginen el impacto: cuerpos dejados al sol rifeño y una humillación colectiva que hizo que el ciudadano medio aceptara cambiar la urna por la bota militar sin que volara una sola bala. El Rey Alfonso XIII, que prefería la estabilidad de un cuartel a que el 'Expediente Picasso' le salpicara los zapatos con chanchullos y mordidas del ejército, no puso pegas. Así, entre vítores y el silencio impuesto a intelectuales como Unamuno —quien ya advertía que un país no se gobierna como un cortijo—, nació el Directorio Militar. La tragedia del Rif, que duró diez años, fue el caldo de cultivo perfecto. Mientras la Legión, fundada el 28 de enero de 1920, romantizaba la muerte como si fuera un beso de ángel según José Millán-Astray, la realidad eran camiones aplastando cadáveres en Monte Arruit. El clímax llegó el 8 de septiembre de 1925 con el desembarco de Alhucemas. Un éxito táctico que catapultó a figuras como Sanjurjo y ascendió a un joven Franco a coronel. Irónicamente, aquellos guerreros de Abd el-Krim que España no pudo domar terminaron siendo los 'Regulares' que diez años después aterrorizarían la Ciudad Universitaria de Madrid. La historia nos deja un aviso: cuando el liderazgo es mediocre y el conflicto colonial se gestiona con incompetencia, el camino hacia la autocracia está pavimentado con buenas intenciones y muchos muertos.
Parece que el calendario de los 'harraga' tiene una fecha marcada en rojo, como quien reserva el restaurante para la Nochevieja: el 15 de agosto de 2026. Mientras el ciudadano medio se pelea con la maleta para irse de vacaciones, en TikTok y WhatsApp se cocina un 'evento masivo' con la precisión de un festival de música, pero sin entradas ni seguridad. El punto de encuentro es Castillejos (Fnideq), el lugar donde la esperanza y la desesperación se dan la mano frente a la valla. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta, ha salido a la palestra con el tono habitual de quien ve venir la tormenta pero no tiene el paraguas a mano. Dice que hay 'preocupación'. Traducción: saben que el guion es el mismo que el del verano de 2024, cuando el 15 de septiembre se intentó repetir la jugada. En aquel entonces, más de 700 personas se colaron nadando o saltando el perímetro, convirtiendo la frontera en un coladero humano que obligó a desplegar un ejército de agentes para evitar que el caos se multiplicara. Ahora, el canal 'haraga mrc' es la nueva oficina de turismo para la irregularidad. Lo fascinante es la coreografía institucional: Ramírez pide más efectivos de la Policía Nacional y ayuda a Europa, básicamente solicitando que el Gobierno central deje de mirar hacia otro lado y mande recursos antes de que el 15 de agosto sea el día del desbordamiento. Es la eterna historia de Ceuta: pedir ayuda a Madrid mientras los grupos de WhatsApp organizan la logística de entrada más eficiente que la gestión de los fondos europeos. Esperan que no ocurra, pero la historia, al igual que los mensajes en darija, tiene una costumbre terrible de repetirse.
La naturaleza no lee boletines oficiales ni entiende de protocolos diplomáticos. Mientras los burócratas en Madrid se pelean con el mapa, la palometa negra (Brama brama) ha decidido que las aguas de Mauritania están demasiado calientes para su gusto y se ha mudado al norte, al Sáhara Occidental. Un éxodo biológico que deja a la flota española en una situación ridícula: el pescado está ahí, pero tocarlo es jugar a la ruleta rusa con el derecho internacional. Los números son una bofetada. Pasar de descargar 2.928 toneladas en 2019 a unas miserables 80 toneladas en 2025 no es una fluctuación; es un desplome. Para que el lector de a pie lo entienda: es como si tu sueldo mensual pasara de un buen salario a lo que te queda después de pagar el alquiler y comprar un paquete de galletas. El rendimiento ha caído un 92%, bajando de 3.650 kilos diarios en 2017 a solo 308 kilos en 2025. Un agujero financiero que hunde la rentabilidad de armadores gallegos y canarios. Aquí entra la gimnasia mental de Luis Planas. El ministro, cuyo móvil fue el juguete de Pegasus por cortesía de Rabat, ha redactado un borrador de ayudas que evita decir la palabra 'Sáhara' como si fuera una maldición. Para el Gobierno, el pez no se ha ido a una zona en disputa, sino a 'aguas jurisdiccionales del Reino de Marruecos'. Un malabarismo semántico peligroso, ya que la UE no tiene acuerdo con Rabat y el contrato con Mauritania caduca el 14 de noviembre. Mientras España se pierde en el laberinto legal y ofrece una palmadita económica de 80.000 euros bajo el régimen de minimis —una cifra que para una flota industrial es como poner una tirita en una amputación—, los barcos chinos y turcos pasan por el lado y se llevan el botín sin remordimientos ni tratados que respetar.
Cruzar la frontera es, hoy día, una cuestión de presupuesto y de saber leer el clima. Mientras más de 70.000 personas colapsaban Ceuta en una marea humana que recordaba a las peores aglomeraciones de un concierto gratuito, un grupo selecto decidió que el paso fronterizo de El Tarajal era para los que no tienen presupuesto. Para estos 'VIP' de la irregularidad, la solución fue un banco de niebla y una tarifa premium: entre 4.000 y 6.000 euros por plaza, un sablazo que triplica el coste de una patera convencional, que ya de por sí es un atraco entre 1.000 y 3.000 euros. La ironía es que mientras las mafias despliegan motos de agua de 70 nudos —máquinas que vuelan sobre el agua—, la Guardia Civil intenta perseguirlas con una lancha S-40 que apenas alcanza los 29 nudos. Es como intentar atrapar un Ferrari con un carrito de helados. Para rematar la jugada, la lancha HS-60 ha pasado el último mes en el taller; la arreglaron el 16 de julio para el día del Carmen, pero el artefacto decidió morirle a los agentes veinticuatro horas después. Una gestión del material que roza la comedia. Al menos una veintena de personas aterrizó en puntos como el Faro de Punta Carnero, la ensenada de Getares o la playa de Levante en La Línea de la Concepción. El domingo pasado se detectó la jugada, y aunque la Policía Nacional detuvo a cuatro personas el lunes en Cala Secreta, el sistema sigue siendo un colador. Lo más preocupante es el efecto dominó: al mandar a todo el mundo a vigilar la crisis migratoria, el narcotráfico ha encontrado la puerta abierta. Según el Informe Anual 2026 de CEAR, el Estrecho solo representó el 1% de las llegadas en 2025 (347 personas), pero cuando la niebla cubre el mar y las lanchas fallan, ese porcentaje es el espacio perfecto para que el crimen organizado haga sus cuentas.
Hay que tener un despliegue de optimismo —o de descaro— digno de un premio Oscar para intentar salvar la gestión de ocho años con una sartén. Iago Negueruela, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Palma, ha decidido que la mejor forma de combatir el calentamiento global es convertir el Parc de Sa Riera en un restaurante de menú del día. Con la solemnidad de quien descubre la penicilina, Negueruela rompió un huevo sobre un tobogán para demostrar que, efectivamente, el sol calienta. El espectáculo es fascinante. Mientras el político lanza la perla de que «en la sombra hace menos calor que en el sol» —una revelación científica que probablemente dejaría boquiabiertos a los físicos de la NASA—, presume de que el tobogán alcanzó los 66 grados y los columpios superaron los 50. El contraste es tan grueso que se puede cortar con cuchillo: el candidato se lamenta de la falta de árboles en un parque donde su propio partido gobernó entre 2015 y 2023. Básicamente, Negueruela se queja de que no hay sombra en el jardín que él mismo dejó sin regar durante casi una década. Para rematar la jugada, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) decidió que el culpable era el alcalde del PP, Jaime Martínez, acusándolo de preferir las obras para turistas y pactar con Vox. Es la clásica ingeniería política: cuando no encuentras la solución al problema, buscas un culpable y, si no hay presupuesto para plantar robles, siempre puedes comprar una docena de huevos en el supermercado y grabar un TikTok. El plan 'ambicioso' para dar sombra a la ciudad ahora llega justo a tiempo, probablemente porque el tobogán ya no solo quema, sino que cocina.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad. El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí. En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar. La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000. Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.
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