La noticia es un despliegue de datos quirúrgico, pero el título original es demasiado tibio para la magnitud del escándalo. Es fascinante cómo el texto deja que las cifras hablen mientras el sistema de 'empresas pantalla' se describe casi como un manual de instrucciones.
Hay quien gestiona agendas y quien gestiona fortunas ajenas con la precisión de un reloj suizo. En el caso ZP, la figura de Gertrudis Alcázar, cariñosamente llamada «Gertru», ha pasado de ser la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero a convertirse en el centro de atención del juez José Luis Calama. No es para menos: Gertru era la guardiana de una caja fuerte que, al abrirse, reveló joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros. Un pequeño tesoro que hace que cualquier hucha de ahorros doméstica parezca un chiste de mal gusto. Ahora, la UDEF ha decidido que es momento de mirar dónde guarda Gertru sus propios secretos. El juez Calama ha dado luz verde para rastrear sus cuentas y propiedades, especialmente tras descubrir que la secretaria se compró un inmueble en Velilla de San Antonio por 132.055 euros entre marzo de 2021 y junio de 2023. Lo curioso es que lo pagó al contado, sin hipoteca, mediante transferencias periódicas. En un mundo donde pedir un préstamo es un calvario burocrático, Gertru operaba con la soltura de quien no necesita pedir permiso al banco. Pero el mapa de influencias es más amplio. El juez quiere que el Sepblac analice la operativa financiera de Zapatero, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y un ecosistema de empresas como Affita, S. L., Inteligencia Prospectiva, S. L. y Caleton Consultores, S. L. Todo esto mientras se rastrea el rastro de los 53 millones de euros del rescate a Plus Ultra. Para rematar la jugada, aparece Julio Martínez Martínez y su empresa ASP Rentas, que movió casi 2 millones de euros (1.984.521,15 € de entrada) mientras declaraba unos humildes 89.540 euros. Una ingeniería financiera que convierte la contabilidad oficial en una obra de ficción.
Pedro Sánchez ha vuelto a jugar al Tetris con la justicia, pero esta vez las piezas no encajan ni con pegamento industrial. El miércoles 29 de julio de 2026, desde el Palacio de la Almudaina, el presidente decidió que Laura Borràs —expresidenta del Parlamento catalán y pieza clave de Junts— merece un indulto parcial. ¿El argumento? Que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera la pena de prisión excesiva. Así, sin más, como quien justifica que te cobren de más en el parking diciendo que 'bueno, al menos el coche está entero'. Lo cómico es que Sánchez insiste en que esto no tiene nada que ver con la negociación de Presupuestos ni con la política. Es la misma gimnasia mental que vimos en junio de 2021, cuando indultó a nueve cabecillas del procés ignorando olímpicamente al Tribunal Supremo y a la Fiscalía. En aquel entonces, la opinión de los jueces era como el folleto de ofertas del supermercado: se mira y se tira. Pero aquí llega la trampa del cazador. Si la regla de oro ahora es 'obedecer la opinión del tribunal', Sánchez se ha puesto una soga al cuello con Álvaro García Ortiz. El ex fiscal general del Estado, condenado por revelar datos reservados, tiene el camino bloqueado porque el Tribunal Supremo, a mediados de junio, se opuso frontalmente a su indulto parcial alegando que los hechos fueron graves. Si Sánchez aplica la 'doctrina Borràs', García Ortiz se queda fuera. Mientras tanto, el caso Leire sigue sumando pasajeros en el barco del juez Santiago Pedraz. Con ya treinta imputados, incluyendo a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, y a Juanma Serrano, el presidente se refugia en la 'presunción de inocencia'. Es el escudo estándar: cuando la tormenta es fuerte, el jefe se pone la chaqueta impermeable y dice que 'ya veremos en qué deriva la causa'.
Hay quien se levanta con el hambre de comerse el mundo y quien, como Pedro Sánchez, se levanta con la obsesión de limpiar su honor en el juzgado. El presidente del Gobierno ha decidido que no puede dormir tranquilo mientras alguien, en algún lugar de Madrid, se atrevió a colgar una pancarta llamándole 'corrupto'. Para el señor presidente, que una tela con letras sea un insulto es un drama nacional; para la Audiencia Provincial de Madrid, es simplemente ejercicio de la libertad de expresión. La cosa está así: la Audiencia ya le había dicho que no, desestimando su recurso y, para colmo, condenándole en costas. Básicamente, le han pasado la factura por intentar censurar una crítica política legítima. Pero Sánchez no acepta el 'no' como respuesta. Ahora ha vuelto a la carga con un incidente de nulidad contra el Auto N.º 624/2026. Alega que hay una 'incongruencia omisiva' y que se ha ignorado la posible comisión de un delito contra la integridad moral según el artículo 173.1 del Código Penal y el artículo 24.1 de la Constitución. Es fascinante el despliegue de artillería jurídica para combatir un trozo de tela. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda que no llega, el jefe del Ejecutivo quiere que se retrotraigan las acciones hasta el Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid. No se conforma con el papel; quiere acción. Pide el reportaje fotográfico de la Policía Científica y que llamen a declarar como investigados a José Miguel Tomás Aguilera. Quiere que la Brigada Provincial de Información rastree a los responsables. Todo esto para demostrar que llamarle 'corrupto' es un crimen, a pesar de que dos juzgados ya le han dejado claro que criticar al poder no es odio, es democracia.
Hay que tener un optimismo blindado para creerse que en política las cosas caen por su propio peso y no por un empujón coordinado. Pedro Sánchez, desde la placidez del palacio de Marivent en Palma de Mallorca, ha pedido que tengamos 'absolutamente claro' que el indulto a Laura Borràs no tiene nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado. Claro, porque en el tablero del poder las piezas se mueven por pura filantropía jurídica y no porque alguien necesite votos para no estrellarse antes de 2026. La ingeniería es fina. Borràs, que entre 2013 y 2018 se dedicó a repartir contratos a dedo a un amigo mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se enfrentaba a cuatro años y seis meses de cárcel por prevaricación y falsedad documental. Pero, ¡oh sorpresa!, el Consejo de Ministros ha decidido que esa cifra es 'excesiva' basándose en una resolución del TSJC. El resultado es un recorte de precio digno de Black Friday: la pena baja a dos años, evitando que la expresidenta del Parlamento de Cataluña pise una celda. Se mantienen la multa y la inhabilitación por cuatro años, el maquillaje justo para decir que no es un cheque en blanco. Mientras Sánchez esquiva la imputación de Leonardo Marcos en el caso Leire Díez con la agilidad de un experto en slalom y lanza una pulla sobre el ático de Isabel Díaz Ayuso, insiste en que su intención es agotar la legislatura. Dice que quiere repetir el despacho con el Rey el año que viene. En resumen: el Gobierno hace una 'oferta' judicial justo cuando los números en el Congreso no cuadran. Es la aritmética del perdón: menos cárcel para unos, más tranquilidad para el Ejecutivo.
Hay quien tiene la suerte de que Hacienda le mande una carta recordándole que ha olvidado deducir el IVA de la cafetera, y hay quien, como José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un despacho que parece el tesoro de las cavernas. Estamos hablando de unas joyas tasadas en 1,3 millones de euros. Para el ciudadano medio, esa cifra es el sueño húmedo de tres generaciones de ahorradores; para la Agencia Tributaria (AEAT), es un imán irresistible que amerita una investigación a fondo sobre el expresidente, su mujer María Sonsoles, sus hijas Laura y Alba, y su pagador Julio Martínez Martínez, incluyendo a la sociedad Whathefav SL. Lo surrealista ocurre en julio, cuando la AEAT, en un alarde de timidez administrativa, le pide al juez José Luis Calama que, por favor, paralice la investigación fiscal. El argumento es digno de un examen de derecho para principiantes: dicen que no pueden investigar de oficio mientras haya una vía penal abierta. Básicamente, querían dejar que el reloj de la prescripción avanzara mientras el juez decidía, como quien espera a que caduque la leche antes de tirar la caja entera. Pero el juez Calama no ha comprado el cuento. En un auto tajante, ha recordado que paralizar una liquidación es algo 'estrictamente excepcional'. En cristiano: que no se puede cerrar la persiana solo porque el investigado sea un exmandatario. El magistrado ha dejado claro que no hay indefensión alguna y que, si la AEAT encuentra el más mínimo indicio de delito fiscal mientras rebuscan entre los brillantes, debe avisar al juzgado inmediatamente. Mientras el resto del país ajusta la lista de la compra, la justicia insiste en que el brillo de 1,3 millones de euros no puede quedar oculto tras un tecnicismo procesal.
Hay una forma de gestionar la seguridad pública y luego está la versión de Alfonso Rodríguez, el delegado del Gobierno en Baleares, que decidió jugar al Tetris con miles de personas. El domingo en Palma, la manifestación antiturística terminó en Ses Voltes, un lugar que los mandos de la Policía Nacional y la Policía Local describieron con la precisión de un cirujano: una 'ratonera'. Mientras los técnicos sugerían el Parc de la Mar —un espacio capaz de absorber a 50.000 personas sin sudar—, la Delegación del Gobierno prefirió el camino del riesgo, ignorando las advertencias como quien ignora el aviso de 'está caliente' en una taza de café. El resultado fue el esperado. Cuando el flujo de gente saturó el recinto, la Policía Nacional tuvo que regular la entrada para evitar que el tapón humano se convirtiera en tragedia. Claro que entonces la organización, usando la megafonía, decidió que el enemigo era el uniforme y no la falta de espacio. Los agentes, que se sienten dejados 'como a una colilla', denuncian que se impuso la agenda política sobre la seguridad técnica. Pero aquí viene lo jugoso: el ruido de pasillo sugiere que Rodríguez no solo tiene el problema de la 'ratonera', sino que su silla en el PSOE baila peligrosamente. Fuentes cercanas indican que su continuidad está en debate interno, lo que dejaría al partido en Calvià sin un relevo claro para encabezar la candidatura socialista. Al final, entre infiltrados violentos y decisiones cuestionables, lo único que ha quedado claro es que mandar desde un despacho es muy fácil hasta que la calle te devuelve el golpe.
La aritmética del Gobierno de Aragón acaba de lanzar un dardo directo al bolsillo de los menores extranjeros no acompañados. Alejandro Nolasco, vicepresidente y arquitecto de esta nueva disciplina, ha decidido que se acabó el 'dinero gratis': ha ordenado suprimir las asignaciones semanales de 74 euros al mes por menor. Para el ciudadano medio, suena a una cantidad modesta, pero en la maquinaria administrativa esto supone un ahorro de 194.114 euros anuales. Es, básicamente, dejar de financiar la fiesta cuando el local se ha vuelto ingobernable. Y es que los datos, esos que Vox ahora despliega bajo el mantra de la 'transparencia', son un despliegue de cinismo y caos. El 25% de estos chicos están castigados sin salir por 'comportamientos peligrosos' o tienen expedientes abiertos. Imagínate pagar la merienda a alguien que tiene prohibido salir a la calle por orden judicial; es como darle gasolina a un coche que tiene el motor fundido y el freno de mano echado. De los 219 menores acogidos, uno de cada cinco está bailando con la justicia. Mientras tanto, la realidad en los centros CATIM, CAIIMA de Movera y Peralta de la Sal parece el guion de una película de acción barata: peleas multitudinarias, fugas y agresiones a trabajadores entre el 20 de mayo y el 19 de junio. Desde robos violentos a una anciana de 90 años hasta palizas grupales que terminan en hospitalización. Ante este escenario, Sira Rego, desde el Ministerio de Juventud e Infancia, ha saltado con una denuncia ante la Fiscalía, alegando discriminación. Pero Nolasco, blindado por un informe favorable de los Servicios Jurídicos y el acuerdo con el PP de abril pasado, ha pasado del todo. Al final, la pregunta es simple: ¿por qué pagar la asignación a quien usa el tiempo libre para coleccionar denuncias policiales?
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