El texto original es una mina de oro de confesiones, pero se pierde en la enumeración de contratos. La verdadera joya es la desfachatez de los 46 vuelos gratis, que el artículo presenta casi como un dato contable y no como el insulto que es.
Hay una línea muy fina entre hacer de puente y cobrar el peaje. En este caso, parece que José Luis Rodríguez Zapatero no solo tendió el puente, sino que instaló un telepeaje privado. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de tres euros en un cajero, en las altas esferas del poder el juego es más sofisticado. Estamos hablando de un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar, y un supuesto 'comisionismo' del 1% que suena a propina de lujo por mover los hilos adecuados. El tablero se ha agitado este martes en el Congreso. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, ha decidido que ya basta de mirar para otro lado. Con la precisión de un cirujano, Ibáñez ha calificado la situación de «inasumible políticamente», lanzando un dardo directo al PSOE y a Pedro Sánchez. El detonante es la comparecencia de Julio Martínez Martínez ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Martínez, socio de Zapatero, ha soltado la bomba: el expresidente «marcaba los pasos a seguir». Lo más delirante de la trama es la confesión de la propia Plus Ultra, que admite que quizá pagaron esa comisión «sin necesidad», sugiriendo que el dinero público habría fluido igual, con o sin intermediario. Es la definición perfecta de ingeniería financiera: cobrar por abrir una puerta que ya estaba sin llave. Ibáñez no se ha guardado nada, exigiendo que el PSOE deje de «borbonear» y abandone esa herencia de mordidas y cárteles maquillados de lobbismo, mientras el Gobierno sigue haciendo el vacío con la ley de lobbies y las togas patrias parecen ignorar los avisos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía.
Hay quien dice que el poder es un escudo, pero para José Luis Rodríguez Zapatero ha resultado ser un colador. El expresidente, que durante años montó un cortafuegos digno de la NASA para blindar sus negocios con el régimen chavista, acaba de descubrir que la lealtad en los negocios tiene fecha de caducidad y un precio en el juzgado. La frase «estoy muerto», soltada en la intimidad, no es un drama existencial, es la lectura realista de alguien que ve cómo su 'hombre de paja', Julio Martínez Martínez (alias Julito), ha decidido que colaborar con el juez José Luis Calama es mucho más rentable que seguir guardando secretos. La trama es de manual: una ingeniería financiera donde el dinero público se convierte en propina. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para comprar el pan, el exmandatario presuntamente pactó una comisión del 1% por mediar en un rescate de 53 millones de euros otorgados por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra. Para que la mordida no pareciera un atraco a plena luz del día, se disfrazó con contratos de asesoramiento de 5.000 euros mensuales a través de Análisis Relevante S.L., una consultora donde Zapatero era el cerebro pero no figuraba en los papeles, como quien alquila un coche pero pone el nombre de un primo para no pagar la multa. El desplome es total. No solo Julito ha tirado de la manta, sino que el CEO de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha confirmado que el expresidente era quien pilotaba el expediente en la sombra. Entre chalets en Vera (Almería) usados como sedes sociales y 286.000 euros en efectivo encontrados por la UDEF en un domicilio de la calle Diego de León, la imagen del estadista se ha diluido en un flujo de comisiones y favores. Zapatero ahora intenta el mismo enroque que Ábalos y Koldo García, negando todo mientras el tablero, sencillamente, ha saltado por los aires.
Hay una magia muy particular en las altas esferas del poder: la capacidad de hacer desaparecer cifras que harían temblar a cualquier autónomo. El Khalil Binebine, un empresario marroquí con el oído puesto en los secretos de Mohamed VI, protagonizó un truco de prestidigitación fiscal digno de Las Vegas. Durante años, Binebine fue un cliente habitual de la lista de grandes morosos de Hacienda, manteniendo una deuda congelada, casi como un objeto de colección, de 4.338.172,72 euros. Desde 2015, esa cifra era su sombra, un recordatorio público de que con el fisco español no se juega. Pero entonces ocurrió el milagro. Justo cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió ficharlo para el Consejo Asesor de su Gate Center —ese laboratorio de ideas que suena a consultoría de lujo para arreglar el mundo—, el nombre de Binebine se esfumó de la lista negra. La coincidencia es tan delirante que parece escrita por un guionista de serie B. Mientras el ciudadano medio ve cómo Hacienda le embarga hasta la última moneda por un error en la declaración, el amigo del Rey de Marruecos logra que sus 4,3 millones de euros de deuda se vuelvan invisibles justo cuando le abren la puerta de un centro de pensamiento influente. La Agencia Tributaria, fiel a su costumbre de guardar silencio cuando el viento sopla fuerte, no dice ni muro. Podría ser un pago, un aplazamiento o la clásica 'insolvencia' (esa técnica de decir 'no tengo un duro' mientras manejas Vickers Venture Partners). Lo cierto es que el fichaje llegó tras el giro estratégico de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. En este juego de sillas, la deuda de Binebine no ha desaparecido necesariamente, pero ha dejado de molestar. Es la diferencia entre ser un moroso y ser un 'perfil internacional'.
En la política, como en el barrio, hay quienes llevan la contabilidad en un Excel y quienes la llevan en sobres debajo del colchón. El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán no es solo un papel más; es el mapa de un laberinto donde el dinero aparece y desaparece como por arte de magia. Hablemos de los 4.700 euros que Cerdán ingresó en efectivo en el PSOE entre 2014 y 2016. Para un ciudadano normal, cuatro mil euros son un coche de segunda mano o un ahorro para las vacaciones; para la Guardia Civil, son tres depósitos fantasma cuyo origen es un misterio absoluto. Solo uno tiene rastro bancario. Los otros tres llegaron al partido como quien deja una propina anónima en un restaurante. Pero el agujero contable es más profundo. Entre 2019 y 2025, Cerdán vio cómo su nómina de diputado se reducía en 16.492,48 euros, sumando otros 11.310 euros por su puesto en el Consejo Ejecutivo Federal. El problema es que las liquidaciones de gastos del PSOE y el Congreso no cuadran con el efectivo que el señor tenía en la cartera. O Cerdán es un filántropo secreto que paga sus cenas con dinero invisible, o alguien más estaba financiando la fiesta. Mientras tanto, en la oficina de los sobres, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron 19.638,97 euros en metálico entre 2017 y 2021. El truco era llamarlo 'liquidación de gastos', aunque haya un desfase de 13.590 euros entre lo declarado y lo recibido. Y para rematar el cuadro, Carmen Pano cuenta que dejó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en dos tandas de 45.000, por instrucciones de Víctor de Aldama y Claudio Rivas para conseguir una licencia de hidrocarburos. La Audiencia Nacional ya pide la lista de todos los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024. Si el juez decide que Ferraz no es solo una dirección, sino una maquinaria de blanqueo, el PSOE podría pasar de ser el dueño del tablero a ser el investigando con riesgo de disolución.
Hay que tener valor, o una cuenta corriente ajena muy generosa, para aterrizar en una empresa de Defensa y lo primero que hacer es comprar yoyós. Manuel Cutrín, exdirigente del PSOE en Galicia y asesor jurídico en Santiago de Compostela, llegó a ISDEFE en abril de 2025 con un currículum que brilla por su ausencia en temas militares, pero con un hambre voraz de 'estilo'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del supermercado con pánico, Cutrín decidió que la 'nueva estrategia' de la compañía requería un logo nuevo por 95.000 euros y un despliegue de merchandising de 215.000 euros. Sí, han gastado una fortuna en tazas, botellas y gafas para eclipses, porque aparentemente la seguridad nacional ahora depende de que el personal tenga un yoyó con el logo oficial. El despliegue de lujo no se detuvo en la papelería. El 40º aniversario de ISDEFE se celebró en el Teatro Real de Madrid con un catering de 90.000 euros; una fiesta de etiqueta pagada con el dinero de todos. Para desplazarse a estas citas sociales, Cutrín se aseguró un BMW Serie 3 con todos los extras, un renting que costó 32.000 euros por cuatro años. Y para que el cerebro estuviera a la altura del coche, se inscribió en un MBA del IESE Business School por 95.000 euros, cursando las clases en horario laboral. Todo esto mientras la empresa lidia con la sombra de la trama de Leire Díez y la imputación de María Teresa Castillo Pasalodos por el juez Santiago Pedraz. Para rematar el cuadro, contrataron en enero a David Romero Sánchez, el gurú de TikTok de Pedro Sánchez. En resumen: menos defensa y más postureo corporativo en la zona de Moncloa.
Gobernar es el arte de gestionar el caos, pero lo de Pedro Sánchez ya parece más una partida de Tetris donde las piezas no encajan y la pantalla se llena de huecos. El balance es desolador: siete leyes en el último curso. Siete. Para quien no tenga el radar político calibrado, esto es como intentar montar un mueble de IKEA y que solo te queden siete tornillos puestos después de un año de trabajo. En 2018, llegando a mitad de año tras desplazar a Mariano Rajoy, el Congreso le sacó adelante once normas en medio ejercicio. Ahora, en la recta final de la legislatura, la maquinaria se ha gripado. El culpable tiene nombre y apellidos: Carles Puigdemont y su gente de Junts. Desde octubre, cuando decidieron que el apoyo estable era un concepto anticuado y que solo votarían lo que les diera un beneficio directo a Cataluña, el Ejecutivo vive en un estado de ansiedad permanente. Sin esos siete diputados, cada votación es una moneda al aire. Mientras tanto, Félix Bolaños intenta vender humo con una cifra de 52 normas publicadas en el BOE en la primera mitad de la legislatura, pero es un truco de magia contable. No confunda legislar con 'firmar papeles'. El Gobierno ha optado por la vía rápida: el real decreto ley. Es la versión 'fast food' de la democracia: el Ejecutivo dicta y el Congreso convalida sin enmendar, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leerlos. Entre las siete leyes supervivientes rescatamos la de Movilidad Sostenible y la de atención a la clientela (para que no te deje un robot hablando solo), además de una reforma del Código Penal contra la multirreincidencia que, curiosamente, contó con el visto bueno de la derecha. El jueves intentarán colar tres más, como la AP-9 para Galicia, pero eso es maquillaje en un edificio que se cae a pedazos.
Jaime Martínez ha decidido que este verano la Playa de Palma no sea un centro comercial a cielo abierto y sin ticket. Mientras el ciudadano medio mira el precio de la luz con pánico, el alcalde del PP ha desplegado una maquinaria bélica contra el top manta que hace que la gestión de José Hila parezca un campamento de vacaciones. Ocho macrooperativos en apenas un mes. Ocho. Para quien viene de una era donde las detenciones se contaban con los dedos de una mano, esto es pasar del modo 'siesta' al 'turbo'. El despliegue no es broma. El pasado 17 de julio, 50 agentes de la Policía Local y Nacional se lanzaron sobre la calle del Pare Bartomeu Salvà. El botín: una montaña de trastos que equivaldría a cinco contenedores de basura urbanos. Imaginen el volumen de camisetas falsas y gafas de plástico necesarias para llenar cinco cubos de residuos; es básicamente el PNJ de cualquier turista distraído. El balance final deja 41 vendedores controlados, 12 actas por venta no autorizada y ocho personas enfrentando diligencias penales por delitos contra la propiedad industrial. Incluso hubo tiempo para levantar un acta por estupefacientes, el clásico 'bonus' de estas jornadas. Pero el verdadero giro de guion está en la nueva ordenanza cívica, esa que los socialistas, Més y Podemos rechazaron como si fuera una plaga. Ahora, el sablazo no es solo para el que vende, sino para el que compra. Si te pilla con un bolso o unas zapatillas del top manta, la multa oscila entre los 300 y los 750 euros. Básicamente, comprarse una imitación barata puede salirte más caro que comprar la original en la tienda oficial, un movimiento maestro para asfixiar la demanda mientras el pequeño comercio, ese que paga impuestos hasta por respirar, celebra la fiesta con aplausos desde sus escaparates.
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