Crítica:
El texto original es una mina de oro de hipocresía, aunque se pierde un poco en el listado de fechas. La verdadera joya es el contraste entre la 'memoria' y el cálculo electoral puro y duro.
El líder de los nietos de exiliados en Argentina se nacionalizó español y se afilió al PSOE al mes de entra...
Nacionalidad flash: el 'pack' PSOE para nietos
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Pasaportes exprés: ¿Memoria histórica o truco electoral?
Hay quien dice que la memoria es un refugio, pero en los pasillos del poder parece que la memoria es, sobre todo, una herramienta de ingeniería electoral. Hazte Oír ha decidido llevar el ruido hasta Bruselas, registrando una petición en el Parlamento Europeo para que alguien, en algún despacho comunitario, analice si la 'ley de nietos' es una reparación histórica o un truco de magia para inflar el censo. Para el ciudadano de a pie, que lucha con la declaración de la renta, la aritmética es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió el grifo. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025 con un volumen de solicitudes que parece la cola de un concierto de Taylor Swift: 2,45 millones de personas, con un 90% concentradas en Latinoamérica y un Buenos Aires que, con 645.000 peticiones, parece el verdadero ayuntamiento de España. De momento, el Gobierno ha aprobado unas 545.000. La joya de la corona es la instrucción de octubre de 2022 de Sofia Puente —hermana del ministro de Transportes—, quien decidió que probar la persecución política era un trámite aburrido. Basta con haber salido del país entre 1936 y 1955 para ser 'exiliado' por decreto. Es el equivalente administrativo a decir que cualquiera que haya salido a comprar pan en esos años era un refugiado. El problema no es el pasaporte, sino el voto. El CERA es el comodín donde unos pocos miles de votos desde el extranjero pueden decidir el último escaño de una provincia, permitiendo que el interesado elija dónde registrarse aunque no haya pisado esa tierra en su vida. Entre esto y la regularización masiva de más de 750.000 personas, Hazte Oír advierte que se está alterando la estructura electoral española, poniendo en duda los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Bruselas ha respondido con la burocracia habitual: que hay mucha cola y que ya mirarán la petición cuando puedan.
Subvenciones a dedo: el festín preelectoral
En el Ministerio de Hacienda se ha instalado un clima de 'Black Friday' perpetuo, pero sin descuentos y con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio pelea con la aplicación de la banca para que no le claven una comisión por respirar, los ministerios han decidido montar una rave de subvenciones directas. El truco es sencillo: como no hay Presupuestos aprobados, se saltan la cola del Congreso y el Senado invocando la mística 'urgencia'. Es la ingeniería del 'cascoporro'. Los técnicos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos están al borde del colapso nervioso. Se encuentran con una avalancha de expedientes que parecen redactados en un frenesí electoral, intentando blindar la caja antes de que alguien diga 'elecciones anticipadas'. No hay concurrencia competitiva; aquí no gana el mejor proyecto, sino el que tiene la llamada correcta. Es, básicamente, repartir el pastel a dedo mientras Hacienda intenta poner una excusa técnica que no parezca un chiste de mal gusto. Lo más delirante es el sesgo geográfico. Mientras algunos pueblos luchan contra la despoblación, el Ministerio de Cultura ha decidido que 12.225.000 euros destinados al patrimonio histórico de ciertos rincones de Cataluña son una prioridad absoluta y urgente. Un detalle curioso para quien cree en la equidad territorial. Todo este ruido ocurre mientras la Agencia Tributaria es un campo de minas tras la salida de Soledad Fernández y otros mandos que no pasaron el filtro de las 'cesiones fiscales' que Pedro Sánchez tiene preparadas para Cataluña. Al final, la moraleja es clara: si quieres dinero público, no montes una empresa innovadora; busca un ministerio que tenga prisa por vaciar la cuenta antes de que cierren el chiringuito legislativo.
López y 'Gertru': El selfie del engaño
En política, como en el amor, lo que importa no es lo que haces, sino lo que logras que parezca que no haces. El PSOE ha intentado vendernos una coreografía de distanciamiento social digna de un protocolo sanitario estricto, pero una fotografía ha dinamitado el montaje. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, ha sido pillado en un momento de 'estirón de orejas' mediático: posando sonriente y muy relajado junto a Antonia Alcázar, la alcaldesa de Velilla de San Antonio. El problema no es la foto, sino el árbol genealógico. Antonia es la hermana de Gertrudis Alcázar, la mítica 'Gertru', esa secretaria que conoce hasta el color de los calcetines de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora baila al son de diligencias judiciales y registros. Mientras el partido intentaba proyectar una frialdad glacial durante el Orgullo LGTBI para evitar que el 'efecto Gertru' salpicara al ministro, la realidad es que López y Alcázar estaban más cómodos que en su propio sofá. En la imagen también aparece Cristina Cerquera, concejala de Hacienda e Igualdad en Velilla, completando un cuadro de complicidad que deja en ridículo el manual de instrucciones de la comunicación oficial. Antonia, que pasó de las tinturas de peluquería a los despachos públicos y que ya sobrevivió a un juicio por el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio con una absolución en el bolsillo, es el puente directo hacia el círculo íntimo del expresidente. Zapatero no se ahorró esfuerzos en 2019 para impulsarla en las municipales, demostrando que los apellidos pesan más que los programas electorales. Al final, el PSOE ha intentado hacer un malabarismo de imagen que ha terminado con la nariz pegada al cristal: la cercanía sigue ahí, aunque el departamento de marketing diga que hay kilómetros de distancia.
Contratos a dedo: el 'truco' de Fuenlabrada
Hay una coreografía muy precisa en la gestión de los fondos públicos que ya debería dar clases de danza clásica. El Gobierno de Fuenlabrada, bajo el mando de Javier Ayala, ejecutó en junio de 2020 una maniobra de precisión quirúrgica: adjudicaron un contrato a Kreab por 17.545 euros. El truco está en la base imponible de 14.500 euros. ¿Por qué esa cifra? Porque quedarse un céntimo por debajo de los 15.000 euros es el 'pase mágico' para evitar la licitación pública y contratar a dedo, como quien elige al primo para pintar la casa para no dar explicaciones al vecino. Lo fascinante es el destinatario. Kreab no es precisamente una agencia de barrio especializada en folletos de hostelería; es la maquinaria que, entre 2015 y 2025, le soltó 1,5 millones de euros a José Luis Rodríguez Zapatero por ser su 'asesor senior'. La UDEF ya ha contado los billetes: 62 transferencias que suman 956.180 euros solo entre 2020 y 2025. Es decir, mientras el pequeño comercio de Fuenlabrada intentaba sobrevivir a la desescalada del primer estado de alarma, el Ayuntamiento le pasaba la tarjeta a la consultora del ex presidente. ¿Y el resultado de esa 'campaña de promoción'? El vacío absoluto. No hay rastro de Kreab en los comunicados ni en las apps de códigos QR de la época. Es el contrato fantasma perfecto: se paga el servicio, se evita la burocracia y el trabajo es invisible, casi como la ética en ciertos despachos. Para colmo, el municipio ya figuraba en la libreta de Leire Díez junto a notas sobre 'jardines y limpieza', sugiriendo que en Fuenlabrada el ecosistema de los contratos a dedo está más abonado que los propios parques. Ante el ruido en el pleno, el alcalde Ayala optó por el silencio administrativo, la respuesta favorita de quien no quiere que el hilo lleve hasta el ovillo.
Serrano y el 'kit de enchufes' en Correos
Hay quienes llaman 'gestión de talento' a lo que en el barrio conocemos como el clásico 'tengo un primo'. Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, parece haber confundido la presidencia de Correos con una agencia de colocación para amistades del PSOE. La UCO no se ha andado con chiquitas y ha puesto el foco sobre Serrano por el aterrizaje forzoso de Leire Díez en la entidad postal, una maniobra de ingeniería administrativa que haría palidecer a cualquier gestor de recursos humanos. El guion es de manual: primero, Vicente le da el chispazo a Serrano para 'ponerlo en marcha'. Luego, Leire Díez aparece en escena con la capacidad casi mágica de retocar el perfil del puesto de trabajo a su medida. ¿El resultado? Otra directiva, convenientemente ciega, concluye que no hay candidatos internos que encajen. Es el truco del almendruque institucional: se cambia la cerradura para que solo entre la llave que ya tenemos en el bolsillo. La velocidad de ascenso de Leire fue vertiginosa. El 15 de diciembre de 2021, apenas un mes después de entrar, ya le presumía a Serrano que la filatelia estaba 'bajo control'. No era broma. El 1 de marzo de 2022, tras una solicitud de Patricia Álvarez Sánchez el 21 de febrero, Leire ya era Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, mandando sobre museos, tendencias y hasta el aire de la oficina, reportando directamente a Serrano. El juez Santiago Pedraz ahora rastrea estas 'cloacas' donde los contratos se apresuran para que la prórroga coincida con el mandato del jefe. Mientras el ciudadano medio pelea por una cita en el SEPE, en los despachos de arriba se coordinan 'coberturas jurídicas' para que el reparto de chiringuitos no deje rastro. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, nunca llega a la cartera del contribuyente.
Sablazo al Estado: Falsos menas y expulsiones
El Gobierno de Madrid ha decidido jugar al 'quién es quién' con el presupuesto de servicios sociales. Resulta que algunos adultos, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, intentaron colarse en el sistema fingiendo ser niños. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, bajo el mando de Ana Dávila, ha pasado de la acogida al código penal. Desde febrero, ya han denunciado a 28 falsos menores por estafa a la Administración. No es un simple malentendido de fechas; estamos hablando de un delito que puede costarles entre uno y seis años de cárcel y una multa de hasta un año. El caso paradigmático es el de Mohamed Rifai: 23 años, residente en el centro de primera acogida de Hortaleza y acusado de violar a una niña de 14. Un 'niño' con mucha experiencia y muy poca ética que terminó descubriéndose mediante pruebas de edad. Pero el deporte regional no termina ahí. La Comunidad de Madrid ha decidido que el 'estilo de vida' de algunos menores no encaja con la postal turística. Han enviado 123 expedientes a la Delegación del Gobierno para que los manden de vuelta a casa, y ya están cocinando otros cuatro más. En total, 127 jóvenes que, según los técnicos, tienen una 'mala adaptación'. Es la eterna pelea de patio: Ayuso quiere limpiar el barrio y Francisco Martín Aguirre, desde la Delegación del Gobierno, prefiere priorizar el bienestar del menor. Mientras Madrid hace el inventario de conflictivos, el Gobierno central mira hacia otro lado, probablemente porque pagar la manutención es un gasto que recae en la autonomía y no en el presupuesto de Moncloa. Es la ingeniería perfecta: unos piden la puerta y otros mantienen la cerradura echada mientras el contribuyente paga la factura del hotel.
Plus Ultra: El rescate que olió a chabaco
Hay una coreografía en el manejo del dinero público que ya roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Plus Ultra se gestionaban 53 millones de euros de ayuda pública como quien reparte cartas en una partida de póker clandestina. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno aprobaba el rescate; diez minutos después, Rodolfo Reyes le confirmaba a Ramón Gordils, viceministro de Maduro, que ya habían salido los primeros 500.000 euros. No era caridad, era un reloj suizo. Lo más cínico llega con el famoso '1,4 palo'. En la jerga de la calle, un 'palo' es un millón de dólares. Gordils preguntaba por ese millón y cuatrocientos mil justo cuando la SEPI soltaba la pasta. ¿Coincidencia? La Fiscalía Anticorrupción cree que es la firma de un blanqueo maestro. Los fondos, que presumiblemente vienen de la corrupción de los CLAP y el oro venezolano, hicieron un tour turístico: pasaron por el Banco Santander para aterrizar en cuentas de Gibraltar y Reino Unido, específicamente en sociedades como Valerian Corporation, Wailea Investment y Allpa Wira. Todo esto con el aroma del lobby político de alto nivel. El puente hacia José Luis Rodríguez Zapatero no se tendió con diplomacia, sino con llamadas de 11 minutos y contactos como Manuel Aarón Fajardo y Julio Martínez Martínez. Mientras el país se asfixiaba en pandemia, este circuito financiero —conectado con el banco suizo MBaer y personajes como Simon Verhoeven y Alessandro Bazzoni— operaba con la soltura de quien mueve fichas en un casino. Al final, el rescate público no fue un salvavidas para una aerolínea, sino el lubricante para que una maquinaria de blanqueo internacional siguiera girando sin chirridos.
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